Kamala Harris en Guatemala, el penúltimo intento por desactivar la crisis migratoria

Pocas regiones del mundo han estado tan sujetas al devenir de la política estadounidense como el Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras. Intervenciones directas, proyectos de cooperación y cada vez más la migración han relacionado a estos países con la potencia del norte. Una nueva estrategia se reedita para la región, atascada en el subdesarrollo económico, la corrupción y democracias inestables.

El primer viaje al extranjero de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se da a Guatemala, la frontera sur, de la frontera sur estadounidense. El panorama que encontrará es el de un país que representa la mayor economía de Centroamérica, pero donde prácticamente la mitad de sus niños tienen desnutrición crónica infantil. Para el 2019 el Banco Mundial estimaba que la mitad de la población de Guatemala, alrededor de 17 millones, vivía por debajo del umbral de la pobreza y, luego de la pandemia del COVID-19, estima que 1 millón más caerá en esta categoría. 

Desde este país, Harris le echará una mirada a la región: una Honduras con presidente, Juan Orlando Hernández, citado en investigaciones judiciales por narcotráfico en EE.UU.; y El Salvador, un país, donde por la vía democrática se van cercenando la división de poderes. 

Se trata de una región donde intervenciones militares, asistencia a gobiernos dictatoriales, proyectos de cooperación para el desarrollo e inversiones estadounidenses han configurado el panorama. Una región del mundo cuya inestabilidad económica, política, de seguridad y, cada vez más, climática, expulsa a su población. La visita de la vicepresidenta Kamala Harris viene a plantear un nuevo esfuerzo por reconducir el destino de la región con el objetivo de reducir la migración irregular.

Décadas más tarde de los conflictos armados que asolaron a los países de la zona, otro motivo de seguridad renueva el interés de EE.UU. sobre la región. Ya no se trata de una disputa geopolítica por la pertenencia a un bloque u otro de los países de la zona, sino una cuestión que ha llegado a la política interna de este país: la migración.

Luego de la disminución de la migración irregular durante el 2020 a causa de la pandemia del Covid-19, este año nuevamente la marea humana ha regresado. Para abril de este año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, alrededor de 750 mil personas habían sido detenidas en la frontera sur de ese país. En su mayoría provenientes del triángulo norte de Centroamérica.

Como lo demostró la elección del expresidente Donald Trump en EE.UU. en 2016, amenazar con el espectro de una invasión de migrantes es una herramienta que ayuda a ganar elecciones. La nueva administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se enfrentan al reto de desactivar este potencial desgaste para su administración con los inestables gobiernos de la región como contraparte.

El problema no es menor para la nueva administración estadounidense. En marzo de este año, el líder de la minoría republicana en la cámara de representantes, Kevin McCarthy, visitó junto a varios congresistas la frontera en Texas y responsabilizó al gobierno de Biden de esta situación. “Esta crisis fue creada por las políticas presidenciales de este nuevo gobierno”, dijo el congresista. Lo hizo marcando el tono de uno de los posibles flancos desde los cuales se cuestionará al Ejecutivo y obviando a la migración como un fenómeno económico y social acumulado por décadas.

En ese contexto, la nueva administración estadounidense intentará implementar una política para el Triángulo Norte de Centroamérica, con alrededor de US$4 mil millones para tratar de  reconducir a la región, azotada por la corrupción, la desigualdad económica y condicionada por el crimen organizado, para que deje de expulsar a su gente. Los mecanismos incluyen, además de los incentivos económicos, la sanción de personas concretas vinculadas a la corrupción y la posibilidad de condicionamientos mayores. Esto en un contexto donde países como Guatemala, al igual que sus vecinos, ve tanto a sus instituciones democráticas como la justicia erosionarse cada día más. 

El plan Biden-Harris y los problemas de raíz

En diciembre del año pasado el congreso estadounidense aprobó la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos (HR 2615), promovida por el representante Eliot Engel, una ley enfocada en apoyar la lucha contra la corrupción en los países de esta región como una forma de frenar las causas de la migración irregular. La norma fue aprobada tanto por demócratas como por republicanos y reflejó un consenso sobre el diagnóstico de las causas del fenómeno.

Este enfoque, sin embargo, no es sorpresivo y ya estaba planteado desde la campaña del binomio Biden-Harris como su forma de abordar el problema. La Estrategia Integral para América Central fue planteada desde la contienda electoral y respaldada con las asignaciones presupuestarias aprobadas con la nor HR2615 y contempla cinco puntos: Desarrollar una estrategia regional integral de cuatro años e invertir $4 mil millones para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica; movilizar la inversión privada en la región; mejorar la seguridad y el estado de derecho; abordar la corrupción endémica; y priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.  

Un punto importante es que el origen de los 4 mil millones de dólares para la estrategia de seguridad depende de fondos de Homeland Security. Lo que muestra como la apuesta de estos recursos es vista como un asunto de seguridad. Adicionalmente se contempla motivar sector privado con la participación de bancos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pero ¿qué tan diferente es esta estrategia de otras practicadas en la región?, ¿representa realmente un viraje?

El 24 de abril, en preparación para su viaje a Guatemala, la vicepresidenta Harris se reunió con líderes de organizaciones y fundaciones con proyectos de cooperación en la región. Entre ellos, Eric L. Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas, de Seattle International Foundation, una de las organizaciones que apoya la gobernanza y la equidad  en Centroamérica a través de múltiples proyectos de desarrollo. 

Conversamos con Olson sobre sus impresiones en esta reunión, en la cual también le hicieron entrega a Harris del estudio US Foreign Aid To The Northern Triangle 2014–2019, que evalúa las estrategias de cooperación estadounidense en los países de la zona. Un estudio en el cual, además de Olson, participó también Ricardo Zuñiga, el actual designado por el presidente Biden para articular la estrategia en la región.

Para Olson sí hay un cambio de perspectiva de la administración de Biden para la región, no solo con respecto al gobierno de Trump, sino incluso con la gestión del expresidente Obama, de la cual Biden fue parte. “Entre las conclusiones del estudio (que le presentaron a Harris) está que los proyectos y las estrategias fallan y no prosperan por una oposición desde un grupo poderoso, una clase política y una élite económica que está rotundamente opuesta. Un núcleo fuerte” señala Olson.

Esta oposición a cambios estructurales se ve reflejada, para el analista, en temas clave en Guatemala, como la manipulación para la elección de la Corte Suprema de Justicia o la opacidad en el nombramiento de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

“Esto lo han entendido (en la Casa Blanca), pero identificar el problema y solucionarlo son dos cosas diferentes” apunta Olson, “el gran reto por delante para EE.UU. es que tan difícil es lidiar con estas mafias de poder. Como debilitarlos mientras se dan cambios”.

—¿El alcance de esta fuerte oposición desde grupos de poder la comprendería la vicepresidenta?

—Sí, pero en realidad, lo hace todo en coordinación con Juan González en el Consejo Nacional de Seguridad, y con Ricardo Zuñiga, el enviado especial. Es un equipo, ella obviamente tiene la designación presidencial, y claro (Zuñiga) tiene llamadas dos veces al día con su oficina para dar este seguimiento y es quien más tiempo le dedica.

En este punto, es importante comprender cómo está articulada la implementación de la estrategia para el Triángulo Norte. 

La responsable política es la vicepresidenta Harris, pero para la ejecución del plan fue nombrado Ricardo Zuñiga como enviado especial del Departamento de Estado para la región. Zuñiga fue uno de los negociadores del acuerdo de deshielo de las relaciones entre EE.UU. y Cuba durante la administración Obama. Como consultor en el centro Wilson, participó en el citado estudio de evaluación de las políticas de cooperación en la región junto a Olson. Un informe que reconoce la necesidad de atacar causas fundamentales de la pobreza en los país como la corrupción y falta de gobernanza.

Por otro lado, como parte del Consejo de Seguridad Nacional, se encuentra Juan S. González, director senior para el Hemisferio Occidental, un asesor directo del presidente Biden en seguridad nacional y política exterior.  Extraoficialmente se conoce que luego de la victoria electoral de Biden en 2020, González ya tuvo reuniones en Washington con dirigentes políticos guatemaltecos evaluando la situación de la región. 

González nació en Colombia y se crió en Nueva York, es diplomático de carrera y fue voluntario del Cuerpo de Paz en Guatemala en la región occidental del país. Trabajó anteriormente en el equipo de la vicepresidencia de Biden, y ha sido integrante en comisiones de trabajo sobre la política de drogas, como representante del senador Chuck Schumer, y en grupos de trabajo sobre migración durante la campaña electoral.

Además, de esta reunión con representantes de organizaciones de cooperación (que duró 90 minutos) Harris también se ha reunido, previo a su visita a Guatemala, con representantes de la sociedad civil guatemalteca, vía teleconferencia, y presencialmente con empresarios en Washington dispuestos a realizar nuevas inversiones en la región. 

Otra de las reuniones clave de Harris para comprender la región fue la celebrada con las exfiscales generales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz, la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, y la exjueza Claudia Escobar, para abordar la situación de la justicia en el país.

Sobre esta visión de conjunto sobre los problemas Olson comenta sobre su reunión con Harris: “la vicepresidenta dijo algo muy interesante, la diplomacia tradicional se entiende como la acción entre estados, a nivel bilateral o multilateral. Pero ella dice: estamos entendiendo que la diplomacia tiene que incluir otros actores, no solo los estados, sino a la sociedad civil, los que tienen una vocación democrática, con quienes podemos trabajar. Se reconoce el trabajo de las oenegés, de la prensa independiente, la academia y de otros actores para la rendición de cuentas”.

La zanahoria y el garrote

Al primer ministro británico del siglo XIX Henry Temple, conocido también como Lord Palmerston, se le atribuye la frase “No tenemos (Inglaterra) aliados eternos, y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y nuestra obligación es vigilarlos”. Una máxima del pragmatismo político.

Ahora que la migración irregular de ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, se ha vuelto un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, los encargados de la política exterior de ese país enfrentan el resultado de las políticas del pasado hacia la región. En una entrevista con No-Ficción, el expresidente Otto Pérez Molina, reconocía como las visitas del entonces vicepresidente Biden coincidieron con las advertencias de sanciones económicas si no se renovaba el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avisos decisivos para la decisión de Pérez Molina de mantener por un periodo más de dos años al organismo en el país pese a estar acorralado por las investigaciones de la entidad.  

El próximo presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, socavó a la CICIG, uno de los mecanismos para intentar desmantelar las estructuras paralelas que operan dentro del Estado y que perpetúan la impunidad y la desigualdad en el país. El apoyo estadounidense para la comisión de Naciones Unidas se desvaneció con la administración Trump. En el transcurso de su gestión,el gobierno de Morales se plegó a las decisiones de la política exterior estadounidense, como la firma del Acuerdo de Tercer País Seguro, que fijaba a Guatemala como campo de repatriación de migrantes en ruta a Estados Unidos.

Los réditos políticos, a corto plazo, de una acción así, cosechados por la administración Trump se supeditaron a metas de más largo plazo. Entre las conclusiones del estudio US Foreign Aid To The Northern Triangle 2014–2019, que evalúa la estrategia de cooperación en la región, se encuentra: “la ayuda exterior de Estados Unidos es crucial, pero la influencia política de Estados Unidos en apoyo de las reformas y los reformistas es aún más importante”.

En el componente de incentivos para frenar la migración, la generación de empleo es una de las ofertas más recurrentes para la región. Es a menudo la zanahoria, dentro de la estrategia del garrote y la zanahoria, que ha sido a menudo empleada en la región. Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, una de las organizaciones del sector empresarial guatemalteco que influye en las políticas públicas nacionales, la generación de empleo es uno de los componentes menos comentados de la estrategia para la región.

“Según la propia AID (agencia de cooperación estadounidense), el 80 por ciento de la migración en el país es por razones económicas. Hay que elevar los niveles de ingresos de la población, pero mientras solo el 20 por ciento de la población tenga acceso a un empleo formal eso no va a suceder. El debate se está enfocando en la lucha contra la corrupción, pero poco se discute sobre cómo aumentar la inversión extranjera directa” señala Zapata.

El directivo apunta una disyuntiva que, desde hace tres o cuatro años, está presente en el discurso empresarial en el país. En muchas ocasiones, se disocia el problema de la corrupción endémica en Guatemala con la generación de oportunidades en el país. Por ejemplo, en su análisis coincide con la estrategia anunciada por la administración de Biden en señalar la importancia de la inversión en sectores estratégicos (entre otros rubros redes eléctricas, puertos y carreteras).

Zapata, por ejemplo, destaca que Guatemala sólo invierte alrededor del 15 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en áreas estratégicas, como la construcción y ampliación de carreteras, puertos y aeropuertos, mientras que países de la región gastan hasta tres veces más en estos rubros. También destaca que la inversión en capacitación en el dominio de inglés e informática representaría de 60 mil a 100 mil empleos formales en el corto plazo en el sector del call center.

Para directivos como Zapata, reuniones como las de Harris con empresarios en EE.UU. dispuestos a invertir en la región, “deberían priorizar los que ya están invirtiendo en el país”.  Y es que incluso el componente de la zanahoria en la estrategia para la región no deja de incluir una velada advertencia: En una economía global las élites locales tendrán cada vez más difícil el control de un mercado.

Como señalaba Olson en su entrevista con No-Ficción, la estrategia estadounidense de cambios institucionales en la región a menudo ha recurrido al uso de la “zanahoria y el garrote”, los incentivos y las sanciones. Pero ninguna de estas prácticas es sostenible en el tiempo sin los esfuerzos locales en donde funcionarios comprometidos con la aplicación de la justicia, empresarios que se desmarquen de las prácticas de captura del Estado y una sociedad civil activa políticamente se comprometen en un esfuerzo sostenido.

La cooperación estadounidense, sea en forma de proyectos de desarrollo o respaldo político a instituciones o funcionarios que se apeguen a valores democráticos, no serán suficientes para emprender un cambio. 

La justicia en entredicho

Por otro lado, el componente del garrote no deja de estar presente en la estrategia para la región. El 19 de mayo, por ejemplo, en la reunión de la vicepresidenta Harris con las juristas guatemaltecas Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz, la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, y la exjueza Claudia Escobar, la vicemandataria tuiteó: “La injusticia es una de las causas fundamentales de la migración. Hoy me reuní con líderes de justicia guatemaltecos para discutir la necesidad de sistemas legales transparentes e imparciales en la región. Espero trabajar con muchas partes interesadas para ayudar a los guatemaltecos a construir un futuro mejor y más seguro en casa”.

Una de las asistentes a la reunión fue la exjueza Claudia Escobar, quien en 2014 denunció al exdiputado Gudy Rivera de intentar coaccionarla para que tomara una decisión judicial. Escobar tuvo que dejar el cargo y el país.

Según relata Escobar, cada una de las asistentes a la visita con la vicepresidenta Harris compartieron las dificultades que se experimenta en el sistema judicial guatemaleco para hacer cumplir la ley. “Ella entiende eso como exfiscal general de California, ella conoce los desafíos de combatir el crimen organizado, y cómo este necesita de las instituciones para tener impunidad, así como el que en un país como Guatemala con índices de impunidad arriba del 90 por ciento es un paraíso para estos actores” refiere Escobar.

La complejidad de entender sistemas tan penetrados por la redes ilícitas, sin embargo, no es menor. Así pues, Escobar señala que su percepción es que Harris no tenía muy claro que la situación de degradación institucional de Guatemala no es muy diferente de la de Honduras, por ejemplo. “Porque los retrocesos han sido en cámara lenta, me da la impresión que aún no tiene claro que el gobierno de Guatemala no va a fortalecer la institucionalidad en el tema de justicia, creo que hace falta una visión más estratégica para lograr que cualquier proyecto que se esté promoviendo en el tiempo tenga efectos beneficiosos no solo en el corto plazo” comenta Escobar.

Como muestra de este retroceso, la misma reunión de la ex funcionarias judicial con la vicepresidenta Harris también fue sintomático explica Escobar: “creo que para ella es de una gran preocupación que cuatro funcionarias judiciales estuviéramos sentadas en esa mesa. Había evidentemente un denominador común para que las cuatro nos viéramos obligadas a dejar nuestra carrera o la función que ejercíamos, por distintas razones, frente a un estado de Derecho que no protege e instituciones que no son independientes”

La vuelta de tuerca de las listas

Dentro de las herramientas de la política exterior estadounidense, hay recursos como la publicación de sanciones a actores políticos por violaciones a derechos humanos, casos de corrupción o prácticas antidemocráticas. En la región, funcionarios de Venezuela o Nicaragua, se encuentran entre los incluidos en listados como los de la Ley Global Magnitsky.

El pasado 26 de abril el Departamento del Tesoro estadounidense designó al ex secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos Cambara, y al diputado Felipe Alejos Lorenzana en la lista de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, la cual fija sanciones financieras para las propiedades y activos en EE.UU.  de los perpetradores “de serios abusos de derechos humanos y corrupción alrededor del mundo”. La medida señala a ambos de interferir en la elección de las cortes de justicia mediante prebendas para comprar el voto de diputados.

Unos días más tarde, el 4 de mayo, Harris señalaba como una de las causas fundamentales de la migración las precarias condiciones de vida de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y como uno de los obstáculos para superar esta situación la corrupción. Decía la vicepresidenta estadounidense al respecto: “por mucho que nos esforcemos en contrarrestar la violencia, en la ayuda ante las catástrofes o en la lucha contra la inseguridad alimentaria, en cualquiera de esas cosas, no conseguiremos avances significativos si persiste la corrupción en la región”. 

La designación de Gustavo y Felipe Alejos en esta lista es interpretada en ambientes políticos como una advertencia a las élites políticas, a la espera de la publicación a finales de junio de la Lista Engel, una nómina más amplia de personas que a criterio del gobierno estadounidense estén involucrados en casos de corrupción y socaven las instituciones democráticas.  

Irónicamente, un tío abuelo de Gustavo Alejos, Roberto Alejos Arzú operó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), bajo el seudónimo de John Black en la década de los 60. Facilitó la instalación de exiliados anticastristas en una de sus propiedades de la Costa Sur guatemalteca, la Finca Helvetia, para preparar la invasión a Cuba. Según documentos desclasificados como Official History Of The Bay Of Pigs Operation de dicha agencia.

De manera paradójica, estos campos de entrenamiento de paramilitares fueron una de las causas del primer levantamiento guerrillero del país, encabezado por militares el 13 de noviembre de 1960, dando origen al conflicto armado interno. El efecto mariposa. Las acciones de intervención, sea con el poder blando de la cooperación para el desarrollo, o con el respaldo de regímenes en la zona, han tenido resultados de lo más dispares para estos países.

A la lista Magnistky se unen otras creadas por Estados Unidos con objetivos similares. Una de ellas la lista Torres, cuyo nombre proviene de la congresista de origen guatemalteco Norma Torres, con funcionarios ya detenidos en EE.UU. o bajo investigación. Para finales de junio se espera, además, la lista Engel,  promovida por el congresista Eliot Engel. Sin embargo, una vez más, la pregunta es qué tan alto, o que tan cerca, de actores en el poder tienen que ser los figurantes de estas listas y sus sanciones para generar una reacción en el gobierno de Guatemala. 

La lista divulgada por la congresista Torres, por ejemplo, fue elaborada a partir de consultas con el Departamento de Estado, e incluía a figuras políticas ya procesadas como el exministro Acisclo Valladares Urruela, el alcalde de Ocós, San Marcos, Carlos Danilo Preciado Navarijo, detenido por narcotráfico, o el el excandidato presidencial, condenado por narcotráfico Mario Estrada Orellana, o el propio Gustavo Alejos, sujeto a múltiples procesos judiciales; si no también a figuras políticas en activo como los diputados Felipe Alejos y Boris España.

El alcance de estas acciones es incierto. Incluso fuentes políticas consultadas para este reportaje refieren que muchos de sus colegas congresistas más influyentes ya no cuentan con visas a EE.UU. desde hace años, y a muchos no les sorprendería aparecer en futuros listados; pero esto no representa una amenaza para sus negocios locales o su red de influencias.

Estás estructuras de poder dependen de redes muy extensas de contacto que difícilmente caen por la falta de una o dos piezas clave, como pudieran ser Gustavo o Felipe Alejos. Al respecto, Olson resalta que la publicación de personas sancionadas en este tipo de listas suele ser inferior al total de personas realmente reconocidas como integrantes de estas estructuras. 

“Te dan una lista desclasificada, que se puede anunciar y una lista de personas que no se puede mencionar, por algunas razones no definidas (como investigaciones judiciales en curso). La congresista Torres está negociando para ampliar los nombres que se pueden hacer públicos, ella está en esa lucha, para lograr más transparencia” refiere Olson. 

Las perspectivas no son alentadoras. Al respecto, Escobar plantea una visión panorámica: “En Guatemala el debilitamiento ha sido a cámara lenta, estamos hablando de procesos en que, por ejemplo, se han utilizado hasta las universidades para crear facultades de Derecho que solo sirven como instrumentos para estar en las comisiones de postulación, son temas difíciles de entender desde fuera. Esto ha llevado décadas para que lleguen personajes con intereses de las mafias”.

Para lograr cambios profundos, sin embargo, la misma exjueza Escobar considera que propuestas como el fortalecimiento de instituciones como las fiscalías es insuficiente si no hay un sistema judicial que realmente sea independiente. Extrapolando, puede decirse que incluso la persecución penal es insuficiente si no hay cambios a las mismas bases del sistema desde la participación política.

El deterioro democrático en Guatemala

La denominación de Guatemala, El Salvador y Honduras como el Triángulo Norte de Centroamérica se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial y tiene claras reminiscencias militares, aunque también económicas. Hace referencia a la integración de las economías de la región en diferentes acuerdos comerciales. 

Así, por ejemplo, la Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 tiene al frente de su gobierno a un mandatario, Juan Orlando Hernández, con un hermano condenado por su colaboración con el narcotráfico, y al mismo presidente mencionado en investigaciones abiertas. Incluye también a un El Salvador, con una deriva cada vez más autoritaria en donde, por la vía de las urnas y el control del Ejecutivo y el Legislativo, la presidencia de Nayib Bukele descabezó a la Sala de lo Constitucional y removió al Fiscal General borrando de facto el equilibrio de poderes.

Por último, tenemos a Guatemala, un país que cada cuatro años se celebran comicios y donde en toda su historia democrática reciente ningún partido ha vuelto a ganar una elección presidencial. Pero, en donde los partidos políticos nacen, crecen y mueren en menos de ocho años, en promedio, para encumbrar a un mandatario y permitir un control del Organismo Legislativo. Un país donde las investigaciones judiciales pueden mostrar las negociaciones espurias para elegir a sus más altas autoridades de la justicia, pero donde el mismo sistema se blinda para evitar el avance de las causas penales.

¿Cómo se puede medir este deterioro institucional en Guatemala?, para Álvaro Montenegro, integrante de la organización Alianza por las Reformas, una de las agrupaciones que más ha advertido sobre la erosión de la democracia guatemalteca en los últimos años, un buen medidor lo encontramos en los mismos tribunales estadounidenses.  Montenegro resalta como dos excandidatos presidenciales, que hasta hace unos años se codeaban con la élite política del país, se encuentran hoy condenados en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico o el lavado de dinero proveniente de este delito: Mario Estrada Ruano, del partido UCN, actualmente con la vicepresidencia del Congreso; y Manuel Baldizón, del desaparecido partido político Líder.

Si queremos otros ejemplos, destaca Montenegro, también podemos recurrir al exministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales, el empresario Acisclo Valladares Urruela, investigado también por lavado de dinero en EE.UU. en relación con un caso de corrupción en el Legislativo y conectado con activos del narcotráfico. Irónicamente, Valladares Urruela, fungió como encargado del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, durante el gobierno de Pérez Molina.

En ese contexto los funcionarios estadounidenses tienen que “ponderar” cómo echar a andar sus proyectos de combate a la corrupción, por una parte, y atención de la migración irregular en un ambiente político sin aliados confiables.

“Nosotros vemos que mientras hay un clima de persecución política, de corrupción es muy difícil que estos proyectos funcionen, ellos mismos (EE.UU.), hablan de causas raíces de la migración, quizás el mensaje sería que no hay que conformarse con soluciones a corto, plazo, sino efectivamente atacar las raíces y esto incluye el fortalecimiento institucional y quien está socavando esta institucionalidad es el mismo gobierno de Guatemala, para frenar la ofensiva del pacto de corruptos se necesitaría sanciones” resalta Montenegro.

Para la jurista Claudia Paniagua, fundadora de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, Udefegua, las listas y sanciones son un mecanismo para evidenciar la deriva autoritaria de los países de la región, pero lo más importante es que el mensaje de que la impunidad y el autoritarismo afecta a todos. “El empresariado en su mayoría es afectado por este tipo de régimen déspota, la empresarialidad no tiene espacios para competencia real, eso desde la exportación y productos agrícolas, hasta la prestación de servicios” señala Paniagua.

Una de las lecciones que el cuestionamiento a los regímenes autoritarios que campearon en Latinoamérica en el siglo XX dejó, a criterio de Paniagua, es que las presiones terminan por afectar a estas formas de gobierno. “El fenómeno del nuevo autoritarismo en Latinoamérica es cleptócrata (centrado en robar recursos) y no tiene que ver con una ideología, aprendieron del pasado buscar el silencio y la pasividad, pero aunque todavía se buscan formas de enfrentarlos una de las cosas básicas es no quedarse en silencio”. 

En este punto la disyuntiva es bastante complicada. A criterio de Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de Seattle International Foundation, por ejemplo, en el Congreso estadounidense se percibe cierto consenso sobre la necesidad de atacar los problemas de corrupción y debilidad institucional en el triángulo norte, reflejado en la asignación de recursos para esta estrategia; pero en el tema migratorio, que a final de cuentas es el objetivo final de la estrategia, ambos partidos mayoritarios divergen.

Y es en este punto donde el gobierno de Guatemala, pese a los múltiples señalamientos de opacidad institucional en la elección de las cortes, y señalamientos de casos de corrupción en su contra, sin avances judiciales, tiene como cartas para negociar el ofrecer acciones contundentes en materia migratoria. Ya este mismo año, ante la amenaza de nuevas caravanas de migrantes, el gobierno de Alejandro Giammattei ha respondido con represión y una disuasión violenta a los grupos de migrantes que atraviesan Guatemala.

Lo paradójico de estas acciones es que se asemejan a una mano que trata de parar una ola. Por muchos manotazos que se dé todos los esfuerzos serán inútiles mientras la fuerza detrás de esta tendencia sea mucho más grande. En este contexto queda, sin embargo, la incógnita de si la vicepresidenta Harris será capaz de medir si vale la pena sacrificar resultados a corto plazo por una estrategia mucho más profunda.