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11/09/2021

MayaNiquel y el regreso de las licencias mineras a Guatemala

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), otorgó  la licencia de exploración minera “La Ruidosa I” de 9,565 metros cuadrados en Morales, Izabal  a favor de MayaNíquel S.A. Ninguna de las cuatro empresas mineras rusas con presencia en el nororiente de Guatemala había recibido permisos mineros nuevos desde el 2013; además la empresa ligada a posibles sobornos entregados al presidente Giammattei  tiene 16 solicitudes de explotación y exploración minera pendientes por resolver.

Texto: David Toro
Foto: MayaNiquel
Edición: Oswaldo J. Hernández

El 28 de mayo del 2021, MayaNíquel S.A fue beneficiada con la licencia “La Ruidosa I” para explorar  níquel, cobalto, platino, oro, plata, cobre y otra decena de minerales más en 9.5 kilómetros de terreno en el municipio de Morales, Izabal; sin embargo fue hasta el 8 de septiembre que la decisión del MEM salió a la luz pública.

Carlos Barreda, jefe de la bancada legislativa de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), alertó la tarde del miércoles 8 de septiembre a través de su cuenta de Twitter que el MEM había beneficiado a los mineros rusos de MayaNíquel S.A con dos licencias de exploración minera nuevas. El legislador enfatizó que los permisos habían sido aprobados en tiempo récord.

El MEM, dirigido por el ministro Alberto Pimentel Mata, se vió obligado a responder tras el señalamiento del diputado Barrera. La máxima autoridad minera del país negó que se trataran de dos permisos para extraer los recursos del Estado, además de enfatizar de que la aprobación no fue concedida en tiempo récord. En su comunicado, el MEM indicó que la licencia aprobada era la llamada “La Ruidosa I” que según los registros fue solicitada por MayaNíquel S.A el 15 de febrero del 2010 y que hasta este año, el 28 de mayo de 2021, según la resolución ministerial DGM RESOL - 001-2021, se dio el visto bueno para que la empresa rusa recibiera su tercera licencia vigente en el norte de Guatemala.

El único proyecto de extracción minera vigente que posee Mayaniquel actualmente es “El Sechol”, ubicado en los municipios de Panzos y Senahú de Alta Verapaz. Esta  licencia de 15, 222 metros cuadrados fue otorgada en septiembre del 2013, por el ex ministro de energía y minas Erick Archila, que en la actualidad es prófugo de la justicia, señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de recibir al menos Q75 millones en sobornos provenientes de hidroeléctricas y petroleras durante el gobierno del Partido Patriota.

Rusos expanden su presencia en Izabal pese a escándalo de sobornos

La licencia de “La Ruidosa I” fue concedida a MayaNiquel en fechas que coinciden con los días en que el presidente Alejandro Giammattei habría recibido una alfombra con dinero luego de una reunión con cuatro inversionistas rusos, según una publicación de The New York Times del 24 de agosto. El ex fiscal Juan Francisco Sandoval de la FECI, aseguró que recibió la declaración anticipada de un guardia de seguridad de los visitantes extranjeros en julio, donde relataban cómo habían trasladado la alfombra llena de efectivo hasta la residencia del presidente a petición de los rusos.

No obstante, según esta denuncia, el soborno no estaría ligado directamente a una licencia minera, sino a la concesión de 150 mil metros cuadrados del Puerto Santo Tomás de Castilla ubicado en Izabal, con el propósito de construir una terminal portuaria para el almacenamiento y exportación de todo el material extraído por MayaNíquel. 

Sin embargo tras el escándalo del supuesto soborno al presidente Giammattei, el 31 de agosto la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) decidió dar marcha atrás con la firma del contrato con Atlantic Burk Cargo S.A, una portuaria ligada a las operaciones de transporte marítimo de la empresa International Metal Supply, el conglomerado financiero basado en Lugano Suiza, que además responde como la subsidiaria de MayaNíquel en Guatemala, según el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE).

En la actualidad, los rusos de MayaNíquel, tienen intenciones de obtener cinco licencias de explotación minera. Las solicitudes fueron presentadas entre 2012 y 2013.  Además tienen 11 licencias de exploración pendientes que debe resolver el MEM, que en conjunto, suman 388,432 metros cuadrados para la posible explotación de Níquel principalmente. La mayoría de las solicitudes son en el municipio de El Estor, Izabal, pero la minera también busca expandirse hacia Senahú, Cahabón, Panzós, Cubulco, todo en Alta Verapaz, además de tener interés en Joyabaj, Quiché, según datos recolectados por el OIE.

Una CC cooptada que podría beneficiar empresas mineras

Entre 2018 y 2020, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió tres polémicos proyectos mineros debido a que ninguno de ellos había realizado la consulta comunitaria previa a cada una de las poblaciones ubicadas en las zonas de incidencia, como lo determina el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Guatemala. Estas minas suspendidas son:

El Escobal, una mina de plata que pertenece a Pan American Silver de capital canadiense ubicada en Santa Rosa y suspendida  el 3 de septiembre del 2018. El proyecto minero Fénix ubicado en El Estor, Izabal que pertenece a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) subsidiaria de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group, suspendida  el 18 de junio del 2020. Y por último el proyecto minero La Puya que pertenece a Exploraciones Mineras de Guatemala S.A ubicada en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo y suspendida en definitiva el 11 de junio del 2020.

El abogado Kelvin Jiménez, quien representa al Parlamento Xinca, es amparista en el caso de la mina El Escobal. Él señala que la sentencia fijada por la CC en los tres casos mineros mencionados anteriormente, son un precedente que obliga al MEM a realizar la consulta comunitaria previo a aprobar cualquier tipo de licencia minera, como la otorgada a MayaNíquel S.A el pasado 28 de mayo en Morales Izabal. “El MEM está cometiendo una ilegalidad al obviar lo dictado por la corte donde señala que las comunidades indígenas deben ser parte del proceso desde las fases preliminares de un proyecto”, señala Jiménez.

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Entre 2018 y 2020, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió tres polémicos proyectos mineros debido a que ninguno de ellos había realizado la consulta comunitaria previa. Foto: MayaNiquel.

Sin embargo, todo ha cambiado desde 2021 y con una nueva CC integrada por magistrados afines a sectores pro impunidad, según el abogado Jímenez, la amenaza de retroceso en los logros alcanzados en materia de derechos de pueblos indígenas es evidente. La presentación de un amparo en contra de la licencia minera como la recién aprobada “La Ruidosa I”, sería dar la oportunidad a esta cuestionada CC de establecer una nueva jurisprudencia que incluso revierta todos los criterios relacionados a la omisión de consultas comunitarias que mantiene suspendidos tres grandes proyectos mineros en Guatemala.

“Las autoridades indígenas de los pueblos Xinca, Ixil, K’iche, entre otros se han reunido ante la gran vulnerabilidad y peligro de retroceso que representa esta nueva CC y han acordado que en la mayor medida posible no presentarán amparos en materia de minería, ya que pueden generar resoluciones adversas. Si la situación continúa así, tendremos que llegar al extremo de desconocer cualquier resolución que emane de esta CC, cualquier que viole nuestros derechos” concluyó Jimenez.

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MayaNíquel S.A ligada a posibles sobornos a Giammattei obtuvo nueva licencia de Exploración minera. Foto: MayaNiquel

“El gobierno de Giammattei demuestra ineficiencia para tratar asuntos públicos”

Ante la decisión del MEM de otorgar la licencia minera “La Ruidosa I”, Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), opinó que resulta preocupante que el gobierno del presidente Giammattei priorice aprobar licencias mineras cuando existe una crisis sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19 que se encuentra fuera de control en el territorio nacional. “Este tipo de decisiones solo benefician a una empresa privada y no a la población general, es una acción grave, además vuelven a dar permisos mineros sin realizar la consulta previa a la población que vive en el área de afectación del proyecto”.

El haber descubierto un posible soborno de los rusos a Giammattei habría sido el detonante para que la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, removiera de su cargo en julio al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien ahora se encuentra en el exilio. “La corrupción que Sandoval había descubierto en el MEM en 2020 y las visitas de rusos al presidente, nos muestran que definitivamente en Guatemala aún es necesario un organismo externo como la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). Los actos de corrupción son muy intensos, fue una derrota permitir que el mandato de la Cicig no fuera renovado en 2019”, puntualizó Cadena. 

En tanto, es un hecho que las licencias mineras han sido reactivadas en Guatemala. Y la posibilidad de que cualquier reclamo de derechos por parte de las comunidades afectadas sea entendido como conflictividad social o ingobernabilidad por parte de las autoridades, vuelve a estar presente con cada una de las concesiones que el Estado hace de uno de sus recursos más valiosos: la tierra.   

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