Thelma Aldana: “cuando se toca a personas de cuello blanco se unen”

Una vez pasadas las elecciones, y a días de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, del país, la exfiscal general Thelma Aldana hace un balance del legado de la comisión y su trabajo. También señala como la captura del Estado resta legitimidad al proceso electoral y habla de las principales pruebas que enfrentará el gobierno del presidente electo, Alejandro Giammattei.

La exfiscal general del Ministerio Público (2014-2018), Thelma Esperanza Aldana Hernández, junto al comisionado Iván Velásquez, fue la gran ausente del seminario de cierre de labores de la Cicig, “El Legado de Justicia en Guatemala” el pasado 20 y 21 de agosto en la ciudad de Guatemala.  Aldana, al igual que Velásquez, tuvo que dirigirse a la audiencia vía teleconferencia.

La negativa de permitir el ingreso del comisionado Velásquez por parte del gobierno de Jimmy Morales, pese a resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que señalan que no tiene impedimento legal para retornar al país; y una orden de captura en contra de la ex fiscal Aldana, por una denuncia penal opaca que lleva cinco meses bajo reserva, impidieron que los principales protagonistas de la lucha contra la corrupción y la impunidad lograrán pronunciarse sobre lo que significa la salida de Cicig desde Guatemala.

En tanto la Cicig presentaba su informe final, la semana pasada el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal, en una decisión dividida, decidió absolver al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales. Los delitos de fraude y lavado de dinero que se señalaban en el caso Botín Registro de la Propiedad quedaron sin culpables. Se trataba de una investigación conjunta del MP y Cicig. De esta manera inició el proceso de cierre de la Comisión en Guatemala que, salvo una excepcional resolución de la CC, parece irreversible a partir del próximo tres de septiembre.

En ese contexto No-Ficción entrevistó vía telefónica a la exfiscal general Thelma Aldana, actualmente en el extranjero, para conocer su valoración sobre el legado de la Cicig y su balance sobre el proceso electoral de 2019. Dos temas ligados debido al protagonismo de algunos políticos señalados en las investigaciones del MP de Aldana, aunado a la arremetida de diferentes sectores poderosos que se opusieron a su participación como candidata a la presidencia en las pasadas elecciones.

¿Qué le deja la Cicig a Guatemala?

Thelma Aldana (TA): Desde que empezó la Cicig en Guatemala se inició un cambio en el sistema de justicia penal con la modificación de leyes o la emisión de algunas leyes que fueron superimportantes para cambiar las formas de investigación. Por ejemplo, los métodos especiales de investigación que están contenidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que antes no se utilizaban en el sistema de justicia de Guatemala.

También los colaboradores eficaces se empezaron a utilizar, se modificó la ley y se logró introducir esta figura. Se empezó a capacitar a los fiscales para usar adecuadamente el mecanismo de colaborador. En todo esto ayudó muchísimo la técnica de los investigadores de Cicig.

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Nota: Al respecto la CICIG propuso una reforma de la Ley contra la Delincuencia Organizada para permitir que se operativizara la figura de la colaboración eficaz en la persecución penal. Según el informe final de labores de Cicig: “A partir de dicha reforma, contenida en el Decreto 23-2009 del Congreso de la República, se ha extendido la utilización de este recurso jurídico que permite obtener información de primera mano, verificable y eficaz para identificar y perseguir los delitos cometidos por organizaciones criminales”.

TA: También son importantes las escuchas telefónicas, un método especial de investigación que se implementó en el Ministerio Público con el apoyo de Cicig, pero también de los cooperantes, porque los equipos son sumamente caros.

En las audiencias dentro de los tribunales se pasa una escucha y todo el mundo empieza a sacar conclusiones, pero detrás hay todo un análisis criminal importante. Ahí surge la Dirección de Análisis Criminal (DAC), que también yo lo he dicho en varios espacios, se fue formando a raíz del apoyo de Cicig.

Cuando yo llegué al MP en 2014 había aproximadamente 40 analistas criminales dentro de la institución. Y había algunos analistas de Cicig capacitando al personal adentro de la unidad. Pero en el 2017 empezamos a incluir analistas de Cicig dentro de las investigaciones. Logramos tener 120 analistas dentro del MP. La DAC es importante porque ayuda a los fiscales a la construcción del caso, los guía… Incluso la hipótesis diseñada para una investigación se cambia cuando se escucha lo que dicen los analistas de la DAC. Y esta Dirección de Análisis Criminal, no trabajó únicamente con la Feci, sino con todas las fiscalías. Tuvimos que generar nuevos puestos, porque en algún momento, todas las fiscalías pedían apoyo de la DAC. Como resultado se mejoró la calidad de la investigación. Se pasó de analizar casos aislados a entender un fenómeno criminal.

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Nota: En 2012, la Cicig y el MP, con apoyo del Fondo de Construcción de la Paz de Naciones Unidas, elaboraron el reglamento para la creación de la Dirección de Análisis Criminal (DAC) del MP. El objetivo era centralizar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos. La DAC identifica patrones de actuación criminal que conducen a unificar distintos actos ilícitos cometidos por una misma red delictiva. 

Así, explica la exfiscal general, en lugar de investigar a un sospechoso por un solo caso se detectan patrones y se va detrás de estructuras completas. En la actualidad, la DAC tiene alrededor de 165 digitalizadores y analistas, incluyendo analistas que enlazan esa dirección con fiscalías distritales y de sección en todo el país.

Para homogenizar el análisis criminal, Cicig participó en la elaboración de protocolos para crear modelos de trabajo en áreas estratégicas, el desarrollo de bases de datos para almacenar y relacionar información entre otras tareas como señala el informe final de labores de la institución.

TA: Todo este nuevo sistema de investigación hizo un cambio rotundo en el Ministerio Público y fue acompañado por la Cicig. Se trató de una verdadera transferencia de capacidades: se mejoró en la investigación, se mejoró en la utilización de métodos especiales de investigación y en el uso de las leyes. A esto hay se debe agregar la aprobación de la Ley de Mayor Riesgo o de Competencia Ampliada. Ustedes vieron que desde el año 2012 el Organismo Judicial instaló a los jueces de mayor riesgo, y que a pesar de que se les capacitó, y de que prácticamente son los mejores jueces de Guatemala, la magnitud de los casos que presentamos MP y Cicig en algún momento les rebasó.

En su mensaje de despedida a la Cicig mencionó que hace falta “la voluntad política” del MP para la transferencia de capacidades de la Cicig a la FECI ¿Cree que hay un intento de la fiscal general Consuelo Porras de debilitar las investigaciones en marcha?

TA: Yo dije que no había voluntad política del gobierno en general y en particular del Ministerio Público de seguir con el fortalecimiento a las investigaciones, no al traslado de capacidades. El traslado de capacidades es algo que se ha dado a lo largo de diez años. Pero en cuanto al fortalecimiento, que era a lo que yo me refería, no ha habido voluntad política. La capacidad instalada que deja la Cicig requiere fortalecimiento y mejora continua. Sin voluntad política se va a detener, no se va perder, porque no vamos a perder la Unidad de Métodos Especiales, ni se va a perder la DAC, ni se va a perder la capacitación que han recibido muchísimos fiscales. Pero en paralelo se requiere fortalecimiento y seguimiento, y para esto es que yo no veo capacidad política en el Ministerio Público.

¿Pero también se requiere una política criminal clara, de parte del MP, para que decida donde enfocar esas investigaciones?

TA: Por su puesto, porque en el caso de funcionamiento de Cicig, el comisionado y yo nos sentábamos para ponernos de acuerdo sobre lo que se iba a investigar. No en función de las personas sino del fenómeno criminal.

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Nota: Durante el seminario de cierre de labores de Cicig, la fiscal general Consuelo Porras, recibió abucheos de los asistentes y partió poco después de una breve intervención en el evento. La actual fiscal general ha recibido numerosos señalamientos desde la prensa y analistas en materia judicial por una excesiva “pasividad” en el apoyo a investigaciones de alto impacto.

En la segunda jornada del seminario e informe final de Cicig, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Feci, Juan Francisco Sandoval, encargado de la contraparte de las investigaciones de Cicig en el MP indicó: “Recuerdo las épocas en que los fiscales generales nos pedían, nos motivaban, nos incentivaban a presentar casos. Y espero que eso pueda ocurrir a futuro”.

El fiscal, al igual que jueces de Mayor Riesgo, como Miguel Ángel Gálvez y Ericka Aifan, reconocieron la existencia de amenazas para los procesos penales abiertos ante estas entidades de justicia, todos casos dejados por Cicig. Además, el fiscal y los jueces, advirtieron del poco apoyo de las máximas autoridades en el MP y el Organismo Judicial para garantizar la seguridad de los operadores de justicia.

Justamente en esas investigaciones algunas de las estructuras criminales más profundas que tocaron fueron las relacionadas con el financiamiento electoral ilícito de los partidos (PP, Líder, Unionista, UNE, FCN-Nación…) ¿Cree que estás investigaciones hicieron que se reunieran los opositores contra la Cicig y el MP?

TA: Yo creo que fue todo el proceso de fortalecimiento de las investigaciones. Es que cuando se toca a personas de cuello blanco, se unen. Y tienen poder, y tienen dinero, y tienen los mecanismos para tratar de frenar las investigaciones. No se trata solo del financiamiento electoral ilícito, que es uno de los tantos ejes de la corrupción y la impunidad del país, sino de otros casos como el de Cooptación del Estado, que refleja cómo funciona un Estado capturado, los casos de corrupción, los grandes casos de defraudación aduanera, etcétera. Son muchísimos los casos y muchísimas las personas que se vieron involucradas en la impunidad.

¿Cuál cree que fue el punto de inflexión entre el gobierno de Jimmy Morales y la relación con la Cicig, y el Ministerio Público, para el rechazo que luego vimos por parte del gobierno?

TA: No sé exactamente en qué momento se dio. Es evidente de que sucedió cuando se comenzaron a sentir afectadas las personas de cuello blanco, los intocables, como Pérez Molina, como Roxana Baldetti, ciertos personajes que fueron ministros, funcionarios de gobierno y todas las personas que fueron involucrando en los casos.

¿Qué opina de la absolución del hijo y el hermano del presidente Morales en el caso Botín Registro, pese a los elementos de prueba en su contra?

TA: Voy a opinar del caso cuando la sentencia esté firme y ejecutada. Eso quiere decir que ahorita es solo la primera instancia, no sé si en seis meses o en un año habrá apelación. La Sala de Apelaciones puede confirmar, puede modificar o puede revocar el fallo del tribunal y esto todavía es susceptible de casación, entonces hay que esperar…

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Nota: La misma semana en que la Cicig presentó su informe final, El Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal, en una decisión divida, absolvió a José Manuel Morales Marroquín (acusado de fraude) y Samuel “Sammy” Morales Cabrera (acusado de fraude y lavado de dinero), hijo y hermano del presidente. La presidenta del tribunal, Edna Maxía, aseguró en su voto razonado que encontró elementos suficientes para establecer la existencia de delitos. Pero sus compañeros, los jueces Jaime González y Juan Aceituno, por el contrario, votaron por la absolución de los Morales.

Por este caso la exregistradora general de la propiedad, Anabella de Léon, recibió una multa de Q5 mil, mientras que otros acusados de plazas fantasmas recibieron sentencias de entre tres y cuatro años conmutables por el pago de una multa. El resultado recordó a los casos de corrupción anteriores a 2015: peces menores condenados y figuras públicas importantes absueltas o con sentencias mínimas.

Respecto al proceso electoral ¿cree que tiene legitimidad el mismo luego de ser tan cuestionado por acciones legales?

TA: Creo que ya nos dimos cuenta que durante décadas ningún proceso electoral en Guatemala tiene legitimidad, porque el Estado está capturado. Y aunque hay personas que participan de buena fe y otros que pueden quedar de presidentes de buena fe, no hay legitimidad ante un estado capturado y corrupto como el nuestro.

En el caso del presidente electo, Alejandro Giammattei, él no figuraba en los primeros puestos en intención de voto hasta la salida de las candidaturas de Zury Ríos y la suya, que fueron prohibidas sus inscripciones en las elecciones de 2019. ¿Qué opina de la elección de Giammattei?

TA: No fue responsabilidad de él, se sometió al proceso y finalmente la población le dio su voto. Creo que el gran reto para el doctor Giammattei es ayudar a liberar a ese Estado capturado. Ser el presidente honesto que pedimos los guatemaltecos, pedimos que haya honestidad, transparencia y que el imperio de la ley sea lo que sustente su gobierno. Si él hace eso, y piensa y se proyecta en sus planes de gobierno hacia las personas más pobres podremos ir avanzando como un país democrático. Porque durante estos cuatro años del presidente Jimmy Morales, lo que menos hubo fue fortalecimiento democrático y casi perdimos el Estado de Derecho. El reto es muy grande para el doctor Giammattei, fortalecer la democracia y recuperar el Estado de Derecho.

¿Cree que el nuevo gobierno puede y tiene la voluntad para estos cambios, cómo luchar contra la corrupción, cuando la Cicig ya no estará en el país?

TA: Pues esa será la prueba. Esa será la gran prueba para el doctor Giammattei, salir adelante sin la Cicig, como un presidente honrado y honesto, capaz de ayudar, sin intervenir, en el fortalecimiento del Organismo Judicial, del poder judicial.

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¿Habrá condiciones para su regresó a Guatemala en el próximo gobierno?

TA: Yo tengo que esperar un tiempo para ver cómo va a funcionar el nuevo gobierno. Sé que tengo enemigos muy grandes que no están en el gobierno sino en las cárceles. Las estructuras que tocamos con la Cicig son poderosas, y en ese sentido tengo que tener mucha prudencia. Cuando quiénes ven el tema de seguridad me digan que puedo retornar a Guatemala lo haré, feliz de retornar a Guatemala.

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Nota: El 11 de agosto Alejandro Giammattei, del partido Vamos, se impuso ante Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Giammattei estuvo entre los acusados por el MP y Cicig en un caso de ejecuciones extrajudiciales en 2010, señalado de haber participado en un operativo en el cual fueron asesinados siete reos cuando fue director del Sistema Penitenciario.

En su cuarto intento por llegar a la presidencia Giammattei ganó luego de ocupar la cuarta posición en los anteriores comicios. El candidato de Vamos, además, se vio favorecido por la salida de la contienda electoral de Zury Ríos, quien cuenta con una prohibición constitucional para participar, y la no inscripción de Thelma Aldana, por un proceso en su contra. Ambas ocupaban, según sondeos de opinión al inicio de la campaña electoral, el segundo y tercer lugar en la intención de voto.

¿Sigue vinculada al partido Semilla, espera poder competir en las próximas elecciones por la presidencia?

TA: Eso es algo que todavía no hemos platicado ni definido, no he conversado sobre ese tema con ninguno de los integrantes del partido.

¿Hay condiciones, con todo este contexto que nos ha comentado de Estado capturado y de corrupción, para unas elecciones transparentes en Guatemala?

TA: Como prácticamente todos los partidos tradicionales pasaron a la historia, ha quedado un espacio democrático que tienen que aprovechar los guatemaltecos. Formar partidos que no se parezcan ni a Líder, ni al Patriota ni a ningún otro partido de la vieja política porque el espacio está allí, ya lo dejaron, costó, pero hoy por hoy no hay un solo partido político de los de la vieja política que tenga posibilidades reales de llegar a la presidencia dentro de cuatro años. Además, los guatemaltecos sabemos quiénes son y no vamos a votar por ellos. Son espacios que deben aprovechar las buenas personas, que hay muchísimas en Guatemala, y que puedan incursionar en la política, pero que no sigan las mismas mañas de los que nos han gobernado.

En ese sentido, ¿cómo ve los resultados de la candidatura de Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza a la presidencia?, ¿cree que se debió en alguna medida a las investigaciones contra el partido en los últimos años?

TA: Ese fue uno de los grandes legados de Cicig que dejamos en el tintero: la conciencia ciudadana. Formar esa conciencia en relación al trabajo que hicimos MP y Cicig, fue el resultado, por ejemplo, de lo que sucedió con Baldizón (candidato presidencial de Líder que obtuvo el segundo lugar en 2012 y el tercero en 2015, actualmente procesado por lavado de dinero en Estados Unidos), él ya era el presidente de Guatemala, pero cuando la población, a través de las investigaciones, se dio cuenta de quién iba a ser su presidente, ya no votó por él. Votamos por otro peor, pero esa ya es otra historia.

Y lo mismo me parece que sucedió con Sandra Torres (cuyo partido UNE fue acusado de financiamiento electoral ilícito, pero la Corte Suprema de Justicia decidió no retirarle la inmunidad), la gente le dijo no, porque ya existe una conciencia ciudadana. Ojalá no nos hayamos equivocado y vuelva a pasar lo mismo que hace cuatro años. Pero la gente tiene conciencia ya, y eso es un avance, y lo está demostrando la población al no votar por la UNE.

Por último ¿a qué dedica su tiempo ahora, fuera del país?

TA: Tengo muchas actividades, pero una de las más importantes es que estoy empezando a escribir un libro sobre toda mi experiencia en el sistema de justicia. Por supuesto voy a incluir lo relativo al trabajo con Cicig, el Ministerio Público y hacer el relato de ese trabajo conjunto. Voy a enfocarme en el sistema de justicia.  Incluyendo las vivencias que tuve, y voy a hacer mención de cómo funciona el Estado capturado guatemalteco.