Conocer los derechos para defenderlos

Las mujeres del Colectivo Tz’ununya’, mantienen desde hace ocho años una permanente defensa para conservar el Lago de Atitlán. Como organización, buscan hacer funcionar las instancias legales e incidir en las autoridades locales para frenar el deterioro del lago. Algo que empezaron a trabajar, luego de que algunas de sus integrantes formaron parte del Programa de Formación en Litigio Estratégico, impartido en el Occidente de Guatemala, y que busca contribuir en este tipo de procesos con asesoramiento técnico y herramientas para la defensa de derechos de pueblos indígenas y mujeres.

Este reportaje forma parte del especial Comunidades Abren Caminos, donde se muestra cómo a través de las herramientas de litigio estratégico, los pueblos indígenas en Guatemala han logrado recuperar derechos.

Nancy González de 32 años camina por la orilla del lago de Atitlán o Qatee’ Ya’ que en tz’utujil significa: “nuestra madre lago”. Ella creció jugando con sus hermanos en las riberas de San Pedro la Laguna; “el lago desde nuestra cosmovisión es como nuestra madre, porque ella nos provee de alimento, es importante para nosotros tener una conexión con el lago”, asegura Nancy mientras recuerda que hace 20 años el agua era cristalin y la superficie de la playa era sólida, “no podemos negar que existe un deterioro y se debe trabajar para frenar la contaminación”, afirma.

San Pedro La Laguna, un pueblo de 12 mil habitantes, con mayoría de población maya Tz’utujil, está asentado en las montañas de la parte norte de la cuenca del Lago de Atitlán. Es el pueblo donde nació un grupo de guardianas del lago, mujeres en su mayoría que en 2009 fueron las primeras en alertar a las autoridades municipales y de salud sobre la aparición de cianobacteria, un alga que atenta contra la seguridad del agua potable que sustenta la vida de los 13 pueblos que habitan alrededor de los 130 kilómetros cuadrados de este importante lago.

Nancy coordina el colectivo Tz’ununya’, conformado por lideresas mayas organizadas en 12 comités que representan las diferentes aldeas y sectores de San Pedro La Laguna, quienes durante una década se han empoderado con herramientas necesarias para litigar por la vía jurídica en busca de salvar el lago, además de organizarse para que su voz e ideas sean tomadas en cuenta por las autoridades municipales en torno al cuidado del agua, el cese de la contaminación, así como la socialización y conservación de la cultura tz’ utujil.

La primera batalla jurídica encabezada por las mujeres del colectivo es la oposición al megaproyecto conocido como el Mega-Recolector, que surgió en 2013, una propuesta de la entidad privada Asociación Amigos del Lago de Atitlán, que surgió en 2013, y que se trata de una serie de tubos subacuáticos que en teoría se encargaría de recolectar las aguas negras de cada pueblo y enviarlas a una planta de tratamiento, el plan incluye utilizar las aguas negras para hacer funcionar tres hidroeléctricas y producir gas metano.

La población Tz’utujil de San Pedro La Laguna rechazó el proyecto, por no tener seguridad de sus beneficios y preferir buscar sus propias soluciones a la contaminación del lago, como la implementación de biodigestores que están siendo gestionados a nivel municipal. Además las mujeres están organzadas en 13 grupos que cada 15 días limpian las riberas del lago para separar los desechos sólidos.

Nancy cuenta que en 2019, cuando el proyecto del Mega-Recolector llegó a manos de la Presidencia de Guatemala, ellas decidieron accionar un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), considerando que no existió una consulta comunitaria previa, ante la amenaza de que el Estado financiara la implementación de la red de tuberías.

En 2021, la CC rechazó el amparo, ya que tomaron en cuenta la versión del Gobierno que asegura que no están impulsando el Mega- Recolector. Para Nancy, la negativa al amparo no fue una derrota, “si lo vemos de manera binaria, se ganó, porque ganamos tiempo, logramos detener el avance a nivel departamental y nacional y colocamos la alerta, visibilizamos la problemáticacompleja del deterioro ecológico del Lago”, asegura.

La necesidad de hacer funcionar el ordenamiento legal en favor de la preservación de su territorio y derechos, no es algo exclusivo de San Pedro La Laguna. Guatemala es un país con muchas cuentas pendientes en cuanto al reconocimiento de derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios incluidos los derechos de las mujeres indígenas.

Bajo ese contexto, surge en 2009, un proceso de formación en Litigio Estratégico con enfoque en Derechos de los pueblos indígenas, una iniciativa liderada por distintas universidades del país con la asesoría técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través del Programa Maya.

Cómo funciona el programa

El programa inició con un trabajo de asesoría técnica con tres universidades: Universidad San Carlos (USAC), Universidad Mariano Gálvez (UMG) y la Universidad Rafael Landivar (URL). Las primeras dos Cohortes (así se le llama al grupo de estudiantes de un curso), se realizaron de forma presencial a nivel nacional y se formaron a 157 personas; 47 representantes de organizaciones de pueblos indígenas, 14 abogadas y abogados, 84 estudiantes y 18 docentes universitarios.

En esas primeras dos fases, se logró el fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas para promover la defensa de sus derechos utilizando los mecanismos legales e institucionales existentes en el país, a través de la herramienta de litigio estratégico, sustentado en estándares internacionales de derechos humanos.

La tercera Cohorte, la realizó de forma virtual la División de Ciencias Jurídicas y Sociales del (CUNOC), en Quetzaltenango, con un enfoque de género. En esa oportunidad participaron 17 autoridades y lideresas indígenas, 6 abogadas/os, 9 docentes y 33 estudiantes del CUNOC. La fase académica culminó el 3 de junio del 2021.

Hector González, docente del CUNOC, se convirtió en un enlace técnico entre las y los participantes con el campus virtual, “fue enriquecedor poder dotar de herramientas tecnológicas a autoridades indígenas que defienden derechos porque el internet también es un derecho, porque no solo se capacitaron en litigio estratégico sino que aprendieron a utilizar herramientas digitales desde una cámara hasta google drive que pueden beneficiar su labor”, indicó.

En esta última Cohorte también participó Nancy González, la lideresa tzútujil, representante del Colectivo Tz’ununya’, aunque este grupo de mujeres ya tenía años buscando incidencia en favor del Lago de Atitlán. La experiencia fue calificada por Nancy como enriquecedora: “fortaleció nuestras capacidades, por ejemplo antes nosotras [no] teníamos una estrategia comunicacional de la mano del trabajo jurídico y político que se realiza”.

A raíz de su participación en este programa, las mujeres del colectivo, iniciaron en el trabajo una propuesta de “Reglamento para protección de la Playa”. Una de las consecuencias ambientales que sufre el lago, es la extracción de arena para su comercialización, el
reglamento busca que la municipalidad de San Pedro La Laguna fije parámetros para esta actividad, pues la extracción de la arena debilita la superficie de playa
del lago y complica la contaminación que generan los desechos sólidos.

Nancy explica que en la actualidad el reglamento está en una fase de revisión por parte del Concejo Municipal de San Pedro La Laguna y esperan tener una respuesta inmediata.

La misma opinión, comparte Edwin De León Soto, estudiante de derecho del CUNOC, que durante su experiencia en la tercera Cohorte del programa fue asignado para dar acompañamiento a las autoridades ancestrales del Valle de Palajunoj, en Quetzaltenango y apoyarles en la elaboración de los argumentos técnicos y legales para abordar la problematica que genera el vertedero municipal de Xela que se localiza en estas comunidades indígenas asentadas en el Valle del Palajunoj. “Como estudiante de derecho, este programa me permitió identificar los rezagos que el Estado tiene en cuanto a derechos de pueblos indígenas y pese a que el proyecto ya finalizó yo me he quedado como asesor jurídico auxiliar de las autoridades indígenas K’iche’s del Valle”, indicó De León.

Esta es una de las incidencias clave de la formación en litigio estratégico: empoderar a los pueblos originarios en la defensa de sus derechos colectivos. Es lo que sucede también en San Pedro la Laguna, a 100 kilómetros de Quetzaltenango, donde Nancy finaliza la tarde de un miércoles de febrero en la oficina del colectivo, arreglando unos documentos para la reunión del día siguiente con las lideresas locales, “Lo más relevante es que todas las mujeres puedan tener acceso a las herramientas para defender el territorio y el agua, porque solo de esa manera podemos hacer que el Estado funcione en favor del pueblo” concluye.

Un cambio de paradigma

La abogada Juana Lisseth De León de Quetzaltenango, fue parte de la tercera Cohorte del Programa de Litigio Estratégico, se le asignó asesorar a las mujeres del colectivo Tz’ununya’, en la elaboración del Reglamento para la protección de playas y la prohibición de extracción de arena.

“La experiencia en este diplomado fue sumamente enriquecedora, adquirí conocimientos en Derechos Humanos que durante la carrera de derecho no tuve la oportunidad de conocer (…) el acercamiento a las necesidades y luchas de las mujeres me cambió la vida, ahora quiero enfocar mi labor como abogada en favor de las mujeres”. car mi labor como abogada en favor de las mujeres”.