El nuevo acusado del Diario Militar y las claves para perseguir al juez Miguel Ángel Gálvez

Cuatro días después de que el juez Miguel Ángel Gálvez resolviera enviar a juicio a 9 de los acusados en el caso Diario Militar uno de los implicados, prófugo desde el 27 de mayo de 2021, fue arrestado por la Interpol en Panamá. Con éste suman ya 15 los oficiales y suboficiales capturados. Todos formaron parte de los servicios de inteligencia del gobierno guatemalteco, y han sido acusados de crímenes contra la humanidad cometidos entre 1983 y 1985.

El 8 de mayo de 2022, apenas dos días después de que los oficiales de la muerte habían sido enviados a juicio, Ricardo Méndez Ruiz, el hijo del ex ministro de Gobernación del ex dictador Efraín Ríos Montt, declaró que la Fundación Contra el Terrorismo haría pagar a Miguel Ángel Gálvez “por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista”, y empeñó su palabra en que lo vería “preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán”, dos operadoras de justicia que llevaron casos de gran corrupción y que han sido denunciadas por esa fundación. Laparra se encuentra detenida en un calabozo desde el 23 de febrero de 2022, y Aifán salió al exilio el 21 de marzo de 2022.  El día de la resolución, cuando nueve de los acusados del caso Diario Militar fueron enviados a juicio, Méndez Ruiz había escrito: “Es el turno de Miguel Ángel Gálvez. La FCT se hace cargo”.

El Diario Militar es un documento que registra los secuestros, asesinatos y desapariciones de 183 personas entre agosto de 1983 y marzo de 1985. La hipótesis de la fiscalía se centra en que los responsables fueron agentes de inteligencia del entonces Archivo General y Servicios de Apoyo del Estado Mayor del Jefe de Estado —nombre que durante el gobierno de Mejía Víctores recibió el Estado Mayor Presidencial—, apoyados por la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y por el Quinto Cuerpo y el Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional. Hasta ahora han sido detenidos y ligados a proceso 15 individuos. 

La última de estas capturas ocurrió tan solo 4 días después de que se dictara la resolución que envió a juicio a nueve de los implicados: el 10 de mayo por la noche Toribio Acevedo Ramírez, el nuevo acusado en el caso Diario Militar, fue detenido en el aeropuerto de Tocumén, Panamá, cuando intentaba viajar a Alemania. Horas después, ya en Guatemala, fue notificado de la orden de captura en su contra por el caso del Diario Militar.

El 11 de mayo la fundación que dirige Méndez Ruiz presentó una querella penal y solicitud de antejuicio por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravantes en forma continuada en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. Cinco días más tarde Eddy Herrera, el abogado defensor del entonces capitán de artillería Jacobo Esdras Salán Sánchez, presentó una nueva denuncia contra Gálvez. El letrado declaró a Red América News, un medio cuyo único respaldo es una cuenta de twitter, que “los distintos defensores” en el caso del Diario Militar habían sido “vilmente humillados” durante la audiencia de etapa intermedia, pues “el juez no dio respuesta a ninguna de las objeciones y obstáculos planteados”, emitiendo “una resolución arbitraria”. Según el profesional, “se violentaron garrafalmente los derechos de defensa y debido proceso”. A su entender, como luego declaró al vespertino La hora, era obligación de Gálvez “resolver todas y cada una de las peticiones de los sujetos procesales” y otorgar el sobreseimiento a su defendido.

Mientras tanto la audiencia de primera declaración de Toribio Acevedo Ramírez, el nuevo acusado capturado en Panamá, iniciaría el jueves 12 de mayo, pero su defensa argumentó no haber tenido acceso a los medios de investigación y solicitó que fuera reprogramada. Ese día Toribio, a quien ubican como miembro de los grupos élite, y quien se desempeñó como agente del Archivo del Estado Mayor Presidencial durante los hechos que documenta el Diario Militar, mientras trabajaba como jefe de personal y, años más tarde, representante legal en Cementos Progreso, llegó a la Torre de Tribunales con dos mascarillas sobre la cara a modo de pasamontañas. Sin embargo, en sesiones posteriores apareció con el rostro totalmente descubierto.

El 18 de mayo se presentaron todas las partes procesales, menos el acusado. La audiencia  dio inicio finalmente el 19 de mayo de 2022, en el Juzgado de Mayor Riesgo B a cargo de Miguel Ángel Gálvez. Luego de dar sus datos personales, Acevedo solicitó extenderse. Durante 43 minutos el nuevo acusado en el caso del Diario Militar narró su historia.

De 68 años, originario de Santa Lucía, una pequeña aldea en el departamento de Zacapa, quedó huérfano de padre desde muy pequeño, pues su familia también fue víctima del conflicto armado, dijo, e hizo un paréntesis para solidarizarse y señalar que le repugna que sea hasta ahora que estos hechos se estén investigando. Desde niño aprendió a cocinar y tortear para alimentar a sus hermanos. En 1970 se sometió al examen de admisión al Instituto Adolfo V. Hall de Oriente, donde fue un alumno distinguido, portaestandarte de la bandera y destacado en atletismo gracias a las largas caminatas de su infancia para ir a estudiar. Motivado por deseos de superación, en 1972 ingresó a la Escuela Politécnica, pero no aguantó más de cuatro meses y retornó al Hall. La suya era la segunda promoción, y en 1974 formó parte de una comisión que visitó al presidente Kjell Laugerud para que éste fuera el padrino. No se concretó, pero el militar y político los conoció, los atendió y les dijo que cualquier cosa estaba a la orden. Acevedo se graduó, pero al estar locamente enamorado y casarse no le dieron la oportunidad de sacar el curso que se les impartía en el Centro de Estudios Militares, requisito indispensable para trabajar en el ejército. ”Ya no era nada, porque era un simple bachiller en ciencias y letras”, se lamentó.

“Querías esposa, esposa tenés”, le dijo su mamá y lo mandó a buscar trabajo. En enero de 1975 se trasladó a la Capital, cerca del mercado de La Palmita, a un costado de La Limonada. Inicialmente subarrendó habitaciones para que el alquiler le saliera gratis, pero a través del coronel Chéster Reyes Carrera-Marroquín, director del instituto, ese mismo mes Toribio Acevedo retomó el contacto con el presidente de la República, obteniendo el puesto de pasador: una especie de mesero que le pasaba la comida y las bebidas al presidente, luego de probarlas. Pero, antes de asumir, tuvo que sacar un curso de dos meses impartido por el antiguo cocinero de Jorge Ubico, un personaje de bigotes grandísimos llamado Chilo. Con él perfeccionó su técnica culinaria y aprendió a preparar cualquier clase de bebida. Así, pasó dos años acompañando al presidente a todas partes, pues debía probar incluso el vaso de agua que eventualmente le ofrecieran, además de cargarle el maletín con sus efectos personales. 

El juez lo interrumpió brevemente para preguntarle si luego de su curso con Chilo le había salido su plaza de trabajo. “Me dejaron trabajando con él. Yo no sé cómo era que pagaban, pero eran planillas. En el largo de todo ese tiempo me pagaban en diferentes planillas”, respondió. El juez le preguntó entonces si trabajaba con el presidente, en Casa Presidencial. “Con él, directamente. En Casa Presidencial. Pero ya le digo, me pagaban de distintos… de distintas maneras, pagándome distintas plazas, de… no sé, de distintos salarios”.

En diciembre de 1976, durante un viaje a Zacapa, “un patojo, compañero de nosotros, murió, y nosotros estuvimos sujetos a investigación como diez días. Sujetos a investigación, no estuvimos procesados, no estuvimos nada”. A mediados de 1977 decidió renunciar al puesto de pasador, pues su salario no lo satisfacía, pero ser hombre de campo le facilitó dedicarse a comprar y vender ropa, frijol, maíz y cualquier cosa, explicó. En febrero de 1978 ingresó al Ministerio de Finanzas Públicas, en el ramo de aduanas, cuando su director era Ramón Antonio Táger López, y el jefe de personal, Héctor Hugo Pérez Aguilera. La mala suerte —según sus palabras— de haber participado en el descubrimiento de una operación de contrabando de varios furgones de mercadería procedentes de Panamá lo llevaron a ser despedido, tras estar bajo una intensa presión para que presentara su renuncia, en abril de 1980, teniendo que huir del país. “Yo no sabía con quién me había metido”, dijo, y más adelante le preguntó al juez: “¿Usted recuerda más o menos quién fue en ese tiempo el ministro de Finanzas Públicas? Y apareció en la revista de los más jóvenes millonarios, después. Pero eso no me importa a mí”, señaló, refiriéndose sin mencionarlo al entonces coronel Hugo Tulio Búcaro García.

En Estados Unidos mendigó, lavó platos y vendió verduras en una panel que adaptó para tal fin, hasta que las autoridades lo descubrieron. Él no sabía que había que solicitar un permiso para ese tipo de actividades. Estaba desesperado. Pero su exilio duró poco. Como ocurriera con su paso por la Politécnica, no aguantó. En julio de ese mismo año volvió a Guatemala y comenzó a trabajar en una venta de autos bajo las órdenes de Edgar Fischer Saravia y Jaime Tabarini.

Dos años más tarde, en julio de 1982 ingresó como subjefe de personal a Cementos Progreso, donde trabajó hasta 2017, aunque señaló que al momento de su captura continuaba prestando servicios profesionales. Haber llegado a esa empresa con principios y valores fue la bendición más grande de su vida, dijo. Ahí dirigió la liga de futbol y, desde su llegada en 1982, organizó equipos de mareros en los barrios circundantes a la planta de Cemento en La Pedrera, zona 6. Los partidos eran violentos, y sus participantes llegaron al extremo de asesinar al portero rival, o al máximo goleador. En una ocasión Toribio recibió una pedrada en la frente. “Me tocó durísimo, en ese tiempo”, afirmó. Fue presidente de la Asociación Solidarista Progreso, y a finales de los 80 y principios de los 90 estudió derecho en la Universidad Mariano Gálvez, convirtiéndose en representante legal de la compañía. Sacó cursos en el extranjero y fue a Harvard. Luego lo llevaron a trabajar para la instalación de la planta cementera de San Juan Sacatepéquez. “Yo creo que ahí comenzó mi problema”. Aparecieron fotos en las que se le señalaba como militar, afiches de “se busca”, y finalmente en septiembre de 2017 decidió renunciar. Entonces se presentó voluntariamente al Ministerio Público para averiguar sobre su vinculación en el proceso del Diario Militar, pero le respondieron que no existía nada en su contra. Sobre su viaje reciente, indicó que su intención era visitar a una hija que vive en Alemania, con la cual se quería encontrar tras la pandemia de Covid-19, y que su hijo, quien se dirigía hacia El Salvador, le sugirió que viajaran juntos y que volara desde ese país, llevándose una sorpresa grandísima cuando lo atraparon en Panamá.

El repaso de su currículum fue el marco para asegurar que “jamás, nunca” estuvo de alta en el ejército. Solicitó “que se aclare la situación, y que los que de verdad son culpables, no haya piedad para ellos”.

A continuación, la fiscal Elena Gregoria Sut Ren, a cargo de la acusación por parte del Ministerio Público en el caso del Diario Militar, leyó su imputación. Se le señala de haber formado parte de los grupos élite clandestinos del Archivo entre el 29 de agosto de 1983 y el 30 de abril de 1985, y de participar, entre otros casos, en la desaparición del militante del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista Marvin Girón Ruano, quien fue llevado herido al Hospital de la Policía, donde fue visto por última vez; de Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, de la misma organización, a quien en una ocasión sus secuestradores presentaron torturada ante su familia; y del niño de 12 años Juan Pablo Armira López, acusado de pertenecer a las Fuerzas Armadas Rebeldes, y quien luego de permanecer en una cárcel clandestina en la Ciudad de Guatemala fue trasladado a la Zona Militar de Chimaltenango. Así como de participar en el asesinato del dirigente magisterial y miembro de las FAR Silvio Matricardi Salán, y en delitos graves contra al menos seis personas más. La fiscalía lo ubica además trabajando para el Centro Regional de Telecomunicaciones en diciembre de 1976, y para 1977, asignado al Archivo General y Servicios de Apoyo con el grado de sargento mayor especialista y el puesto de traductor. La Regional y el Archivo fueronuna misma estructura, que entre 1976 y 1977 cambió de nombre, y es como formalmente se conoció a la sección de inteligencia del Estado Mayor Presidencial.

En diciembre de 1976 Toribio Acevedo se vio envuelto en una investigación por homicidio en su natal Zacapa. De acuerdo a un informe policial de la época, leído por la fiscal durante la imputación, se ordenó la captura de dos miembros del Centro Regional de Telecomunicaciones, uno de los cuales era Toribio Acevedo Ramírez, junto a un integrante del Cuerpo de Detectives, estructura contrainsurgente de la Policía Nacional cuyos agentes actuaban vestidos de civil. Pero en su historia Toribio omitió ese detalle. Más adelante, cuando ya era abogado, Acevedo limpió sus antecedentes.

La declaración de un testigo con datos bajo reserva, tomada en septiembre de 2012 y leída por la fiscal Sut Ren, señala que La Regional o El Archivo funcionaba en el Callejón Manchén, atrás del Palacio Nacional, y que “uno de los jefes de grupo era Toribio Acevedo Ramírez, alias El Loco o Lucas, quien era blanco, alto, de un metro ochenta y cinco centímetros aproximadamente, y tenía una cicatriz visible que pasaba al lado del ojo derecho, hacia el pómulo”. En ese momento Toribio Acevedo señaló con el índice donde debía estar la cicatriz y sonrío abiertamente, mientras la fiscal continuaba leyendo: “Era torturador, y sanguinario”. El testigo declaró que Acevedo se graduó como subteniente de reserva del Instituto Adolfo V. Hall de Oriente, y que pasó directamente a la Regional en 1975. “No llegó de alta para el ejército, sino como empleado, por lo que no lo van a encontrar en nóminas o planillas. Cuando le hicieron el primer atentado a Colom Argueta fue Toribio Acevedo Ramírez quien tenía la consigna de matarlo, pero falló y sólo lo hirió, refugiándose Colom Argueta en una estación de bomberos”. Acevedo volvió a sonreír y a negar con la cabeza. “Él, Acevedo, en los años 80 perteneció al grupo élite, como ellos le llamaban. Era un grupo clandestino que tenía como enlace la oficina en el Edificio El Centro. Ahora es abogado y trabaja en Cementos Progreso”.

El caso del Diario Militar es un proceso que ha sacudido varias estructuras militares que continúan vigentes. Los acusados tienen vínculos con sectores poderosos, y articulan no sólo redes de abogados sino también de activistas conservadores. El 31 de mayo de 2022 la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes dirigida por Carlos Alberto Solórzano Rivera presentó una denuncia contra la ex fiscal general Claudia Paz y Paz —que vive fuera de Guatemala desde 2014—, por haber iniciado en 2011 la persecución penal contra ocho ex militares entre los que se encontraban Manuel Benedicto Lucas García, César Augusto Cabrera Mejía y Juan Ovalle Salazar, acusados de graves violaciones a los derechos humanos, y contra la fiscal Elena Gregoria Sut Ren por presentar acusación contra éstos el 15 de abril de 2016. Dicha dependencia, que actúa como órgano colegiado y comisionado por el Congreso de la República,  señala abuso de autoridad y tortura, y usurpación de atribuciones en el caso de Paz y Paz y simulación de delito en el de Sut Ren.

El 14 de junio de 2022 falleció Marco Antonio González Taracena, el oficial de más alto rango dentro de los acusados por el caso Diario Militar, y quien dirigiera el Archivo General y Servicios de Apoyo, la unidad señalada de haber cometido los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos que ese documento registra, entre el 10 de agosto de 1983 y el 31 de mayo de 1985. González Taracena se encontraba recluido desde el 27 de mayo de 2021 en el Centro Médico Militar, víctima de un cáncer de colon.

Sus simpatizantes emitieron docenas de comentarios de indignación, en su mayoría dirigidos contra Miguel Ángel Gálvez. Acusaban al juzgador de torturador y de asesino. Un señor declaró en Twitter que el precio a pagar debía ser tan alto “que a otros como él no se les ocurra torturar a nuestros veteranos”, y añadió que “jamás se debió firmar la paz”. Bárbara Hernández, una ciudadana cubana radicada en Miami y que hace algunos años se interesó repentinamente por Guatemala, señaló en un video al que tituló “Denuncia pública. Violaciones a los derechos humanos de los veteranos del Ejército de Guatemala”, que “el generalísimo”, de quien dijo sentirse su nieta, había muerto “víctima del terrorismo judicial que abate a Guatemala”, y en el estilo que la caracteriza, durante alrededor de media hora lanzó consignas anticomunistas, insultos y amenazas contra el juez.

Esto debe pagarlo galvez, que sea tan alto el precio que a otros como él no se les ocurra torturar a nuestros héroes veteranos. Jamás se debió firmar la paz; el acuerdo de paz es inconstitucional, no fue firmado por el representante del estado de Guatemala.

— Gilberto Abraham LB. (@Gpezbonilla) June 16, 2022

Acciones diletantes 

El 15 de junio de 2022 la Corte Suprema de Justicia encabezada por Silvia Patricia Valdés Quezada dio trámite por mayoría a la solicitud de retiro de inmunidad planteada contra Gálvez por la Fundación Contra el Terrorismo, que lo acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales. Únicamente una magistrada votó en contra: María Eugenia Morales Aceña, quien señaló que la querella no está basada en una investigación seria ni en hechos que le consten directamente al accionante, y que la Fundación Contra el Terrorismo en ningún momento resultó directamente afectada por los hechos denunciados. Morales consideró que la querella fue promovida por motivaciones espurias e ilegítimas, por lo que debió haber sido rechazada in limine. Morales Aceña presentó su renuncia como magistrada el 25 de octubre de 2022.

El 30 de junio de 2022 el Ministerio Público de Consuelo Porras destituyó a la ex fiscal de Derechos Humanos Hilda Pineda, quien un año antes, el 11 de octubre de 2021, había sido trasladada a la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros. El MP anunció que también analizaba el traslado de Elena Gregoria Sut Ren, supuestamente para disminuir los riesgos a que estaba expuesta. Raúl Falla Ovalle, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, celebró la noticia, indicando que ello “contribuirá a limpiar la fiscalía” y “tocará a la FCT procesarlas por abuso de autoridad, incluyendo al fiscal Marco Tulio Escobar Orrego, activista de izquierda”. Escobar Orrego fue jefe de la Unidad de Delitos de Discriminación y trabajó en la Unidad de Delitos contra Activistas, ambas de la Fiscalía de Derechos Humanos, durante la década pasada.

También para el 30 de junio de 2022 había sido programada la audiencia de solicitud de extinción penal por muerte del ex sargento Mavilo Aurelio Castañeda Bethancourt, pero no se realizó al no presentarse su abogado. El 2 de agosto de 2021 el juez Miguel Ángel Gálvez había resuelto suspender la persecución penal en su contra por el estado de su salud mental, después de que el psicólogo Jorge de la Peña realizara un diagnóstico donde Castañeda fue presentado con padecimientos como delirios y alucinaciones, consecuencia de su pasado como militar.

Castañeda, alias el Caballo, fue señalado en el caso del Diario Militar de participar junto a Mario Marroquín, alias el Chucho, Enrique Cifuentes de la Cruz, alias el Miquillo, Malfred Orlando Pérez Lorenzo, alias el Payaso, Edgar Corado Samayoa, alias el Diablo y Toribio Acevedo Ramírez, alias el Loco, en la desaparición de Marvin Girón Ruano el 28 de noviembre de 1983, quien aparece en el Diario Militar como Héctor Manuel de León Escobar. A la fecha permanece desaparecido.

El 8 de julio de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió requerir al Estado de Guatemala que adopte de forma inmediata e individualizada las medidas necesarias para proteger eficazmente los derechos a la vida e integridad personal del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, adaptar su esquema de seguridad para él y su familia y que a más tardar el 8 de agosto del mismo año presentara un informe detallado sobre las medidas urgentes adoptadas en cumplimiento a lo ordenado.

Tres días más tarde, el 11 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió también al Estado guatemalteco adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad de Elena Gregoria Sut Ren, y convocó a los representantes de las víctimas de los casos que han estado a cargo de la fiscal, y al Estado de Guatemala, a una audiencia privada virtual sobre la solicitud de medidas provisionales, que se celebraría el 30 de agosto de 2022.

El 17 de agosto la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad la solicitud para que le fuera retirada la inmunidad al juez Miguel Ángel Gálvez interpuesta por el coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, uno de los militares acusados, que buscaba que Gálvez fuera separado del caso Diario Militar.

Ricardo Méndez Ruiz le escribió al juez Gálvez en redes sociales el 22 de agosto de 2022 que la Fundación Contra el Terrorismo “no se ha olvidado de usted. Es más, permanente está usted en nuestros pensamientos y afanes. Las Chinamas y Valle Nuevo están cerradas para usted, prevaricador; las puertas del Zabala, en cambio, lo esperan abiertas de par en par”.

Ese mismo 22 de agosto se realizó una audiencia para conocer el recurso de actividad procesal defectuosa planteado por los defensores de Toribio Acevedo Ramírez, quienes se opusieron a que el doctor Jorge de la Peña, de nacionalidad mexicana, le practicara un peritaje. Prensa Libre informó que el 17 de ese mismo mes De la Peña se había presentado a la prisión Mariscal Zavala para practicarle un análisis psicológico a Acevedo, pero éste se negó a salir de su celda.

Según el abogado Byron Omar Acevedo Cordón, el doctor De la Peña ha externado opinión sobre el caso, pues en septiembre de 2021 dictaminó que el militar retirado y ex jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la policía Gustavo Adolfo Oliva Blanco estaba en condiciones de enfrentar un proceso judicial, y ellos buscan la objetividad en la prueba pericial, de la que, consideró, dicho profesional carece. Ya al inicio de la audiencia Acevedo Cordón había solicitado al juez que llamara al orden a De la Peña, pues “desde que ingresó a esta sala no ha dejado de ver a mi patrocinado de forma intimidatoria, demostrando con esto una evidente parcialidad en el presente caso”.

Tanny Paolo Montes Sagastume, también defensor de Toribio Acevedo, explicó que no se opusieron en ningún momento a que se practicaran las diligencias de investigación —una prueba psicológica y un examen facial para determinar si el acusado tuvo en algún momento una cicatriz en el rostro—, sino que De la Peña no se encuentra inscrito ni en el Colegio de Médicos y Cirujanos ni en el Colegio de Psicólogos de Guatemala, lo que constituye un impedimento absoluto para ejercer estas funciones en el país. Además, luego de investigar en redes sociales determinaron que es psicólogo social, no psicólogo clínico, que es quien debía realizar el peritaje y de los que, señaló, existen varios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Montes Sagastume también indicó que De la Peña ha sido propuesto por la barra acusadora en casos que se han promovido en contra de ex militares y ex integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, como los casos Molina Theissen, Ríos Montt y Diario Militar.

Por su parte el juez Gálvez señaló que los principios de la recta razón son la lógica, la psicología y la experiencia común, cuestionando la idea del examen facial en el que se determinaría si Toribio Acevedo tuvo o fingió tener una cicatriz para engañar a sus víctimas. Dijo también que le llamaba la atención cómo se estaban trabajando las cosas, pues cuando se suponía que nadie tenía conocimiento de la actividad procesal defectuosa circuló en redes sociales una publicación con las fotos de Tomás Ramírez y Elena Sut Ren, fiscales del MP, del juez Gálvez y de Jorge de la Peña, con la leyenda: “Ahora esta clica de criminales busca llevar a cabo un peritaje con un doctor guerrillero mexicano llamado Jorge de la Peña Martínez de manera ilegal, ya que este doctor no está colegiado para ejercer en Guatemala y menos hacer peritajes”, y que “los fiscales de sección deben ser destituidos de inmediato”, pues “cuentan con varias denuncias en la fiscalía de asuntos internos por abusos de autoridad y alteración de pruebas”. Los exámenes a Acevedo fueron pospuestos.

Al día siguiente, 23 de agosto, se llevó a cabo la vista pública del amparo solicitado por Jacobo Esdras Salán Sánchez contra la resolución que enviaba a juicio a los oficiales del Diario Militar y que fue dictada por el juez Gálvez. Pese a que en una audiencia anterior llevada a cabo el 21 de abril, Salán Sánchez había asegurado que, durante los años sesenta, su mamá curó los pies de su primo Silvio Matricardi Salán y lo hospedó en su casa, el acusado indicó que no existía acta de nacimiento ni de defunción de Matricardi, en cuyo asesinato Salán Sánchez habría participado, según la imputación de la fiscalía. “¿Entonces quién es esa persona? ¿Nació, murió? ¿Qué pasó?”, se preguntó el coronel retirado, quien considera que el juez Gálvez “no tuvo el valor de resolver conforme a la ley, por su gran carga ideológica que manifestó durante todo el proceso”. Al amparo se unieron el ex jefe del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional, Juan Francisco Cifuentes Cano, y el ex agente del Archivo General y Servicios de Apoyo Enrique Cifuentes de la Cruz, señalados por su vinculación en más de una docena de desapariciones. El Ministerio Público solicitó que el recurso fuera declarado sin lugar.

Jacobo Esdras Salán Sánchez también aseguró en su declaración del 21 de abril de 2022, durante la audiencia de etapa intermedia, que la persona a quien el Ministerio Público debía haber capturado en realidad era a su primo, el coronel retirado Max Errol Ronny González Salán, quien, como dijo Salán Sánchez, estuvo de alta en el Archivo del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Mejía Víctores. Max Ronny González estudió en la Escuela de las Américas en 1969, y ocupó puestos importantes en el ejército hasta mediados de la década de los 90. Más recientemente trabajó en la Comisión Nacional de Resarcimiento. 

La última noticia relacionada con el acusado Salán Sánchez ocurrió el 11 de noviembre de 2022, cuando la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó un amparo provisional a su favor. Activistas de Derechos Humanos, como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), analizaron que este nuevo fallo podría dejar sin efecto la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, al haber enviado a juicio a este coronel en retiro, consignando en su contra los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa, delitos contra los deberes de la humanidad en contra de opositores políticos durante la década del 80.

Los nuevos capturados

Además de Toribio Acevedo, el 27 de enero de 2022 fue arrestado Malfred Orlando Pérez Lorenzo, alias el Payasito, que estuvo prófugo desde mayo de 2021 y que tras su captura fue ligado a proceso el 31 de enero de 2022, acusado de participar en la desaparición forzada de tres personas y por delitos contra los deberes de humanidad en agravio de dos más. Oficialmente Pérez Lorenzo trabajó en el Departamento de Investigaciones Técnicas de la policía entre julio de 1982 y octubre de 1984, pero es señalado de haber integrado uno de los grupos élite clandestinos del Archivo. La declaración de un antiguo miembro de las fuerzas de seguridad con datos bajo reserva leída durante las audiencias lo describió como “un criminal”, que “fingía humildad, ser baboso, pero era peligroso”. 

Según dijo Pérez Lorenzo, al momento de ser detenido trabajaba desde hacía dos años en la empresa de seguridad privada Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala (VISEGUA). Su propietario es el coronel retirado Jorge Ignacio López Jiménez, que fue titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia durante los primeros ocho meses del gobierno de Jimmy Morales, pero fue separado de su cargo en septiembre de 2016 al verse involucrado en una investigación penal por espionaje ilegal contra activistas, ex funcionarios y periodistas. 

Cuando López Jiménez aún era el jefe de la SAAS, en abril de 2016, la PNC capturó a tres agentes de su empresa VISEGUA con una caja de armas que planeaban entregar a pandilleros. Según el vocero policial, los guardias privados, que se movilizaban en un pick-up con el logo de la empresa, eran “integrantes de la pandilla delincuencial Barrio 18”, como publicó en su momento Prensa Libre. 

Durante su audiencia ante el juez Gálvez, Malfred Orlando Pérez Lorenzo, el Payasito, señaló que previamente había trabajado durante dos años para otra empresa de seguridad de la que no recordaba el nombre, ubicada sobre la avenida Aguilar Batres, detrás de las oficinas de Tránsito, y que antes trabajó en la Cervecería Centroamericana. A la pregunta de dónde trabajaba en la década de los 80 respondió que durante dos o tres años fue agente de la Policía Nacional, con servicio en la zona 6.

Poco después, en febrero de 2022 fue capturado Alix Leonel Barillas Soto, alias el Sapo, quien también huía de la justicia desde mayo de 2021. El sindicado fue miembro de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional del 1 de marzo de 1983 al 31 de mayo de 1989, con el grado de Sargento Mayor Especialista y el puesto de Oficinista IV. Dijo que actualmente trabajaba en la economía informal, y que anteriormente trabajó para el Ministerio de la Defensa Nacional. Fue ligado a proceso el 3 de marzo de 2022 por su posible participación en la desaparición forzada del sindicalista, dirigente estudiantil y miembro del PGT Rubén Amílcar Farfán.

Junto a estas tres personas está pendiente de realizarse la audiencia de etapa intermedia contra Edgar Virginio de León Sigüenza, alias el Choco, agente de la Dirección de Inteligencia de 1981 a 1989 y egresado de la Escuela de las Américas en los años 70. Uno de sus abogados, Otto Breyner Orozco González, se excusó tres días antes, el viernes previo al inicio de la audiencia, por tener programado un debate de otro cliente por delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. Esto no hubiera representado un problema, pues De León Sigüenza contaba con tres abogados, pero Juan Manuel Yat y Augusto José Pinetta Pappa renunciaron a la defensa veinte minutos después de la hora de inicio programada, lo que el Ministerio Público entendió como litigio malicioso.

El juez Gálvez dijo que “todo se puede, pero se tiene que respetar las formalidades del proceso”, cuestionó que a pesar de que los abogados fueron notificados desde el 10 de marzo se excusaran o avisaran a última hora y señaló que era evidente la deslealtad procesal con que estaban actuando, por lo que decretó el abandono de defensa, notificó al Colegio de Abogados y al Tribunal de Honor y separó de la audiencia al sindicado para no retrasar más el proceso.

En la misma situación se encontraba Eliseo Barrios Soto, alias el Pirata, Programador del AGSA entre 1977 y 1985, pues su abogado Pablo Manuel Hernández no se presentó, y cuando se le llamó, dijo que estaba en otra audiencia, pero que llegaría al día siguiente, por lo que también quedó pendiente el inicio de la etapa intermedia. Pero el 10 de octubre de 2022 Miguel Ángel Gálvez decidió otorgar la suspensión condicional de la persecución penal en su contra, pues se estableció que padece cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, hipertensión arterial, incontinencia urinaria, falla sensorial, colon irritable, deterioro cognitivo, depresión, ansiedad y demencia moderada, entre otras enfermedades. Barrios había sido recluido en un sanatorio en El Petén desde que se girara la orden de captura en su contra, en mayo de 2021.

Así, de los 15 capturados, 8 esperan el inicio del debate oral y público, 4 están pendientes de etapa intermedia, 2 han fallecido y fue suspendida la persecución penal contra uno más. Aún no se tiene una fecha programada de inicio del juicio.

Según el Ministerio Público, todos participaron, como miembros de las fuerzas de seguridad, en estructuras clandestinas que funcionaban no sólo al amparo, sino como parte del Estado, y que durante las décadas de los 60, 70 y 80 cometieron secuestros, torturas, violaciones sexuales, asesinatos y desapariciones, contando con vehículos, equipos de comunicación e instalaciones. Actuaban vestidos de civil, a menudo se movilizaban en vehículos tipo panel y utilizaban fusiles de asalto. El AGSA, la dependencia señalada de cometer los crímenes relatados en el Diario Militar, estaba a cargo de Marco Antonio González Taracena, fallecido el 14 de junio de 2022. Sus superiores fueron Juan José Marroquín Siliézar, fallecido el 8 de febrero de 2013 y Pablo Nuila Hub, el fundador de los kaibiles, quien murió el 23 de febrero de 2021, ambos jefes del Estado Mayor del Jefe de Estado durante el gobierno de Mejía Víctores. La siguiente persona en la cadena de mando y principal responsable por los delitos registrados en el Diario Militar era el general Óscar Humerto Mejía Víctores, entonces Jefe de Estado y Ministro de la Defensa Nacional, y quien usualmente es recordado como el artífice del retorno a la democracia. Murió el 1 de febrero de 2016, víctima del párkinson.

Esta es la primera vez que en Guatemala oficiales y suboficiales de inteligencia se enfrentan a la justicia por sus crímenes sistemáticos durante la guerra.

El futuro del proceso sin embargo es incierto. La defensa continuará interponiendo recursos dilatorios, y los sectores conservadores han asumido como meta encarcelar o exiliar a quienes les incomodan.

El acoso y asedio contra el juez Gálvez

El 21 de agosto Gálvez señaló en una entrevista con el diario La Hora que el proceso de antejuicio en su contra era en realidad un juicio político, “y por qué no decirlo, un linchamiento”. Con 24 años en el Organismo Judicial, dijo que “nunca la situación había estado tan difícil y complicada”, y que su preocupación era “el rompimiento del estado de derecho”.

Tres meses después, ya en noviembre, el juez Gálvez decidió salir de Guatemala. El acoso y el asedio por parte de la FCT y sus seguidores se intensificó en los últimos meses. Gran parte de la estrategia en contra del juzgador que envió a los oficiales de la muerte a juicio se evidenció ante distintas instancias internacionales de Derechos Humanos.  

El 5 de septiembre de 2022, diversos medios de comunicación informaron sobre la participación del juez Miguel Ángel Gálvez en una audiencia del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Gálvez se refirió al grave riesgo en que se encuentra el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala. Dijo que se perdió la separación de poderes y prácticamente todas las instituciones están al servicio del poder político, y que los jueces de mayor riesgo que han conocido casos de violaciones a los derechos humanos, corrupción y crimen organizado están siendo “acosados y perseguidos por grupos que buscan obstruir la administración de justicia y ganar impunidad en el país”. Señaló que hasta ese momento 38 personas se habían exiliado en Estados Unidos y México, otras en Costa Rica y una que por motivos de salud decidió trasladarse a Suecia.

El 6 de septiembre Ricardo Méndez Ruiz, a través de sus cuentas de redes sociales, expresó que el juez Gálvez era un inmoral que le mintió al Parlamento Europeo al no mencionar que el antejuicio promovido en su contra se debe a que aplicó una figura legal inexistente, y externó: “El día en que veremos a ese cobarde engrilletado en la carceleta, está próximo”. Los representantes de la Fundación Contra el Terrorismo y sus seguidores han venido repitiendo que el motivo de su disgusto con Gálvez es que, según ellos, el juez habría inventado la prisión provisional y que ésta figura penal era y ha sido inconstitucional. Lo acusan también, de manera intempestiva de “prevaricador”, un término que muy pocos ciudadanos comunes utilizan, pero que significa que Gálvez ha faltado conscientemente a sus deberes como juez emitiendo sentencias fuera de la ley. La querella de la FCT se fundamenta en cinco casos: Corrupción Municipalidad de Quetzaltenango, La Sexta, Manipulación de Justicia, La Línea y Cooptación del Estado.

Algunos analistas ven un escenario aún más preocupante en la insistente acusación de prevaricación en redes sociales y en lo penal en contra de Miguel Ángel Gálvez. Se trata de un plan pro impunidad de mayor envergadura, que implica la liberación de todos los acusados que han pasado por el juzgado de Mayor Riesgo B a cargo de Gálvez. El código penal de Guatemala, en el artículo 462 tipifica que el prevaricato es un delito que comete “el juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años”.    

Si el juez Gálvez pierde su inmunidad y es investigado y hallado culpable por prevaricato, cualquier acusado de corrupción, o crimen organizado o incluso delitos de lesa humanidad que haya puesto un pie en su juzgado podría pedir una revisión de su caso, argumentar que el juez dictó resoluciones en contra de la ley, y desvanecer cualquier proceso penal en su contra.

Días antes de la reunión del Parlamento, el activista de ultraderecha, como el mismo Méndez Ruiz se califica, declaró que el antejuicio presentado contra Gálvez “nada tiene que ver con el diario militar”, que era “un tema relacionado con el abuso de autoridad”, y que su bartolina estaba lista “por ser un juez prevaricador”. Ya el 14 de junio, luego de la muerte del general retirado González Taracena, Méndez Ruiz había escrito: “Miguel Ángel Gálvez: es usted un cobarde asesino. Sus días en libertad están contados. ¡Palabra de la FCT!”.

El 9 de septiembre la CIDH emitió una nueva resolución sobre las medidas urgentes que supuestamente debía adoptar el Estado de Guatemala para garantizar a las víctimas del caso Diario Militar el derecho al acceso a la justicia, y al juez Gálvez la independencia judicial. En este documento se lee que el Estado respondió que no puede decirse que existe una inminente separación del cargo del juez Gálvez, pues “queda un largo camino por recorrer”. La respuesta de Guatemala también resaltaba que aún faltaban varios trámites, como el nombramiento en firme de un pesquisidor, quien podría excusarse o ser recusado, o recomendar no retirar la inmunidad. Los argumentos de Guatemala sobre este caso fueron coordinados por la Procuraduría General de la Nación (PGN) a cargo del abogado Jorge Luis Donado Vivar, en coordinación con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), representada por Ramiro Alejandro Contreras Escobar, donde plantearon más que hechos concretos, hipótesis y escenarios, como que la resolución de admisión a trámite de antejuicio contra Gálvez podría ser revocada, o también que la CSJ podría decidir dar “no ha lugar” y archivar el caso. A pesar de ello, días después, la CSJ dio curso al trámite con una celeridad inhabitual, y nada indica que esté pensando en desestimar la solicitud de la FCT en contra del juez Gálvez.

El Estado alegó también que la extrema gravedad señalada por los representantes de las víctimas del caso Diario Militar era “hipotética y una mera suposición sin fundamento”, y que “no existe un riesgo inminente” de que se produzcan daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal del juez, ni de que sea separado del caso. Sobre las amenazas en redes sociales contra operadores de justicia, Guatemala dijo que “no puede privar a los particulares ejercer su derecho a la libertad de expresión” y reiteró que “no existe un contexto de persecución y criminalización” contra Gálvez. El Estado guatemalteco finalizó explicando que el proceso de antejuicio está motivado por la utilización de la prisión provisional y no por actuaciones y situaciones realizadas dentro del caso Diario Militar.

La CIDH por su parte verificó “la existencia de una situación de hostigamiento, amenazas, intimidación, seguimientos y vigilancia” y “publicaciones amenazantes en redes sociales”, sumadas a las denuncias penales, y que estos actos “se han ido incrementando en la medida que avanza el proceso penal por los hechos del caso Diario Militar”.

La CIDH valoró positivamente el esquema de seguridad implementado por el Estado de Guatemala, pero advirtió “que la situación de riesgo que actualmente enfrenta dicho juez requiere una respuesta estatal inmediata a través de acciones que no sólo abarquen medidas de seguridad” y “debe adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho a la independencia judicial del juez Gálvez.

El lunes 19 de septiembre se llevó a cabo la audiencia en vista pública virtual de la Corte de Constitucionalidad sobre el amparo promovido por Miguel Ángel Gálvez contra la Corte Suprema de Justicia. Gálvez dijo que la resolución de la CSJ del 15 de junio de 2022 que admitió el trámite de antejuicio es una actuación arbitraria que carece de fundamento serio. La investigación en su contra está basada en transcripciones de notas periodísticas y una publicación sobre la prisión preventiva, dijo, y señaló que la decisión de la CSJ era incompatible a la Constitución Política y a los derechos humanos internacionales y debía ser calificada ilegítima.

Raúl Amílcar Falla Ovalle, el abogado  de la FCT, planteó que había que dejar claro que el caso estaba relacionado con diferentes resoluciones emitidas por el juez Gálvez, “donde abusando de su cargo, y violentando la Constitución, de manera ilegal ordenó decretar prisión ‘provisional’, término que no existe en la legislación guatemalteca, en contra de diferentes sindicados”, y aseguró que no tenía “relación alguna” con resoluciones dictadas “en casos relacionados con el conflicto armado interno de nuestros veteranos de guerra”.

A continuación, el abogado de la FCT expuso que se incurrió “en un delito de detención ilegal”, y que “consecuencia de eso murieron muchas personas en la cárcel, por este régimen de facto, al haber dictado resoluciones ilegales” y que “no sólo murieron muchas personas, sino que otras enfermaron en una prisión ‘provisional’, que no existe, otras más destruyeron sus familias, otras más destruyeron sus vidas”. Falla declaró además que Gálvez “hoy llora, se queja, y dice que es una persecución en contra de él”, y señaló: “Siempre dijimos que el poder es efímero, y que un día, en esas mismas instituciones que ellos cooptarían a base de persecuciones ilegales y chantajes, serían perseguidos”, y finalizó diciendo: “Que agradezca que se está respetando el debido proceso y que no va a ser sometido a una prisión provisional, pero sí a una prisión preventiva. ¡Preso o prófugo! Gracias”.

En esta misma audiencia, Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez repitió los dichos de Falla. Insistió en que la acusación obedece a que Gálvez “se sacó de la manga” la prisión provisional “para mandar a la cárcel a una gran cantidad de guatemaltecos”, y reiteró que “el poder es efímero, el poder viene y el poder se va, y por eso hemos llevado ante la justicia a varios fiscales, jueces y magistrados” y que “el día de hoy, señores magistrados, señora presidenta, como publiqué en un tuit hace algún tiempo, le tocó el turno a Miguel Ángel Gálvez”, para finalizar pidiendo a los magistrados: “Conviértanse ustedes en la punta de lanza del rescate del estado de derecho, del rescate de la certeza jurídica en nuestro país”.

Por su parte la abogada Maritza Yesenia Castillo López, representante de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público leyó un escrito en el que se indica que en su resolución del 15 de junio de 2022 la Corte Suprema de Justicia actuó conforme a la ley, basada en los elementos de convicción suficientes y razonables emitidos por la entidad antejuiciante, que le permitieron advertir que existen o pueden ocurrir hechos que revisten la calidad de delitos. Que la decisión de la CSJ no denota agravio alguno de relevancia constitucional y por el contrario se encuentra ajustada a derecho y que no se ha lesionado derecho alguno del juez. Solicitó que el amparo fuera denegado.

La Corte de Constitucionalidad ya ha rechazado en tres ocasiones los amparos contra la Corte Suprema de Justicia solicitados por Gálvez. El 25 de julio de 2022 la CC argumentó que “las circunstancias no lo hacen aconsejable y, porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad”. De los cuatro supuestos de este artículo destacan dos: que exista peligro de privación de la vida, riesgo a la integridad personal o daño grave o irreparable para quien interpone el amparo, y que la autoridad o entidad contra la que éste se interpone esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia. El 31 de agosto rechazó un segundo amparo interpuesto el 12 de ese mes, y el 29 de septiembre la CC volvió a rechazar el amparo presentado el 25 de agosto, siempre bajo los mismos argumentos.

La decisión de si Miguel Ángel Gálvez pierde o no su inmunidad tampoco ha sido un asunto claro. En un principio se nombró a Zonia de la Paz Santizo Corleto de Bocanegra, de la Sala Tercera de Apelaciones Penal, como jueza pesquisidora, pero se excusó de conocer el expediente argumentando amistad con Gálvez y el 6 de julio de 2022 la Corte Suprema de Justicia aceptó su excusa por unanimidad. La denuncia pasó a la Sala Segunda y fue designado el Vocal I Eduardo Galván Casasola, un militar retirado que en octubre de 2021 recomendó a la CSJ retirar la inmunidad al presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C Pablo Xitumul de Paz, pero al ser consultada, la Corte Suprema de Justicia resolvió que quien debía encargarse era Roaldo Isaías Chávez Pérez, quien llevó el caso contra la ex jueza de Mayor Riesgo D Erika Aifán Dávila, hoy en el exilio, y el 16 de septiembre de 2022 los magistrados de la CSJ lo confirmaron como juez pesquisidor.

Chávez Pérez citó al juez Gálvez para que el 27 de septiembre presentara sus pruebas de descargo, pero Gálvez lo recusó por conflicto de intereses, pues Roaldo Chávez fue analista en el entonces Departamento de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional y ha mantenido relación con miembros del ejército, sector afín a la parte denunciante. También el pesquisidor fue asesor en el Ministerio de Gobernación cuando su titular era Mauricio López Bonilla, imputado en uno de los casos que figuran en la denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo. Además, Roaldo Chavéz estudió en la Universidad Rafael Landívar con Raúl Falla Ovalle, abogado de la FCT, de quien sería amigo. Chávez Pérez rechazó la recusación, explicando que no tiene ningún tipo de interés directo o indirecto con las diligencias, ni relaciones íntimas de amistad con Falla Ovalle, “pues la amistad y el profesionalismo son cuestiones totalmente independientes”, remitiéndose a la Corte Suprema de Justicia “para resolver lo que corresponda”. Ésta rechazó la recusación de Gálvez y el 21 de octubre de 2022 confirmó a Roaldo Chávez como juez pesquisidor.

El 4 de noviembre, fecha en que Gálvez debía presentar sus pruebas de descargo, el Instituto Guatemalteco de Migración informó que Miguel Ángel Gálvez había salido del país esa misma mañana. Aunque inicialmente Gálvez le dijo al vespertino La Hora que se encontraba en Guatemala y que posiblemente se trataba de un homónimo, posteriormente indicó que se encontraba participando en una actividad de la Federación Latinoamericana de Magistrados en Costa Rica. Las pruebas de descargo fueron presentadas por su abogado, Herbert Pérez. El juez Gálvez explicó en un video  que no compareció a la audiencia porque uno de los requisitos para garantizar la transparencia del proceso era la publicidad, pero se dictó una resolución aduciendo que la ley no la reconoce, por lo que decidió presentar sus pruebas por escrito.

Previamente, el 22 de septiembre de 2022 otra acción legal de recusación contra el juez Miguel Ángel Gálvez con el objetivo de separarlo del proceso fue presentada por Toribio Acevedo Ramírez, el nuevo acusado en el caso Diario Militar.

Esta es la octava parte de un compilado de ocho reportajes sobre el Diario Militar, el documento desclasificado que describe el destino de 183 personas capturadas de forma clandestina por las fuerzas del Estado durante los años 80. Hoy, los oficiales que participaron en la creación de este dossier de la muerte, han sido capturados y están a punto de ser juzgados en los tribunales.