Nicaragua se ha convertido en un distrito minero

El régimen de Daniel Ortega ha puesto a disposición de las transnacionales mineras más de la tercera parte del espacio terrestre del país, añadiendo facilidades legales e incentivos fiscales. Mientras tanto, la lucha comunitaria por la defensa del medio ambiente es reprimida y silenciada.  

El presidente Daniel Ortega ha acelerado la expansión del extractivismo minero en Nicaragua. Entre el 2014 y hasta junio de 2021, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se han otorgado 274 concesiones mineras que suman 988.325 hectáreas. Adicionalmente, se encuentran en proceso de solicitud 120 concesiones que representan 1.927.842 hectáreas, más del doble de la superficie ya concesionada.

A pesar de las grandes cifras, estas se quedan cortas comparadas con el área disponible para la actividad minera en el país: 4.292.832 hectáreas, un poco más del 36 % del espacio terrestre nicaragüense. Pero esto no es todo, la Agencia de Promoción de Inversiones (PRONicaragua) en la que Laureano Ortega Murillo —hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo— es consejero, promociona que el 49,18 % de la superficie del país (6.412.036 hectáreas) está disponible para concesiones mineras.

Empresas mineras como Calibre Mining, Mineros, Mako y Condor Gold resaltan en sus sitios web las oportunidades de oro que les ofrece Nicaragua para consolidar sus proyectos, entre estas: un entorno político favorable, leyes que protegen sus inversiones, ventajas fiscales, repatriación de capitales y un amplio potencial de exploración.

Según la Guía del Inversionista 2021 de PRONicaragua, “dada la importancia de la minería para el desarrollo económico de Nicaragua, el Estado garantiza la estabilidad fiscal para la inversión nacional y extranjera”.

Las ventajas para las empresas mineras son muchas. Por ejemplo, la Ley de Admisión Temporal (382) permite la importación y compra local de materias primas, maquinarias e insumos sin pagar ningún tipo de impuesto, la exención de impuestos a los inmuebles dentro del perímetro de la concesión y ninguna carga tributaria para las exportaciones.  

 Sin embargo, en la mayoría de los casos el deseo minero no nace desde el consentimiento de las comunidades sino que se ha impuesto desde el Gobierno Central, mediante arreglos con los grandes capitales extranjeros, señala un investigador que ha estudiado la evolución del extractivismo minero en Nicaragua, pero que pidió la reserva de su nombre, dado al complicado escenario político que se vive en el país. 

La resurrección de un proyecto que nadie quería

El caso del municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, ubicado a 214 kilómetros de Managua, es un ejemplo de cómo la minería se impone en los territorios. 

En 2004, el gobierno del expresidente Enrique Bolaños otorgó a Minerales Nueva Esperanza (MINESA), una concesión para la exploración y explotación de oro en Rancho Grande, conocida como Tajo Pavón. En 2007, la transnacional canadiense B2Gold adquirió la concesión, la cual, finalmente, fue vendida a la también canadiense Calibre Mining Corp en 2019. 

La población se puso en marcha para defender sus mayores tesoros: bosques, ríos y tierras. Se organizaron en torno al movimiento Guardianes de Yaoska y se les sumaron productores agrícolas, líderes comunitarios, docentes, organizaciones sociales, ambientalistas, feministas y líderes religiosos locales. En 2015, realizaron marchas multitudinarias, pintas, paros escolares, foros, talleres y teatro para concientizar a la ciudadanía sobre los costos ambientales y sociales de la minería.

Todo esto dio su fruto el 12 de octubre de ese año, cuando el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) declaró inviable el proyecto minero Tajo Pavón y le negó a la empresa el permiso ambiental porque ocasionaría afectaciones a la hidrología superficial de las aguas de los ríos Yaoska y Tuma, y tendría impactos negativos en las áreas de tránsito natural de las especies silvestres hacia las Reservas Naturales del Macizo de Peñas Blancas y Bosawás.

En Rancho Grande recibieron la noticia con alegría pero, a la vez, con suspicacia porque nunca obtuvieron el decreto firmado. El 28 de julio de 2020, mientras el país continuaba sumergido en la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018 y que ha dejado al menos 328 personas asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Calibre Mining Corp anunció que el MARENA le entregó el permiso ambiental para Tajo Pavón, por un total de 31,5 km2.

Reynerio Huete, habitante de la comunidad Carpas Uno, en Rancho Grande, considera que la supuesta inviabilidad del proyecto minero solo fue una jugada política del régimen de Daniel Ortega para sofocar uno de los frentes de movilización social más importantes del país, en vista de que se aproximaban las elecciones generales de 2016 y las municipales de 2017. “Este es un municipio rebelde, entonces para bajarle el gas a la gente y a los Guardianes del Yaoska declaran no viable la minería, pero no anularon la concesión”, sostiene.

Solicitamos una entrevista con Calibre Mining y vía correo electrónico respondieron que, a través de estudios científicos y reuniones participativas, demostraron “que el proyecto minero se podía realizar cuidando el medio ambiente y generando beneficios económicos y sociales”. La empresa agrega que le entregaron al MARENA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el 24 de marzo del 2020 y que las comunidades de Rancho Grande participaron en la audiencia pública del 5 de junio de 2020 donde se presentó el EIA.

Solicitamos copia del EIA al MARENA y una entrevista para conocer sus consideraciones sobre el tema, pero no obtuvimos respuesta. 

Aunque Calibre Mining dice contar con el apoyo de las comunidades, el liderazgo comunitario de Rancho Grande se siente amenazado e imposibilitado de protestar. A partir de 2018, en Nicaragua se intensificó la criminalización de las protestas. La respuesta del Estado ha sido la represión y la cárcel y por ese motivo varios de los ambientalistas y especialistas consultados para este reportaje han solicitado que no se mencionen sus nombres.    

El líder comunitario Reynerio Huete, señala que “los guardianes del Yaoska no se volvieron a reunir por temor a la represión. Después de los tranques [bloqueo de carreteras] no han permitido que nadie se reúna”, agrega.

“Nos dijeron [la policía] que si seguíamos en esas cosas, uno a uno, nos iban a echar presos”, agrega Socorro Huerta, productor de la comunidad de Buenos Aires.

 

De hecho, para septiembre de 2018 la policía emitió un comunicado calificando de ilegales las protestas en contra del presidente Ortega y un mes después  reiteró que no se permitirían manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no contaran con el debido permiso. Desde entonces, no se ha autorizado ni permitido ni siquiera una reunión pacífica, a pesar de que el artículo 53 de la Constitución Política nicaragüense establece que el ejercicio de este derecho “no requiere permiso previo”.

Los efectos de la minería en Rancho Grande

   

En 2018, mineros artesanales de Nicaragua, principalmente del Triángulo Minero —conformado por los municipios de Rosita, Siuna y Bonanza— llegaron a Rancho Grande y empezaron la explotación artesanal de oro en fincas privadas. Luego, la pequeña minería proliferó y se volvió incontrolable.

Con las protestas sociales desmontadas y el desorden ocasionado por la pequeña minería, Calibre Mining empezó a trabajar en la reactivación del proyecto que se había declarado inviable en 2015. La empresa entró en negociación con los habitantes de la zona para adquirir las propiedades abarcadas en la concesión.

Y es que, además del permiso ambiental, otro de los requisitos para que las mineras puedan iniciar operaciones, es tener un acuerdo con los dueños de las propiedades. Calibre Mining manifiesta que “todos los procesos de compra de propiedad se han realizado de acuerdo con las leyes nacionales, a las mejores prácticas internacionales y en respeto a los derechos de los propietarios”.

Por su parte, la gente que no ha vendido siente que no tiene ningún respaldo para continuar con su oposición. Juana María Loáisiga, del Movimiento Guardianes de Yaoska, asegura que “esperanza en nuestra alcaldesa no tenemos porque ella es la primera que está de acuerdo con que ellos [los mineros] destruyan”. 

Reynerio Huete agrega: “Un tío mío vendió una finca de 115 manzanas a esa empresa. Hoy está en escombros, derribaron toda la montaña, ahí está como un desierto todo eso”.

Otro de los efectos del ‘boom’ minero en Rancho Grande es la escasez de mano de obra para otras actividades productivas como cacao y café, asegura Alexander Moncada, agrónomo de la Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal (ADDAC). “Los productores han cambiado la actividad agrícola por la minería. Y eso ha venido a aumentar los costos para los dueños de cacao y café. Se ha hecho un descontrol total en el manejo del uso del suelo”, señala.

Lo que sucede en Rancho Grande ha tomado por sorpresa a muchos ya que el municipio no ha tenido una tradición minera, señala una ambientalista. Según dice, su base económica se centra en la producción y comercialización agropecuaria, principalmente de café, cacao, arroz, malanga, yuca, naranja, mandarina, aguacate, pijibay y chayote.

Para la experta, todo este potencial productivo será afectado por la minería debido al daño a la superficie terrestre y la contaminación del agua. 

A pesar de las preocupaciones, Calibre Mining insiste en que “aplica un modelo de minería sostenible, que cuida el medio ambiente y protege las fuentes de agua. En las comunidades de Rancho Grande, Calibre ha establecido viveros a las orillas de quebradas que alimentan al río Yaoska; se capacita a productores de las comunidades para que mejoren sus técnicas y protejan el entorno”.

Calibre Mining se expande a pasos gigantes

Aunque Rancho Grande es un caso emblemático, la presencia de Calibre Mining en Nicaragua ya lleva más de una década, pues llegó al país en 2009. En julio de ese año adquirió el proyecto de oro y cobre Borosi, ubicado en el triángulo minero de Nicaragua, Costa Caribe Norte, luego de obtener el 100 % de la empresa Yamana Nicaragua S.A., renombrada como CXB Nicaragua S.A.  

La expansión de Calibre mining ha sido vertiginosa. El 15 de octubre de 2019 anunció la adquisición de todos los proyectos de la empresa B2Gold: El Limón, La Libertad, Oro Pavón, así como las concesiones minerales de las subsidiarias de B2Gold: Tritón Minera S.A., Desarrollo Minero de Nicaragua S.A. (DESMINIC), Quirós Gold S.A., Minera Glencairn S.A. y Minerales Nueva Esperanza (MINESA), por una contraprestación total de 100 millones de dólares.

Con la compra de B2Gold, Calibre Mining ha consolidado el oligopolio de la actividad minera industrial en el país, concentrando aproximadamente el 70 % de la producción de oro y el 15,7 % de las concesiones vigentes en el país, según señala el estudio ‘Valoración socioambiental de la actividad minera metálica en Nicaragua’, correspondiente al periodo 2016 – 2019, de la organización Centro Humboldt.

La expansión de la empresa también incluye nuevas solicitudes mineras que en este momento están en trámite. Desde 2014, y hasta el primer semestre de 2021, el Ministerio de Energía y Minas recibió 83 nuevas solicitudes de concesiones metálicas de las cuales 55 (66.3 %) fueron realizadas por Calibre Mining y su subsidiaria DESMINIC S.A. 

La codicia dorada llega a Camoapa 

El 3 de enero de 2018 una concesión minera irrumpió la tranquilidad del municipio de Camoapa. El Ministerio de Energía y Minas publicó en La Gaceta el acuerdo que otorga a la empresa Glencairn, subsidiaria de Calibre Mining, una concesión minera en el lote denominado El Rosario, con una superficie de 18.600 hectáreas en los municipios de La Libertad, departamento de Chontales, y Camoapa, departamento de Boaco. El área concesionada en Camoapa es de casi 9.900 hectáreas, las cuales se superponen con territorios de las comunidades Amores del Sol, El Sabalar y San Antonio. Las primeras actividades de exploración ya empezaron.

Gretchen Martínez, alcaldesa de Camoapa afirma que no está de acuerdo con la minería. “Todos lo dibujan bonito, que no van a causar ningún perjuicio, que más bien van a abrir fuentes de trabajo. Camoapa se ha caracterizado por ser una zona ganadera. Es cierto que la ganadería no ha sido sostenible ambientalmente, pero la magnitud del daño no es comparable con el causado por la minería”.

A Martínez le preocupa que agricultores y ganaderos, que anteriormente habían manifestado su desacuerdo con la minería, vendan sus fincas. “Algunos de los productores que inicialmente decían oponerse, permitieron la exploración. Con uno que venda estamos mal”, resalta la alcaldesa.

Santiago Flores, productor de la comunidad Amores del Sol, es uno de los que accedió a que la empresa hiciera exploraciones porque le dijeron que únicamente iban a hacer pruebas. “Anduvieron ahí en la finca sacando muestras. También estuvieron en las fincas de Onofre Marín y Walter Matus haciendo pruebas, excavando”.

En 2018, recuerda Flores, unos 150 productores se reunieron en la comunidad de El Sabalar y manifestaron que no estaban dispuestos a vender las fincas. “Yo no vendo a ningún precio”, enfatiza.

Las hermanas del productor Donali Hernández tienen una finca en El Sabalar. Ninguna aceptó la exploración. “Históricamente hemos vivido en esas propiedades, hemos trabajado en ellas, no veo que quieran vender porque son herencia de nuestros abuelos”.

En Camoapa, igualmente se sienten con las manos atadas para defender los territorios. “Hasta hace un tiempo se podían hacer llamados, manifestaciones y pancartas oponiéndose a la minería. Ahora, cualquier tipo de movilización ofende”, declara la alcaldesa. 

Haydée Castillo, defensora de derechos humanos, explica que el régimen de Daniel Ortega se sostiene por la represión e imposición de un modelo económico extractivo. En todos los territorios donde hay concesiones mineras “la gente ha tenido que auto silenciarse porque su vida y libertad corren peligro”.

Minería: amenaza latente para San Lorenzo 

Aunque Calibre Mining domina la minería en Nicaragua, otras empresas también avanzan poco a poco en el país.

Desde enero de 2019, la empresa Royal Road Minerals y su socio Hemco, propiedad del grupo colombiano Mineros, han trabajado en adquirir los permisos ambientales para las pruebas de perforación de tres proyectos de exploración: Los Andes, Montecarmelo y Caribe. Como parte de este proceso, en 2019, Royal Road Minerals, obtuvo el primer permiso en la historia de Nicaragua para perforar pozos a una profundidad de 1000 metros, específicamente para el proyecto Los Andes, informa la empresa en su sitio web. 

Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la concesión Los Andes, la historia se remonta al 8 de junio de 2010 cuando el Ministerio de Energía y Minas aprobó la concesión minera a la empresa Inversiones Ecológicas Sociedad Anónima (INECOSA), con una superficie de 4.553 hectáreas, ubicadas en los municipios de Comalapa y San Lorenzo, en los departamentos de Chontales y Boaco respectivamente. En La Gaceta del 21 de octubre de 2015, se informó que INECOSA cedió la concesión de Los Andes a la empresa NICAZA, filial de la canadiense CAZA GOLD CORP y en 2017, finalmente, Royal Road Minerals compró a Caza Gold y así se adueñó de la concesión.

Según dice Royal Road Minerals, el proyecto Los Andes está en una etapa de exploración inicial y está reinterpretando la información que la empresa Nicaza obtuvo en su trabajo previo. “De cada 1000 proyectos de exploración solo 1 pasa a una fase de construcción y operación. Por otro lado, los proyectos de exploración pueden tardar entre 10 a 15 años para llegar a una etapa de operación”, puntualiza la empresa.

Pedro José Castro Huete, poblador de la comunidad de Quizaltepe, San Lorenzo, cuenta que, “hace como unos 10 años había reuniones. Nos preguntaron si estábamos de acuerdo pero les dijimos que no porque todas las fuentes de agua dependen del cerro Quizaltepe”.

Dora Olivar, comunitaria de San Francisco del municipio de San Lorenzo, dice que los químicos usados en la minería caerían sobre el río. “Yo me siento perjudicada, no sólo a mí, sino a todas las comunidades ubicadas sobre la ribera del río. El que dice que no perjudica, está ciego”.

Juan Olivar, también de San Francisco, señala que el Cerro Quizaltepe es esencial en sus vidas ya que les proporciona agua para la ganadería y la agricultura. “Para explotarlo tendrían que desbaratarlo y habría una gran contaminación. Ya no nos va a servir el agua ni para los animales”, comenta.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) asevera que la concesión del proyecto está localizada en zonas donde la pobreza es severa, razón por la cual, “la mayoría de las comunidades están de acuerdo con el desarrollo del proyecto de exploración, ya que ven la posibilidad de obtener trabajo”.  Pero, Juan Olivar no lo cree así. “Trabajo no vamos a tener. Eso lo van a hacer las máquinas”. Y al parecer podría tener razón ya que el mismo EIA dice que en la fase de exploración únicamente se generarían 60 empleos.

Olivar tampoco cree que la minería sea amigable con el medio ambiente. “Aquí no más tenemos las concesiones de Santo Domingo y La Libertad. Las montañas han quedado desbaratadas, los ríos no sirven, están contaminados. Tendríamos que comprar el agua, al igual que el combustible. Las minas sólo dejan perjuicios  porque el oro se lo llevan otros, a nosotros nos dejan más pobres”.

Sin embargo, el EIA habla de daños “mínimos” pues indica que, aun sin que opere el proyecto, el medio ambiente en la zona ya está deteriorado. Por ejemplo, señala que “las fuentes de agua superficiales experimentan un deterioro progresivo que se manifiesta en una drástica reducción de caudal en la época seca y una alta concentración de sólidos. El deterioro de las fuentes de agua se manifiesta en las quebradas donde pueden observarse grandes bancos de material sedimentado sobre el cauce y una reducción del flujo de agua”.

Pero el EIA también señala que la actividad minera ocasionará alteraciones del drenaje natural y escorrentías por la construcción de las vías de acceso, incremento de los procesos erosivos sobre los ecosistemas acuáticos, ruidos, alteración temporal del paisaje e impactos potenciales sobre la calidad del agua.

El estudio ‘Valoración socioambiental de la actividad minera metálica en Nicaragua’ de la organización Centro Humboldt menciona que el proyecto minero impactará sobre todo el uso del suelo ya que, en el área de la concesión, el 52,5 % se ha dedicado a la actividad agropecuaria y se identifican zonas de bosques de gran importancia. La actividad minera también frenaría la regeneración natural del bosque.

A la organización le preocupa  que se afecte el potencial agrícola de la zona  y los sistemas agroforestales. “De poder desarrollarse estas actividades de manera sostenible podrían generar mejores ingresos para las comunidades que permitir la minería a cielo abierto”, señala el documento. Asimismo, a los ambientalistas consultados les preocupa que la concesión se encuentra cerca de dos áreas protegidas: La Reserva Natural Cerro Mombachito a casi 7 kilómetros y el humedal de Tisma a 34,5 kilómetros. De darse la explotación minera, existe una alta probabilidad de que los contaminantes lleguen al humedal por medio del río, expresa uno de los expertos consultados y que pidió la reserva de su nombre. 

Royal Road Minerals asegura que “en la etapa de exploración del proyecto no se puede hablar de impactos ambientales de una fase de explotación. Los impactos ambientales asociados a los trabajos de exploración, la mayoría son temporales, localizados, reversibles, de acumulación simple e intensidad de media a baja”.

La empresa añade que implementan instrumentos de gestión ambiental que les permiten gestionar adecuadamente los potenciales impactos ambientales de los proyectos de exploración. Uno de estos es el Programa de Gestión Ambiental (PGA), “el cual está en constante actualización y es aprobado por las instituciones que conforman la comisión ambiental de seguimiento a los proyectos mineros, tales como: MARENA, MEM y la Alcaldía municipal”.

Mientras la empresa avanza en la exploración inicial de la zona, las comunidades de San Lorenzo, al igual que en Rancho Grande, se sienten imposibilitadas de defender sus territorios debido a la criminalización del Estado, según cuenta Pedro José Castro. “Hace meses vinieron cuatro camionetas de antimotines preguntando por nosotros, mencionando los nombres de los que hacíamos reuniones, dijeron que era prohibido hacer reuniones. Estamos amenazados de caer presos. ¿Qué hacemos?… Quedarnos calladitos”, dice.

Ante esta situación la compañía responde que “busca generar relaciones de mutua confianza con las comunidades del entorno, y es por ello que se cuenta con un plan de relacionamiento con los grupos de interés”.  Dicen que han realizado reuniones informativas para resolver los interrogantes o dudas de las poblaciones y que organizan reuniones antes, durante y después de cada actividad de exploración. 

Según la empresa, no ha comprado ninguna propiedad ya que en los programas de exploración se firman convenios de servidumbre con los dueños de propiedad “y estos aprueban nuestro ingreso a sus propiedades para realizar muestreos de suelos o geofísica en general”. 

En Nicaragua, además de la canadiense Calibre Mining Corp y la colombiana Mineros, opera la empresa británica Condor Gold con 10 concesiones en la comunidad de Santa Cruz de la India, municipio de Santa Rosa del Peñón, departamento de León y otras concesiones en los departamentos de Boaco y Caribe Norte.

También está la canadiense Mako Mining Corp, anteriormente Golden Reign, que explota la concesión de San Albino en El Jícaro, Nueva Segovia, la cual permaneció inactiva por casi un siglo y donde Sandino, el héroe nicaragüense, trabajó como minero y armó su pequeño ejército para combatir la intervención extranjera. Por su parte, la empresa minera Los Lirios de Honduras, obtuvo entre 2013 y 2014 las concesiones mineras El Gauylo I y II, ubicadas en el municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí.

Mientras las mineras continúan expandiéndose en Nicaragua, las comunidades afectadas se sienten traicionadas y abandonadas por el Estado. Juana Loáisiga de Rancho Grande manifiesta que a pesar de que el gobierno le ha quitado la libertad de expresión, hasta el día de su muerte dirá: “no a la minería”. 

Este reportaje es parte del especial El verdadero precio de la minería en Centroamérica. Un proyecto colaborativo impulsado por Otras Miradas, Mongabay Latam, No-Ficción, Onda Local, Radio Progreso y Nicaragua Investiga.