Giammattei, el presidente que no quiere volver a la cárcel

El afán de Giammattei consiste en no ser investigado. Para no volver a prisión ha movido varias piezas desde el Ejecutivo, y ha logrado influir en las decisiones de la jefa del Ministerio Público. Los casos que podrían incriminar al mandatario, hoy corren el riesgo de ser desestimados.

El presidente Alejandro Giammattei no quiere volver a la cárcel. Estuvo preso 10 meses en 2010, acusado de participar en el asesinato de 7 reos en la Granja Penal de Pavón, cuando fue director del Sistema Penitenciario en el año 2005. 

Tampoco quiere batallar ante una solicitud de retiro de inmunidad en su contra, como ocurrió con el ex presidente Otto Pérez Molina. Caer. Y luego tener que renunciar señalado de corrupción. 

No quiere seguir los pasos del ex presidente Alfonso Portillo, extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero. O el destino del otro ex presidente, Álvaro Arzú quien falleció siendo investigado por financiamiento electoral ilícito. O se rehúsa a correr con la suerte del también ex presidente Álvaro Colom, que hoy aparece en la lista Engels, elaborada por el gobierno estadounidense donde está señalado de incurrir en actos de corrupción. 

Alejandro Giammattei quiere tener otro destino. Por eso, a dos años de su gobierno, se ha negado a escuchar los posibles indicios que lo vinculan a distintas investigaciones judiciales. Y es posible que su estrategia para no caer, vaya más allá. 

En julio de 2021, el presidente prometió que se pondría a disposición del MInisterio Público (MP), que enviaría al Procurador General de la Nación (PGN) para aclarar cualquier circunstancia respecto a las declaraciones  que dio el ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, cuando fue despedido por la Fiscal General, Consuelo Porras. El ex jefe de la FECI, antes de retirarse del país, indicó a los medios de comunicación que habían testimonios y pruebas que podrían implicar al presidente en varios casos de corrupción. 

A la fecha, lo único que ha hecho el presidente, como informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tras una consulta de No Ficción, ha sido enviar al MP un memorial para intentar “dilucidar” las sospechas, sin haber hecho pública la existencia de este documento. El mandatario, no obstante, ha sido visto con la jefa del MP en reuniones donde se argumenta la revisión del presupuesto de esta entidad, debido al anuncio que hizo el gobierno de Estados Unidos de señalar como poco confiable a Consuelo Porras y, en consecuencia, suspender temporalmente el financiamiento de varios programas y fiscalías.

Tras ganar las elecciones en 2019, Giammattei heredó un gobierno sin la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este ente investigador internacional respaldado por Naciones Unidas, logró encarcelar a varios expresidentes, y fue la responsable de que Giammattei pasará 10 meses en la cárcel. Sin CICIG, Giammattei contaba con cierta ventaja para no ser investigado. Ahora, sin un fiscal honorable al frente de la FECI, que fue creada dentro del MP como el apoyo local para la CICIG, es muy poco probable que el presidente pueda ser investigado.

Además, Giammattei tiene al Congreso de su parte, liderado por el partido del oficialismo. Y cuenta además a su favor con los magistrados de las más altas cortes de justicia -Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia- vinculados a casos de corrupción en los que ellos mismos han borrado parte de las evidencias. 

Mientras tanto, dentro del MP, los hechos recientes generan suspicacia en torno al paradero de testimonios, chats y otras pistas que podrían conducir los indicios hasta el nombre del gobernante. Sin el fiscal Sandoval, Consuelo Porras nombró a un cuestionado fiscal para dirigir la FECI. Y hoy,  el MP tiene al ahijado de la Fiscal General a cargo de una de las investigaciones más importantes de financiamiento electoral ilícito que implican al propio presidente. 

Blindado por varios flancos, todo indica que la estrategia de Giammattei es no volver a la cárcel. No. Al menos no con tan solo dos años como gobernante.

Las maletas y el financiamiento ilícito del Presidente

“Hubo algo que incomodó demasiado, el hallazgo de los Q122 millones vinculados al exministro, José Luis Benito. Se obtuvo una declaración de una persona cercana a la organización política oficial que explicó la posible relación de ese dinero con el partido de gobierno”, reveló Sandoval en su última conferencia de prensa en Guatemala, en julio pasado. Los indicios, como luego comentó el ex jefe de la FECI en distintas entrevistas nacionales e internacionales, conducen al presidente de Guatemala. 

Esta primera pista llegó a los fiscales luego de un allanamiento de octubre de 2020. El exfiscal contó a No Ficción que una persona lo alertó a través de un chat anónimo por Telegram y eso guió a la FECI hasta el condominio Doña Beatríz en Antigua Guatemala. Dentro de la vivienda encontraron 22 valijas con quetzales, dólares y euros que sumaron Q122.3 millones. 

Aparte del hallazgo del dinero, la vivienda y la calcomanía de identificación de una de las maletas estaban a nombre de José Benito, ex viceministro y  ex ministro de Comunicaciones del ex presidente Jimmy Morales. Benito, como explicó Sandoval, tenía vínculos con Giorgio Bruni, el encargado de las finanzas del partido Vamos durante la campaña electoral de Alejandro Giammattei, que después fue nombrado secretario privado de la Presidencia a inicios de 2020.

A partir de la incautación del dinero, los indicios que incriminaban al presidente fueron en aumento. Un mes después del allanamiento en casa de Benito, los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citaron a Bruni y a Héctor Castillo, secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). Entre varios temas, los diputados advirtieron al ex secretario de la presidencia, que habría una próxima citación, y que esta vez abordarían los aportes financieros que el ex ministro Benito había dado al partido de Giammattei durante la campaña proselitista. 

“Todo se sabe. Aquí todo se sabe. Nosotros vamos a citarlo. La próxima vez, juntamente con la gente de la fiscalía y ahí vamos a indagar sobre los aportes económicos de José Luis Benito a la campaña del presidente Giammattei”, dijo el diputado Orlando Blanco de manera directa al ex secretario Bruni.

La siguiente citación ya no ocurrió. Tres meses después de que Bruni compareció ante la UNE, el 18 de febrero de 2021, renunció a su cargo de secretario privado de Giammattei. Argumentó temas personales y empresariales.

A la mañana siguiente, después de la renuncia de Bruni, la FECI allanó su vivienda en la zona 16. La Presidencia se desligó de cualquier acusación mediante un comunicado, indicando que Bruni ya no formaba parte del gobierno. El ex financista de Vamos y exsecretario del mandatario, estuvo en silencio en sus redes sociales por varios meses y luego, en julio de 2021, tras el despido y exilio forzado de Juan Francisco Sandoval, Bruni reapareció con algunas publicaciones sobre la pandemia y las olimpiadas.

La conexión Bruni-Benito-Giammattei tiene un indicio de Q 122 millones que caben en 22 maletas, y que hoy es un caso que podría no ser investigado por los allegados de Consuelo Porras, asegurando la inmunidad del presidente.

Sobornos rusos 

“Recientemente obtuvimos alguna información (…) de personas de nacionalidad rusa en la casa del presidente entre finales de abril e inicios de mayo de este año (…) Nos dijeron que llegó dinero en efectivo a una casa en la zona 15. ¿Por qué va a recibir el presidente del Ejecutivo un dinero en efectivo de estas personas?”, contó Sandoval la misma noche que reveló el vínculo entre las maletas con Q122 millones de Benito y el partido oficial.

El exfiscal, en una entrevista con este medio, dijo que estos empresarios estaban relacionados a una empresa minera. Semanas más tarde, este indicio lo confirmó una nota del medio Con Criterio, donde se revelaba que los inversionistas rusos que visitaron al Presidente eran Sergei Kuvaev, Aleksei Pribytkov, Alexander Ryabov y Vadim Ardatovkiy representantes de Maya Níquel, una de las mineras que explora y extrae níquel en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz. 

En un comunicado la empresa negó todo. Explicaron que los extranjeros nunca se habían reunido con el presidente y rechazaron cualquier versión que sugiriera sobornos. Sin embargo, Maya Niquel confirmó la visita de los rusos a Guatemala, con el propósito de conocer el país y analizar proyectos de inversión. 

Giammattei respondió a estos señalamientos en una conferencia de prensa a finales de julio: “En los últimos días ha habido comentarios falaces que rayan en la calumnia y la difamación sobre la supuesta visita que yo recibí de ciudadanos rusos que eran portadores de maletas de dinero. A esos cuatro ciudadanos rusos no tengo el gusto de conocerlos”, dijo.

Días después, Juan Fancisco Sandoval desde el exilio comentó en una entrevista a la BBC, que los indicios para investigar al presidente no se centraban en la reunión, sino en el envío del dinero. “Tenía el itinerario, una declaración y se extrajo del teléfono un chat donde se siguió toda la ruta en la que estuvieron los ciudadanos (rusos). Y una de las personas declaró que había trasladado dinero en efectivo de un motel de la ciudad de Guatemala hacia la residencia del presidente”, aclaró el ex jefe de la FECI. 

Con Criterio publicó que los empresarios rusos pretenden construir un muelle y una terminal de desembarque en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla por al menos 30 años con una inversión de 15 millones de dólares.  

La PGN, como representante legal del Estado, mediante su departamento de comunicación, le dio una respuesta a No Ficción sobre la visita de los rusos, los indicios de un posible soborno, y los intereses de estos extranjeros sobre los puertos nacionales, indicando que el Presidente de la República ha instruido de manera verbal, que se garantice la defensa de los bienes del Estado. “Estamos atentos a cualquier notificación en dónde se requiera nuestra participación y en dónde pueda existir vulneración a los intereses del Estado. Asimismo a coadyuvar con el Ministerio Público para lograr determinar fehacientemente cualquier daño que se pueda producir al Estado de Guatemala”.

¿El MP está borrando las pruebas?

Después del despido de Juan Francisco Sandoval a cargo de la FECI, la fiscal general nombró a Rafael Curruchiche como sucesor. Él estuvo desde 2019 en la fiscalía de Delitos Electorales y fue benevolente con los políticos acusados en los casos de financiamiento electoral ilícito de los partidos FCN-Nación, UNE y el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider). Con Curruchice todas estas investigaciones quedaron archivadas. 

Además, en la carrera del nuevo jefe de FECI, aparecen los criterios de oportunidad que concedió a los empresarios José Fraterno Vila, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte, José Guillermo Castillo y Felipe Bosch cuando fueron acusados por la CICIG en el caso de financiamiento electoral no registrado de FCN-Nación, el partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia en 2015. 

En contraste, Curruchiche pidió este año la captura de Juan Francisco Solórzano Foppa, ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que denunció ante la CICIG a varias empresas importantes que evadían impuestos; también logró que arrestarán al ex analista de la CICIG, Aníbal Argüello. El fiscal quería procesarlos acusándolos de crear una organización criminal para conspiración y cometer ilícitos al intentar formar un nuevo partido político. Curruchiche no pudo probar ninguno de esos indicios y el caso fue desestimado. 

Ahora, cuando el presidente Giammattei necesita aliados en el MP para no regresar a la cárcel, Currichiche está a cargo de las posibles investigaciones en su contra. Una de sus primeras órdenes al frente de la FECI fue trasladar el expediente del caso Maletas de Q122.3 millones a una agencia a cargo de Pedro Hernández González, ahijado de Consuelo Porras. 

Se buscó la postura del MP, pero la unidad de Comunicación Social no respondió.

El exfiscal Sandoval, también señaló que la administración de Porras ha sido denunciada por filtrar documentos en casos donde hay políticos y ex diputados ligados a procesos penales. Días antes del despido de Sandoval, la Fiscal General trasladó varios casos a otras fiscalías donde podrían quedar archivados.

Los indicios que señalan al presidente de Guatemala implican necesariamente a la nueva forma en que se están dirigiendo las investigaciones y se organizan las fiscalías.

El testimonio del abogado Marco Aurelio Alveño, quien también tuvo que salir del país el mes pasado, ha sido uno de los elementos más importantes que obtuvo la FECI para entender cómo funciona el MP de Consuelo Porras. Alveño explicó cómo pagó a una asistente del despacho de la Fiscal General por filtración de información sobre varios casos. En su testimonio detalló cómo una intermediaria de los asesores de la jefa del MP logró trasladar expedientes de la FECI hacia otras a cambio de dinero. 

Según Sandoval, la fiscal Porras es considerada y llamada como “la amiga del presidente”.  En el fondo, como dijo a No Ficción, ella trata de proteger a sus amigos.

“En algunas diligencias de allanamiento, fueron ubicados dispositivos de comunicación, o sea, fueron incautados teléfonos. Se sacó información de los teléfonos y fue localizada información que confirmaba estas filtraciones”, dijo Sandoval.

Según el ex fiscal, con el actual MP muchas colaboraciones eficaces no serán posibles. Investigar indicios en casos donde existan altos funcionarios implicados, incluso un presidente, cada vez será más difícil. Por ejemplo, un convenio de cooperación con el empresario y ex secretario privado de Alvaro Colom, Gustavo Alejos, domo dijo Sandoval en una entrevista con este medio, podría quedar descartado durante esta administración porque en sus declaraciones podría proporcionar información de funcionarios actuales, congresistas y magistrados que desempeñan cargos en el país. 

Con esta forma de investigar que tiene el MP de Consuelo Porras, Giammattei sabe que no regresará a la cárcel y se ha atrevido a declarar: “El día de hoy (27 de julio) hemos cedido a que el Ministerio Público pueda solicitarnos la información que considere pertinente, sobre todo, para poder dilucidar la verdad y que no queden dudas de por medio de la forma en que se ha actuado”.

Desde la expulsión de Sandoval de la FECI, diversas organizaciones campesinas, autoridades indígenas, movimientos estudiantiles y de derechos humanos se han unido en protestas y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Giammattei y de Consuelo Porras. Las manifestaciones proclaman que se ha debilitado  la lucha contra la corrupción en Guatemala. 

Giammattei solo observa desde las sombras y espera no ser investigado. Lleva meses de no dar una conferencia de prensa y asiste solo a inauguraciones o eventos que se realizan fuera de la ciudad. Una que otra vez se le ve en cadena nacional para hablar del tema de Covid-19 y evita ser cuestionado 

Las cámaras empresariales han respaldado al presidente y condenado las manifestaciones a través de comunicados de prensa. Es parte de la fuerza que mantiene en pie al mandatario y a la jefa del MP.

Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos no parece estar contento con las decisiones sobre la justicia en Guatemala. Varios funcionarios de alto nivel han señalado un debilitamiento importante en la justicia.

Pero Giammattei y Porras han desoído y desafiado las críticas y sanciones de este gobierno extranjero, principal socio comercial de Guatemala, que les ha pedido transparencia en la lucha contra la corrupción. Giammattei sabe que no volverá a prisión, al menos mientras él sea el presidente.