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11/8/2021

El Archivo: el escuadrón de la muerte del Estado Mayor Presidencial

El Archivo del Estado Mayor Presidencial fue una dependencia de inteligencia altamente secreta que servía directamente al presidente Óscar Mejía Víctores. Manejaba redes de espionaje y coordinaba escuadrones de la muerte. Hoy Marco Antonio González Taracena y otros cinco empleados del Archivo están sentados en el banquillo acusados del caso Diario Militar. 

El Archivo del Estado Mayor Presidencial fue una dependencia de inteligencia altamente secreta que servía directamente al presidente Óscar Mejía Víctores. Manejaba redes de espionaje y coordinaba escuadrones de la muerte. Hoy Marco Antonio González Taracena y otros cinco empleados del Archivo están sentados en el banquillo acusados del caso Diario Militar. 

Texto: Rolando Orantes
Foto: Imagen del Diario Militar, National Security Archive.
Edición: Carolina Gamazo

A principios de abril de 1976, luego de sufrir un atentado por hombres armados vestidos de civil el 29 de marzo, el dirigente del Frente Unido de la Revolución (FUR) y ex alcalde capitalino Manuel Colom Argueta denunció que previamente había estado sujeto a un estricto control por parte de las autoridades, y que policías vestidos de particular vigilaban su residencia y recorridos. El político señaló que sus perseguidores eran miembros "de la llamada Policía Regional", y que sus agentes habían estado "siguiendo sus pasos", en ocasiones utilizando hasta cuatro automóviles. Declaró que era fácil deducir la identidad de los autores, y que la forma en que fue atacado "es típica de estos grupos represivos”.¹

“Su impunidad es característica de su cobarde actuación y hoy, al igual que cada vez que sucede un hecho de esta naturaleza, los funcionarios llamados a garantizar a la ciudadanía se limitan a expresar su condolencia", dijo en ese momento, en una nota recogida por Inforpress.

Los voceros del general Kjell Eugenio Laugerud García, presidente de la República, condenaron enérgicamente la agresión contra Colom Argueta, pero rechazaron "con igual energía las aventuradas sindicaciones de que el gobierno pudiera tener participación en el indicado hecho”. El gobierno militar aseguró que ningún dirigente era objeto de su preocupación y que no necesitaba utilizar la represión contra sus oponentes, desconociendo la existencia de la Regional.²

Colom Argueta respondió con una carta abierta explicando que el entonces capitán Francisco Rolando Archila Marroquín, el teniente coronel Elías Osmundo Ramírez Cervantes y el teniente coronel César Ramón Quinteros Alvarado, junto al mayor Byron Disrael Lima Estrada como subjefe, habían dirigido la Regional entre 1966 y 1976.

La Regional era el nombre que recibía la sección de inteligencia del Estado Mayor Presidencial en la época en que Colom Argueta sufrió el atentado, y que poco después sería conocida como el Archivo, el cuerpo del Ejército cuyos integrantes han sido acusados por el MP de cometer los delitos consignados en el Diario Militar.

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Manuel Colom Argueta, el rector de la Universidad de San Carlos  para el periodo 1970-1974 Rafael Cuevas del Cid y el abogado Edmundo Vásquez Martínez. (Foto: Familia Cuevas Molina).

Una unidad altamente secreta

Según el informe Guatemala: Nunca Más del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, el Archivo tiene su origen en 1964, cuando la Oficina Americana de Seguridad Pública proveyó asistencia técnica y financiera a Guatemala para establecer una Agencia Presidencial de Inteligencia. Ésta se ubicó en la residencia presidencial y se llamó Centro Regional de Telecomunicaciones (La Regional).

Alrededor de 1976 su nombre fue modificado por el de Archivo General y Servicios de Apoyo del Estado Mayor Presidencial. Su función, según el informe REMHI, continuó siendo la misma: "servir como un centro de comando de seguridad incluyendo la coordinación de los escuadrones de la muerte", de los que participó en su creación. Se trataba de una unidad "altamente secreta, que conducía sus operaciones contra sospechosos subversivos —incluyendo control, detenciones e interrogatorios— y mantenía una vasta red de informantes. También desarrolló una base de datos completa de los guatemaltecos y extranjeros residentes en el país".

El Archivo contaba “con vehículos, casas y negocios de fachada, armamento, tecnología de intercepción telefónica, informática, comunicaciones a nivel nacional”. Además, menciona redes de espionaje en aduanas, migración y el Ministerio de Finanzas.

El número de sus efectivos variaba, según las fuentes, entre 1,200 y 3,500. Según WOLA eran 3,000 informantes civiles y 530 como parte de la estructura. La revista Crónica estimaba que se trataba de 300 efectivos, "los que habría que multiplicar por cuatro, pues la estructura de pequeñas unidades se ramifica hacia abajo hasta extenderse dentro de la sociedad como las raíces de un árbol".    

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Panfleto enviado el 23 de mayo de 1967 por el Consejo Anticomunista de Gatemala C.A.D.E.G. (Fuente: Archivo Histórico de la Policía Nacional)

Los escuadrones de la muerte

Durante 1967 comenzaron a circular panfletos firmados por diversas organizaciones que se presentaban como agrupaciones anticomunistas. Lo cierto es que eran las agencias de inteligencia del ejército, como La Regional, en coordinación con los altos mandos militares, quienes diseñaban estas campañas de terrorismo psicológico.

A mediados de ese año el estilo, diseño y tipografía de la propaganda de las distintas organizaciones eran prácticamente idénticos. El 20 de agosto de 1967 el Comité Anticomunista de Guatemala manifestó:

"Los enemigos del orden, la paz, el trabajo (...) son los elementos castrocomunistas vinculados con el tenebroso Partido Guatemalteco del Trabajo, los malhechores y asaltadores mal llamados "guerrilleros", los comunistas blancos afiliados al Partido "Democracia Cristiana", el estudiantado universitario y un grupo profesional de malos hijos de la patria (...), y para que los buenos guatemaltecos conozcan a los antipatrias que le hacen el juego a Rusia, a la China roja y a Cuba, aquí consignamos sus nombres para que sean debidamente controladas sus relaciones y actividades comunistas, y además reciban el castigo que se merecen como antipatrias".³

El boletín amenazante estaba firmado por el Consejo Supremo del Comité Anticomunista de Guatemala -CADEG-, e iba dirigido "a las Agrupaciones Anticomunistas NOA, ASA, RAYO, CRAG y MANO, así como al pueblo honrado de Guatemala".⁴ En otro boletín, fechado el 26 de julio de 1967, el Consejo Supremo publicó una lista con ciento dieciocho nombres, en el que comunicaba y ordenaba "a las diferentes Agrupaciones Anticomunistas del país, NOA, ASA, CRAG, RAYO y MANO, tomar nota y actuar como corresponde con los siguientes antipatrias castrocomunistas".⁵

La Nueva Organización Anticomunista, haciendo alarde de los recursos con que contaban las llamadas organizaciones derechistas, expresó:

"Lo que el pueblo de Guatemala tal vez ignora, es que las Organizaciones Anticomunistas que se conocen con diferentes siglas, tienen a la perfección un servicio para conseguir información de los enemigos de la patria, y tan pronto como tenemos información veraz, nuestros pelotones les caen encima, deteniéndolos para liquidarlos cuando el momento es oportuno”.⁶

Durante la década de los 70 la Regional distribuyó listas entre las fuerzas de seguridad conteniendo información muy similar a la publicada en los pasquines ultraderechistas. El 6 de abril de 1970 el Centro Regional de Telecomunicaciones envió a la Policía Judicial la Nómina de personas que se encuentran fichadas de pertenecer a las facciones izquierdistas, que contenía los nombres y direcciones de 198 personas, y la Nómina de personas conocidas como comunistas en todo el país y que han sido miembros del Partido Guatemalteco de Trabajadores P.G.T., con los nombres de otras 25.

En julio de 1979 circuló entre las fuerzas del orden una lista con los nombres de 92 personas, con características muy similares a las que eran publicadas bajo las siglas de las organizaciones radicales de derecha. Ahí aparece Osbar Darío Lobos, quien trabajaba en la finca Cerritos, en Escuintla. "Es delgado, bajito, moreno claro, es secretario de finanzas y previsión social del sindicato". Se le acusaba de pertenecer a la Federación Autónoma Sindical de Guatemala y de ser "un agitador y soliviantador de ánimos". El Diario Militar señala que Osbar Darío Lobos Osorio, con el código Z. 148, era Responsable de Organización de Masas del PGT y asistió a un curso de Jefe de Escuadra en Cuba. Fue capturado el 30 de mayo de 1984 y ejecutado el 1 de agosto del mismo año.

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El presidente de Guatemala, Oscar Humberto Mejía Víctores, acompañado de Marco Antonio González Taracena, quien en ese momento dirigía el Archivo General del Estado Mayor del Jefe de Estado (EMJE) y hoy se encentra acusado por el caso del Diario Militar. Mazatenango 1984. (Foto: Jean Marie Simon)

El Archivo de Mejía Víctores y González Taracena

El general Óscar Humberto Mejía Víctores asumió como Jefe de Estado mediante un golpe que depuso a Ríos Montt el 8 de agosto de 1983, y el entonces teniente coronel Marco Antonio González Taracena, hoy en el banquillo por el caso del Diario Militar, fue nombrado jefe del Archivo, manteniéndose en el cargo hasta enero de 1985. Tenía cuarenta y un años.

Durante ese periodo, la dependencia a su mando, que entonces formalmente fue llamada Archivo General y Servicios de Apoyo del Estado Mayor del Jefe de Estado, se dedicó al secuestro, tortura y desaparición de personas. Durante el actual proceso varios de sus subalternos han sido señalados de conformar estructuras paralelas que actuando de manera clandestina cometieron delitos contra la humanidad.

Antes de dirigir el AGSA-EMJE, González Taracena ya había formado parte, en 1980, de la Segunda Sección del Estado Mayor General del Ejército, bajo las órdenes de Manuel Antonio Callejas y Callejas. Más tarde, en 1991, él mismo regenteó durante alrededor de siete meses la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, D-2.⁷ Fue jefe del EMDN entre 1994 y 1995 y Ministro de la Defensa de octubre de 1995 a enero de 1996.⁸

González Taracena formó además parte de la Cofradía, un club de lealtades integrado por militares de la inteligencia militar. 

Según el informe de WOLA, "durante la guerra, los miembros de La Cofradía formaban parte de un grupo de militares de línea dura". "Esta gente adoptó una estrategia nacional de seguridad que enmarcaba el conflicto dentro de una polarización total de la población, estás con nosotros o contra nosotros. Los civiles no eran considerados neutrales en el conflicto sino potenciales opositores. Los oficiales que hacían parte de La Cofradía simpatizaban con la línea de pensamiento de los militares taiwaneses, implementando sistemas represivos de control social y usando información de inteligencia para cometer actos brutales de violencia".⁹

Un desclasificado de la Embajada de Estados Unidos de 1991 refiere: "La mera mención de la palabra cofradía dentro de la institución evoca la idea de club de inteligencia, siendo el término cofradía el nombre que se le da a las poderosas organizaciones de ancianos que existen hoy en el altiplano indio de Guatemala. Actualmente, esta columna vertical de oficiales de inteligencia, desde capitanes hasta generales, representa la red interna de lealtades más fuerte dentro de la institución. Entre los miembros bien conocidos de la Cofradía no oficiales se encuentran el jefe del ejército, Edgar Godoy, Jorge Perussina, así como los coroneles Luis Ortega Menaldo, Julio Balconi, Marco González Taracena, solo por nombrar algunos".
 

"Los oficiales de inteligencia militar en Guatemala formaron una especie de club o sociedad gremial autonombrado La Cofradía, de inteligencia, que agrupa a oficiales activos y retirados que han servido en dicha unidad”, explicó la periodista Iduvina Hernández en noviembre de 2011. “González Taracena, [Mario] Mérida y [Ricardo] Bustamante, son miembros de dicha agrupación. Diversos análisis sobre estructuras ilegales, vinculadas a crimen organizado, como El Poder oculto, publicado por Wola, identifican a La Cofradía como una de las más poderosas estructuras de mafia en Guatemala".¹⁰

Al momento de su captura González Taracena era el vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, AVEMILGUA, agrupación que aglutina a viejos militares de línea dura comprometidos con la contrainsurgencia. El 26 de junio de 2021 fue ligado a proceso señalado por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad. De los doce capturados, cinco fueron sus subordinados. 

El grupo operativo clandestino bajo las órdenes de González Taracena a menudo contó con el apoyo de agentes policiales. Dos de los capturados el 27 de mayo de 2021 son los ex jefes del Quinto Cuerpo y del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional.

 

Lea aquí la primera parte: Diario Militar: el documento que permitió juzgar a la Inteligencia.

Lea aquí la tercera parte: "Policías contrainsurgentes".

1. Inforpress 186, 1 de abril de 1976, "Manuel Colom Argueta herido en atentado",  pp. 12 y 13.

2. Ibíd. "Comunicado del Gobierno sobre declaraciones de Colom Argueta".

3. GTPN30 01 S016, Caja 300029, Legajo 4, CADEG, "Comunistas del Occidente de Guatemala", 20 de agosto de 1967.

4.Ibíd.

5. Ibíd. CADEG, "Comunistas de la República de Guatemala", 26 de julio de 1967

6. Ibíd. NOA, "Al pueblo de Guatemala", 7 de julio de 1967.

7. En mayo de 1983 el Estado Mayor General del Ejército cambió su nombre por el de Estado Mayor de la Defensa Nacional, y las Secciones pasaron a ser Direcciones.

8. National Security Archive, El Ejército de Guatemala: Lo que Revelan los Archivos de los Estados Unidos. Volumen I, Unidades y Oficiales del Ejército de Guatemala.

9. Susan C. Peacock y Adriana Beltrán, Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos, WOLA, p. 19.

10. Iduvina Hernández, "Guatemala: los desafíos para un militar que promete mano dura", p. 4.

 

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Esta es la segunda parte de un compilado de 6 reportajes sobre el Diario Militar, el documento desclasificado que describe el destino de 183 personas capturadas de forma clandestina por las fuerzas del Estado durante los años 80. Hoy, los oficiales que participaron en la creación de este dossier de la muerte, han sido capturados y están a punto de ser juzgados en los tribunales.

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