Silenciando la memoria

En mayo de 2019 el ministro de Gobernación anunció que la titularidad del Archivo Histórico de la Policía Nacional cambiaría. El AHPN, que contiene millones de documentos y ha ayudado a esclarecer juicios vinculados con el conflicto armado interno, está en riesgo. Este es un repaso del mayor archivo documental de Guatemala. 

En la madrugada del 18 de junio de 2005, un resplandor sorprendió a los habitantes del norte de la Ciudad de Guatemala. Lo que para algunos fue un simple espectáculo extraño provocó la alarma de los vecinos más cercanos al suceso: un incendio había consumido más de una tonelada de explosivos almacenados en el polvorín de la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala, en la zona 17 capitalina.

Vecinos del barrio San Antonio, zona 6, alarmados ante la noticia, denunciaron que en las instalaciones policiales circundantes existía un almacén de explosivos de la Policía Nacional Civil (PNC). Por entonces, se trataba de un edificio sin puertas; docenas de personas atravesaban a diario los patios de las instalaciones para acortar el trayecto que va de la 21 avenida a La Pedrera, o para vender sus productos a los agentes. Señoras y niños transitaban entre los autos abandonados, los perros entrenados y, sin saberlo, el archivo.

El 5 de julio de ese mismo año, una comisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) acudió al lugar para verificar la situación. Entre sus miembros se encontraba el historiador Edeliberto Cifuentes Medina, a quien llamó la atención que tras una de las ventanas asomaban altas pilas de legajos. Al consultar a la oficial encargada, Ana Corado, ésta respondió con naturalidad que se trataba del Archivo Histórico de la Policía.

“De inmediato, la PDH tomó las medidas necesarias para resguardar el cúmulo de documentos y obtuvo una resolución judicial que le autorizó a acceder ilimitadamente a los registros, con el fin de iniciar una investigación que permitiera documentar las violaciones a los derechos humanos (1)”.

Las instalaciones que durante años albergaron al Archivo Histórico, la sección de explosivos y otras dependencias policiales, fueron originalmente planificadas como el Hospital de la Policía Nacional. La corrupción administrativa del régimen del general Fernando Romeo Lucas García, y el golpe de Estado que terminó con su gobierno el 23 de marzo de 1982, provocaron que la construcción del edificio nunca se finalizara. Así, buena parte de las instalaciones estaban conformadas por laberintos oscuros, sin puertas, y numerosos espacios sin paredes ni techos que habían sido ocupados por ratas, murciélagos y otras plagas.

En uno de los espacios más ruinosos del edificio se encontró una montaña de documentos. Una estructura sin paredes, con un techo construido a medias. Sobre el lodo –era época de lluvias– permanecían amontonadas miles de fichas de identificación personal. 

Debajo de las costras de podredumbre en que se habían convertido muchos documentos que el tiempo, el abandono y la lluvia destruyó, surgían legajos de fichas escritas a mano, con fotos bien conservadas. En su mayoría databan de la década de 1930 y llegaban hasta la segunda mitad de los años cincuenta; entre los varios delitos que consignaban, llamaban la atención los casos de niños capturados por desobedecer a sus padres, o por lustrar botas sin licencia, y que eran conducidos a la Penitenciaría Central. No era raro que años más tarde resultaran capturados por otros motivos más serios. Un anciano emigrante de la China de largos bigotes canosos había sido apresado por regentear un fumadero de opio ubicado en la sexta avenida, en el centro de la ciudad. Niñas y jóvenes eran detenidas por desobediencia o como sospechosas de cometer pequeños hurtos en las casas donde realizaban trabajo doméstico. Su castigo: ser conducidas a “casas de tolerancia”. Otras jóvenes eran capturadas por contagio de enfermedades venéreas.

Un pequeño grupo de trabajadores comenzó a recopilar las fichas de presos políticos y otras que llamaron particularmente su atención. Ante sus ojos tenían las fichas con huellas y fotografías de Víctor Manuel Gutiérrez Garvín —catalogado por la policía como el “comunista número 1 de Guatemala”—, Joaquín Noval Fuentes, Mario Alfredo Silva Jonama y otros destacados dirigentes. Junto a ellos, cientos de campesinos detenidos tras el golpe de 1954, acusados de comunistas.

El contenido de algunas de esas fichas —las que le parecieron “más llamativas o esperpénticas”—, sería publicado años más tarde por Rodrigo Rey Rosa en “El material humano”. Natzul Aguirre Cook, nacido en 1925, era “sindicado como uno de los más peligrosos líderes comunistas, lugarteniente de Carlos Manuel Pellecer. Agitador de fincas en la zona de Chicacao, Suchitepéquez, y cómplice de la muerte del alcalde del lugar. Operó después una radiodifusora clandestina en la finca ‘San Julián’, Tiquisate. Durante la administración del Doctor Juan José Arévalo fue empleado en el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Fue detenido en 1954 “al solicitar licencia de piloto automovilístico” (2). La Oficina de Investigación de Inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo había incluido el 18 de febrero de 1954 en la lista de Puestos gubernamentales ocupados por comunistas y pro-comunistas, donde se informaba que había trabajado en la Sección de Protocolo del Ministro de Relaciones exteriores, de 1948 a 1950; en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 1951, junto a Bernardo Alvarado Monzón y Víctor Manuel Gutiérrez; y que había sido empleado de la Compañía Guatemalteca de Aviación durante 1952 (3).

El periodista Luis Alfredo Barrientos, nacido en 1924, había sido “fichado en 1956 por manifestante”, y “en 1958 por propalar ideas exóticas”. El jardinero Juan Sarceño, nacido en 1925, fue fichado “por bailar tango en la cervecería El Gaucho” en 1945. Mientras que Marta Pineda, nacida en 1914,fue fichada también en 1945 “por ejercer el amor libre clandestino”, haciéndose constar, además, que era una “mujer insoportable e insultadora”,y que vivía sola (4). Perfecta Santos Aguilar fue fichada “por padecer enfermedad venérea”, y Rosa María Ávila Carranza “por cometer adulterio en su casa” (5).

Otros motivos de fichaje recopilados por Rey Rosa eran “por implorar la caridad pública”, “por esquinear y por vago”, “por esquinero y por burlarse de la patria”, “por practicar brujerías”, “por no tener gabacha para expender pan”, “por impertinente”, “por tirar con cerbatana en el teatro Lux”, “por liberar un zopilote en el teatro Capitol”, “por actos inmorales en una zarabanda”, “por ejercer la hechicería”, “por practicar ciencias ocultas” y “por insultos graves y daño a las flores del arriate del Palacio Nacional”(6).

Las condiciones de trabajo durante esos meses fueron más que precarias. Se improvisaron mesas con tablones viejos y blocks de construcción, y a falta de sillas suficientes se trabajó sobre viejas cajas de bebidas que, por alguna razón, se encontraron en el lugar. Al mismo tiempo se recibían las visitas de niños y adultos que llegaban a ofrecer bebidas o alimentos. Nunca se supo si tenían otros propósitos. Varias veces aparecieron también funcionarios del Ministerio de Gobernación (MINGOB), que con la excusa de reconocer el lugar para una supuesta remodelación que contemplaría la instalación de ascensores, planeaban en realidad el traslado de los documentos.

El 20 de julio de 2005, el vespertino La Hora editorializó:

“Era imposible saber a estas alturas cuánta de la historia trágica del país está consignada realmente en los archivos de la desaparecida Policía Nacional que operó desde los tiempos de Justo Rufino Barrios hasta la creación de la actual Policía Nacional Civil, pero lo que todos sabemos es que esa institución jugó uno de los papeles más tenebrosos de la historia del país no sólo durante el conflicto armado interno, sino a lo largo de toda su existencia,(y se aventuraba a afirmar que) obviamente las actuaciones más tenebrosas de la Policía no estarán consignadas en los archivos de la institución porque todos sabemos que hubo cuidado de no dejar huella. Las más terribles órdenes fueron siempre giradas en forma verbal, sobre todo cuando tenían que ver con la eliminación de personas, pero algo debe encontrarse en esos archivos y un minucioso estudio de los mismos permitirá reconstruir buena parte de la negra historia del país, (y reiteraba que) si bien el detalle de la represión no aparecerá en las páginas de esa documentación, habrá sin duda muchas revelaciones importantes que permitirán delinear el perfil de la represión y el terrorismo de Estado”. (7)

Cuatro días más tarde, el entonces Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Fernando Morales, publicó una columna en el diario Prensa Libre donde escribió: “Detrás de cada frase o palabra, escrita a mano o en máquinas, duerme un drama humano que debe ser conocido, con intención crítica y constructiva, por todo aquel que tenga vocación por el estudio de la historia”.

Aseguró, además, que estábamos “ante una fuente de conocimiento para romper estereotipos y acercarnos a una reconciliación, porque no sólo debemos recuperar la memoria, sino en un esfuerzo multisectorial, entregar esas instalaciones a las autoridades de la Hemeroteca Nacional, para que en el mismo lugar sea inaugurado el Archivo Histórico de la Seguridad”. (8)

Miguel Ángel Albizúres, por su parte escribió el 27 de julio de ese año: “Dicen que el lugar donde están los archivos, había sido construido para instalar un hospital al servicio de la Policía. Nunca he visto un hospital sin ventanas, con espacios que parecen bartolinas y en estado tan desastroso como en el que, posiblemente se encuentra una parte importante de la historia trágica del país”. (9)

A principios de agosto de 2005, la analista de la organización estadounidense National Security Archives (NSA), Kate Doyle, quien contaba con una amplia experiencia en los asuntos de Guatemala, visitó las instalaciones del Archivo.

“Había fotos de cuerpos y de detenidos, listas de informantes de la policía con nombres y fotos, placas de vehículos, cintas de video y diskettes de computadora.Las instalaciones mismas, que se encuentran en un terrible estado de abandono, húmedas y expuestas al aire libre, infestadas de alimañas y llenas de basura, contienen lo que parecen ser celdas clandestinas”, escribió Doyle más tarde. (10)

Doyle recordó que el acceso de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) a los archivos de las fuerzas de seguridad “fue obstaculizada en todo momento por los militares, la inteligencia y los oficiales de seguridad, que se rehusaron a entregar archivos internos con el argumento de que habían sido destruidos durante la guerra, o simplemente no existían (11),(y añadía que el archivo prometía)ser una de las colecciones de registros militares o policiales más reveladoras jamás descubiertas en América Latina. La aparición de estos documentos ha creado una oportunidad extraordinaria para preservar la historia y avanzar en la justicia”. (12)

Para J. Santos Coy, el archivo daba “‘una luz de esperanza’ para quienes durante años habían estado buscando a sus familiares (y explicó que, según algunos expertos, lo primero que debía hacerse con los documentos era) preservarlos de una posible destrucción”, (pues, añadía) si las fuerzas oscurantistas que perviven no han tenido escrúpulos en exhumar de noche los restos de los masacrados, para evitar que sean encontrados los huesos de sus víctimas, cuanto más tratarán de destruir estos documentos que pueden contener información que comprometa, si no a individuos sí a instituciones tales como la Policía Nacional (PN) que siempre ha negado haber cometido crímenes contra la Humanidad en la lucha contra la oposición popular”. (13)

A continuación, según los expertos, debía planificarse “cuidadosamente la logística que permita aprovechar la información contenida en los fardos”, para lo que Santos Coy proponía establecer separaciones cronológicas. En la línea del editorial de La Hora, expresaba sus dudas acerca de que “la información clave de las operaciones de los servicios de inteligencia del Ejército esté contenida en alguno de los paquetes. Pero sí puede estar la parte del trabajo sucio que correspondió hacer a los chontes”.

Santos Coy sugería “hacer separatas con criterios basados en el tipo de información contenida, (pues) no es lo mismo, en términos de represión, las redadas de charamileros y bolitos, que las capturas y desapariciones selectivas de la judicial o del BROE, (y finalizaba diciendo que era) responsabilidad de las instituciones pro derechos humanos el que esta información, si no vinculante, sirva de mentís a quienes creyendo preservar al país de la amenaza comunista, se dedicaron a descargar sus iras antisociales mediante procedimientos criminales de lesa humanidad”. (14)

Poco más tarde, en octubre de ese año, el equipo fue reforzado con integrantes de la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia y la Asociación Memoria, Verdad y Justicia. Con el retorno de la mayor parte de los empleados de la PDH a sus oficinas, la siguiente fase consistió en comenzar a revisar los legajos que habían sido conservados en mejores condiciones. Ahora bajo la dirección de Gustavo Meoño Brenner se organizaron equipos divididos en los años del que se consideró el periodo prioritario. Así se habilitaron mesas que iban de 1980 a 1985. Cada uno de los equipos tenía asignada una agente de policía que colaboraba en el trabajo de limpieza de los documentos, orientaba sobre el orden archivístico implementado y, desde luego, observaba qué tipo de información era la que llamaba la atención de los trabajadores, dando lugar a que en más de una ocasión, algún legajo desapareciera de las mesas o fuera evidentemente mutilado durante las pausas del almuerzo.

En diciembre de ese año fueron trasladados a las instalaciones de la zona 6 los documentos resguardados en todas las comisarías departamentales, y en enero de 2006 finalmente comenzó a funcionar el Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (PRAHPN). Con fondos provenientes de la comunidad internacional (15), y administrados por el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en pocos meses el plantel creció hasta sobrepasar el centenar de miembros. Estos fondos permitieron “contar con las asesorías técnicas más calificadas en el ámbito internacional en los campos de la archivística, la investigación cualitativa y cuantitativa y la informática, entre otras especialidades”.

El 23 de julio de 2006, el diario elPeriódico publicó una entrevista que le realizó Claudia Méndez Arriaza a Meoño Brenner, quien comenzó diciendo que, hasta entonces, “se había puesto énfasis en el valor que el archivo tiene para documentar violaciones a los derechos humanos”. “Pero en realidad tiene un valor mayor en otros campos: su valor histórico para documentar aspectos de carácter cultural, aspectos fundamentales para entender incluso la idiosincrasia y la forma de ser de los guatemaltecos”, explicó el entonces director del AHPN. 

Según Meoño: “Los guatemaltecos somos introvertidos, callados y “amishados” (y) siempre hemos dado por sentado que así somos y… así somos. Este archivo aporta de manera documental datos que pueden explicar por qué somos como somos. Descubrimos que generación tras generación hemos permanecido sometidos a regímenes represivos y autoritarios que han hecho del control ciudadano una norma”.

Para ilustrarlo, recordó algunas de las fichas rescatadas durante la primera fase del trabajo: “Hemos encontrado evidencias de niños que eran encarcelados. Eran detenidos por lustrar botas sin licencia o por jugar pelota en la vía pública; vemos niños que aparecen fichados como delincuentes, con números que los identifican como reos, registran las huellas digitales de sus diez deditos, y las niñas –aparecen numerosas evidencias de ellas– eran detenidas por ejercer la prostitución clandestina, obviamente encarceladas y no en correccionales”.

Las fichas mostraban, como explicó en la entrevista, “no solo el moralismo, sino el patriarcado llevado a extremos. Es evidente una mentalidad con un moralismo religioso bastante pesado. El hecho importante es que esto lo hemos sabido siempre, pero ahora aparecen documentos oficiales que nos lo demuestran”.

Ante las preguntas de si existía una burocracia del informante, y cómo eran éstos, respondió: “totalmente”. “Desde principios del siglo XX podía notarse que se trataba de redes que abarcaban claramente todos los ámbitos de la vida ciudadana, (y que su función consistía en denunciar) a aquellas personas que hablaban mal del gobierno, que poseían lecturas consideradas contrarias al régimen”, dijo. 

Respecto a la estrategia de trabajo, Meoño Brenner explicó que para entonces era más clara, y se habían diferenciado dos grandes vertientes: la archivística y la investigativa. Por el lado archivístico se limpiaría, ordenaría y organizaría “con criterios técnicos”, e informó que para entonces se tenían dos millones de documentos limpios y organizados. La idea era, además de conservarlos, organizarlos para facilitar su acceso “para que realmente pueda servir a historiadores, sociólogos, antropólogos”. 

La vertiente investigativa consistiría en un “análisis cuantitativo y cualitativo de documentación comprendida entre 1960 y 1996”.

La entrevista fue ilustrada con varias de las fichas. Una de ellas, la de “una adolescente de 16 años fue arrestada por robar un vestido a su patrón. El castigo impuesto fue remitirla a una Casa de Vicios y ficharla como prostituta”.

En 2007 el plantel aumentó considerablemente: para principios de ese año constaba de 206 trabajadores. Se establecieron nuevos equipos de trabajo para limpiar y organizar los documentos del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional (PN), el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), y el Centro de Operaciones Conjuntas (COC), entre otros. A partir de ese año, el trabajo de digitalización se realizaba en turnos ininterrumpidos de las 7:00 a las 21:00 horas, y para agosto de 2018 habían sido digitalizados más de 23 millones de documentos.

En marzo de ese año se constituyó el Consejo Consultivo Internacional “integrado por 15 expertas y expertos que en su mayoría son responsables de grandes proyectos archivísticos y culturales en diferentes países y por otras personalidades reconocidas internacionalmente por su labor en defensa de los Derechos Humanos,(con la finalidad de) asesorar al AHPN en las diferentes acciones orientadas a vincular este esfuerzo con otras iniciativas mundiales relacionadas con la preservación de los archivos, la recuperación de la memoria histórica y la búsqueda de justicia para las víctimas”, tal como figura en su descripción.

Algunos de sus integrantes fueron: Adolfo Pérez Esquivel, Antonio González Quintana, Arturo Taracena Arriola, y Kate Doyle. Se conformó además un Consejo Consultivo Nacional conformado por Carlos Guzmán Böckler, Iduvina Hernández, Jorge Luján Muñoz, Hilda Morales Trujillo, Lucrecia de Paniagua, Fredy Peccerelli, Álvaro Pop, Edelberto Torres Rivas,  Irma Alicia Velásquez Nimatuj y Marina de Villagrán.

Los documentos

A raíz de su descubrimiento, el Archivo despertó numerosas expectativas. Se fantaseó con hallazgos  espectaculares y se esperaba que diera respuestas a numerosas interrogantes. Y, efectivamente, el Archivo contiene información que ha llevado a esclarecer numerosos casos, pero lo cierto es que se trata de un archivo burocrático, donde encontrar las revelaciones que se esperan puede llevar a perderse en mares de documentos sobre vacaciones, auxilios póstumos o denuncias que, dependiendo qué sea lo que se busca, pueden resultar absolutamente banales.

El entonces PDH, Sergio Morales, dijo en una entrevista en 2006: “En estos momentos el archivo está organizado con una intención de ocultamiento estratégico. Ahí no pueden encontrarse, por ejemplo, los casos de López García, López Larrave u Oliverio, sino que el visitante hallará una serie de documentos sin orden, muchas veces traspapelados, por lo que se necesita una investigación especial. Nadie va a encontrar una frase que diga “asesinen a fulano de tal”, pero sí se tropezará con códigos: el 2657 significaba matar, el 1418 secuestrar (…) Hemos hallado esos códigos y podemos descifrarlos, pero nos llevará años”. (16)

Presentamos aquí, una pequeña muestra de algunos de los documentos que pueden encontrarse en el AHPN.

Documentos relacionados al Diario Militar

A finales de 2005, una lista que incluía alrededor de 160 nombres, la mayoría de los cuales aparecían también en el documento conocido como Diario Militar, fue localizada por una compañera que trabajaba en la mesa del año 1983. Sin ningún otro dato, el documento tenía la particularidad de incluir nombres falsos, y en algunos casos, una combinación de pseudónimos y nombres legales. Apareció mientras se trabajaba en las mesas por año. La agente de policía comisionada a esa mesa pretendió apropiárselo, pero la trabajadora de la PDH lo impidió. Con este documento se inició una colección que iría creciendo con el paso de los años.

Cuando en octubre de 2008 el PDH respondió a un requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le entregó copias digitales de más de 400 documentos que contenían información acerca de 50 personas (17). Aunque en muchos casos se trataba de solicitudes de habeas corpus y sus respuestas, siempre negativas, en otros quedaba clara la participación de las fuerzas de seguridad en los operativos registrados en el Diario.

Es el caso de quien en dicho documento apareció como Héctor Manuel de León Escobar, y con nombre falso Daniel Augusto Salguero Guzmán. El lunes 28 de noviembre de 1983 al mediodía ocurrió un tiroteo que dejó 11 personas heridas y dos muertas: Jorge Alberto Chávez Vásquez, Manolo, miembro de la Dirección Nacional del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC) (18),y Rafael Hernández, quien hacía cola con su hijo en brazos frente a las oficinas de migración, y “por designios del destino encontró la muerte”, según el diario Prensa Libre. Los heridos eran transeúntes ajenos a los sucesos.

Esa misma mañana había sido capturado Roberto, quien de inmediato informó a sus secuestradores que al mediodía tenía un contacto con Manolo, Omar y Manuel, en el centro de la ciudad. Únicamente asistieron Manolo y Omar, quienes detectaron el operativo militar e iniciaron la huída. Omar destruyó a tiros el parabrisas y dejó fuera de circulación uno de los vehículos del Ejército —un diario recogió la foto de una panel Mitsubishi azul, con el vidrio roto, abandonada sobre la 8ª.avenida—, y luego que un autobús del servicio urbano se interpusiera entre él y sus secuestradores, consiguió escapar.

El diario El Gráfico, que presentó el suceso como un asunto de delincuencia común, anotó: “Sobre la 10ª calle, hacia el oeste de la ciudad, un hombre de complexión fuerte, corre metralleta en mano. Va herido del hombro pero responde a los disparos que le hacen desde la 9ª avenida y entre el bullicio del histerismo de varias mujeres, el nerviosismo de los varones, el rechinar de llantas y el bocinar incesante de las camionetas, se pierde el asaltante”. (19)

El diario Impacto, más atinado, informó que los testigos “después de escucharse los primeros disparos, observaron cuando agentes de la policía, que vestían uniformes azules de campaña, accionaron sus fusiles y otros hombres que vestían de particular, supuestamente agentes secretos, hacían lo mismo” (20)

Impacto insistió en la participación de los uniformados, informando que “se desconocía las causas del hermetismo que mostró la policía al ser consultada sobre este suceso, a pesar de que varios testigos afirmaron que varios agentes de la autoridad participaron en este hecho”. (21)

Omar se dirigió entonces a la casa que compartía con su hermana y Roberto, para avisarle de la caída de éste. Ahí se produjo otro tiroteo. 

Prensa Libre reprodujo la versión del entonces vocero oficial de la Policía Nacional, Mario Ramírez Ruiz, según la cual “una residencia en donde posibles miembros del partido comunista PGT escondían explosivos, placas de vehículos y propaganda antigobiernista, fue descubierta ayer por la Policía Nacional”. (22)

Los medios presentaron fotos de lo incautado en las que no aparecen explosivos, aunque sí pelucas y brazaletes. De acuerdo a la narración que Ramírez hizo a los medios, tras numerosas denuncias de que en el lugar ocurrían movimientos sospechosos, la policía acudió a la casa marcada con el 12-56, en la 5a avenida de la zona 12. Al llegar, encontraron a “varios sujetos que salieron huyendo” a quienes persiguieron “sin que se tuvieran que lamentar heridos, mucho menos muertos”.

Sin embargo los vecinos informaron que en el tiroteo “hubo heridos y capturados, siendo uno de los heridos Jorge Cano, operario de un taller mecánico denominado MG, pero tal versión fue desmentida por la Policía Nacional”. (23)

Por su parte la Dirección General de la Policía Nacional reportó al día siguiente: “Ayer a las 17.40 horas, procedente de la 14 calle 5-29 zona 11, ingresó al Hospital Roosevelt, el señor: Jorge Cano López, de 25 años de edad, quien presentaba una herida de bala de marca y calibre ignorado en la región escapular lado izquierdo, ocasionada por individuos desconocidos frente a su domicilio y luego se dieron a la fuga; quedando hospitalizado; del caso se turnó parte al Juzgado 6º.de Paz Penal”. (24)

Impacto informó que esa noche las fuerzas de seguridad habían descubierto “un reducto guerrillero del Partido Guatemalteco del Trabajo –PGT– en la casa ubicada en la 5ª. avenida 12-56 de la zona 12 de esta capital, tres horas después que un presunto faccioso fue capturado tras una balacera en la zona 11”. (25) 

Se informó de la localización de placas, propaganda y “literatura marxista”, y se calculó que la vivienda había sido abandonada hacía dos o tres días “por los extremistas de esa organización guerrillera”. A Impacto los jefes policiales, al ser entrevistados esa noche en la casa número 12-56, le repitieron la historia que “ninguna captura se practicó en ese reducto” (26).

Ese mismo diario informó, presentándolo como un hecho aislado al hallazgo del reducto: “A eso de las 17.00 horas de ayer efectivos de las fuerzas de seguridad persiguieron a un presunto guerrillero, quien al final de cuentas se parapetó en un taller de mecánica situado a inmediaciones de la calzada Raúl Aguilar Batres de la zona 11. El desconocido, con pistola en mano penetró al taller desde donde hizo frente a los policías que lo perseguían. En ese momento se originó nutrida balacera y según versiones de testigos, un agente de policía fue herido cuando pretendía penetrar al taller por el techo de una casa vecina”. (27)

Según el Diario Militar: “A las 1700 horas se ubicó su casa en la 12 calle y 5ª avenida, zona 12, donde se puso vigilancia. Fue sorprendido en compañía de su hermana y al detectar a las autoridades se puso en fuga, dirigiéndose a la 5ª avenida y 13 calle, zona 11, donde se metió a un taller de mecánica hiriendo al dueño, se le cercó y en el tiroteo hirió a Miguel y a Canahuí; fue acorralado y estando herido se rindió, fue trasladado al hospital del 2º.Cuerpo de la PN, donde falleció a consecuencia de las heridas”. (28)

El primer documento policial relacionado con la desaparición de Omar, localizado a finales de 2005, fue un oficio que el mismo 28 de noviembre el Departamento de Investigaciones Técnicas le envió al Jefe del Archivo General y Servicios de Apoyo del Señor Jefe de Estado y Ministro de la Defensa Nacional. En éste le informaba sobre lo encontrado “en el reducto guerrillero localizado en 5ª avenida 12-56 zona 12” (29). Se trataba de “varias cuartillas de papel bond, una escrita probablemente con caracteres japoneses, una receta médica a nombre de Evelia Girón Ruano y una calcomanía de circulación de vehículo automotor” (30). De acuerdo a este informe, se incautaron cuatro revólveres y dos pistolas, varias tolvas vacías para subametralladora,  y varias cananas y uniformes de la policía y el Ejército, todo lo cual “quedó en poder del Jefe del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional, Juan Francisco Cifuentes Cano” (31)

También el DIT, luego de comisionar a varios agentes para investigar lo sucedido, estableció que “el tiroteo, había sido entre Delincuentes Subversivos organizados en el Partido Guatemalteco del Trabajo P.G.T., en el Ejército Guerrillero de los Pobres E.G.P., y Elementos de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, apoyados por miembros del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional”.

Como sabemos y como queda registrado en otros documentos policiacos, los agentes de inteligencia pertenecían en realidad al desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), y el tiroteo fue contra una sola persona, militante del PGT-PC. Según el documento del DIT, resultó herido “un individuo de nombre Daniel Augusto Salguero Guzmán (ps) “Omar”, de 19 años de edad, quien fuera trasladado al Hospital de la Policía Nacional, por elementos del Quinto Cuerpo”. (32)

En el lugar fueron localizadas placas de vehículo, cuatro revólveres, dos pistolas, tolvas para subametralladora y cananas vacías “varios uniformes completos de la Policía Nacional. Varios uniformes camuflageados del Ejército de Guatemala. Papelería mecanografiada, del E.G.P. y P.G.T. Varias pelucas y antifaces color negro. Distintivos para el brazo, con letras amarillas”.

Se reiteró que dichos objetos quedaron en poder de Juan Francisco Cifuentes Cano, afirmándose además que “no hubo heridos por parte de las Fuerzas de Seguridad participantes” (33).

El documento enviado por los agentes encargados de la investigación al Jefe del Departamento, y en base al cual se elaboró el informe anterior, exponía que esa tarde “fueron informados por el Teniente Barahona González del 5to. Cuerpo de Policía, lo siguiente:  Que en dicho lugar había sido descubierto un Reducto Guerrillero de la Organización clandestina PGT y EGP, y que habían actuado elementos de la Segunda Sección del Ejército, y ellos con un pelotón, habían apoyado la acción (y que) el mismo Teniente González Barahona, informo que elementos del BROE habían trasladado al Hospitalito de la Policía Nacional, a un individuo herido, de seudónimo “Omar”, militante del EGP y que responde al nombre de Daniel Augusto Salguero Guzmán de 19 años de edad”. (34)

Sin embargo, en un oficio enviado por el jefe del Quinto Cuerpo al Director General, con copia al Centro de Operaciones Conjuntas (COC), encontramos algunas divergencias. En éste se informa que “el suscrito al mando de un pelotón de reacción prestaron apoyo a elementos de Inteligencia del EMP”. (35)

Según Cifuentes Cano: “En dicho operativo no hubo personas detenidas y en cuanto a lo encontrado, todo fue evacuado por los elementos de Inteligencia del EMP”.

La relación entre la policía y la inteligencia militar

La relación entre algunas estructuras policiales y la inteligencia militar resulta evidente.

Existen muchos otros ejemplos que confirman la participación de las fuerzas de seguridad en los sucesos narrados en el Diario.

El 20 de marzo de 1984, como parte de las novedades que la Dirección General de la Policía le enviaba diariamente al Jefe de Estado, ésta informó que el día anterior le había sido entregado a su propietaria “el inmueble ubicado en el lote 170, manzana 8, sector “A”, Colonia Eterna Primavera, jurisdicción del municipio de Villa Nueva y en el cual, el día 10 de octubre de 1,983 fue descubierto un subterráneo que era utilizado como bodega para almacenar material y literatura diversa perteneciente a la organización clandestina P.G.T., habiendo sido recibida de completa conformidad”, tal como consta en uno de los legajos hallados en el AHPN. (36)

La casa había sido entregada por Carlos Humberto Quinteros García, Miguel, conocido también como “el Hombre Lobo”, en los inicios de su negociación con el Ejército, cinco meses atrás.

El 10 de octubre, a primeras horas de la mañana, 40 agentes y un oficial del Quinto Cuerpo “procedieron a prestar apoyo y seguridad perimétrica a elementos de la Dirección de Inteligencia del EMP” (37), que realizaron cateos en tres casas del municipio de Villa Nueva, una de ellas la de la colonia Eterna Primavera.

En otra, en la colonia San Simón “se encontró un subterráneo con mobiliario posiblemente para alojar a personas secuestradas […] documentos y material subversivo”. (38)

Según el Subcomandante del Quinto Cuerpo, mayor Edgar Leonel Lorenzo, “en las referidas direcciones se tenía información confidencial que residían personas pertenecientes al ‘PGT'”.

Lorenzo informó que en dos de las casas se había dejado personal de dicho cuerpo “como seguridad” (39).

La policía reportó el 3 de enero de 1984 que el día anterior a las cuatro de la tarde “un Pelotón de Reacción de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, prestó auxilio y apoyo a Elementos de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial, para efecuar un cateo en el inmueble situado en la 15 avenida 6-44 de la zona 11”. (40)

La relación entre algunas estructuras policiales y la inteligencia militar resulta evidente

En el lugar fueron localizadas, según la policía, dos pistolas y “literatura de la organización clandestina PGT” oculta dentro de un mueble. 

Según este informe, en la casa no había nadie, y “las armas y material propagandístico quedaron en poder de los Elementos de Inteligencia en mención” (41). Se trataba de la casa familiar de Alma Lucrecia Osorio Bobadilla: “Alma vivía en la Colonia Carabanchel Zona 11, junto con su madre, su hermana mayor, los tres hijos de ésta y otra hermana más”. (42)

Según un testimonio, recogido en el libro ‘El Hombre Lobo: Interpretación psicosocial de un delator. Testimonios que dan vida al “Diario Militar o Dosier de la muerte’: “a eso de las tres de la tarde tocan la puerta de la casa, los niños que jugaban en el patio abren el portón y rápidamente hombres de civil armados entran a la casa e intimidan a la familia. A los pocos minutos, abren el portón e introducen una panel corinta, donde es conducida “Claudia”, quien es presentada ante sus familiares y los niños/as que estaban presentes, con terribles señales de tortura. Sangraba de todos lados. Ella menciona que no se le iba hacer nada a la familia, que solamente querían el dinero, las armas y documentos que se encontraban en la casa. Durante el tiempo que duró el cateo, del grupo de inteligencia que participó hablaba solo uno, diciendo que para qué seguir luchando, que todo estaba perdido, que en Guatemala nunca iba a triunfar el comunismo. Al mismo tiempo decían: ¿Ya vieron lo que le pasó a “Manolo”? Por ponerse brincón nos lo tuvimos que quebrar” (43).

Se referían a Jorge Alberto Chávez Vásquez, cuñado de Alma Lucrecia. Según el Diario Militar, Claudia había sido capturada el 31 de diciembre de 1983, y “entregó dos casas donde se encontraron documentos y dos armas cortas” (44).

El 14 de marzo de 1984 fue liberado el empresario José Clemente Barrios Barahona, secuestrado por las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) tres meses atrás. Según el Diario Militar: “A las 1730 horas, comenzaba el operativo, con apoyo de los azules y un M-8 de la Brigada Mariscal Zavala, el cual no fue necesario utilizar”. (45)

En el lugar fueron capturados tres hombres, dos mujeres y dos niños (46). Según la policía, en el lugar fueron encontradas granadas, bombas pirotécnicas, material para fabricación de bombas, algunas armas y “gran cantidad de literatura marxista leninista y panfletos de la organización subversiva Fuerzas Armadas Rebeldes”.

Según la institución policial: “se estableció que los responsables de este reducto lograron ponerse en fuga por la parte trasera por medio de una escalera”. (47)

La Información Confidencial

Uno de los tipos documentales que desde el principio llamó la atención, fueron “las informaciones confidenciales”.

Se trata de denuncias, la mayor parte de las veces anónimas —aunque en ocasiones iban firmadas— que eran hechas llegar a las fuerzas de seguridad por vecinos o informantes que en la jerga eran conocidos como “confidenciales ad honorem”. Generalmente, las estructuras que compartían este tipo de información eran la Dirección General, el COC, el Cuerpo de Detectives o posteriormente DIT, el Estado Mayor General del Ejército (EMGE), la Dirección de Inteligencia, y el Archivo General y Servicios de Apoyo del Estado Mayor Presidencial —el Archivo, anteriormente llamado Centro Regional de Telecomunicaciones, o la Regional—.

El 13 de febrero de 1980 se recibió una información en la que se denunciaba al “Señor Sergio Sánchez Roche, candidato por el partido Democracia Cristiana Guatemalteca para Alcalde Municipal de Champerico, departamento de Retalhuleu”.

El documento indicaba que vivía frente a la estación de policía e informaba que era “reportero del Radio-Periódico “El Independiente” (era) una figura bastante impopular en dicha población (y había) tenido problemas con el presidente de la Empresa Portuaria, señor Álvaro Enrique Palma Sandoval”.

Finalmente, se informaba que Sánchez había sido bombero voluntario, pero que para entonces se dedicaba “a colocar rótulos con leyendas favorables a su candidatura por la D.C. en 1980, así como a amenazar a las personas que no ingresan a las filas de su partido”.

El documento llevaba la anotación manuscrita “al jefe de Reu, para que investigue e informe” (48). En agosto de ese año, se informó que: “El alcalde democristiano de Retalhuleu, Sergio Sánchez Roche, quedó “mal herido” al atacarlo “varios hombres armados de ametralladoras”. (49)

El 5 de junio de 1980 se recibió información que alertaba que “la Facción clandestina denominada Ejército Guerrillero de los Pobres (planeaba) eliminar físicamente a varios jefes y oficiales policiacos, entre los cuales figura el jefe actual del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional”. (50)

Se aclaraba que se trataba de información no confirmada, pero se sugería tomar precauciones. La anotación manuscrita ordenaba que el documento fuera archivado. El 14 de julio, el Gobierno de la República informó que esa mañana “delincuentes subversivos asesinaron sin piedad al Jefe del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional, a su piloto y dos agentes que le acompañaban”. (51)

Junto al coronel Natareno murieron Juan Santay, Demesio Calderón Cifuentes y Juan José Meléndez Torres (52). Poco más tarde, un grupo de hombres armados disparó contra “varios estudiantes que recién bajaban de un bus frente al edificio de la rectoría, y contra otros dos estudiantes a los que supuestamente perseguían en la entrada de la Universidad y el anillo periférico. Se produjeron 7 muertos y 14 heridos”. (53)

El gobierno atribuyó esta masacre, así como el asesinato del funcionario universitario y asesor laboral, Juan Francisco Monroy Paredes y su esposa, ocurrido ese mismo día en Quetzaltenango, a la insurgencia, argumentando que “todos sabemos que los grupos extremistas se valen de todos los medios a su alcance con tal de lograr sus propósitos (y que) el asesinato de catedráticos y estudiantes universitarios, constituye para aquellos elementos subversivos, solamente una forma de afectar los sentimientos humanitarios del pueblo de Guatemala, a fin de achacar nacional e internacionalmente, al Gobierno, hechos que por su locura e inmoralidad sólo pueden ser cometidos por desequilibrados mentales”. (54)

Otra de las informaciones se refería a Marco Antonio Flores, “de seudónimo Bolo Flores”, quien según el informante era “catedrático de la Facultad de Psicología en Ciencias de la Comunicación (sic) de la Universidad de San Carlos de Guatemala”.

Se anotaba su dirección exacta y se le acusaba de ser “militante activo y principal dirigente de las Fuerzas Armadas Rebeldes”.

Según la imaginación del informante, Flores “hizo un libro de las FAR, titulado “Guatemala y la subversión” o sea “La subversión en Guatemala”.

Lo describía como: “de 45 a 50 años de edad, como de 1.65 de estatura, gordo panzoncito, nalgas paches, tez blanca, usa bigote espeso como coloradón, es pelón de la parte superior de la cabeza, pero a los lados tiene pelo, usa anteojos graduados, habitúa estar saliendo a cada momento”.

Describía los vehículos en que se movía e indicaba los horarios en que llegaba a la universidad. La nota manuscrita decía: “A Detectives, proceda” (55). Según relató el “Bolo Flores” en una entrevista, tipos armados con Uzis y pistolas calibre 45, entre ellos uno vestido de militar, llegaron hasta su casa e intentaron secuestrarlo. “Le metieron veintiún tiros al carro, y yo logré escapar”. A raíz de ello, quien en 2006 recibiera el Premio Nacional de Literatura se vio forzado a salir al exilio.

Otra información, fechada el 13 de octubre de 1981, afirmaba “que en la población de Corozal, Belice, reside el individuo Leonel Rolando Castañeda López, quien dice ser hermano del Coronel Oscar Rolando Castañeda López, y que además está casado con la mujer Gloria Torres Casanova de Castañeda”.

Según el informante, “estas personas por rumores se sabe que salieron huyendo de Guatemala” luego que Gloria Torres fuera “objeto de intento de secuestro en Guatemala”, ignorándose “las dificultades que tuvo y que además los supuestos plagiarios ya fueron eliminados”. El documento agregaba que “la Torres Casanova tiene una hermana de nombre Narda Torres”, y se solicitaban “instrucciones y antecedentes de las personas antes mencionadas para su mejor control y saber a qué facción pertenecen, si son de derecha o extrema izquierda o delincuentes comunes” (56).

A partir de las informaciones confidenciales podían armarse listas de acusados, o en ocasiones el informante las enviaba ya elaboradas. Un ejemplo son dos listas fechadas en julio de 1979. La primera lleva por nombre “Nómina de individuos que son sindicados de pertenecer a facciones clandestinas pertenecientes al departamento de Escuintla (Datos confidenciales)”, y según se explica ahí mismo, fue recibida el viernes 6 de julio a las ocho de la noche (57).

“En la población de Corozal, Belice, reside el individuo Leonel Rolando Castañeda López, quien dice ser hermano del Coronel Oscar Rolando Castañeda López, y que además está casado con la mujer Gloria Torres Casanova de Castañeda”. 

Uno de los enlistados era Abel Somoza, “síndico de la Corporación Municipal de Masagua, es como de 40 años, tripula una Moto color roja, se le sindica de ser jefe del PGT de ésa región y también se le sindica de estar adoctrinando a varios campesinos para luchar y se le sindica que está recaudando dinero, dice que es para la lucha del EGP”. (58)

Según la CEH: “en el año 1981, en la cabecera municipal de Masagua, departamento de Escuintla, miembros del ESA y del CAS ejecutaron a Abel Somoza, quien era afiliado al Sindicato de Trabajadores Municipales y líder de la Liga Campesina de Masagua”. (59)

En la lista aparecía también Osbar Darío Lobos, cristalizador operador del ingenio Santa Ana en la finca Cerritos, Escuintla. Según los informantes “era delgado, bajito, moreno claro (y era el) Secretario de Finanzas y Previsión Social del sindicato del mencionado ingenio y del sindicato de la FASGUA”.

Se le señalaba erróneamente de pertenecer al EGP y de ser “un agitador y soliviantador de ánimos”. Casi cinco años más tarde, Lobos Osorio fue capturado por agentes de inteligencia militar. Su secuestro ocurrió, según los propios perpetradores, el 30 de mayo de 1984 a las 11:00 de la mañana en la Avenida Elena, entre 12 y 13 calles. Lo acusaban de pertenecer al PGT y de planear un secuestro en Escuintla. Fue asesinado dos meses más tarde (60).

Los partes de novedades y las memorias de labores

La policía elaboraba diariamente informes con los sucesos ocurridos a nivel nacional. Las Novedades “constituían un mecanismo administrativo, que funcionaba como canal de información respetando el orden jerárquico de la policía. El documento lo producía un agente y luego pasaba a las estructuras correspondientes hasta llegar a la Dirección General y otras dependencias del Estado. Habitualmente se enviaba el original a la Dirección General con copia al COCP”. (61)

En las Novedades es posible encontrar, desde hechos cotidianos hasta información de carácter confidencial.

Las Memorias eran “documentos que tenían como propósito informar a los jefes policiales, acerca de las principales actividades realizadas por las distintas dependencias de la PN en un período de tiempo que podía ser quincenal, mensual o anual”. (62)

Un ejemplo de las Novedades Confidenciales que se le enviaban al Director General, es el siguiente “A las 05.10 horas del día de ayer, el señor Juez 13º. de Paz del Ramo Penal se presentó al Boulevard Liberación y puente de Pamplona zona 8, para instruir las diligencias relacionadas con los cadáveres de dos hombres no identificados de aproximadamente 22 y 25 años de edad, los cuales presentaban señales de estrangulamiento y se encontraban pendiendo de la baranda del puente ubicado en ese lugar con un lazo atado a la cintura, teniendo una manta con la leyenda: Este al igual que el otro; era un ratero, violador de niñas, asaltante y miembro de las organizaciones subversivas, muerte a estas alimañas; Juventud Patriótica Nacional”. (63)

A raíz del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, los memorándums confidenciales comenzaron a ser enviados al Presidente de la república. Estos se dividieron a partir de entonces, en confidencial y secreto. La información catalogada como secreta generalmente se refería a “actividades subversivas”, o a actos reñidos con la ley cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Aquí un ejemplo:

El día de ayer a las 13.15 horas, a la Embajada de la República de Bélgica en nuestro país, ubicada en la 12 calle 7-85 zona 9, en forma violenta penetró un individuo hasta ese momento no identificado, engrilletado, presentando múltiples golpes amoratados en diferentes partes y cuatro heridas producidas por proyectiles de armas de fuego de calibre ignorado, quien por tal motivo, posteriormente y a bordo del automóvil placas número 58 de la misma y de un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo seguridad de elementos de la Policía Nacional, fue trasladado al hospital privado Bella Aurora de esta ciudad, en donde manifestó responder al nombre de Álvaro René Sosa, de 33 años de edad, sin proporcionar mayores datos, habiendo quedado internado en dicho centro asistencial siempre con la seguridad de miembros de esta Institución. Al respecto se hacen las investigaciones correspondientes a efecto de esclarecer el presente caso (64).

Sosa Ramos había sido secuestrado días antes por agentes de inteligencia.

Los informes

En marzo de 2009, la PDH presentó “El derecho a saber: Informe especial del Archivo Histórico de la Policía Nacional”. Sus 279 páginas se dividieron en cuatro capítulos: 1. Estructura y funcionamiento de la Policía Nacional1975-1985. 2. Relaciones entre las fuerzas de seguridad del Estado. 3. El papel de la PN en el marco del conflicto armado interno 1975-1985. 4. Algunos casos ilustrativos.

En diciembre de 2009, la titularidad del AHPN pasó al Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) a través del convenio 24-2009 suscrito entre este ministerio y el de Gobernación (MINGOB). En este convenio, el MICUDE sería “la Institución encargada del resguardo y conservación de dichos archivos, con la finalidad de hacerlo accesible a la ciudadanía en general, en cumplimiento con la legislación vigente, a través de la creación de la Unidad de Acceso a la Información Pública”.

En junio de 2011 fue presentado el informe “Del Silencio a la Memoria: Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional”. Con 522 páginas se dividió en cuatro capítulos, que comprendían la estructura y funcionamiento de la Policía Nacional (PN), la relación entre las fuerzas de seguridad del Estado, el papel de la Policía Nacional en el marco del conflicto armado y los expedientes de investigación, que incluyeron siete casos ilustrativos.

Posteriormente serían publicados los informes:“La Policía Nacional y sus estructuras”; “Dirección General de la Policía Nacional. 1975-1985”; “Inspectoría General de la Policía Nacional. 1975-1985”; Gabinete de Identificación de la Policía Nacional. 1975-1985”; “Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional. 1975-1985”; “Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional. 1968-1986”; “Segundo Cuerpo de la Policía Nacional. 1975-1985”, “Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional. 1975-1985”; “Jefatura Departamental de Quetzaltenango 1975-1985”; “Testigos del tiempo. Archivos y Derechos Humanos”; “Una mirada al Archivo Histórico de la Policía Nacional a partir de un Estudio Cuantitativo”;  y, “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990”, así como la traducción al inglés “From Silence to Memory”.

Los juicios

En  marzo de 2009 fueron capturados los agentes Héctor Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez, acusados de haber capturado a Edgar Fernando García en febrero de 1984. El 18 de octubre de 2010 comenzó el juicio en contra de los agentes, que fueron condenados 10 días más tarde a la pena máxima de 40 años de prisión.

“Los peritos basaron sus informes principalmente en el análisis de 667 documentos del AHPN, que por primera vez ha sido utilizado como evidencia en un proceso legal para esclarecer la responsabilidad en un caso de desaparición forzada. Para complementar y contrastar la información obtenida y que sirvió de evidencia, se utilizó el desclasificado Diario Militar, documento en el que se puede leer por ejemplo que solamente entre los años 1983 y 1985, las Fuerzas de Seguridad del Estado llevaron a cabo 188 desapariciones”, indica una nota sobre la condena.

El 9 de junio de 2011 fue capturado por el mismo hecho, el ex Director de la PN, Héctor Rafael Bol de la Cruz, durante el gobierno de facto de Óscar Humberto Mejía Víctores, quien fue condenado el 20 de septiembre de 2013, junto al ex Jefe del Cuarto Cuerpo, Jorge Alberto Gómez López, a 40 años de cárcel. “El Tribunal dio validez a los testimonios que implicaban a los dos jefes policiales, así como a los 600 documentos resguardados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y en el National Security Archive presentados por la fiscalía”, recoge una publicación de Plaza Pública.

El martes 26 de marzo de 2013, el vespertino La Hora reportó que esa misma tarde se dictaría sentencia contra el ex comisionado militar, Isidro Cardona Osorio, acusado de la desaparición del estudiante del Instituto Normal para Varones de Oriente, Edgar Leonel Paredes Chegüén, de 19 años. El Ministerio Público (MP) esperaba una condena de 70 años, y había manifestado contar con el testimonio del hermano de Edgar Leonel y “17 documentos pertenecientes al archivo histórico de la Policía Nacional”.

“Isidro Cardona Osorio fue uno de los cuatro comisionados militares que el  12 de enero de 1982 a las nueve y media de la noche intercepto a Edgar Leonel Paredes Chegüén quien en compañía de su hermano caminaban en la zona 1 de Chiquimula. Los cuatro comisionados miliares se movilizaban en un pick up y al identificar que se trataba del reconocido orador, el joven fue capturado e introducido por la fuerza al vehículo y nunca más se le volvió a ver”, constata un artículo recogido en blog de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). 

Finalmente, Cardona fue condenado a 50 años de prisión.

Por su parte, el ex Jefe del Comando Seis —nombre que recibía la Sección de Investigaciones Especiales del Segundo Cuerpo de la PN— entre 1977 y julio de 1980, y del Cuerpo de Detectives a partir de agosto de 1980,Pedro García Arredondo, fue condenado el 21 de agosto de 2012 a 70 años de prisión por la desaparición de Edgar Enrique Sáenz Calito, un militante de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) que fue capturado el 4 de marzo de 1981 por agentes policiales destacados en las oficinas del telenoticiero de aquel entonces “Aquí el Mundo”, donde Sáenz Calito intentó introducir un comunicado de su organización. Tras permanecer más de tres meses en el Hospital del Segundo Cuerpo fue liberado el 9 de junio de ese mismo año, y secuestrado y desaparecido instantes después.

Según el diario Prensa Libre, “entre las pruebas “contundentes” a las que el Tribunal les dio valor probatorio figuran los archivos de la PN”.

Y el 19 de enero de 2015, García Arredondo recibió otra condena de 40 años por su responsabilidad en la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, y otros 50 años por el asesinato de dos estudiantes que participaban en el velorio de las víctimas, dos días más tarde.

El AHPN aportó también pruebas documentales en los procesos de la Masacre del Aguacate, perpetrada por miembros de la ORPA; la Masacre de las Dos Erres, cometida por elementos de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil, y los casos de Genocidio y Sepur Zarco, entre otros.

El 23 de mayo de 2018 fueron condenados a 25 años de prisión los generales retirados Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, por delitos contra los deberes contra la humanidad.

Callejas, Zaldaña y Lucas, fueron condenados a 25 años más por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, y ocho años por la violación de su hermana Emma Guadalupe Molina Theissen, hechos ocurridos en 1981.Los militares sentenciados habían ocupado altos cargos durante los peores años de la guerra interna.

Lucas fue Jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) durante la presidencia de su hermano Fernando Romeo Lucas García (1978-1982). Durante su juventud, estudió en la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr, Francia.

En tanto, Callejas y Callejas fue Jefe de la Dirección de Inteligencia entre 1980 y 1982. En 1970 asistió a la Escuela de las Américas.

Por su parte, Gordillo Martínez era el comandante de la Zona Militar de Quetzaltenango cuando ocurrieron los hechos —más tarde formó parte de la Junta Militar de Gobierno presidida por Efraín Ríos Montt—; y Zaldaña Rojas era el oficial de inteligencia de esa misma zona militar.

En este caso también le fue otorgado valor probatorio a los documentos del AHPN. 

El 27 de mayo de 2019 el actual ministro de Gobernación, Enrique Degenhart anunció que el acceso al archivo de la PN sería cambiado. (Foto del documental “El Archivo, una mirada en el tiempo”)  

Situación actual y (oscuras) perspectivas

El 27 de mayo de 2019, el actual Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, anunció que “el acceso” al archivo de la PN sería “cambiado”. El funcionario manifestó sus deseos de que la cartera a su cargo retomara el control del AHPN, y aseguró que éste contiene “información sensible y que está protegida por la Ley de Acceso a la Información Pública”.

Según el funcionario: “esos archivos nunca se han ocultado porque siempre han estado en esa misma infraestructura(y)en ningún momento se ha dicho que no va a haber una continuidad del proceso. Lo que sí les puedo decir hoy es que no va a ser bajo las mismas condiciones, eso sí es seguro”.

Lamentó que el MINGOB “a través de la PNC, no tenga ninguna participación en el manejo de sus propios archivos (y advirtió que) lo que sí no vamos a permitir es que de forma masiva esos archivos sigan saliendo al exterior del país, eso sí no lo vamos a permitir. No pueden haber instituciones extranjeras que tengan los archivos completos”.

El ministro Deghenhart Asturias pretendió ignorar –o ignoraba realmente–, que el acceso a los archivos de las fuerzas de seguridad del Estado ha sido limitado o su existencia negada reiteradamente. Es probable que tampoco conociera la reacción de Carlos Roberto Vielman Montes, ex Ministro de Gobernación en el gobierno de Óscar Berger Perdomo, tras la aparición pública del AHPN. Al respecto, Alfonso Bauer Paiz escribió en julio de 2005:

Es de lamentar y censurar la reacción del Ministerio de Gobernación, quien no le dio ninguna importancia al descubrimiento e irresponsablemente declaró: “hay gente encargada de los archivos, pero nadie entra porque eso está lleno de ratas y murciélagos; no sé lo que hay, pero me imagino que antecedentes penales y cosas así”.

Para Bauer Paiz: “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, él, como titular del dicho Ministerio, está obligado a administrar descentralizadamente los registros y sistemas de documentación y, además, a velar por la eficiente administración de los registros públicos, sometidos a su jurisdicción, como son los de la PNC. E ignorar qué contienen esos archivos y permitir que ratas y murciélagos los destruyan, es incumplir las normas legales, por lo cual incurre en responsabilidades no sólo administrativas sino penales.

Las declaraciones de Degenhart Asturias fueron recibidas con preocupación, y no fueron pocas las voces que hablaron directamente de que se trataban de una amenaza para la continuidad del trabajo, que se producía “en un momento en que las iniciativas en materia de justicia y derechos humanos se encuentran bajo asedio en general en Guatemala”.

Kate Doyle por su parte, recordó que el archivo “ha estado institucionalmente a la deriva desde que su director por mucho tiempo, Gustavo Meoño Brenner, fuera despedido abruptamente en agosto de 2018. Tras la salida de Meoño, el Ministerio de Cultura y la oficina guatemalteca del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —responsable de la administración de las donaciones internacionales para el AHPN— instituyeron recortes drásticos sobre el presupuesto del archivo y su personal. Las dos dependencias acordaron eliminar el puesto de director e inclinándose por un “enlace técnico”; contrataron a un archivero capacitado, sin experiencia en derechos humanos para cubrirlo. Despidieron a todos menos a un miembro del equipo de investigación dedicado a localizar y analizar los registros policiales que contienen información sobre las campañas ilegales de terror de Estado durante las décadas de 1970 y 1980″.

Tras la no renovación de su contrato, Gustavo Meoño fue sustituido por la empleada del PNUD, María Salomé García, con experiencia “en el área de desarrollo y comercio internacional”. El trabajo de investigación fue interrumpido en marzo de 2019, y en junio de ese mismo año fue despedida la mayor parte de su plantel original.

Actualmente trabajan en el AHPN alrededor de 30 personas. Por ahora se continúa con la digitalización, y en teoría, la Unidad de Acceso sigue funcionando. Pero resulta evidente que las maniobras gubernamentales están encaminadas a restringir el acceso y a entorpecer su labor en los juicios, y nada indica que esta situación vaya a cambiar con la llegada al gobierno de Alejandro Giamattei Falla y el partido político Vamos. 

CITAS

1. AHPN. “Del silencio a la memoria. Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, página 22.
2. Rey Rosa, Rodrigo. “El material humano”, página 21.
3. Department of State, Office of Intelligence Research, Intelligence Report No. 6537, “Communist Penetration of Guatemala and Czechoslovakia”, pp. 6, 10, y 11. Disponible en: https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp62-00865r000300200001-8
4. Rey Rosa, Rodrigo, op. cit., página 26.
5. Rey Rosa, Rodrigo, op. cit., páginas 22 y 25.
6. Ibídem, páginas 27-33.
7. La Hora. “Archivos policiales”, 20 de julio de 2005.
8. Morales, Sergio. “Es un archivo histórico”. Diario Prensa Libre, 24 de julio de 2005.
9. Albizúres, Miguel Ángel. “Los archivos en el pasillo del terror”. Diario elPeriódico, 27 de julio de 2005.
10. Kate Doyle, “The Guatemalan Police archives”, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 170. Washington, 21 de noviembre de 2005.
11. Ibídem.
12. Ibídem.
13. Santos Coy, J. “Habemus Data”. Incidencia Democrática (IDEM). Nueva época número 758, 19 de agosto de 2005.
14. Idídem
15. En la página del AHPN puede leerse lo siguiente: El AHPN ha contado desde su descubrimiento en julio de 2005 con el apoyo de instancias de gobierno y cooperación internacional de Suecia, Suiza, Países Bajos, Generalitat de Catalunya, Gobierno del País Vasco, Embajada de Alemania, (éstas últimas actualmente fusionados en GIZ), OXFAM-UK, Médico Internacional (Alemania) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
16. Zepeda, José. “Entrevista a Sergio Morales: ‘En Guatemala es imposible juzgar a nadie’”. Papeles N° 95, 2006, página 142.
17. Procuraduría de los Derechos Humanos. “El derecho a saber. Informe especial del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, páginas 254-258.
18. La prensa reportó la muerte de Ricardo Antonio Gómez Álvarez, el nombre que llevaba la cédula que le encontraron al cuerpo.
19. Diario El Gráfico, 29 de noviembre de 1983, página 3.
20. Diario Impacto, 29 de noviembre de 1983, página 2.
21. Diario Impacto, 29 de noviembre de 1983, página 22.
22. Diario Prensa Libre, 29 de noviembre de 1983, página 37.
23. Diario Prensa Libre, 29 de noviembre de 1983, página 37.
24. Ibídem
25. Dirección General de la Policía Nacional. “Memorándum Confidencial para conocimiento del Señor Jefe de Estado Comandante General del Ejército y Ministro de la Defensa Nacional”. Novedades de la Capital. Of. Noct. SG/Trp. hoja número uno y dos. Guatemala, 29 de noviembre de 1983. Depósito documental, AHPN.
26. Diario Impacto, 29 de noviembre de 1983, página 22.
27. Ibídem
28. Diario Militar, ficha Z-28.
29. Departamento de Investigaciones Técnicas. Oficio  1617-83 ref. GAOB/sdep. 29 de noviembre de 1983. Depósito documental, AHPN.
30. Ibídem. Evelia Girón Ruano sería capturada en enero de 1984.
31. Ibídem
32. Departamento de Investigaciones Técnicas, INFORME, 28 de noviembre de 1983. Depósito documental, AHPN.
33. Ibídem
34. Departamento de Investigaciones Técnicas, Jefatura de Servicios. “Informe Confidencial”. Guatemala, 28 de noviembre de 1983. Depósito documental, AHPN.
35. Quinto Cuerpo, OFICIO No. 1585/83 REF. OF Eirl., 28 de noviembre de 1983. Depósito documental, AHPN.
36. GTPN30 01 S007 Caja 300145 Legajo 7. DGPN, “Memorándum Confidencial para conocimiento del Señor Jefe de Estado Comandante General del Ejército y Ministro de la Defensa Nacional”. Inmueble entregado a su propietaria, 20 de marzo de 1984.
37. GTPN30 01 S020, Oficio número 1359/83. Refarcc., del Quinto Cuerpo, 10 de octubre de 1983.
38. Ibídem
39. Ibídem
40. GTPN30 01 S007 Caja 300145 Legajo 1. “Memorándum Secreto para conocimiento del Señor Jefe de Estado Comandante General del Ejército y Ministro de la Defensa Nacional”. Catean inmueble, 3 de enero de 1984. Existe un documento del Quinto Cuerpo que contiene exactamente la misma información, ver Sonja Perkič-Krempl. “El Diario Militar: caso de desaparición forzada de Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, un análisis de unidades documentales encontrados en el Archivo Histórico de la antigua Policía Nacional (AHPN) en Guatemala”. página 12.
41. Ibídem.
42. Perkič-Krempl, Sonja. “El Diario Militar: caso de desaparición forzada de Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, un análisis de unidades documentales encontrados en el Archivo Histórico de la antigua Policía Nacional (AHPN) en Guatemala”, página 9.
43. Osorio, Elizabeth. “El Hombre Lobo: Interpretación psicosocial de un delator. Testimonios que dan vida al “Diario Militar o Dosier de la muerte”, páginas 37 y 38.
44. Diario Militar, Z-34.
45. Diario Militar, Y-94.
46. Ibídem
47. GTPN30 01 S007 Caja 300145 Legajo 7, Dirección General de la Policía Nacional, “Memorándum Confidencial para conocimiento del Señor Jefe de Estado Comandante General del Ejército y Ministro de la Defensa Nacional, Novedades de la Capital”, Secuestrado fue liberado por elementos de seguridad, 16 de marzo de 1984.
48. GTPN30 02 S002 Caja 300079 Legajo 5.
49. Centro Universitario de Documentación e Información. “Proceso, resumen semanal informativo del Cudi”. San Salvador, número 11/12, año 1, del 18 al 31 de agosto de 1980.
50. GTPN30 02 S002 Caja 300079 Legajo 5.
51. InforpressCentroamericana No. 401, 17 de julio de 1980, página IV.
52. Ibídem
53. Ibídem, página III.
54. InforpressCentroamericana No. 401, 17 de julio de 1980, página III.
55. GTPN30 02 S002 Caja 300079 Legajo 5.
56. GTPN30 02 S002 Caja 300079 Legajo 6.
57. GTPN30 01 S016 Caja 300152 Legajo 4.
58. Ibídem
59. CEH. “Guatemala, memoria del silencio, Tomo VIII, Casos presentados Anexo II”, página 321.
60. Diario Militar, ficha Z-148.
61. Archivo Histórico de la Policía Nacional. “Del silencio a la memoria. Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, página 111.
62. Ibídem, página 134.
63. GTPN30 01 S007 Caja 300167 Legajo 1. Memorándum confidencial para conocimiento del señor Director General, 31 de diciembre de 1981.
64. GTPN30 01 S007 Caja 300145 Legajo 7. “Memorándum Secreto para conocimiento del Señor Jefe de Estado Comandante General del Ejército y Ministro de la Defensa Nacional”, 14 de marzo de 1984.
65. Archivo Histórico de la Policía Nacional. “Del silencio a la memoria. Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, página 23.