El pecado constitucional del deporte

El único país en el planeta que asigna un porcentaje del presupuesto nacional al deporte, desde su texto Constitucional, es Guatemala. Una intención que pervirtió a los dirigentes históricos del deporte, y que ha permitido la construcción de estructuras políticas para el control y la opacidad de los recursos asignados al deporte guatemalteco.

Escucha los gritos de los aficionados, a lo lejos. Ahí desde el fondo de las canchas deportivas, desde las sombras de los cuadriláteros, las duelas, los vestidores y las pistas, sin el brillo de las medallas. Escucha todo el murmullo de gloria o reclamos que vienen desde los graderíos de la superficie. Porque debajo de todo, el deporte contiene un mundo aparte. Un universo sin atletas, lleno de administradores y burócratas. Un pequeño Estado dentro del Estado de Guatemala, con reglas propias, líderes y pugnas políticas particulares, donde todo gira alrededor del dinero: un número cercano a los Q1 mil millones (US$ 134 millones) asignado por mandato constitucional al deporte federado y no federado (un tres por ciento del presupuesto nacional).

Lejos de los reflectores y los estadios, los dirigentes deportivos trabajan políticamente por el control de las instituciones deportivas y los recursos del Estado. Una dinámica subterránea que se acompaña siempre con el discurso olímpico, la sana competencia y la cultura del deporte.

Esta es la historia del uso político del deporte en Guatemala. Su situado constitucional. Los personajes y los momentos históricos que han configurado la opacidad con que se administran los recursos de la práctica deportiva. 

Líneas constitucionales  

Desde la Constitución Política de 1985, el deporte en Guatemala tiene un capital asegurado. Cada año, la cifra crece junto a lo recaudado por el Estado para constituir el presupuesto nacional. De Q10 millones (US$ 3.4 millones) iniciales en aquellos años ochenta, el deporte luego de más de 30 años de su asignación constitucional, alcanza en la actualidad, una cifra cercana a los Q1 mil millones (US$ 134 millones).

“Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado”, indica el artículo 91 de la Constitución Política de la República.

Este artículo, estas apenas tres líneas, han configurado toda la dinámica del financiamiento del deporte de las últimas tres décadas en Guatemala. Es la raíz de las disputas políticas internas más evidentes del deporte guatemalteco. Los bloques, las alianzas, las traiciones. El control. Los grupos, la subordinación de las federaciones, el manejo de las asignaciones de dinero para cada deporte. Las elecciones federativas. Los vínculos necesarios con los gobiernos de turno. Los intentos de intervención a la autonomía.

En sí, es el pecado constitucional del deporte que ha permitido opacidad en el manejo político de las instituciones deportivas. De Q1 mil millones, el 50 por ciento es asignado para el deporte federado (CDAG y COG) y el otro 50 por ciento para el no-federado (en los Ministerios de Educación y el de Cultura y Deportes).

Las tres grandes casas del deporte

Históricamente, desde la creación de los artículos constitucionales, el control del deporte en Guatemala –configurado por el presupuesto constitucional– se ha disputado bajo los estandartes de tres casas deportivas: el Boxeo, la Lucha y el Remo/Canotaje.

Tres disciplinas de 46 en total con tres liderazgos que a lo largo de 30 años han protagonizado alianzas y disputas estratégicas. Un escenario político del deporte habitado por el ex referí de boxeo internacional, Willi Kaltschmitt; el ex dirigente de la federación de Remo/Canotaje, Rolando Castro de León; y el ex dirigente de la federación de Lucha Francisco Lee López.

“La estrategia, a pesar de las disputas entre los dirigentes, ha sido la de conservar la independencia del deporte en Guatemala”, dice Rolando Castro de León, también ex presidente de la CDAG en tres ocasiones (1973-1975, 1995-1997 y 2005-2007).

Cada uno de estos dirigentes históricos ha participado de momentos coyunturales importantes para el deporte nacional. Han ganado o fracasado. Han creado alianzas temporales. Se han acusado judicialmente entre ellos. Han construido leyes para evitar la elección de uno o de otro. Pero en cada ocasión, el perdedor de hoy, desde las sombras de este cuadrilátero, ha buscado siempre la revancha.

El instante de mayor trascendencia entre los dirigentes, “un antes y un después”, según Castro, fue la creación de los artículos constitucionales que también contemplan la autonomía deportiva. “Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio”, dice el artículo 92 de la Constitución.

Hasta antes de 1985, el deporte nacional no tenía sostenibilidad propia. Su autonomía había sido intervenida en varias oportunidades, por Carlos Castillo Armas, en 1954, y por Enrique Peralta Azurdia en 1963.

Y su financiamiento, que provenía de un decreto ley de 1978 que imponía un impuesto al tabaco, el vino y la cerveza, había sido derogado en 1982 cuando la autonomía del deporte fue intervenida de nuevo por el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt.

Francisco Lee, actual gerente de la Federación de Lucha, dice: “El deporte escolar siempre tuvo presupuesto, porque siempre operó bajo el paraguas gubernamental. Un espacio para llenar puestos políticos y pagar compromisos de campaña. En consecuencia: ahí las batallas dirigenciales no han sido tan relevantes como sí lo han sido en el deporte federado, que hasta 1985 aseguró su sostenibilidad. Aunque desde entonces el dinero se ha convertido en una piñata”.

Batalla de alto rendimiento

Con el situado constitucional, el deporte de alto rendimiento en Guatemala quedó bicéfalo. CDAG y COG, en ocasiones, repiten funciones con respecto a las decisiones olímpicas. Si CDAG tiene una Feria del Deporte, el COG tiene su Festival Olímpico. Si COG premia a los deportistas en el Día Olímpico, CDAG les rinde homenaje en el Día del Deportista Guatemalteco.

Una doble representatividad, que según Willi Kaltschmitt, representante del Comité Olímpico Internacional (COI) en Guatemala, ha creado ciertos conflictos de liderazgo. Una batalla para dirigir el deporte de alto rendimiento. La Constitución establece autonomía para ambas instituciones.

“El pleito ha sido generado por ver quién y cómo se representa el deporte a nivel internacional. Desde el inicio eso. El COG está avalado por la Carta Olímpica. Y la CDAG es el ente nacional a cargo de las federaciones pero no del alto rendimiento”, dice Kaltschmitt, también ex presidente del COG en 1985.

En la documentación oficial de la Asamblea Nacional Constituyente, los artículos constitucionales del deporte, fueron poco discutidos. CDAG fue entendida como la encargada de crear la infraestructura del deporte, como instalaciones y campeonatos nacionales, con el fin de producir diversas generaciones de atletas para el alto rendimiento. El COG y su autonomía, se encargarían de la representación en los eventos olímpicos y las gestiones necesarias para la participación de los deportistas guatemaltecos.

“El origen de la división entre el COG y CDAG ha sido a causa de la tergiversación de las leyes”, señala Rolando Castro. “El COG ha manipulado las leyes nacionales a su favor. Se asumen como los representantes olímpicos en Guatemala. Pero, de fondo, la CDAG es la que debería proponer a las selecciones nacionales para los juegos internacionales desde las federaciones y asociaciones deportivas y no el COG”, reclama. 

«Históricamente, el deporte se ha disputado bajo los estandartes de tres casas deportivas: el Boxeo, la Lucha y el Remo/Canotaje» 

Los jueces no-federados

La última gran batalla, luego del situado constitucional para el deporte de 1985, entre el COG y la CDAG, sucedió a mediados de los años noventa. Las federaciones deportivas, dirigidas por Remo/Canotaje y Lucha –una alianza entre Rolando Castro y Francisco Lee–, tomarían el control del COG que estaba bajo el poder de Willi Kaltshmitt.

Para el deporte de alto rendimiento, 1997 fue año electoral y el campo de juego era sobre todo político.

En los deportistas a nivel nacional, sin embargo, había cansancio sobre la pugna de los dirigentes de COG y CDAG, de las pugnas por el control de presupuesto constitucional de casi Q200 millones (US$ 26 millones) en esos años. 

“La división del deporte de alto rendimiento socavaba el espíritu deportivo y había que controlarlo de una vez por todas”, dice Jorge Zamora, asesor en el Ministerio de Educación, y uno de los encargados históricos de velar por el deporte no-federado. La Ley Nacional de Cultura Física y el Deporte, fue una iniciativa que surgió de los dirigentes del deporte recreativo y escolar, y su propósito era cortar de tajo algunas dinámicas políticas en el deporte de alto rendimiento. Cambiar las reglas de cómo se elegían los dirigentes.

“En lo electoral, se prohibió la reelección en las federaciones. Se cambiaron los periodos electorales para que no coincidieran COG y CDAG, y con eso nos neutralizaron”, recuerda Francisco Lee, cuya planilla no pudo participar en la elección de COG de 1997.

Zamora y Castro de León coinciden en que el gobierno del Partido de Avanzada Nacional (PAN), con Álvaro Arzú como presidente, intervinieron en el proceso electoral del deporte ese año.

“Desde el Ejecutivo”, dice Francisco Lee, “se impuso la planilla de Roberto Aldana, apoyado por Willi Kaltschmitt”. A esta última maniobra política por controlar el deporte de alto rendimiento, aún se le conoce hoy como el “Pacto de Atlanta”, sellado entre Kaltschmitt y el ex vicepresidente del PAN, Luis Flores.

–¿Para qué quería el PAN el control sobre el deporte de alto rendimiento?

–El PAN tenía un plan para 20 años. El deporte tenía un propósito político para ellos. Pero nunca tuvieron gente capaz de dinamizar el uso político del deporte– dice Lee.

Zamora matiza: “Las divisiones históricas entre COG y CDAG las moderamos con la ley. Se buscó, por fin, una coordinación interinstitucional. Se  creó el Conader (Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreativa) y se tuvieron que sentar en una misma mesa los dirigentes del COG y CDAG, y los Ministerios de Educación y el de Cultura y Deporte. Por tanto pleito por los aportes millonarios constitucionales, esto era algo que nunca había pasado”.

Al COG, después de la ley, se le siguió permitiendo la reelección de sus dirigentes, bajo el argumento de respetar la Carta Olímpica. La CDAG lo tiene prohibido desde entonces.

El dinero inclina la balanza

“A un dirigente deportivo lo mueve una cosa”, explica Francisco Lee. “En sus empresas, en sus negocios, en su trayectoria académica son invisibles. No existen. Pero entonces llegan a dirigir a cientos de atletas y algo les cambia la vida. Los saludan. Los aprecian. Y eso los hace sentir que son alguien. Además están los viajes, el poder, el control desde el dinero”.

Del situado constitucional, 1.2 por ciento del presupuesto nacional fue asignado a CDAG. Un 0.3 al COG. Y para el resto de deportes no-federados se asignó 1.5 por ciento.

Del dinero, Kaltschmitt, dice sin reparo: “La mayoría de dirigentes deportivos viene de un sector acomodado. La mayoría de familias de dinero de este país tiene a sus hijos haciendo deporte. El interés por el deporte no es el dinero, es un asunto más familiar”.

Sin embargo, la forma de asignar los presupuestos a las federaciones y asociaciones, que en conjunto hoy llegan a 46 entidades, se torna un asunto político, cuyo poder radica en las asignaciones de dinero constitucionales. El origen del pecado del deporte.

Bajo un nuevo estandarte

Hoy el poder del deporte se resguarda bajo un nuevo estandarte. Remo/Canotaje, Lucha y boxeo han configurado la historia del uso político del deporte. Y hoy, una nueva casa tiene el control total de COG y CDAG. Un líder que proviene del Softball como disciplina: Gerardo Aguirre Oestmann.  

“Un poco más de lo mismo, pero un observador de los detalles de la historia”, como dice Kaltschmitt, “y con la comprensión total del sistema”.

Que significa: control del presupuesto constitucional para doblegar la voluntad de otros dirigentes. Control discrecional de los fondos públicos con mínima rendición de cuentas.

En tanto los dirigentes históricos se han tornado débiles y envejecen, se vuelven parte del murmullo de las muchedumbres y las porras en los graderíos, debajo de las canchas deportivas el sistema del deporte produce sus propias estructuras sin atletas. “Esta situación en donde hay una opacidad fiscal y financiera enorme, en nombre de los recursos que se manejan en favor del olimpismo, pues han permitido que el deporte organizado se convierta en una isla. En una burbuja de impunidad”, como dice el escritor mexicano, Juan Villoro. El deporte como un pequeño Estado dentro del Estado, con políticos propios, donde están en juego Q1 mil millones (US$ 134 millones) de los fondos públicos.