Guatemala cambia cada cinco años a las máximas autoridades de la administración de la Justicia.

Esto significa que las garantías de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos se ponen en juego con el cambio de los magistrados y magistradas a cargo del poder judicial.

Para llevar a cabo este trabajo, en Guatemala se utiliza un sistema de Comisiones de Postulación, en la que se delega a un grupo de abogados y políticos la elección de las cortes de Justicia.

Este proceso cuenta con dos fases:

La primera es gremial. Un grupo de abogados se reúne y propone un listado de posibles candidatos.

La segunda fase es política. El Congreso de la República recibe la lista de candidatos y elige a los nuevos magistrados.

La Corte Suprema de Justicia se integra de 13 magistrados. Entre sus funciones está decidir si un político acusado de algún delito puede o no perder su inmunidad. También contrata o traslada a los jueces que se encargan de los procesos judiciales. Además, toda la parte administrativa de los tribunales está bajo su responsabilidad.

Existen 42 salas de apelación en todo el país. Tres magistrados integran cada una. Hay 8 regionales, 6 penales, 5 administrativas, 4 civiles, 4 laborales, 2 de familia y niñez, una de cuentas y jurisdicción, y 12 no especificadas.

Como segunda instancia, conocen las quejas sobre alguna anomalía en los procesos judiciales, conocen solicitudes sobre el retiro de inmunidad en contra de funcionarios públicos, y mantienen la disciplina dentro de los tribunales.
Debido a la importancia de estos cargos, la elección de magistrados de Justicia representa una disputa entre varios sectores. Entre aquellos que luchan en contra de la corrupción y los que buscan procurar impunidad para sus delitos.

Ante un nuevo proceso de elección de cortes el riesgo está en la posible cooptación de la justicia.
¡Atentar contra la independencia judicial!

Antes la selección de los magistrados de justicia corría a cargo del Presidente de la República. Y cuando había un dictador los jueces debían obedecer todas las órdenes o eran destituidos.

En la última Constitución Política de la República de Guatemala se contempló que las cortes de justicia fueran electas en un proceso más democrático en el que participaran universidades, gremios colegiados y funcionarios públicos.

En 1993, tras el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías, con el peligro de una nueva dictadura, se decidió que los magistrados serían nominados por una postuladora y elegidos por el poder Legislativo.

En 2009 se trató de ordenar todo el proceso de elección de magistrados. Se creó la ley de Comisiones de Postulación. El gremio de abogados colegiados, y las autoridades universitarias se volvieron relevantes. 
Y quién controlaba la comisión elegía a los magistrados.

Y así aparecen operadores como Roberto López Villatoro, Gustavo Herrera o Juan de Dios Rodríguez buscando manipular los procesos de comisiones de postulación.

Con la cooptación de los procesos de elección de Cortes de Justicia es muy difícil que  jueces probos y experimentados logren ascender dentro del poder judicial.

La magnitud de estas anomalías se evidenció cuando la CICIG y el Ministerio Público presentaron el caso Comisiones Paralelas: una red de abogados intervino en el nombramiento de las autoridades de justicia de 2014. Uno de los comisionados recibió un apartamento de lujo a cambio de su voto.

Las investigaciones de CICIG y FECI también develaron que los magistrados electos en 2014 para Corte Suprema de Justicia juraron lealtad a dos ex candidatos a la presidencia, Manuel Baldizón de Lider, y Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota. Los diputados eligieron a los 13 titulares bajo las órdenes de los ex candidatos hoy acusados de corrupción.  

En 2019 el presidente Jimmy Morales no renovó el mandato de la CICIG. Y sin la CICIG, las comisiones de postulación son una oportunidad para que los políticos acusados de corrupción, y el crimen organizado busquen mantener su impunidad.
Sin la fiscalización adecuada, se corre el riesgo de que el pacto de corruptos elija a los nuevos magistrados.

La justicia puede quedar comprometida.

El actual proceso de elección de cortes ha estado lleno de vicios legales y la Corte de Constitucionalidad ha intervenido corrigiendo todas las anomalías, incluso ordenando la repetición de todo el proceso.

No obstante, todo quedará en manos del Congreso de la República, donde al menos 18 diputados de esta Legislatura están acusados de casos de corrupción. 

La clase política elegirá a sus propios juzgadores. Casos de alto impacto como la Línea, Corrupción y Construcción, Cooptación del Estado o las diferentes investigaciones de financiamiento electoral ilícito de los partidos están en riesgo.

La independencia de la justicia está a prueba en Guatemala. 

15/10/2019

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