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31/07/2019

Audy Arana, la jueza que protege a los candidatos

¿Qué oculta la jueza Audy Yanelly Arana González y por qué 31 candidatos a cargos de elección popular viajaron hasta Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, para solicitar un amparo en su juzgado? El sistema disciplinario del Organismo Judicial la está investigando por estas resoluciones, pero no es la primera vez que lo hace. Arana ha sido señalada anteriormente por resoluciones anómalas y hasta ahora, siempre ha salido bien librada. 

Texto y fotos:  Claudia Palacios

Audy Arana es una jueza reincidente, suele repetir sus errores. Una y otra vez. La Corte de Constitucionalidad (CC) lo advierte en la resolución que ordena al sistema disciplinario del Organismo Judicial investigarla por otorgar 31 amparos a candidatos políticos, para que obtuvieran su finiquito y lograran participar en las pasadas elecciones.

La CC señala que la jueza no tenía competencia para otorgar los amparos, pues el juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, que ella dirige en Escuintla, no puede resolver sobre asuntos que ocurrieron en otro territorio. Arana lo hizo 31 veces durante las elecciones de 2019.

El finiquito es una constancia que entrega la Contraloría General de Cuentas (CGC) a personas que han administrado fondos públicos. Así se garantiza que no tengan ninguna deuda con el Estado ni estén señalados del mal manejo de los recursos.

Muchos candidatos viajaron hasta Escuintla para ser protegidos por la jueza Arana. Entre ellos se encuentran políticos como Ottoniel Lima Recinos, el exalcalde del Puerto de San José acusado de liderar una banda de narcotráfico que utiliza las costas del Pacífico para recibir toneladas de cocaína. Andrés Iboy, alcalde de Sololá y contratista del Estado, también llegó al juzgado de Arana en busca de su ayuda. El ex candidato a la presidencia, antiguo alcalde de Villa Nueva, y líder de la agrupación Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, fue otro de los políticos protegidos de la jueza. El exsuperintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, buscado ser inscrito para ser alcalde de Guatemala, también terminó en el juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Esta no es la primera vez que la jueza interviene en asuntos políticos y electorales otorgando amparos para los cuales no tiene competencia. En el 2011 Arana suspendió el divorcio entre Sandra Torres y Álvaro Colom, cuando amparó provisionalmente al abogado Mynor Berganza, de la Asociación Alternativa Renovadora de Abogados.

El argumento de Arana se basaba en que la ley impide a los familiares del presidente en funciones postularse a cargos de elección popular. Su fallo, que luego fue corregido por la CC, dejó en la cuerda floja durante dos semanas la inscripción de Torres como candidata a la presidencia por Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en los comicios de 2011.

En esa ocasión, los dirigentes de la UNE fueron los que solicitaron al Organismo Judicial investigar a la jueza y practicarle un examen psiquiátrico, pero no hubo seguimiento ni sanción.

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Listado de candidatos amparados por el Sistema de Justicia para poder participar en el proceso electoral de 2019.

En noviembre de 2011, los representantes legales de Prensa Libre solicitaron retirar la inmunidad de la jueza Arana para que se le investigara por prevaricato y abuso de autoridad. La petición a la fiscalía sucedía luego de que Audy Arana, cuando fue parte del juzgado de Amatitlán, ordenara la intervención financiera del medio de comunicación y el allanamiento de sus instalaciones, al conocer un caso en el que había un conflicto entre los socios de Prensa Libre.

En todas estas resoluciones, incluyendo las más recientes, la juzgadora inicia siempre con admitir que, en efecto, no tiene competencia para conocer las acciones que se le presentan. Y sin embargo, procede a resolverlos, otorga los amparos provisionales y emite su sentencia antes de remitirlas a otro órgano de justicia.

Esta incoherencia, dentro de la propia argumentación de la jueza, fue la razón por la que la CC anuló el amparo que protegía a Edwin Escobar como candidato a la presidencia de Prosperidad Ciudadana, y quedó fuera de la campaña electoral. La CC señaló que la ley es clara en cuanto a que los jueces sin competencia solo deben trasladar los expedientes sin pronunciarse sobre ellos.

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«Muchos candidatos viajaron hasta Escuintla para ser protegidos por la jueza Arana». 

«Muchos candidatos viajaron hasta Escuintla para ser protegidos por la jueza Arana». 

Quiénes tocaron la puerta de la jueza

Cuando el exsuperintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa llegó al Juzgado de Primera Instancia de Santa Lucía Cotzumalguapa para solicitar un amparo en contra de la Contraloría tras la negativa de darle su finiquito, el nombre de la jueza Audy Arana ya era conocido entre los políticos que enfrentaban la misma dificultad.

“Yo llegué un mes después que la mayoría de candidatos. Me enteré porque investigué en la Contraloría. Nosotros estudiamos los casos de otras personas y ahí entonces supimos que ella tenía ese criterio (a favor de los candidatos) y por eso fuimos hasta Escuintla”, dice Foppa.

Foppa pretendía ser candidato a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala por el Comité Cívico Mi Barrio, pero la CC anuló el amparo que le entregó el juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa y no pudo participar en las elecciones.

De acuerdo con la Contraloría, Arana otorgó 31 amparos a candidatos en el 2019. Diecinueve de estos se otorgaron a candidatos de Prosperidad Ciudadana, el partido liderado por Edwin Escobar.

El exalcalde de Villanueva y excandidato presidencial dio dos motivos diferentes por los cuales su equipo legal buscó el Juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa para solicitar el amparo: la primera, dice, es que la acción se presentó un domingo y sus abogados no encontraron otro juzgado abierto que quisiera recibirla. Sus representantes se vieron obligados a viajar hasta Escuintla, a 80 kilómetros de la capital, para encontrar a alguien disponible.

Sin embargo, momentos después, Escobar en la misma entrevista explicaba que la razón era que sus abogados se encontraban en Escuintla haciendo otra diligencia. Presentaron el amparo en Santa Lucía Cotzumalguapa porque era lo que les quedaba más cerca.

Escobar argumenta que antes había interpuesto cinco amparos en otros órganos de justicia, incluyendo la CC y la Corte Suprema de Justicia, sin recibir una resolución rápida.

Blanca Odilia Alfaro, compañera de fórmula de Escobar, abogada y exalcaldesa de Masagua, Escuintla, dice que desconocen las razones por las cuales otros candidatos de Prosperidad Ciudadana acudieron al juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa y negó cualquier conexión con la jueza.

“Yo no la conozco ni tengo relación con ella. Puede que en algún momento la haya visto, porque fui abogada y litigué en Escuintla, pero no la recuerdo. Puede investigar, yo jamás me reuní ni con ella ni con nadie más”, aclara la ex candidata a la vicepresidencia.

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El jusgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla, es el centro de operaciones de la jueza Audy Arana para proteger a los candidatos.

La denuncias de la jueza

Audy Arana tiene 19 años de trayectoria como jueza. En esos años, sus actuaciones le han valido 64 denuncias ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial, además de la solicitud de retiro de inmunidad por el caso de Prensa Libre.

Las quejas presentadas contra la jueza son por negligencia, parcialidad, extravío y anomalías en la tramitación de expedientes, violación a derechos constitucionales e incluso por recibir dinero y/o dádivas para dictaminar favorablemente.

Sin embargo, solo dos de las denuncias han prosperado en el sistema disciplinario del Organismo Judicial. La jueza recibió una amonestación escrita por una denuncia de Aura Violeta Estrada de Paiz, por abuso de autoridad, prevaricato y retardo de justicia. Otra sanción fue la suspensión de 20 días sin goce de sueldo por la queja de Mónica Elizabeth de Rodríguez, representante de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),  quien la señalaba de negligencia y retraso en la tramitación de 20 expedientes de esa institución.

Arana comenzó como jueza suplente de primera instancia y luego fue nombrada jueza del Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango. Posteriormente pusieron a su cargo el Juzgado de Primera Instancia de Amatitlán, donde trabajó ocho años hasta que en 2010 fue trasladada a Santa Lucía Cotzumalguapa. Este último traslado no fue justificado por el Organismo Judicial, Junto a ella, también fue transferido todo el personal que estaba a su cargo.

Amigos con poder y conexiones

Audy Arana tiene amigos con poder que la han defendido de las acusaciones en su contra ante el Organismo Judicial. Antes de llegar a la Corte de Apelaciones, Edwin Miss Ávila, magistrado de la Sala Regional Mixta de Apelaciones, fue abogado de la jueza en su batalla legal para impedir que le retiraran la inmunidad en el caso Prensa Libre. Además la representó en el caso por el fallecimiento de su esposo, Enio Ventura Loyo, después de que un carro chocara contra el vehículo en el que se movilizaba.

Miss Ávila también era mandatario legal de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. En el 2014 fue denunciado por el diputado Orlando Blanco, por supuestamente haber presionado al juez Carlos Aguilar, bajo instrucciones de la exvicemandataria, para que no cerrara un proceso que pesaba en contra de Sandra Torres Casanova.

El magistrado tampoco ha respondido por este señalamiento. De acuerdo con una publicación de elPeriodico, el retraso se debía a que el expediente de su proceso estaba perdido. Otras tres denuncias en su contra tampoco han prosperado en el Ministerio Público.

Abogados que conocen la trayectoria de la jueza y aceptaron hablar con la condición del anonimato también la relacionaron con el exmagistrado Vladimir Aguilar Guerra, quien dejó su cargo en la Corte Suprema de Justicia en el 2017, luego de que la Fiscalía Especial Contra  la Impunidad (FECI) lo denunció por su presunta participación en el contrato anómalo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Aguilar Guerra no es el único allegado a la jueza que está señalado de corrupción. Su hermano, Byron Humberto Arana González, ex subgerente de Prestaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), está procesado por el caso Negociantes de Salud. El Ministerio Público y la CICIG lo acusan de integrar una red que influyó sobre la decisión de algunos funcionarios, directores de hospitales y médicos, con el fin de lograr adjudicaciones irregulares de medicamentos.

Una testigo clave del caso dijo a los fiscales que Byron Arana hizo modificaciones al listado de medicamentos del IGSS para beneficiar a proveedores, bajo instrucciones de Juan de Dios Rodríguez, entonces presidente del Seguro Social y operador del Partido Patriota (PP) en la elección de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones en 2014. Las conexiones de la juez Audy Arana son poderosas.

Ella, sin embargo, ha mantenido un bajo perfil.

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«Audy Arana tiene 19 años de trayectoria como jueza. En esos años, sus actuaciones le han valido 64 denuncias ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial, además de la solicitud de retiro de inmunidad por el caso de Prensa Libre». 

«Audy Arana tiene 19 años de trayectoria como jueza. En esos años, sus actuaciones le han valido 64 denuncias ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial, además de la solicitud de retiro de inmunidad por el caso de Prensa Libre». 

Un sistema plagado de favores

Las normas que hablan de la competencia de los jueces tienen una razón de ser, explica Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional  de Juristas: “La determinación de la competencia es necesaria como un principio para proteger a los ciudadanos, para que tengan seguridad de que va a resolver un juez que corresponde por el territorio en el que estamos y que no sea un juez escogido por su parcialidad”.

En época electoral, es común que los candidatos se salten estas normas para buscar un juez que les convenga a sus intereses. Cadena cree que estas acciones pueden catalogarse como un fraude de ley: se usa una norma (la protección del amparo), para evitar otra (la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios).

“Es utilizar el poder judicial para fines ilícitos. El principio es que tienen que asistir a un juez natural (con competencia), pero lo que hacen es buscar a uno conocido, que resuelve con parcialidad. Es desvirtuar la ley para lograr el registro como candidato”, explica.

De fondo, Cadena dice que hay un problema más grande: la incapacidad del sistema para autodepurarse. La Junta de Disciplina Judicial y la Supervisión de Tribunales, los dos órganos que conforman el sistema disciplinario del Organismo Judicial, no funcionan y también son vulnerables a la cooptación por parte de estructuras del crimen organizado.

El observatorio judicial de la organización internacional Impunity Watch en su informe Justicia en Riesgo describe el régimen disciplinario judicial como poco eficiente para sancionar las faltas de los jueces corruptos, mientras que es selectivo a la hora de actuar contra aquellos que sí son independientes. Esta es la razón por la que quedan en impunidad las denuncias contra jueces que tienen respaldo político.

“Lo que se necesita es una depuración de todo el sistema de justicia, incluyendo los órganos disciplinarios”, dice Cadena. “Pero esto no lo puede hacer el mismo Organismo Judicial porque está corrompido, esto lo podría hacer una institución como la CICIG. Además, es urgente que se reforme la ley para lograr la independencia judicial, pero los políticos no quieren hacerlo porque les conviene la corrupción”, recalca.

Estas garantías de reforma, sin embargo, están lejos de cumplirse y un nuevo proceso comisiones de postulación, para la integración de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de Salas de Apelaciones está en marcha en 2019. Se trata de un proceso cuestionado por activistas de la sociedad civil. Y según los plazos de ley, los nuevos magistrados deberán tomar posesión el 13 de octubre de este año.

Sin respuesta de la jueza

No Ficción visitó el juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa para solicitar una entrevista con la jueza. Después de indicarle el motivo de la visita –los amparos, los finiquitos–, el comisario cerró la puerta de la oficina de Arana e informó que la funcionaria estaba de vacaciones. El Consejo de la Carrera Judicial, encargado de autorizar los descansos a los jueces, negó que el 17 de julio de 2019 la jueza solicitara un permiso de ausencia.

Horas después, el comisario se comunicó con No Ficción para indicar que la jueza contestaría las preguntas por correo electrónico. A la fecha, Arana no ha dado respuesta. Las principales preguntas a las que no quiso responder son:

  • Si usted ya había enfrentado denuncias por emitir resoluciones sin tener competencia ¿Por qué volvió a incurrir en la misma falta?
  • ¿Cómo fundamenta jurídicamente su autoridad para emitir amparos, cuando usted misma señala en las resoluciones que no tiene competencia?
  • ¿Por qué cree que 31 candidatos buscaron su juzgado para solicitar un amparo que les permitiera participar en las elecciones?
  • Es llamativo que la mayoría de amparos hayan sido otorgados a miembros de Prosperidad Ciudadana, ¿Tiene algún vínculo con esta organización política?
  • Arana no responde a la prensa, pero deberá hacerlo a la Junta de Disciplina Judicial. 

La jueza tiene al menos siete citaciones por señalamientos en su contra, aunque de momento ha logrado alargar los plazos. La Supervisión de Tribunales, al mismo tiempo, investiga otras seis denuncias contra la funcionaria.

La jueza Arana, una vez más, ha puesto a prueba el sistema disciplinario judicial. Nuevos errores y sentencias incoherentes le acompañan. Y 31 favores a candidatos políticos durante las elecciones de 2019 han puesto su nombre bajo los reflectores. ¿Se librará esta vez, incluso cuando evita a toda costa ser conocida, de las consecuencias de sus polémicos amparos?

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