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Las otras fronteras

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Ensayo breve sobre los obstáculos de la movilidad humana centroamericana más allá de las fronteras físicas y requisitos administrativos.

En este momento hay un migrante centroamericano escondido en el interior de un furgón en movimiento en alguna parte de Honduras, El Salvador, Guatemala o México. Espera y confía que no suceda un accidente, que la policía no marque un alto y descubra que viaja oculto junto a cientos de personas. Nosotros solo podemos imaginar la oscuridad, el hambre, el calor, las decenas de respiraciones, los olores y todas las incertidumbres que percibe a su alrededor. Todos los migrantes en ese espacio reducido, ahí desde esa oscuridad, huyen. Y todos esperan atravesar esas fronteras que cada vez se han vuelto más difíciles y cercanas.

Centroamérica poco a poco, durante los últimos años, se ha cerrado ante sus ciudadanos, y ahora también forma parte de la ruta migratoria de América y otros continentes creando también otras fronteras que van más allá de lo físico y lo administrativo. Estas son atravesadas por los retrocesos democráticos de la región, acompañadas de la ausencia de atención y acogida, marcadas por la corrupción, el cambio climático, el racismo, la discriminación y la xenofobia, mientras todo ocurre bajo la mirada inquisitiva de Estados Unidos y su agenda que presiona y condiciona estas realidades. Son estas otras fronteras, de las que casi nadie habla o discute, que presentan nuevos impedimentos y obstáculos contra la movilidad humana.

Los números, en este contexto, nunca pasan desapercibidos. Ya casi nadie recuerda las pequeñas oleadas de personas que se movían hacia el norte sin mucho ruido, logrando el objetivo de llegar a Estado Unidos durante los años setentas y ochentas. Las fronteras y sus estadísticas actuales, sin embargo, hacen mucha bulla, el número de migrantes centroamericanos se ha incrementado en más de 137 por ciento durante los últimos 30 años, así lo calcula la División de Población de Naciones Unidas. En 1990 se hablaba de 6.82 millones de personas buscando llegar a Estado Unidos. Hoy, con datos de 2020, las cifras alcanzan los 16.2 millones de migrantes. Estos números son el gran medidor del grado de desesperación que tienen las personas sobre su futuro en Centroamérica. Y las formas de escape, utilizando coyotes o guías, el tren, las caravanas masivas u ocultándose en contenedores de transporte, siempre tiene como común denominador la extrema pobreza, la desigualdad, la violencia e incluso las múltiples crisis políticas que han configurado los países y contextos de los que huyen.

En noviembre de 2021, un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con sede en México, analizó la década pasada (2011 y 2020) y descubrió que el número de víctimas de tráfico y secuestro en México rebasa poco más de las 70mil personas. La mayoría de ellos: centroamericanos.

Migrantes hondureños caminan al borde de la carretera por las calles de la Ciudad de Guatemala, mientras se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos. Foto: Oliver de Ros

El camino, la ruta migratoria, nunca es agradable. Muta y se reconfigura dependiendo siempre de la violencia, las discriminaciones y los contextos políticos inestables tanto de Centroamérica como México. La mayoría de los migrantes no está saliendo por un capricho o por un tema netamente económico. Es una movilidad forzada, pero tan masiva y desordenada, que también tiene repercusiones geopolíticas. Estas “otras fronteras”, no tanto físicas, son las que también interesan a un contradictorio Estados Unidos, que necesita de migrantes como mano de obra barata, pero que no lo hace público explícitamente. Las últimas administraciones (Obama-Trump-Biden) han buscado cierto control de los migrantes que entran y la forma en que cruzan las fronteras. Y, sobre todo, como reflexiona José Luis González Miranda, coordinador de la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, a Estados Unidos le interesa que los migrantes que cruzan mantengan el miedo a ser deportados. “Necesitan migrantes pero indocumentados; entonces, tanto una administración como la otra van a seguir permitiendo migrantes. Porque si no entrarían en crisis algunos sectores de la economía de Estados Unidos”.

Esta es la búsqueda de una “frontera filtro”, planteada desde la contradicción de países más desarrollados, donde cada año se permita el ingreso de millones de personas para trabajar, para mantener la economía, pero que no logren ser regularizados, sino que permanezcan indocumentados con el objetivo de que ninguno de ellos pueda reclamar derechos laborales, derechos sindicales o prestaciones, ya que de lo contrario se produciría una economía incapaz de competir a nivel global. Sucede en Estados Unidos, España, Francia…

Estados Unidos necesita de los migrantes centroamericanos, pero bajo ciertas condiciones. Controlar el flujo migratorio ha llevado a los políticos norteamericanos a revisar históricamente su relación con la región centroamericana y ahora proponen una agenda enfocada en la lucha contra la corrupción para detener, o por lo menos controlar, la masiva movilidad humana pero configurada por sus intereses unilaterales.

En junio de 2021, la vicepresidenta Kamala Harris visitó Centroamérica para dar una mirada a la región. En ese entonces, Honduras tenía como presidente a Juan Orlando Hernández, luego extraditado a EE.UU. por supuestos vínculos con el narcotráfico; en El Salvador ya  había iniciado el plan de Nayib Bukele para eliminar la división de poderes; Guatemala mostraba importantes retrocesos democráticos, como el inicio de una sistemática persecución penal en contra de jueces y fiscales que habían investigado grandes casos de corrupción; y en Nicaragua ya se consolidaba el gobierno autoritario de Daniel Ortega.

Todo en conjunto trataba también de una región donde las intervenciones militares, la asistencia de EE.UU. a gobiernos dictatoriales durante décadas anteriores, y los proyectos de cooperación para el desarrollo e inversiones han configurado gran parte de la actual inestabilidad económica, política, de seguridad para los países centroamericanos, cuyo efecto colateral ha sido la expulsión constante de sus habitantes.

La visita de la vicepresidenta Kamala Harris planteaba así un nuevo esfuerzo por reconducir el destino de la región con el objetivo de reducir las migraciones.

Luego de la disminución de la movilidad humana durante el 2020, a causa de la pandemia del Covid-19, la nueva administración Biden ponía atención al regreso de la marea humana hacia EE.UU. Para abril de ese 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, alrededor de 750 mil personas habían sido detenidas en la frontera sur de ese país. En su mayoría provenientes del triángulo norte de Centroamérica.

Harris señalaba las precarias condiciones de vida de los países del Triángulo Norte de Centroamérica como una de las causas fundamentales de la migración, además de agregar que la corrupción era uno de los obstáculos más importantes para superar esta situación. Decía la vicepresidenta estadounidense: “por mucho que nos esforcemos en contrarrestar la violencia, en la ayuda ante las catástrofes o en la lucha contra la inseguridad alimentaria, en cualquiera de esas cosas, no conseguiremos avances significativos si persiste la corrupción en la región”.

La vicepresidenta Kamala escucha al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, durante una conferencia de prensa, el lunes 7 de junio de 2021, en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala. Foto: Oliver de Ros

Para enfrentar esta situación, la política exterior estadounidense, ha establecido recursos como la publicación de sanciones a actores políticos señalados de violaciones a Derechos Humanos, casos de corrupción o prácticas en contra de la democracia. Funcionarios de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala han sido incluidos en listados como los de la Ley Global Magnitsky y la lista Engel, que fue actualizada en julio de 2022.

Sin embargo, este tipo de estrategia solo ha evidenciado el problema de debilitamiento que Estados Unidos tiene actualmente para influir en la región, ya que para muchos de los funcionarios, políticos, fiscales, jueces y empresarios que han sido señalados en estos listados, más que un disuasivo, ha significado una medalla al mérito o un ataque, con el que justifican sus acciones bajo el argumento de soberanía. Este elemento es otro más que se añade a las “otras fronteras”, que deben enfrentar los migrantes centroamericanos, ya que las instituciones democráticas se perciben con mayor desconfianza e inestabilidad.

Centroamérica, en cuanto al tema migratorio, se parece a una remachada olla de presión a punto de estallar que, pese a todo, mantiene pequeñas fugas que se configuran por las pequeñas alternativas que encuentran los migrantes para esquivar la violencia y la pobreza de la región. La consecuencia ha sido también ver a los migrantes centroamericanos como refugiados.

Costa Rica, por ejemplo, ha recibido 200 mil solicitudes de refugio desde 2018. De esas, el 89% son de nicaragüenses. Marlen Luna Alfaro, viceministra de Gobernación y Policía y directora de Migración y Extranjería de Costa Rica, ha dicho que ninguno de los nicaragüenses pide refugio por gusto, ya que hay un contexto político de incertidumbre que es necesario de analizar.

Mientras que El Salvador ha experimentado un giro en cuanto a los países de llegada de sus migrantes. Los salvadoreños ya no solo buscan a Estados Unidos como destino. España, Reino Unido, Irlanda del Norte y Alemania han registrado un incremento de solicitudes de asilo en los últimos cinco años. Hasta antes de 2017, Reino Unido recibía menos de 40 solicitudes de asilo de salvadoreños cada año. En 2021, la cifra subió a 703 peticiones, lo cual convirtió a El Salvador en el país con más peticiones de asilo. Esa fue una de las razones por las cuales decidieron poner nuevos requisitos migratorios para los salvadoreños que deseen ingresar al Reino Unido.

Un informe de ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, cuenta las más recientes tendencias que hay en desplazamientos y calcula anticipadamente un nuevo máximo para la siguiente década que mantendrá incrementos constantes. En su informe final de 2021, ACNUR estableció un ascenso de 89,3 millones de personas que están saliendo de manera forzada, es un 8% más en comparación con las cifras del 2020 y que duplica los datos de hace diez años. Entre estas personas que buscan refugio se encuentran 926,026 de Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Hay quienes piensan que, bajo el concepto de “migración forzada”, es necesario unir las categorías de migrante y de refugiado. Sin embargo, el debate actual se centra en cómo se afectaría la situación de los refugiados si se mezcla con el derecho a la movilidad humana. Los refugiados están protegidos por tratados internacionales, y aunque hay un aumento de los migrantes que huyen de la violencia o las condiciones climáticas, la “migración forzada”, como dice Gonzáles Miranda de la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, nunca puede darse una ecuación en la que el migrante es igual a un refugiado. “Este juego de que todos son refugiados daña a los verdaderos refugiados, porque se va deslegitimando los procedimientos de protección que tanto ha costado que los países respeten”.

En 2021, el número de guatemaltecos estimados en situación de inseguridad alimentaria aguda fue de alrededor de 3,45 millones de personas. La desnutrición crónica afectó al 47% de los niños menores de 5 años, la tasa más alta de América Latina y el Caribe. Esta cifra alcanzó el 58% entre los niños indígenas. Es un número importante de posibles solicitantes de refugio para el futuro.

Entre enero de 2020 y julio de 2021, más de 235,400 guatemaltecos fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. En cifras globales, un total de 75,252 niños y niñas del Triángulo Norte de Centroamérica fueron aprehendidos en la frontera sur de EEUU hasta mayo de 2022. Son más de los que llegaron en el mismo período del año fiscal 2021, cuando 58,942 menores de edad fueron retenidos en esa zona.

Los Estados centroamericanos expulsan personas, pero en esencia hay una explicación que se añade a fenómenos como la pobreza y la corrupción, y que radica en cómo los gobiernos no logran cubrir lo mínimo para una vida cómoda, con acceso a servicios tan fundamentales como la energía eléctrica, el agua, un desagüe. Ni siquiera eso está seguro para los centroamericanos. El Panorama de Necesidades Humanitarias 2021/2022, un estudio de Naciones Unidas, identificó a 1,7 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria (una cifra cercana al 25% de la población salvadoreña).

Migrantes hondureños piden aventón cerca de Zacapa, a unos 110 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala. Foto: Oliver de Ros

Y mientras se carece de servicios públicos, las solicitudes de asilo, los niños no acompañados que son interceptados en las fronteras norteamericanas, se incrementan. En promedio, 1,400 infantes son detenidos mensualmente.

Sin agua potable, con comunidades donde ni siquiera es posible cargar un teléfono celular, los desplazamientos internos se convierten en fenómenos sociales y culturales. Y los nuevos sitios de asentamientos se configuran desde el riesgo y la vulnerabilidad ante los impactos naturales como tormentas y huracanes.  El Panorama de Necesidades Humanitarias, publicado a principios de 2020, estableció que hay al menos 1,3 millones de personas desplazadas de manera forzada, en un contexto de pandemia de COVID-19 e impactos de las tormentas Eta e Iota, con Gobiernos incapaces de solventar las necesidades más básicas.

Entre el 6 y el 10 de junio de 2022, mientras una nueva caravana de migrantes venezolanos, cubanos y centroamericanos se conformaba en el sur de México, la IX Cumbre de las Américas tuvo a Estados Unidos como país anfitrión. La agenda de este evento llevado a cabo en Los Ángeles estuvo marcada por los acuerdos relacionados en el tema migratorio, con la paradójica ausencia de los presidentes de México, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Cuba. Algunos analistas se centraron en la debilidad de la influencia de Estados Unidos cada vez menor en la región. Otros expertos se enfocaron en cómo el reclamo sobre el tema migratorio hacia los países ausentes sería la columna vertebral de la cumbre, y los mandatarios, sin haber hecho la tarea, decidieron no acudir a una especie de regaño público. Se perdió una oportunidad de proteger el derecho a la movilidad humana con un enfoque centroamericano, pero, sobre todo, se perdió la oportunidad de utilizar la carta de negociación respecto al control migratorio, como lo hace Marruecos con España o Turquía con la Unión Europea.

Más de una veintena de líderes del hemisferio occidental, sin embargo, presentaron una hoja de ruta para los países que reciben un gran número de migrantes y refugiados en América. La bautizaron como “Declaración de Los Ángeles”. Los permisos de trabajos temporales, un mayor número de visas para refugiados, la creación de vías legales para regular la migración y la reanudación de trámites de regulación, fueron incluidos en este texto que pretende ser la base de un gran consenso regional. La gran crítica, sin embargo, radica en que este documento no tiene efectos legales más allá de los compromisos de los gobiernos que pueden ser cambiados durante sus respectivos ciclos electorales.

Como muchos otros acuerdos internacionales, la “Declaración de Los Ángeles” crea un conjunto de propuestas compartidas que a los gobiernos les gustaría llevar a cabo, pero deja los detalles concretos a negociaciones posteriores. Sin embargo, este acuerdo tiene importancia ya que es el primer intento de crear un conjunto de ideas comunes sobre las migraciones como una de las principales preocupaciones políticas en muchos países, pero que, hasta ahora, nunca había generado una conversación hemisférica. Centroamérica perdió esta primera oportunidad para luchar por los derechos de sus migrantes, que no son pocos y que configuran gran parte de su economía mediante las remesas. Y han sido otros países, sobre todo los que reciben a los centroamericanos, sus solicitudes de refugio y sus trámites humanitarios, los mismos países que los criminalizan y expulsan, los que han decidido su futuro a nivel del continente americano.

Mientras tanto, en este momento hay un migrante centroamericano, en alguna parte de Honduras, El Salvador, Guatemala o México, escondido en el interior de un furgón en movimiento. Espera y confía que no suceda un accidente, que la policía no marque un alto y descubra que viaja oculto junto a cientos de personas. Nosotros solo podemos imaginar la oscuridad, el hambre, el calor, las decenas de respiraciones, los olores y todas las incertidumbres que percibe a su alrededor.

Este trabajo es parte del especial colectivo Otras Fronteras impulsado por medios integrantes de la alianza Otras Miradas: Radio Progreso, No-Ficción, Onda Local y Revista Factum. Con el apoyo de Servicio Jesuita con Migrantes.