Los primeros elementos de la investigación fueron presentados el 6 de febrero de 2019. El caso se fundamenta en la hipótesis de que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña. Esto para que el partido eludiera el control sobre los fondos que le aportaron.
Los aportes identificados por la CICIG que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE suman Q19.53 millones. La acusación se originó en las investigaciones del caso Traficantes de Influencias” (enero de 2018), que mostraro la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.
Entre los investigados por la Comisión se encontraron Mario Roberto Leal Castillo, excandidato a la vicepresidencia en 2015, con la presidenciable Sandra Torres, y el exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara. Contra Torres se solicitó el retiro de su antejuicio para proceder con la investigación, pero la CSJ rechazó la solicitud. Luego de la salida de la CICIG, en un seguimiento de la investigación la FECI realizó la captura de Torres el 2 de septiembre de 2019 en relación con este caso por el delito de financiamiento electoral no registrado.
La investigación de este caso, revelada al público en 2016, estableció que entre enero de 2012 y abril de 2015, se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores. En esto proceso intervinieron, según la acusación, el entonces binomio presidencial Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti.
También participaban en la operación según la Comisión otras 15 personas. La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
Entre las personas también investigadas en este caso se encuentran también el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Martínez Luna y Allan Herbert Marroquín Castillo, exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), actualmente prófugo de la justicia.
El caso lago de Amatitlán también conocido como Agua Mágica trata de la desarticulación de una estructura criminal que tomó el control de la AMSA. Dicha estructura estuvo liderada por la exvicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, e integrada por funcionarios del MARN y funcionarios de AMSA. Esta estructura procedió a la manipulación de eventos administrativos para llegar a la adjudicación ilícita de dos contratos a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Ltd.
Por esta investigación el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo C el 9 de octubre de 2018 a la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, a 15 años y 6 meses de prisión; y a otras nueve personas con penas entre 3 y 13 años de cárcel, quienes fueron halladas culpables de integrar una estructura criminal cuyo propósito fue obtener de manera ilegal la concesión del proyecto del supuesto saneamiento del Lago de Amatitlán, con el cual se estafó al Estado guatemalteco con la suma de Q22.83 millones.
En este caso, la CICIG dio apoyo técnico preliminar a la investigación. En septiembre del 2006, una estructura criminal encabezada por el capitán Francisco Estuardo Arana Barreda en un plan organizado y en acuerdo con personal de seguridad del Aeropuerto Internacional la Aurora, con uso de armas de fuego de alto calibre asaltaron a un carro de valores cuando en la pista del terminal aéreo se disponía a trasladar 8.6 millones de dólares de la banca nacional, a un avión que los llevaría a los Estados Unidos, para ser guardados en la reserva federal de ese país.
El dinero fue puesto en un carro que la organización que había llevado hasta la pista, desde donde escoltado sale del lugar sin oposición alguna y en diferentes puntos ubicados de forma estratégica en las rutas previstas para el escape, el dinero fue cambiando de vehículo. El botín debería ser repartido entre los integrantes, pero acorde con la investigación fue
escondido en varias casas de miembros de la organización y familiares, incluida la casa de la novia de Francisco Arana. Posteriormente
se presentó un fuerte enfrentamiento entre los miembros de la organización por la forma del reparto, que generó asesinatos entre sus integrantes y que otros salieran del país.
Entre las sentencias condenatorias está la de Francisco Estuardo Arana Barreda quien fue capturado en el 2009 y cuando estaba cumpliendo la sentencia apareció muerto en su celda el 26 de febrero del 2016.
EI 18 de julio de 2011, el Banco de los Trabajdores publicó la subasta de 10 fincas. La investigación del MP y la CICIG develó que el precio pagado al Bantrab por parte de la empresa Desarrollos 2812 S.A. fue de 4 millones de quetzales, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por dicho banco, el cual era de 7 millones de quetzales. El Bantrab autorizó el pago de 5,5 millones de quetzales a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la profesional fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del Bantrab.
Por este caso fue detenido, entre otros, Sergio Aníbal Hernández Lemus, expresidente del Bantrab, por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.
En este caso la CICIG brindó apoyo técnico preliminar. El 15 de febrero de 2013, aproximadamente a las 17.30 horas, el señor Byron Miguel Lima Oliva fue detenido mientras se encontraba fuera del Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito, por parte de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 18.5 de la ruta hacia Fraijanes. Lima Oliva se conducía en una camioneta Toyota Land Cruiser blindada, manejada por William Estuardo Salguero. Estaba acompañado por el director de la Unidad De Registros y Traslados de Centros Penitenciarios, señor Edgar Rolando Hernández Franco, y por el agente Eliseo Ical. Además, otro vehículo Land Rover conducido por Selvin Godoy Godoy, llevaba a los agentes penitenciarios Domingo Choc Coy, Santos Benedicto Sarceño Lemus, Mario Sandino Rodríguez Ixtecoc y Modesto Vásquez Vásquez.
Lima se encontraba detenido por el caso de asesinato de monseñor Juan Gerardi y fue asesinado el 18 de julio de 2016, junto a otras 12 personas, en un ataque de Marvin Montiel Marín, conocido como El Taquero, por el control del centro de detención de Pavón.
En esta investigación se indagó a Sara Payes Solares en el cargo de Jefe de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia de la procuraduría General de la Nación, el cual ocupó a partir del mes de abril 2010 hasta el mes de noviembre 2012. En el marco de sus funciones, intervino en el trámite de expedientes penales en los que una niña, niño y/o adolescente eran agraviados y como consecuencia de la sustanciación del proceso se ordenaba resarcimiento y/o reparación digna en concepto de indemnización del daño causado.
Sin embargo, según la acusación retardó y omitió el procedimiento de entrega de los fondos recibidos en concepto de reparación digna al daño causado a los niños y/o adolescentes, y en virtud que dejó el cargo de jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia el 15 de noviembre del año
2012, sin dar cuentas sobre la administración del dinero en concepto de reparación digna, incurriendo en el delito de Incumplimiento de Deberes.
La primera declaración del caso se llevó a cabo el en septiembre 2013
en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, quien resolvió falta de mérito a favor de Sara Payes Solares y de dos otros sindicados. Esta resolución fue confirmada por las instancias superiores.
En este caso, la CICIG dio apoyo técnico preliminar. El caso refiere a un pequeño municipio en la frontera con México, Cuarto Pueblo Ixcán, fuertemente azotado en el conflicto interno, sin mayor presencia del Estado y dificultad en las vías de comunicación, circunstancia que facilitó la presencia de grupos de delictivos.
En el 2009, narcotraficantes Mexicanos tomaron posesión y control total de la zona, utilizándola para entrenamientos militares de los pobladores, pista de aterrizaje para cargamentos de droga y armas. Aprovechando la pobreza extrema de la comunidad repartían bienes, comidas y regalos para los niños. Las mujeres fueron abusadas y muchas familias destruidas, así como toma de decisiones en el manejo de la cosa pública. Por este caso fueron detenidos Juana López Ramírez y Joaquín Santos Morales González.
En este caso se investigó una denuncia por extorsiones contra la Pastelería Holandesa y se obtuvo una condena contra Sara Manuela González Tax.
En este caso, la CICIG brindó un apoyo técnico preliminar. La administración del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, promovió la
construcción de la plaza de mercado municipal, que permitiera trasladar a los vendedores del mercado, que hacían sus ventas en la vía pública de la zona 1. A mediados del 2008 la alcaldía decidió reubicarlos en el nuevo
lugar, se generó una alta oposición de los vendedores quienes alegaban que en el nuevo sitio no tenía condiciones de salubridad por la cercanía del vertedero de basuras, espacios pequeños y sus ventas se veían afectadas.
La alcaldía dispuso el uso de la fuerza policial para los traslados, lo que motivo fuertes enfrentamientos con heridos de parte y parte y así como vendedores asesinados y trabajadores de la comuna asesinados al parecer por las mismas causas. Uno de los principales sospechosos como determinador de los asesinatos, así como la del vendedor de gas, fue el entonces alcalde Edwin Ronaldo Vega Pérez, quien fue asesinado el día
10 de febrero del 2010 en la vía pública. En este caso fueron condenados dos personas, Ronel Lucas Gómez Escobar y Julio Cesar Macario
Gómez.
