Desalojos: una lucha contra el Estado, el sector empresarial y grupos paralelos

Un desalojo extrajudicial se llevó a cabo la noche del 30 de septiembre en Se’Inup, El Chal, Petén. A esa comunidad entraron 150 hombres armados con pasamontañas. Durante los últimos tres años han surgido instituciones para velar por la defensa de la propiedad privada dos son de la iniciativa privada y una del Estado.

—Cabrones se paran o aquí se mueren todos, —gritó de manera potente un grupo de hombres armados que estaban escondidos en los matorrales, eso fue tipo 9pm del viernes 30 de septiembre. Todo estaba oscuro. No se miraba nada, relata Santiago Paau Ax, líder de la comunidad Se’Inup, El Chal, Petén. 

Paau es un líder joven Q´eqchi que no pasa de los 38 años. Bajito, con el bigote bien ordenado. Desde hace 5 años lo han elegido como el representante de Se´inup. Él, al igual que los otros hombres de la comunidad, es agricultor. 

“Cabrones, se paran o aquí se mueren todos”. Esas palabras no se le borran de la mente al líder, quien recuerda todo lo que pasó el 30 de septiembre, una noche intensa que dejó a la comunidad atemorizada y a un hombre hospitalizado con un impacto de proyectil. “Tenemos miedo, nadie puede dormir de manera tranquila, ni los niños”, cuenta Paau. 

Pero estas no son las únicas palabras que se le quedaron atoradas a Paau. Un día antes del desalojo recibió una llamada con el  presagio de lo que iba a suceder. Era un aviso. 

El presagio en el lugar de las ceibas

—Don Santiago yo nada más te quiero hacer el favor. Te aviso que hay una organización que está construyendo un plan, en esta semana ellos van a llegar  a punta de cañón para sacarlos del área en que están. Eso se iba hacer la semana pasada, pero como no pudieron llegar, yo escuché la plática, luego yo pregunté: “¿Quién está planeando ese ataque?”. Y me dijo: ‘no puedo decirte, porque no conozco su nombre, solo sé que el patrón de ellos es un hombre alto y delgado”. —Ese fue el mensaje. Luego se cortó la llamada, ya no se supo nada más del informate.  

Paau recibió esa llamada el jueves 29 a las 9pm, de un número y persona desconocida, el mensaje fue rápido y conciso. Esa llamada le perturbó el sueño. 

A la mañana siguiente, los líderes de la comunidad de Se´Inup decidieron ir a denunciar a la Policía Nacional Civil (PNC) y pedir protección. No sabían ni quién iba a llegar, ni el día, ni la hora. Pero esa llamada los alertó.

Se’Inup es una comunidad humilde, donde las familias van saliendo adelante con pocos recursos. Habitan un poco más de 300 personas, 56 familias, maya q´eqchi. Decidieron ponerle al lugar Se´inup, que quiere decir ceiba en q’eqchi’, pues los comunitarios tienen un proyecto a futuro: recuperar ese lugar y sembrar muchas ceibas. 

Llegaron hace más de cinco años desde San Miguel el Alto, a 30 minutos caminando de donde están ahora. Salieron de San Miguel por la pobreza, ya en ese lugar no podían sembrar. Antes de ocupar el área a la que bautizaron como Se’Inup sabían que el terreno era del Estado y eso les daba una garantía. Pero más adelante se enteraron de que había una empresa que había registrado esa propiedad a su nombre.

Han estado peleando por más de cinco años para que la tierra donde viven sea de ellos, pero aún no tienen luz eléctrica, las calles son improvisadas, y los hogares son con estructura de madera y con techo con hojas de manaco, que se parecen a palmas de cocos. En la comunidad hay agua, porque a pocos metros pasan dos ríos el San Juan y el Poxte, el uso que le dan es de consumo diario y para lavar ropa. 

Petrona Tec Maas, es una mujer líder joven de Se’Inup no pasa de los 36. Petrona ha organizado a las mujeres de la comunidad. Una de las iniciativas que ha trabajado es el ahorro familiar, hasta el momento ha reunido a 34 mujeres. Ella cuenta que el viernes en la mañana Santiago los reunió y les avisó de la llamada y de lo que podía suceder en los próximos días o semanas. No había fecha ni hora, pero sabían que tenían que estar alerta.

“Ese día cociné frijol y unas tortillas, un carro pasó vendiendo queso y compré, mi esposo se fue con Santiago a poner la denuncia a la Policía, y ya era tarde y no regresaban, al fin volvieron le dije que si quería comer y me dijo que sí pero que se iba a bañar”, cuenta Tec.

Los hijos de Tec cenaron solos, ella esperó a su esposo, Oswaldo Caal, para que comieran juntos. 

Caal, el esposo de Tec, no logró descansar, ni bañarse ni cenar. “Llegaron los vecinos que estaban a la par, todos se empezaron a reunir frente a la iglesia y para a ir a ver qué era eso extraño que pasaba afuera de la comunidad, las luces eran fuertes”, recuerda Tec.

En las afueras de la comunidad de donde salían esas luces guardan maíz, según cuenta Tec, ese fue el miedo que tenían, que personas extrañas se lo robaran. Pauu empezó a organizar una ronda de vigilancia. 15 hombres salieron montados en sus motobicicletas.

Pero al llegar al lugar de las siembras se encontraron con algo que los espantó, un grupo armado y la orden que les dio fue detenerse.   

Los 150 hombres armados 

 —¡Pum! de pronto caímos en las manos de ellos, y empezó la balacera. Nosotros éramos 15 y ellos como 150. Las balas llovían, a mí me apuntaron pero no me dieron. Luego me preguntaron qué a dónde iba, yo les dije: voy de paso. No me creyeron. Mejor regresé y ellos me empezaron a seguir hasta la comunidad, al entrar seguían disparando, quemaron todo a su paso, todo. —Narra Paau. 

El líder de la comunidad cuenta que a estas personas armadas no se les podía ver el rostro, por los pasamontañas que usaron. 

Luego del encontronazo con los hombres armados, los 15 comunitarios regresaron corriendo a Se’Inup. Pero los siguieron hasta donde estaban las 56 familias, entraron y los disparos aumentaron. 

Esa trágica noche le causa a Petrona Tec dolor y lágrimas. “Recuerdo que ellos se fueron y nosotras empezamos a escuchar balazos, ese fue el momento en que salimos corriendo. A esa hora los niños ya estaban dormidos ya metidos en la cama, sin zapatos. Cuando entraron los hombres disparando, nosotras las mujeres jalamos a nuestro hijos así como estaban, muchos de ellos en ropa interior, y nos fuimos a refugiar a la montaña”, narra Tec.

A los hombres no se les reconoció nada, los pasamontañas ocultaban su rostro. “Solo vimos llamas, de lejos se observaban las llamas, nos dio mucho miedo”, a Tec se le aguada la voz, guarda silencio por cinco o 15 segundos y vuelve. “Los niños y las niñas gritaban mucho, mucho”, dice Tec.

Los hombres encapuchados rociaron con gasolina todo por su paso, los animales, las casas, las siembras, a todo le prendieron fuego, todo quedó en cenizas. Los animales calcinados, sus hogares en cenizas y el maíz carbonizado.

Según la lideresa los hombres armados estuvieron por más de cinco horas en la comunidad, durante todo ese tiempo ellos se resguardaron bajo los árboles de la montaña.

“Después de las cinco horas, los primeros en salir de la montaña para ir a ver qué había pasado fueron los hombres, nosotras las mujeres con los niños estuvimos hasta que la Policía llegó al otro día, a eso de las 6 de la mañana. Ya todo estaba claro y nos dio tristeza como dejaron todo, a los animales les quitaron las cabezas”, narra Tec.

“Nos hubieran dejado vivos los animales para poderlos vender, pero ahora sí nos dejaron en la calle, no dejaron nada, nada, y ahora estamos pasando penas de comida, de ropa de todo”, dice la lideresa.

Hasta los cuadernos de los niños dejaron en cenizas. El lunes siguiente, después de lo que había ocurrido ellos estaban llorando, querían ir a estudiar pero no podían, no tenían materiales ni zapatos. 

Un hombre de avanzada edad no logró salvarse de los disparos de esa noche, recibió uno en el brazo derecho. Hasta el momento se encuentra recibiendo atención médica en una clínica privada, al principio fueron a buscar ayuda al hospital distrital de Poptún, Petén, pero no vieron mayor avance.  

Una propiedad con doble registro

El lugar que habita la comunidad el Chal es el Lote 101, finca inscrita y registrada bajo el número 1,040, folio 148 del libro 17 de El Petén, en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, en el municipio El Chal del departamento de El Petén.

Esta comunidad se encuentra en una propiedad doblemente registrada. Un registro a nombre de la empresa San Agustin S.A y la otra a nombre de la Nación (Estado de Guatemala). 

Al llegar a ese lugar hace cinco años, los comunitarios de Se´inup sabían que la tierra era del Estado, habían hecho las averiguaciones. Pero pasado el tiempo, un oficio del Registro de Información Catastral (RIC) les tomó por sorpresa. Los líderes de Se´inup mostraron a No-Ficción el oficio donde dice: existe doble inscripción registral de la finca 62, folio 62 del libro 38 de Petén, debido a que la finca 1040, Folio 148, del libro 8 de Petén ocupan el mismo predio identificado. El titular catastral del predio identificado con el código de clasificación catastral 17-14-14-00005, es el señor Elicinio Morales Moscoso y el titular de la finca 62 del libro 38 de Petén es INVERSIONES SAN AGUSTÍN, S.A. Y el titular de la finca 1040 folio 148 del libro 8 de Petén es la NACIÓN.  

Según el Registro Mercantil (MR), el representante de la empresa Inversiones San Agustín Sociedad Anónima es Mario Rodolfo Chacón Bratti.

En los archivos del Fondo De Tierras (FONTIERRAS) Mario Rodolfo Chacón Bratti también aparece en un expediente en el año de 1,979, donde figura que solicitó la adjudicación de un lote de terreno, no consta que sea el lote 101 debido a que no concluyó el trámite administrativo de adjudicación.

Esta comunidad se encuentra en una propiedad doblemente registrada. Un registro a nombre de la empresa San Agustin S.A y la otra a nombre de la Nación (Estado de Guatemala).

Un desalojo oficial en Se’Inup en 2021

En 2021, la empresa de Mario Rodolfo Chacón Bratti presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por el delito de usurpación, y fue conocida por el juez de Primera Instancia Penal del municipio de Poptún. Más tarde, 1 de julio de 2021, en una audiencia en el juzgado de Primera Instancia Penal, del municipio de San Benito, se dio trámite al desalojo.

En esa audiencia dejaron agendado el desalojo para el 21 de octubre de 2021, con la coordinación de la Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). 

Luego del desalojo en 2021, los comunitarios salieron a la orillas de la comunidad, a los pocos días de nuevo volvieron a Se´inup y empezaron a reconstruir todo, desde cero. No era la primera vez. De nuevo armaron las casas con techos de manaco y estructura de madera. 

La única diferencia que recuerdan los comunitarios de Se´inup del desalojo del 2021 y del de este año, es que el primero iba acompañado de la orden de un juez, el segundo iba acompañado de balazos. Ambos desalojos dejaron en cenizas a la comunidad. 

Los comunitarios de Se´Inup no conocen a Bratti, solo han escuchado hablar de él. 

Según un cálculo del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) solo en 2022 se han realizado más de 70 desalojos aparentemente legales, y unos 15 extrajudiciales.

Tiempos difíciles 

Juan Carlos Peláez es abogado y durante varios años se ha dedicado a darle seguimiento a casos de desalojos, pero también de recuperación de tierras, es jurista de varias comunidades que han sido desalojadas, también le da seguimiento al caso de Se’Inup, El Chal, Petén. 

A Peláez también le tomó por sorpresa el desalojo de la comunidad. El horario, la manera y la nula respuesta estatal.

“Los comunitarios están en una propiedad doblemente registrada. al llegar a esta comunidad se dieron cuenta de eso y comenzaron un proceso para que pase a su nombre, ese trámite ya sobrepasa los 5 años”, explica Peláez. 

El desalojo violento que vivió la comunidad de Se’Inup no es algo aislado. Este tipo de prácticas sin orden judicial, donde queman las pertenencias y expulsan a los comunitarios se han incrementado en 2022, sostienen representantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).  

“Vi fotos y videos de cómo dejaron la comunidad de Se’Inup, cómo destruyeron todo es similar a lo que pasó en las Pilas en Cahabón y en San Juan los Tres ríos en Cobán. En esos lugares entraron dispararon a media noche, amenazando y destruyendo todo”, cuenta Leocadio Juracán, parte del CCDA. 

Juracán cuenta que de 2018 hasta la fecha suman tres asesinatos que se han dado durante los desalojos. 

“Los grupos armados que han llegado a disparar a las comunidades q’eqchi’ para desalojarlos van de manera violenta y queman las pertenencias. Esas son prácticas del conflicto armado interno, con el objetivo de intimidar”, cuenta Juracán, quien añade que durante este año la criminalización de los liderazgos de la comunidades que están en la defensa de su territorio se ha incrementado. 

El CCDA tiene hasta el momento un cálculo de que a nivel nacional, solo en 2022 se han realizado más de 70 desalojos aparentemente legales, y unos 15 extrajudiciales.

Los desalojos judiciales se hacen a través de un juez con presencia del Ejército y de la PNC, PGN, PDH, y los extrajudiciales son los realizados por grupos clandestinos. 

El miedo que estos grupos criminales han regado en el territorio Q’eqchi es dominante, por ejemplo una comunidad en Cahabón, Alta Verapaz, están viviendo en la montaña huyendo de estos grupos armados para resguardar su seguridad. 

Esta organización campesina ha observado que los desalojos han arreciado a partir de 2015, pero con el actual Gobierno y el Ministerio Público (MP) cooptado estos han sido más recios. 

Hay tres instituciones creadas en los últimos tres años que están al pendiente del delito de usurpación como lo han llamado: dos del sector empresarial y una del Estado.

Una es la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), creada en 2019. El mismo año el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) creó el Observatorio de Derechos de Propiedad: “soy propietario”. La otra es la Fiscalía contra Delitos de Usurpación del MP, creada en octubre de 2021.  

La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO)

La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) fue fundada en 2019. Hasta el momento la asociación suma más de 100 socios a nivel nacional.

Los directivos de ACDEPRO son: Jaime Arymany Ruiz, Carlos Javier Torrebiarte Alvarado, Edgar Taylor, Horst Spitzke, y Jorge Cajas.  

En una entrevista a No Ficción, Horst Spitzke, director ejecutivo de ACDEPRO, informó que la asociación es una entidad para promover, ejercer y proteger el derecho a la propiedad privada en Guatemala a través de diferentes mecanismos legales que combatan actos contrarios al orden público que limiten el derecho constitucional a la propiedad privada. 

Spitzke dijo que a estos grupos, como los vecinos desalojados de Se’Inup el pasado 30 de septiembre, les fascina victimizarse y decir que les están violando los derechos humanos. 

El director ejecutivo de ACDEPRO señaló que las invasiones a propiedades privadas se dan organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC), Comité Campesino del Altiplano (CCDA), y la Unión Verapacense de Organizaciones campesinas (UVOC).

“Las usurpaciones no son un tema agrario, es un delito que está contemplado en el Código Penal, en el artículo 256. En Guatemala si las personas quieren acceder a propiedades existen mecanismos legales para adquirirlas, lo que pasa que todos estos grupos están yéndose por lo más fácil, que es ir a robar propiedades”, explica Spitzke.  

Para Spitzke los desalojos son judiciales, y no existen extrajudiciales como lo dice CODECA, porque ellos lo que están haciendo es victimizarse. 

Varios de los integrantes de ACDEPRO han sido parte del CACIF, el personaje visible es Carlos Javier Torrebiarte, pero también quienes lo acompañan. 

Carlos Javier Torreviarte Alvarado es hijo de Carlos Emilio Torrebiarte Lantzendorffer, fundador de la Hulera Centroamericana y del Grupo Cobán. Torrebiarte Alvarado es director de agro industria Miramar. Es una de los rostros más conocidos de ACDEPRO  

Torrebiarte escribe columnas de opinión todos los lunes en Nuestro Diario. En una de ellas titulada Estado Plurinacional ¡ni locos! dice: “Buscar imponer un comunismo a la fuerza, es llevar a Guatemala a más pobreza, menor inversión, y más división”. 

Además, aparece muy seguido en Canal Antigua, para hablar sobre los desalojos

En #ALas845 Carlos Torrebiarte, de @acdeproGT dice que se exponen a tener represalias. "No tenemos protección del Estado de Guatemala. Tenemos un listado en el que se tiran la chibolita, como decimos aquí", dice. #FBLive ➡ https://t.co/FYGWXiungK https://t.co/sotiGRXJZQ pic.twitter.com/gUawxvITKq

— Canal Antigua (@CanalAntigua) January 25, 2021

Jaime Francisco Arimany Ruiz, otro de los integrantes de ACDEPRO, fue presidente del CACIF en 2003, en 2006 fue Presidente de la Cámara de Industria (CIG).

Actualmente, Arimani es columnista de El Periódico. En su columna del 13 de junio de 2020 escribió: El viernes pasado tuvimos el honor de presentar a los miembros de la prensa a ACDEPRO, Asociación de defensa de la propiedad, a través de la tecnología ZOOM. Iniciando así: señores representantes de los medios de comunicación, compañeros periodistas, muy buenos días. Es para los miembros de la Asociación, que defiende los derechos ciudadanos, un gusto presentarles nuestra organización, que está presta para ayudar y promover el cumplimiento de la justicia en nuestro país, contenida en la Constitución y sus leyes, la cual va acompañada con las creencias cristianas, basadas en: “amar al prójimo como a nosotros mismos”. El cumplimiento de las leyes y la aplicación de ellas de una manera justa.

Edgar Taylor: es el asesor jurídico de ACDEPRO y directivo de esa organización. Taylor es uno de los invitados del Canal Antigua, él sustenta que ACDEPRO nace de la falta de la reacción del Estado. 

Horst Spitzke: es el director ejecutivo de ACDEPRO. Es experto en seguridad, estrategia y gestión de riesgos.  

Jorge Cajas: representante legal de ACDEPRO, no es tan visible en la misma organización y no tiene aparición en público.  

Un acuerdo entre el CACIF y el MP 

El 17 de marzo de 2021, el  Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y el Ministerio Público de Consuelo Porras, firmaron un convenio donde ambas instituciones mantendrán cooperación en el tema estadístico sobre la propiedad privada. 

Pero antes de la firma de ese acuerdo el CACIF creó en diciembre de 2019: el Observatorio de Derechos de Propiedad: “soy propietario”. Con el objetivo de: monitorear y comunicar información estadística, sobre los casos donde se violente el derecho de propiedad. 

Los compromisos adquiridos en el convenio por parte del MP son: brindar información estrictamente estadística relacionada a, número de denuncias recibidas por usurpación, y usurpación agravada, número de denuncias recibidas por usurpación en áreas protegidas.   

Por su lado, el observatorio creado por el Cacif se compromete a brindar información al MP sobre datos sistematizados producto de la operación ordinaria del Observatorio. Garantizar la confidencialidad de la información que se genere a partir del convenio entre ambas instituciones. 

El convenio fue firmado por tiempo indefinido. En el documento también quedó que ninguna de las instancias tendrán alguna relación con el tema de financiamiento.  

María Andrea Cáceres, coordinadora del Observatorio de los Derechos de Propiedad, escribe notas de opinión en el medio Nuestro Diario. En sus escritos deja clara la postura sobre el derecho a la propiedad y su defensa. Cáceres en su columna titulada: “¿Te robaron?” dice: “hacer propuestas de fondo, a nuestras autoridades para que robos o despojos, de propiedad disminuyan”.  

Una Fiscalía cuestionada

Seis meses más tarde de este convenio entre el MP y el CACIF, el 1 de octubre de 2021, fue inaugurada la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpación, la cual persigue la usurpación agravada, alteración de linderos y perturbación a la posesión. Esta fue creada a través del acuerdo 46-2020.  

El actual encargado de esa fiscalía, Antulio Villatoro, cuenta que tienen en proceso de investigación desde octubre de 2021, hasta la fecha más de 800 expedientes, los cuales se encuentran en diferentes fases. 

Villatoro menciona que de enero hasta el 8 de octubre de 2022, la Fiscalía ha recibido un aproximado de 700 denuncias, las cuales se encuentran en diferentes procesos de investigación. Para Villatoro, el trabajo del MP se apega a la objetividad y la imparcialidad con la que deben conducirse siempre las investigaciones. 

Cuando se inauguró esa fiscalía del MP, ACDEPRO publicó un comunicado donde celebra el comienzo de esa fiscalía: “ACDEPRO felicita a la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público. Dra. María Consuelo Porras Argueta en su actuar por el fortalecimiento de la institucionalidad y el respeto a la ley. 

Al consultar al fiscal Villatoro si existe alguna coordinación con la organización de Torrebiarte respondió: “la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpación, no tiene relación alguna con la referida asociación”. Pese a que ACDEPRO asegura que tiene coordinación. 

El director ejecutivo de ACDEPRO dice que la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación requiere de gran apoyo para avanzar en esos temas, sobre todo fortalecerse de recurso humano, para que las investigaciones puedan avanzar. 

ACDEPRO y la Fiscalía contra delitos de usurpación del MP mantienen una coordinación no sólo para atender los casos, sino también para fortalecer el proceso investigativo o penal. “Nosotros estamos apoyando a que el MP se fortalezca y que se perciba todo aquel delito y que se investigue”, cuenta Spitzke. 

Las avionetas 

Para los comunitarios de Se´Inup se ha vuelto común escuchar avionetas en el Chal. Para el Ejército eso no es extraño, en julio de 2020 localizaron a 14 kilómetros del Chal una aeronave que transportaba sustancias ilícitas. 

En un operativo que denominó el MP “triángulo criminal” describen que Petén es  donde se da la mayor cantidad de trazas ilícitas aéreas. 

En una investigación de InSight Crime un funcionario del Departamento de Estado dijo mediante correo electrónico que la información de Guatemala “indica que recientemente el CJNG ha comenzado a tener presencia física” en Petén y Huehuetenango. 

«El Estado no es capaz de hacer estudios históricos, obviamente el sistema de justicia está totalmente plegado a intereses de terratenientes, Entonces no hay posibilidad de Justicia», Helmer Velásquez.

Desalojos peligrosos 

Sergio Beltetón es abogado, da acompañamiento a procesos legales en el Comité de Unidad Campesina (CUC). Ha sumado varios años de experiencia en dar acompañamiento a comunidades en la recuperación de su territorio. 

Beltetón ve con preocupación ese tipo de desalojos como el de Se´Inup (extrajudiciales) esos que se hacen sin orden de un juez,  donde entran personas armadas a las comunidades en horas de la noche y dejan todo carbonizado.“A Veces son personas desempleadas que en algún momento trabajaron en el ejército, ellos son los que hacen ese tipo de trabajos”, dice.

“A estas personas que hacen ese tipo de trabajo (desalojos extrajudiciales) a veces los visten de Policías, muchos de ellos armados con escopetas, con fusiles, armas de fuego de menor calibre, como una pistola corta, claro todo ellos dirigidos por un patrón. Pero esto es muy peligroso y no es nuevo”, explica Beltetón. 

El abogado del CUC cuenta que personas de la localidad son contratadas por varios días para realizar ese tipo de desalojos, a veces hasta por cinco días: desde la planificación hasta la ejecución.

Otra de las cosas que le quita el sueño a Beltetón es que hay muchas órdenes de captura para varios líderes de comunidades que están en la lucha de recuperar su territorio. 

Helmer Velásquez es abogado y también  ha estudiado el tema de los desalojos durante varios años. Para él los desalojos son el reflejo del fracaso del Estado, porque refleja que hay un Estado que no puede resolver por la vida pacífica las controversias normales en cualquier sociedad, pero lo más importante es que es un Estado incapaz de resolver las necesidades de la población.

Velásquez dice que el territorio q’eqchi es muy rico en recursos: el recurso hídrico por ejemplo es abundante, y también otros recursos eso lo hace ser un territorio atractivo. 

El abogado señala que en Guatemala no hay una manera para resolver los temas de los territorios. “Por ejemplo, el Estado no es capaz de hacer estudios históricos, obviamente el sistema de justicia está totalmente plegado a intereses de terratenientes, Entonces no hay posibilidad de Justicia”, explica Velásquez.

El abogado Velásquez menciona que en el actual Gobierno los desalojos ilegales se están dando de manera abiertamente, las escenas de hombres armados vestidos de particular, donde nadie sabe quiénes son, es el modelo de desalojos en la actualidad. “Muchas veces usan mano de obra campesina para garrotear a los comunitarios”, cuenta. Este resalta que la situación se ha agravado como en la época del conflicto armado interno.  

Sin respaldo Estatal 

“Lo que se hizo fue verificar el hecho denunciado” dice el representante de la auxiliatura de la PDH de Poptún, Petén Herbie Rivera Monzón.

Para el representante de la PDH, está claro que la finca es de una empresa privada y que en 2021 se hizo un desalojo judicial en esa propiedad (Se´Inup) y que los pobladores la volvieron a ocupar.

Hasta el momento las acciones de la PDH se han reducido a remitir un expediente de investigación al MP sobre el tipo de hechos, intencionar que los comunitarios de Se´inpu puedan acceder a la tierra de manera legal y promover una mesa de diálogo interinstitucional.  

Según el líder de la comunidad Santiago Paau, la PNC llegó hasta el día siguiente cuando la desgracia ya se había consumado, lo mismo pasó con la PDH. Al consultar a la PNC, no quisieron brindar información sobre el tema. 

El vocero del Ejército, Rubén Téllez, dijo que 100 soldados estuvieron en el lugar hasta el domingo 2 de octubre, y luego la seguridad continuó bajo la responsabilidad de la PNC. “durante la presencia no notamos nada anormal” afirma. 

Los niños están asustados, no pueden dormir, las mujeres andan con los nervios alterados dice Paau, quien tampoco ha conciliado el sueño desde ese día. 

La noche del 30, los pobladores lograron tomar fotos y videos con los celulares para evidenciar lo sucedido. Ahora las investigaciones para esclarecer el hecho se encuentran en proceso por parte del MP. Hasta el momento nadie sabe quién envió a esos 150 hombres armados que entraron aquella noche a quemar todo. 

La comunidad empezó a reconstruirse. las casas con armazón de madera y de techo de manaco. Con algunas donaciones y ayudas han logrado tener para comer dos veces al día, ahora no hay para más.

Pauu el líder dice que las escenas son parecidas a los años crueles del conflicto armado interno. las preguntas que quedan en el aire son: ¿quién envió a esos hombres armados? y ¿por qué?.    

Las lluvias de estos días han dificultado la cotidianidad, buscar comida es la prioridad. 

Petrona Tec sigue haciendo los esfuerzos para que las 36 mujeres que ha organizado puedan seguir con la iniciativa de los ahorros familiares, cosa que en este momento es cuesta arriba.

La comunidad indigena se está reconstruyendo con las pocas ayudas que han llegado: una paca de ropa, comida que las comunidades vecinas han ido a dejar. Todos duermen bajo una champa grande, hacen guardias por la noche, temen que los hombres armados vuelvan y dejen los cuadernos de los niños en cenizas y los animales sin cabezas, y solo las suelas de los zapatos.