Bancadas neófitas: los límites de la oposición

Los partidos políticos que alcanzan la presidencia suelen ser un imán que atrae a otros grupos parlamentarios interesados en acercarse al poder. Por eso, ha sido común que se formen alianzas oficialistas que dominan el Congreso.  En la actual legislatura, se generaron algunas condiciones para que esto cambiase. Pero hasta el momento, la inercia de poder se ha impuesto.

La Novena Legislatura del Congreso de Guatemala arrancó con 109 diputados nuevos, dos de cada tres congresistas habían sido electos por primera vez al cargo, algo que generó cierta expectativa de renovación. Después de medio año de trabajo el balance del Congreso parece inclinarse hacia una alianza oficialista con poco espacio para el ejercicio de la oposición, en un contexto de crisis global a raíz de la pandemia de COVID-19.

Al tomar posesión, el 14 de enero, cinco bloques y un diputado (Semilla – con siete diputados-, Bien -cinco-, Creo -seis-, PAN -uno, Eduardo Zachrisson-, URNG -tres- y Winaq -cuatro-) anunciaron una agenda mínima de reformas en áreas como la Ley Electoral y de partidos Político, Contrataciones del Estado, reformas al sector Justicia, un código de ética para el Congreso, una Ley de Competencia o legislación para la protección en Derechos Humanos, entre otras. Estos esfuerzos, sin embargo, no han logrado cristalizar en propuestas conjuntas o en una fiscalización coordinada.

“Es difícil mantener votos en conjunto incluso con bloques aliados” reconoce el diputado Samuel Pérez de Semilla. Para un actor interesado en encabezar la oposición política, desde el Congreso, el jefe de bloque de la UNE, Barreda, esta dispersión era bastante esperable: “a diputados en PAN, Creo o incluso BIEN tampoco les conviene que se les asocie a una postura percibida como de izquierda”. Para el diputado de la UNE su agrupación es vista como de centro izquierda y pese a conflictos pasados con el sector privado no es considerada como una fuerza con la que no se pueda llegar a acuerdos.

Políticamente, el problema de las bancadas minoritarias para hacer oposición pasa también por un tema de identidad. Además de lograr efectividad en sus intervenciones estas deben ser vistas para tener un rédito político. Para que las agrupaciones puedan ser contempladas como una alternativa viable en el próximo ciclo electoral.

El director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Rubén Hidalgo, señala que es muy difícil que se encuentre una agenda interpartidaria por la dispersión de intereses que muchas veces reúnen los bloques.  “Al no existir agenda, hay una diáspora de intereses temáticos, que no permite crear una agenda de consenso”, dice Hidalgo. Incluso si hay intereses comunes válidos entre agrupaciones, la cohesión por medio de la gestión de recursos a sus distritos, o incentivos perversos como legislación como prebendas parecen ser un método más efectivo de cohesión entre congresistas. 

Así entre los partidos con nuevos diputados analizados como oposición encontramos a Semilla con siete diputados, Winaq con cuatro (es la tercera legislatura con diputados de esta agrupación, en este caso los cuatro son nuevos), BIEN con ocho (pero divididos entre cinco con acciones de oposición, liderados por la diputada Morataya, ex esposa del expresidente Alfonso Portillo, y tres alineados con los oficialistas según reflejan sus votos) y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) con una diputada y una agenda muy separada del resto de partidos, forman bloques con números insuficientes como para incidir desde la Legislación, y más centrados en la denuncia, fiscalización y colocar propuestas disonantes en el debate político. 

Mientras que agrupaciones alejadas en el espectro ideológico como los conservadores CREO (seis diputados) y Victoria (dos diputados, luego de la disidencia de los otros dos), en un extremo, y URNG-Maíz, de izquierda, llevan una agenda propia de fiscalización y de intermediación. Con el apoyo de CREO y Victoria a la alianza oficial en decisiones clave de control político como la elección de los magistrados del TSE.

Diputados como Aldo Dávila, de Winaq, o Evelyn Morataya de BIEN, o Vicenta Jerónimo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), o Samuel Pérez de Semilla se dicen dispuestos al trabajo conjunto en áreas que consideran de beneficio a la población, tanto en materia de legislación como el trabajo independiente en fiscalización, pero los espacios para la acción son limitados por las mismas condiciones de gobernabilidad del Congreso.

“En el pleno encontramos que muchas veces no son los argumentos los que priman, sino los números, quien tiene los votos. Pero también que la denuncia y el señalamiento hace pensar dos veces a los diputados cuando hay decisiones cuestionables” señala Pérez.

Una alianza donde cabe de todo

Para entender esta lógica hay que repasar la integración del Congreso y sus actos. Hay 19 bloques con representación en el hemiciclo, de los cuales nueve la tienen por primera vez (Bien, Humanista, Valor, Podemos, Semilla, MLP, Prosperidad Ciudadana, Victoria y el oficialista Vamos). Al 31 de julio de 2020 la actividad parlamentaria se había traducido en 28 decretos, 13 acuerdos legislativos, 32 iniciativas de ley conocidas en el pleno y al menos 727 reuniones de trabajo documentadas. 

Pero detrás de estos números es difícil encontrar un contrapeso al Ejecutivo, alrededor del oficialismo se ha tejido una alianza que reúne de todo: un partido con su máximo líder y fundador detenido en Estados Unidos por narcotráfico, UCN; el descrédito del anterior partido oficial, FCN-Nación; o el liderazgo de un diputado con investigaciones penales abiertas como Felipe Alejos de Todos, entre otras bancadas.  

Las funciones en el Congreso se dan desde cuatro principales áreas: La legislación (la atribución de sus miembros de proponer leyes y del órgano en su conjunto de aprobarlas), la función de debate político, la de control y fiscalización (a través de mecanismos como las reuniones de trabajo, citaciones o incluso interpelaciones de funcionarios) y por último la facultad nominadora de otras instancias del Estado (como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas y otros).

En todas estas tareas, el tamaño de los bloques legislativos es clave para el alcance de sus esfuerzos. Así, por ejemplo, la ruta para que una iniciativa de ley se convierta en ley requiere que, una vez presentado el proyecto de ley, la Junta Directiva la proponga a los jefes de bloque para que decidan leerla en el pleno, luego está es remitida a una comisión de trabajo que puede darle un dictamen favorable o desfavorable. Una vez obtenido el dictamen debe ser incluida dos veces más en la agenda del pleno y no se convierte en ley hasta que es aprobada en tercera lectura en el pleno. 

Actualmente, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) es el mayor bloque, con 52 diputados electos, seguido por Vamos con 17 y la Unión del Cambio Nacional (UCN) con 12, luego hay una zona media con ocho bancadas de entre 9 y 6 diputados; además hay otros ocho bloques con menos de cuatro congresistas y dos diputados que se han declarado independientes (disidentes de Victoria). 

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Para la aprobación de una ley, en tres lecturas, se requiere de 81 votos (la mitad más uno del Congreso), mientras que las medidas consideradas de urgencia nacional necesitan 107 votos (dos terceras partes de los diputados). 

De tal forma que el oficialismo para obtener el control del Congreso requirió de una amplia alianza que le proveyera de estos votos.  Los bloques de Vamos (17), UCN (12), Valor (9), FCN-Nación (8), TODOS (7), VIVA (7), Humanista (6), Unionista (3), Prosperidad Ciudadana (3) y PODEMOS (1) suman a la fecha 73 votos. Un grupo al que se suman en momentos clave alrededor de 18 diputados de la UNE. Eso le da a la alianza oficialista 91 votos recurrentes, a los cuales se suma un voto del PAN (Manuel Conde) y tres disidentes de BIEN, para 95 votos. 

Los nexos y las alianzas 

En este panorama de atomización, lo lógico hubiera sido esperar que la UNE obtuviera la presidencia del Congreso y algunas comisiones de trabajo claves. En su lugar, el oficialismo preside la Junta Directiva y oficialmente la UNE solo tiene un diputado en JD. ¿Qué pasó? En palabras del propio jefe de bloque de la UNE, Carlos Barreda, el caso financiamiento electoral irregular contra Sandra Torres dividió a la bancada. Una parte pretende apartarla de la agrupación, alrededor de 34 liderados por Barreda, mientras otro grupo persiste en su continuidad, unos 18 diputados.

Esta situación generó un espacio para la reconfiguración de las fuerzas. Hay factores que resultan aglutinantes de los intereses de diferentes bancadas, uno de estos factores es la elección de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, pospuesta desde finales de 2019. 

Según el análisis del estudio Comisiones Paralelas. Mecanismos de cooptación de la justicia, elaborado por la Fundación Myrna Mack, hay 13 diputados que votaron por las actuales cortes en 2014 que permanecen en el hemiciclo. Y su influencia se hace sentir al punto de que cuatro de ellos forman parte de la Junta Directiva del Legislativo de este año: Felipe Alejos (Todos), Sofía Hernández (UCN), Carlos Santiago Nájera (UNE) y Hernán Morán Mejía (PC). Dicha alianza tuvo una continuidad en el tiempo, señala el estudio, en la Legislatura (2016-2020) durante el gobierno de FCN-Nación, cuyo diputado reelecto Rudy Pereira también forma parte de la actual JD.

Esta dinámica de alianzas no es extraña, incluso entre bancadas nuevas en el Congreso, sobre todo cuando sus liderazgos tienen antecedentes políticos como en el caso del partido Humanista, cuyo secretario general y diputado Rudio Lecsan Mérida fue congresista con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y jefe de la PNC en el gobierno de Alfonso Portillo; o en el caso de Valor, cuyo jefe de bloque Luis Alfonso Rosales también fue diputado del FRG y ocupó la vicepresidencia en dos ocasiones. 

Tampoco es extraña esta correlación de fuerzas en partidos “nuevos” como Podemos (conformado a partir de Movimiento Reformador –MR-), cuyo único diputado Alejandro de León, fue congresista por la UNE y Líder; o en agrupaciones como Prosperidad Ciudadana, con tres diputados, cuyo dirigente y frustrado candidato presidencial Edwin Escobar vistió los colores de CREO, PP y Líder.  

Esta alianza no sería posible sin operadores clave, como el diputado Felipe Alejos Lorenzana, de Todos, a quién varias fuentes parlamentarias señalan como uno de los responsables de reunir los diferentes intereses. Así como dar continuidad en la actual Legislatura IX a alianzas como las de la pasada Legislatura (2016-2020) que incluían a FCN-Nación, Todos, Viva, UCN y Viva en decisiones clave como la protección del expresidente Jimmy Morales en tres procesos de antejuicio.  

Es tal la influencia de Alejos Lorenzana en la nueva Junta Directiva que varias fuentes legislativas lo señalan como el principal negociador para su conformación, e incluso se cuenta la anécdota de que la primera reunión del año de JD fue convocada por el diputado de Todos, para sorpresa del presidente, Allan Rodríguez de Vamos.

El reflejo de las alianzas en votos

Para entender cómo se pueden traducir los números de acciones en el Congreso en una lectura del ejercicio de la oposición hay que comprender algunas pautas básicas del Legislativo y el contexto político en el que opera esta legislatura. Las primeras decisiones clave que toma una nueva legislatura son la elección de la Junta Directiva (JD) y la distribución de las 38 comisiones de trabajo ordinarias entre los diputados. Este es un primer pulso de poder, pero también una decisión pragmática, como órgano colegiado la JD propone a los jefes de bloque la agenda para las sesiones del pleno. 

Así, por ejemplo, cualquier iniciativa de ley propuesta por un diputado puede caer en el limbo y nunca conocerse en el pleno sino es avalada por JD. Por otro lado, la elección de las presidencias de las comisiones de trabajo refleja las áreas de interés de los partidos, pero también su peso en el hemiciclo reservando algunas estratégicas para actores clave. 

La votación de la Junta Directiva (Acuerdo Legislativo 05-2020) y de las Comisiones de Trabajo (07-2020) comenzó a evidenciar la división dentro de la UNE, por ejemplo. Seis diputados de la UNE votaron por la planilla presidida por el oficialista Allan Rodríguez, mientras que 46 votaron en contra. Y en el caso de las presidencias de las comisiones 4 votaron a favor de la actual distribución, tres pidieron licencia y 45 votaron en contra. Mientras que, en la votación por las Comisiones de Trabajo, el mayor opositor fue la UNE con 45 votos en contra, tres a favor y tres ausencias con licencia.

En este punto comienza a perfilarse el voto disidente de algunos partidos minoritarios de oposición, en contra de la presidencia de Marroquín votaron como bloque Semilla, Winaq y MLP, así como la URNG, CREO y Podemos, por ejemplo. Mientras que bancadas como Bien, Victoria o el PAN se mostraron divididas al respecto. 

Por otra parte, en la votación por las Salas de Trabajo las bancadas aliadas al oficialismo se vieron recompensadas con la presidencia de comisiones clave.  Así, mientras el oficialismo conservó para sí comisiones importantes como Finanzas Públicas, Gobernación y Asuntos Electorales, cedió a sus aliados la presidencia de otras salas como la de Comunicaciones y Obras Públicas, para UCN; o en el caso de Todos, la de Defensa Nacional (presidida por el diputado José Armando Ubico, condenado por narcotráfico en EE.UU. en 2001) y la de Reformas al Sector Justicia. 

Otras dos votaciones que ayudan a perfilar los momentos iniciales de esta Legislatura son las reformas a la Ley de Oenegés decreto 4-2020, del 11 de febrero, y el Acuerdo 11-2020, del 17 de marzo, sobre la elección de magistrados al TSE. 

En la primera de estas, una iniciativa de ley del exdiputado Christian Gabriel González (electo por Líder y tránsfuga a VIVA lo cual impidió su intento de inscripción como candidato por PODEMOS en 2019), planteaba establecer controles más estrictos sobre las organizaciones no gubernamentales se incluía dejar en criterio del Ministerio de Gobernación la cancelación de las mismas si consideraban que usaban sus recursos “para alterar el orden público”. 

La propuesta inició su recorrido con el gobierno de FCN-Nación y mantuvo su respaldo con el actual gobierno y bancada oficial.  Fue aprobada con una alianza que incluía a Vamos, UCN, Valor, Todos, Viva, FCN-Nación, Unionistas, Prosperidad Ciudadana y Podemos, así como el apoyo parcial de Humanistas, Victoria, PAN o Bien, agrupación que mostró un grupo de tres diputados, encabezados por el diputado Fidel Reyes Lee (quien fue electo al Congreso por Líder en 2012 y se reeligió con la UNE)  incondicional con las votaciones de los oficialistas. Esta votación comenzó a perfilar la alianza oficialista que se repetiría en otras ocasiones.

En bloques como Semilla, Winaq, MLP, URNG o entre los diputados de Bien coordinados por Morataya el voto fue en contra de esta iniciativa o se ausentaron del pleno al percibir la aprobación como inminente. La propuesta de la iniciativa de ley fue incluida en la moción para tratar el tema del coronavirus, el diputado Dávila de Winaq fue el primero en advertir al pleno sobre esta alteración a la agenda y en respuesta el presidente del Congreso le apagó el micrófono y procedió a la votación.

La UNE se vio fragmentada en la votación sobre la Ley de Oenegés con 11 votos a favor, 2 licencias, 2 en contra y 37 diputados que prefirieron ausentarse.  La iniciativa se convirtió en ley y fue tomada con beneplácito por el presidente Alejandro Giammattei que procedió con su sanción. Todo esto hasta que la Corte de Constitucionalidad, luego de la solicitud de amparo de diversas organizaciones sociales, resolvió que la norma violaba el derecho de libre reunión y asociación que brindan protección contra la interferencia del Estado y son “fundamentales para la existencia y funcionamiento de una sociedad democrática”. Pese a esto el Ejecutivo ha anunciado que presentará una nueva propuesta de reforma.

La siguiente votación clave para perfilar la alianza oficialista y la oposición desde el Congreso es la elección de los magistrados del TSE. Esta decisión, determinante en el control del sistema político del país (incluyendo a muchos diputados en proceso de cancelación de sus partidos) marca lo extenso de la alianza oficial y como una oposición tradicional como la UNE conserva espacios de poder en la decisión. 

La elección de magistrados se realiza en votaciones por cada candidato y finalmente se emite el acuerdo con los titulares y suplentes en redacción final. En esta elección, además de la alianza oficialista se contó con 47 votos de la UNE para los magistrados titulares y aproximadamente la mitad en el caso de los suplentes. Mientras que en la redacción final del acuerdo la UNE registró 21 a favor y 25 ausentes, con solo un voto en contra y cinco ausencias con licencia. 

En este tipo de elección se requiere de dos tercios del Congreso, 107 votos, por lo que en esta ocasión el peso de la UNE fue clave para obtener el acuerdo. La plenaria fue realizada a puerta cerrada por la pandemia del COVID-19 e incluyó una negociación donde el partido verde mantuvo protagonismo.

Estando lejos de tener los números cómo para ejercer un contrapeso desde el pleno del Congreso el espacio libre para los partidos pequeños de oposición es la fiscalización y la denuncia. Ya sea de la labor del Ejecutivo o dentro del mismo Congreso.

Un ejemplo de esta tarea lo coloca el diputado Samuel Pérez, de Semilla, con la denuncia pública que realizó su bancada sobre la iniciativa 5691 para exonerar del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto de Solidaridad (ISO), aranceles e Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la importación de materia prima y maquinaria a las empresas que invirtieran en el país por hasta 100 años.

El proyecto de ley, fue presentado a finales de enero por el diputado Jorge García Silva de Prosperidad Ciudadana (PC) y enviado a la Comisión de Finanzas Públicas. García Silva fue electo diputado por VIVA en el periodo 2012-2016, se incorporó al partido TODOS y buscó la reelección en 2015 por Líder.

“Esta iniciativa fue de las primeras que conoció el pleno este año, parecía ser de las que ya estaban comprometidas de antes” refiere Pérez quien también integra la sala de Finanzas Públicas. “El diputado García me dijo: ya tengo el dictamen de esta iniciativa, sé que tal vez no la vas a querer firmar. El dictamen decía cosas como que la comisión había solicitado información al Banco de Guatemala cuando ni siquiera la habíamos conocido. Yo le pregunté ¿si ni siquiera la hemos conocido en comisión cómo es qué hay dictamen? Él solo me respondió: No vos, así es como funcionan aquí las cosas”.

Luego del pronunciamiento de la bancada y su divulgación en medios se generó una controversia por la búsqueda de exoneración de impuestos, en un momento en que el Estado enfrenta una emergencia, e incluso el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) publicó un comunicado desligándose de la propuesta.

Aunque la propuesta cuenta con el dictamen de la Sala de Finanzas este no se encuentra registrado en Dirección Legislativa y, de momento, no se ha vuelto a agendar la propuesta en el pleno.

En una línea semejante el diputado Aldo Dávila, de Winaq, apunta a que la bancada que integra apoya una legislación enfocada en derechos humanos y se encuentra en contra de iniciativas regresivas.  Dávila señala al respecto: “No vamos a apoyar seguir ratificando estados de calamidad o préstamos (por la emergencia de COVID, entre otros) que no se están ejecutando. No estamos a favor de nuevos estados de sitio, ni de leyes como la reforma a la Ley de Oenegés, en la cual les enmendó la plana la Corte de Constitucionalidad al decirles que no sirve porque propicia la persecución de activistas sociales”.   

En otro plano de oposición hay diputadas como Vicenta Jerónimo, la única representante del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) que señala algunas medidas de los estados de Calamidad o estados de sitio aprobados en el Congreso por sus efectos en la economía de la población. “Le vamos a decirle a la gente quédese en la casa, pero sin dinero en la bolsa para comprar, y como siempre en los estados de excepción se han cometido violaciones a los derechos humanos. Ha habido persecución a los movimientos sociales en los estados de excepción y limitaciones a las protestas de la gente y a la libertad de expresión” señala Jerónimo.

La diputada también adversa otros decretos aprobados en esta legislatura, como el 7-2020, la Ley de Protección del Plátano y el Banano, que además de establecer medidas fitosanitarias para evitar el contagio de enfermedades restringe las inspecciones a las plantaciones de este tipo. “El cultivo no es de los campesinos, es una ley para los empresarios. Pero en el transcurso de la pandemia se han presentado iniciativas que no tienen que ver con el pueblo, si no con favoritismos” señala la diputada.

Esta ley, por ejemplo, contempla: “Art. 7 inciso e) Todo productor de banano y plátano autorizará a su discreción permitir el ingreso de visitas a sus instalaciones, a excepción de entes gubernamentales, quienes a solicitud previa notificarán el objetivo de su visita (…)”. 

La pandemia y el ejercicio la oposición

Hasta antes de la pandemia de Covid-19 la actual legislatura el equilibrio de fuerzas se perfilaba con una alianza oficialista en donde Vamos contaba con el apoyo cercano, en materia legislativa y de control del Congreso, con los bloques de UCN, FCN-Nación, Todos, Valor, Viva, Unionista, Humanista, Prosperidad Ciudadana, PODEMOS y CREO; así como un apoyo parcial en bancadas como BIEN, Victoria o el PAN; una oposición dispuesta a negociar algunos respaldos en la UNE (como en la elección del TSE) y una oposición en algunas áreas en bancadas como Winaq, Semilla, URNG, MLP o una parte del bloque BIEN. 

Esta dinámica fue alterada a partir de marzo con la declaración de Estado de Calamidad a nivel nacional y los decretos que modificaron el presupuesto estatal, aprobaron préstamos destinados financiar la respuesta a la pandemia, incluyeron asistencia en forma de bonos provisionales o la ratificación del mismo Estado de Calamidad en varias oportunidades. Los decretos aprobados del 8-2020 al 13-2020, el 18-2020 y los del 20-2020 al 23-2020, así como el 26 y 27-2020 abarcaron estas áreas.

Los datos de la actividad legislativa, por ejemplo, en los decretos 8-2020, la ratificación del Estado de Calamidad, o el 12-2020, Ley de Emergencia de COVID-19 muestran una convergencia de las bancadas en la atención de la pandemia. Sin embargo, luego de declarada esta los registros de las reuniones de trabajo apuntan luego a la principal labor de la oposición en materia de fiscalización: cuestionar el uso de los recursos o el diseño de las estrategias del Ejecutivo para atender la pandemia. 

Reuniones, citaciones y fiscalización

Del 14 de enero al 31 de julio de 2020 la agenda de actividades de los parlamentarios registra un total de 727 eventos entre las que se cuentan reuniones de las comisiones de trabajo, citaciones de bloque o individuales realizadas por diputados, reuniones con funcionarios, grupos de interés y conferencias de prensa de los congresistas, así como reuniones públicas de Jefes de Bloque o de Junta Directiva.

En al menos 82 de estas reuniones, de diferentes bloques, el tema especificado a tratar implica al Covid-19, ya sea en materia de salud pública, asistencia económica a las familias, efectos en la economía, ejecución de recursos asignados para combatir la pandemia o denuncias sobre falta de insumos o medidas de seguridad para el personal de salud.

Hacerse un hueco en la agenda mediática es complicado para los partidos minoritarios. “Quien dice oposición, piensa en la UNE” dice el diputado Barreda, jefe de bancada de ese partido. Con el mayor bloque en el Legislativo, aunque dividido en luchas internas, la agrupación sigue marcando buena parte de la agenda mediática. Con 160 actividades registradas, en el periodo analizado, en las áreas de salud, educación, economía, trabajo, comercio, aduanas e infraestructura pública, entre otras. Tiene más opciones para ser considerada como una fuerza de contrapeso en el Congreso, pese a la cercanía de un grupo de sus diputados al oficialismo.

“Solicitar información, analizarla y saber medir los tiempos políticos para presentarla es parte de lo que distingue a la UNE” dice Barreda. Generar una identidad partidaria, y saber venderla a los electores es otro de los componentes de una oposición efectiva y en esta tarea la UNE tiene experiencia. 

El segundo bloque con más actividades es la UCN, con 83, en donde destacan la gestión para obras públicas y recursos de salud y programas sociales en los distritos de los diputados de la bancada. Algo que probablemente tenga más eco en la información local de los distritos de estos diputados.

Los sigue en número de actividades CREO, con 77, aunque con la particularidad de que uno solo de los seis congresistas reúne el 40 por ciento de todas las reuniones y citaciones con 31 eventos. 

Para los partidos minoritarios y con un discurso crítico de oposición las opciones para distinguirse en un Congreso atomizado son escasas. “Los ministros ven sus agendas y prefieren ir a las citaciones de los partidos grandes” señala la diputada Jerónimo del MPL, quien también preside la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, la cual reconoce les fue concedida por descarte. 

“Hasta integrar la comisión costó, tuvimos que llamar a diputados para que se interesaran y ahora somos siete, las mismas organizaciones de personas con discapacidad nos han dicho que es una comisión que no les interesaba a los diputados” dice la congresista. El incumplimiento del Estado en la contratación de personas con discapacidad o la falta de focalización de la atención a estas personas durante la pandemia figuran entre las denuncias de Jerónimo desde la comisión.

Una opción para los bloques minoritarios es dividirse el trabajo según el área de experiencia de sus diputados para lograr un mayor efecto, coinciden en señalar Dávila, de Winaq, y Pérez de Semilla. 

Para el diputado Dávila, de Winaq, claramente en materia de fiscalización su trabajo se ha enfocado en esta área. “En el Congreso se aprueban alrededor de Q18 mil millones para trabajar diferentes programas entre el Bono Familia, los préstamos, apoyo a la agricultura, la bolsa de alimentos, entre otros. Y la fiscalización obedece a que la gente pregunta cuándo va a terminar de llegar la ayuda”. 

El diputado cuestiona la efectividad del Estados de Calamidad aprobado, y sus sucesivas renovaciones “debieron haber sido utilizados para ejecutar más prontamente estos recursos, era una herramienta para quitar candados para que no hubiera tantos requisitos para ejecutar los préstamos. Pero vemos que no fue así, hay doctores a los que no les han pagado, insumos que no han llegado, bolsa de alimentos que tampoco, eso nos demuestra que el Estado de calamidad no fue funcional” señala Dávila.

En su caso, en el periodo analizado, el registro de actividades incluye cuatro reuniones particulares directamente relacionadas con la pandemia, con entidades del Ministerio de Educación, Salud, Agricultura y Trabajo, y la Procuraduría de Derechos Humanos, así como solicitudes de información al Ministerio de Salud, Educación y Trabajo. 

Entre las denuncias realizadas por el congresista se encuentra la falta de personal para atender la emergencia. “Ya que sale un amparo para que las personas que sean hipertensas, diabéticas, con deficiencias respiratorias y enfermedades cardiopulmonares no trabajen en los hospitales, estos se han quedado con poco personal, algunos con 65 por ciento, o con el 50 por ciento. Cuando los hospitales sacan convocatorias para trabajo, la gente no quiere aplicar, porque ya es muy público que cuesta que pague” afirma Dávila.

Medir la efectividad de estas denuncias en materia de cambiar la administración de recursos o incluso en el diseño de políticas públicas es difícil. La diputada Evelyn Morataya, del partido Bien, también apunta a que la emergencia modificó los esfuerzos que habían contemplado como oposición: “es un hecho que tanto nuestra agenda legislativa como la de muchos otros bloques se vio afectada por la pandemia. Nos obligó a adaptarnos a las circunstancias y a votar por decretos millonarios para atender la crisis sanitaria. Y no solo los aprobamos, hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a fiscalizar que los recursos lleguen a las familias y sectores afectados”. 

Morataya reconoce que su voto a favor del decreto 13-2020, la Ley de Rescate Económico para las Familias, dotó al Ejecutivo de recursos que ahora deben ser monitoreados. “Voté a favor para darle al Organismo Ejecutivo los instrumentos legales y los recursos que le permitieran atender la emergencia.  La pregunta ahora es ¿lo hizo?  Hay no sólo una baja ejecución sino una mala ejecución del dinero. (…) Hemos tenido, también, un Estado de Calamidad demasiado prolongado, como nunca antes en nuestra historia, que modificó las agendas y estilos de vida de toda la población.  No hemos votado a favor de su prórroga”.

En el caso de Morataya, la actividad parlamentaria también se ha visto condicionada por las disputas internas al partido. Ella lidera un bloque de cinco diputados, mientras que el diputado Fidel Reyes Lee reclama la jefatura de la bancada y coordina a otros dos diputados con los cuales han votado alineados a la alianza oficialista. 

Presentar cierta disidencia, en el caso de un bloque pequeño, representa a menudo obstáculos en el Legislativo. “Junta Directiva, a pesar de contar con mayoría de mi bloque, no sólo no me quiso reconocer como Jefa de bloque sino a partir de ese hecho nos han tratado como diputados y diputadas independientes.  Aunque no están facultados para hacerlo” señala la congresista. 

“Han querido limitar nuestro trabajo al no permitirnos presidir comisiones ni contar con el personal de apoyo que por ley nos corresponde.  Tampoco podemos hacer citaciones.  Otros bloques, muy generosamente, nos dan el espacio para participar en sus citaciones más las de las comisiones que integramos” refiere la diputada de BIEN.

Las cortes y una agenda propia

Frente a decisiones del Congreso claves como la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, en los próximos días, los diputados entrevistados el consenso es que la alianza oficialista conseguirá, tarde o temprano, los votos para una designación de las cortes.  El compromiso expresado entre los diputados entrevistados en la UNE, Semilla, Bien y el MLP es el de no apoyar a los aspirantes percibidos como menos transparentes dentro del proceso, pero el alcance de su influencia será limitado por la aritmética legislativa que parece favorecer al oficialismo.

Para el diputado Dávila de Winaq la expresión clara de los intereses en juego en el Congreso es la elección de la Corte Suprema de Justicia “está en juego que se vuelva a cooptar la justicia y lo más preocupante es que la ciudadanía no termina de entender que son procesos que también le afectan. La gente cree que no le importa, no se da cuenta que la democracia está en alto riesgo y vemos también cómo se está debilitando la institucionalidad” dice el congresista.

El  14 de agosto un grupo de 53 diputados dirigieron una carta al presidente de la JD, Allan Rodríguez, demandando que se designará sesiones exclusivas para la elección de las cortes para cumplir con el plazo ya excedido establecido por la Corte de Constitucionalidad. De estos, 32 firmas pertenecían a diputados de la UNE del bloque liderado por Barreda, siete a Semilla, cuatro a Winaq, tres a URNG-Maíz, tres a BIEN (con la ausencia por viaje de la diputada Morataya), dos a Victoria, y una a la diputada del MLP. 

Dado que la Constitución establece que la elección de los magistrados requiere de dos terceras partes del Congreso, 107 votos, sobre el papel este grupo de congresistas haría muy ajustada la conformación de las cortes para la alianza oficialista. La continuidad de esta postura, sin embargo, es debatible a la hora de una elección en donde la UNE fácilmente puede ejercer el peso de sus números para inclinar la balanza (un aspecto en el que no hay que olvidar que entre sus diputados firmantes se encuentran congresistas a los que se ha intentado investigar penalmente por el financiamiento irregular del partido -Julio César Ixcamey y Karina Paz Rosales-).

En el equilibrio de fuerzas en el Congreso, los nuevos bloques minoritarios de oposición parecen condicionados a seguir ejerciendo una influencia desde la fiscalización o la denuncia. Plantear nuevos debates o servir de contrapeso político, aunque todavía lejos de cambiar el rumbo del Legislativo.

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