El plan del oficialismo para centralizar la fiscalización durante el Covid-19

La Junta Directiva del Congreso, liderada por Vamos y bancadas aliadas, crearon cuatro comisiones para controlar la fiscalización de los recursos que fueron aprobados por el Gobierno para combatir la crisis generada por el Covid-19. Las bancadas opositoras denuncian que es un plan del oficialismo para controlar la verificación de gastos y evitar que los Ministros o sus despachos atiendan citaciones por parte del Congreso.

El martes 14 de abril, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, con el respaldo de su Junta Directiva, decidió crear cuatro comisiones para fiscalizar únicamente los recursos que fueron aprobados por el Legislativo para el manejo de la crisis ocasionada por el coronavirus. “Con estas medidas no solamente promovemos una ejecución responsable, también estamos fortaleciendo la institucionalidad entre Organismos de Estado”, dijo Rodríguez.

Un día después, las comisiones presidenciales fueron presentadas a las diferentes bancadas legislativas bajo la siguiente propuesta: plan de acompañamiento y fiscalización legislativa de los recursos aprobados por el congreso de la república por el COVID-19.

Las cuatro comisiones presidenciales se llaman: comisión de protección y desarrollo social, comisión de protección ciudadana, comisión de protección y reactivación económica y comisión de protección sanitaria y ambiental.

Cada una tiene una función específica e instituciones a las que debe fiscalizar, por ejemplo, la comisión enfocada en el desarrollo social deberá supervisar, entre algunos temas, la entrega de alimentos que hará el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Agricultura y la entrega del bono de protección al empleo que debe coordinar el Ministerio de Trabajo al momento de que a un empleado se le suspenda su contrato laboral.

A la comisión de protección sanitaria deberá rendir cuentas el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) sobre las acciones implementadas para evitar la propagación del virus. En la comisión de protección ciudadana se fiscalizará el trabajo de los Ministerios de Gobernación y Defensa por el control en las fronteras. La comisión enfocada en la reactivación económica deberá supervisar los recursos del fondo para dar créditos a empresas afectadas.

Esto no fue aceptado por todos los bloques, quienes denunciaron que se trata de un plan para evitar la detección de anomalías en las compras que haga el Ejecutivo. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Semilla, Winaq y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) señalaron que se busca limitar su tarea de fiscalizar los más de 11 millardos aprobados para combatir la emergencia.

En el Congreso hay 34 comisiones ordinarias y el artículo 32 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo explica que pueden crearse comisiones extraordinarias y específicas con dos terceras partes del total de los diputados. Existe otra figura: es la comisión singular que sirve únicamente para actos ceremoniales y de representación del Congreso en actos.

Sin embargo, el argumento legal usado para crear las cuatro comisiones fue el inciso L del artículo 18 de la Ley Orgánica que señala que el presidente del Congreso: “En caso de urgencia, podrá designar comisiones específicas o encargar determinadas funciones a uno o más diputados. De estos actos dará cuenta al Pleno del Congreso dentro de las primeras dos sesiones siguientes”. Estas fueron creadas bajo acuerdos legislativos.

El diputado de la bancada Semilla, Samuel Pérez fue de los primeros en oponerse y señaló que la creación de las comisiones es un favor al Ejecutivo puesto que no se hará una correcta fiscalización. Agregó que una de las advertencias que se hizo al presidente Alejandro Giammattei al momento de aprobar las ampliaciones presupuestarias fue que se haría la supervisión de los recursos.

“El Congreso no está para ser la oficina legislativa del presidente (Alejandro Giammattei), sino para hacer un trabajo de fiscalización, de denunciar cuando las cosas se están haciendo mal y de revisar que el dinero no está llegando a la gente. Esas son algunas de las advertencias que le dimos al presidente del Ejecutivo cuando le aprobamos la ampliación. Para eso está el Legislativo, para hacer las denuncias y hacer el trabajo de fiscalización”.

Por aparte, los diputados de la UNE explicaron que no participarán porque el fin de las comisiones es limitar y mediatizar el trabajo de la oposición. A través de un comunicado reiteraron que el presidente del Congreso no puede controlar el actuar de los diputados.

“La presidencia del congreso y la junta directiva no pueden limitar la fiscalización de los diputados y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. La Junta Directiva tampoco tiene la potestad de controlar las competencias y funciones de los diputados y de las comisiones de trabajo como se pretende con la creación de cuatro comisiones presidenciales para dar acompañamiento y fiscalizar a instituciones del Estado durante la emergencia.”.

Para esta fiscalización se contará con el apoyo de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que, por su cuenta creó un acuerdo interno que suspende las auditorías realizadas por el ejercicio fiscal 2019 y se centrarán en supervisar las compras hechas durante el Estado de Calamidad por el Covid-19.

“Es un rechazo al pueblo de Guatemala”

Tras la negativa de algunas bancadas, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez aseguró que no se está limitando la labor fiscalizadora de los diputados y diputadas, sino que se busca tener un mejor control del gasto público. Sobre los señalamientos de la UNE, dijo que por primera vez el Congreso está trabajando de una manera ordenada y lo que buscan los bloques que cuestionan es boicotear.

“Ellos han malentendido el hecho de ser oposición y justamente se oponen a todo. Ya lo vemos en el hermano país de El Salvador donde la oposición en el Congreso se ha opuesto a todo. Creo que aquí están tomando ese ejemplo, están tratando de boicotear y están en contra de todo lo que propone el congreso que por primera vez está trabajando de una manera ordenada y coordinada. Hoy Guatemala necesita que todos los guatemaltecos nos unamos y los organismos del Estado no somos la excepción. Han sido tomados en cuenta para integrar estas comisiones, pero se manifestaron que no quieren participar. El rechazo no es al presidente del Congreso, el rechazo no es a la Junta Directiva, el rechazo es al      pueblo de Guatemala”.

A decir del diputado Carlos Barreda del bloque UNE, la creación de las comisiones no puede impugnarse ante la Corte de Constitucionalidad (CC) porque se encuentran dentro de las atribuciones del presidente del legislativo. “No se puede impugnar, pero lo que hicimos fue denunciarlo públicamente (como lo hicieron otras bancadas). Hay una palabra que quizá hace ruido en la creación de esas comisiones y es la de “acompañamiento” porque el Congreso está para fiscalizar, no para dar acompañamiento del gasto, pero no creo que se pueda impugnar”.

Una comisión similar fue creada en 2019 por el entonces presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, y fue conocida como “comisión de la verdad” que tenía como rol investigar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y presentar denuncias en contra de fiscales del Ministerio Público (MP). La creación de esta comisión fue criticada por algunos diputados, pero no se pudo impugnar porque era una atribución de Arzú Escobar.

La bancada Winaq explicó que la decisión del presidente Rodríguez es ilegal porque busca limitar el trabajo de los congresistas. El legislador Aldo Dávila de esta agrupación política añadió que como bancada seguirán fiscalizando y citando a las instituciones y funcionarios.

“Esto a todas luces es ilegal (la creación de las comisiones) porque todos los diputados podemos fiscalizar y es una de nuestras obligaciones. Recordemos que como diputados legislamos, mediamos y fiscalizamos, y nos están prohibiendo fiscalizar si no pertenecemos a una de estas comisiones o simplemente no será reconocida nuestra fiscalización. Eso no se puede permitir y nosotros seguiremos fiscalizando los recursos asignados al Covid-19 para que lleguen a donde deben llegar”.

De hecho, la bancada Semilla ya denunció públicamente que el Ministerio de Salud no ha traslado información sobre posibles compras sobrevaloradas que han detectado. Lo mismo ocurre con información que han solicitado en las carteras de Economía y Desarrollo Social.

Walter Félix, del bloque URNG, también mostró su desacuerdo bajo el argumento que las comisiones fueron creadas de manera inconsulta y se viola la Ley Orgánica del Organismo Legislativo porque se limitan las funciones de las comisiones ya creadas, así como las atribuciones de los diputados y diputadas.

Las bancadas que apoyaron pedirán incentivos

En el Congreso no hay antecedentes de comisiones creadas para centralizar la fiscalización, pero sí de negociaciones entre Ejecutivo y Legislativo que ha revelado el Ministerio Público.

Para el politólogo, Renzo Rosal, las bancadas podían hacer la tarea de fiscalización, pero el presidente del legislativo optó por crear comisiones de manera unilateral, que la ley se lo permite, pero no lo consultó con los demás diputados que aprobaron las ampliaciones presupuestarias para combatir la emergencia.

El analista político recalcó que la creación de estas comisiones de trabajo genera desconfianza porque históricamente el congreso es un centro de negociaciones entre ambos poderes del Estado y pone como ejemplo la distribución en el listado de obras.

“Históricamente ha habido un claro interés en generar un escenario de impunidad al Ejecutivo. Sí el Ejecutivo les facilita proyectos de infraestructura en sus departamentos (de los diputados de oposición), este tipo de bancadas se prestan a proteger al ejecutivo. Esa misma lógica se puede dar con la creación de las comisiones, es decir, no te fiscalizo correctamente, pero a cambio recibo algo y pueden ser los proyectos”.

En Guatemala se han registrado actos de corrupción en tragedias naturales. Renzo Rosal concluye que las comisiones creadas son un escudo de protección para evitar la detección de actos anómalos durante la atención de la crisis generada por el coronavirus.

“Tenemos antecedente de que durante las tragedias como el Mitch y Stan la ayuda no llegó a los necesitados y se ejecutaron de manera sobrevalorada. Me parece que estas comisiones son parte de un instrumento de blindaje y protección del manejo, probablemente opaco, de lo que se harán con los recursos aprobados porque el congreso no está para dar acompañamiento al Gobierno, sino para fiscalizar”.

Las otras bancadas que apoyaron al presidente del legislativo fueron: Visión con Valores (Viva), Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Unión del Cambio Nacional (UCN), Todos, Valor, Prosperidad Ciudadana, Humanista, Partido de Avanzada Nacional (PAN), Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y Unionista.

Armando Castillo, tercer vicepresidente de la Junta Directiva y diputado de Viva, reconoció que la rápida creación de las comisiones por parte de la presidencia generó suspicacia, pero asegura que se fiscalizará de una forma transparente. Enfatizó que no se extorsionará a ningún funcionario y que se presentarán denuncias en caso de detectar irregularidades.

“Esta es una idea que surge en la Junta Directiva y haberlas creado como comisión presidencial era lo más ágil. Nosotros estamos conscientes de que esto puede generar suspicacia en cuanto a que la fiscalización no sea tan efectiva. En lo particular y como bancada VIVA vamos a participar porque lo que se va a generar es una fiscalización institucional (…) con las bancadas que estamos (en las comisiones) vamos a hacer una fiscalización efectiva. Eso sí, no se trata de linchar funcionarios, no se trata de extorsionar funcionarios, lo que se trata es vigilar que se haga un buen trabajo y el que no lo esté haciendo lo vamos a denunciar”.

Para Eddy Cux, presidente de la organización Acción Ciudadana, rama de Transparencia Internacional en Guatemala, es importante que la misma población haga la tarea de fiscalización y que no sea únicamente un trabajo del Congreso. Remarcó que existe una preocupación desde la sociedad civil a que se pretenda centralizar en el Congreso la rendición de cuentas del Ejecutivo.

“La ciudadanía tiene ese derecho que está en la constitución y en este momento que las organizaciones civiles, autoridades ancestrales puedan mantener una observación constante sobre la utilización del gasto público. Como Acción Ciudadana estamos trabajando sobre ese tema y vamos fiscalizar. Vamos a presentar algunos informes. Lo que preocupa en estos momentos es que los recursos que fueron aprobados para la gente no lleguen y se quede en intermediarios”.

«En el Congreso no hay antecedentes de comisiones creadas para centralizar la fiscalización, pero sí de negociaciones entre Ejecutivo y Legislativo que ha revelado el MP». 

11 millardos para emergencia

Durante la madrugada del viernes 3 de abril, después de una maratónica sesión, el Congreso aprobó la Ley de Rescate Económico a las Familias por Efectos Causados por el COVID-19 que establece una ampliación presupuestaria de Q11 millardos que se financiará a través de endeudamiento público. Dicha ampliación contempla la creación de tres fondos que tienen como propósito mitigar la crisis económica.

       Fondo Bono Familia:

Asignación de Q6 mil millones y servirá para dar aportes de Q1 mil, durante tres meses, a las familias que son afectadas económicamente por la emergencia sanitaria. La institución que deberá otorgar el bono será el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

        Fondo para la Protección del Empleo:

Asignación de Q2 mil millones y tiene como objetivo compensar mensualmente con Q2,250 a quienes les fueron suspendidos sus contratos laborales. Este fondo será ejecutado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) con la coordinación del Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo.

        Fondo de Crédito para Capital de Trabajo:

Asignación de Q3 millardos que servirán para dar créditos a empresas que fueron afectados por la emergencia. El monto máximo que se otorgará es de Q250 mil. Estos recursos también serán administrados por el Crédito Hipotecario Nacional.

Dos días después, el 5 de abril de 2020, el Congreso avaló una nueva ampliación de un poco más de Q5 millardos de los cuales únicamente el 16 por ciento (Q826 millones) está destinado a atender la crisis. Ese monto se distribuye de la siguiente manera: Q370 millones para la adquisición de ventiladores y pruebas para detectar casos de COVID-19, Q360 millones para el subsidio a la energía eléctrica, Q70 millones para remozamiento y equipamiento de hospitales y Q26 millones en un bono de riesgo para los trabajadores de salud.

Cuando se aprobaron las ampliaciones presupuestarias las bancadas de oposición reiteraron que supervisarán el uso de los fondos, pero el presidente del Congreso busca centralizar la fiscalización a través de cuatro comisiones que fueron creadas por él y su Junta Directiva con las que, según las bancadas opositoras, se busca evitar las citaciones de funcionarios.