Cambio climático: una batalla que Guatemala preferiría eludir

Guatemala se ha comprometido a reducir un 11.2 por ciento sus emisiones de gases efecto invernadero para 2030. Para lograrlo, centra sus acciones en evitar la deforestación y reducir las emisiones de gases de los vehículos. Una reciente base de datos a nivel internacional, que utiliza un nuevo método de medición, muestra algunos emisores de gases cuya mitigación no se encuentra incluida entre las acciones estatales, como la producción de cemento o la generación de energía.

El peso de Guatemala en la emisión de gases de efecto invernadero es pequeño si se compara con las grandes economías del mundo. Solo cuatro países: Estados Unidos, China, Rusia e India, son los responsables de más de la mitad de las emisiones a nivel mundial, según los datos divulgados por la organización internacional Climate TRACE. 

Esta organización no lucrativa, que cuenta con el respaldo de figuras como el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore, lanzó en 2021 una base de datos mundial sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, utiliza nuevos métodos de medición, como el uso de imágenes satelitales, con los que identificar con precisión a los mayores responsables de la emisión de estos gases, y no solo depender de los cálculos ofrecidos por los gobiernos. 

La información ofrecida sobre Guatemala no contiene grandes hallazgos en comparación con las mediciones que había hecho el Estado: la deforestación, el transporte por carretera y la generación de electricidad son las principales fuentes de generación de gases de efecto invernadero en el país. 

Pero los nuevos datos de Climate TRACE sí permiten individualizar emisores, algo que ahora no se había hecho hasta ahora, y muestra el impacto de actividades como la gestión de la basura, el tratamiento de aguas residuales, la producción de cemento o la quema de cosechas, cuya mitigación no se encuentra contemplada dentro de las estrategias fijadas por Guatemala para reducir un 11,2 por ciento sus emisiones para 2030.

Guatemala: Una meta no muy ambiciosa

Guatemala aporta menos del 0,1 por ciento de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y, quizás por eso, cuando en el país se hablan del cambio climático, lo más común es que se discuta cómo enfrentar las dramáticas consecuencias que se espera produzca.  

Pero aunque el país es más víctima que causante, no significa que carezca de responsabilidad sobre el cambio climático. Guatemala, en términos absolutos, es el principal emisor de gases de efecto invernadero de Centroamérica y su contribución es creciente. 

La reducción en las emisiones comenzó a formar parte de la agenda política para Guatemala a partir de la década de 1990, cuando el país se unió a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sin embargo, no fue hasta que el país se adhirió a los Acuerdos de París de 2011, cuando se comprometió a metas concretas de recortes.

Resultado de este acuerdo, Guatemala ratificó el objetivo oficial de que sus emisiones de gases de efecto invernadero sean, en 2030, un 11,2 por ciento más bajas de lo proyectado. Esto es lo que se conoce como la “meta no condicionada”, lo que significa que Guatemala debe cumplirla obligatoriamente, pase lo que pase.

Resultado de los Acuerdos de París, Guatemala fijó reducir un 11,2 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Adicionalmente, el país se ha comprometido a reducir sus emisiones otro 11,4 por ciento, pero sólo en el caso de que reciba “ayuda internacional”, según la expresión oficial. Esta promesa es conocida como la “meta condicionada”. Sin embargo, no está claro exactamente cuánta ayuda internacional debe recibir el país para que esta meta condicionada sí tenga que cumplirse. En el caso de que se cumpliesen ambas metas, el recorte ascendería al 22,6 por ciento de lo previsto para 2030. 

A primera vista, la meta fijada por Guatemala no es especialmente ambiciosa. Las economías más grandes de la región como México, Chile o Colombia se han comprometido a reducciones mucho mayores, de entre un 35 y un 51 por ciento para 2030. 

Países más similares a Guatemala, también han ido más lejos. El Salvador ha fijado su meta para 2030, en al menos un 39 por ciento y Honduras en al menos un 16 por ciento.

Para cumplir la meta, Guatemala ha previsto siete acciones con reducciones concretas de emisiones: 

Básicamente dos áreas de actividad concentran casi el 90 por ciento del cumplimiento de la meta: conservar y aumentar los bosques y lograr que los vehículos privados emitan menos gases.

La primera de estas áreas, la relacionada con los bosques, es la más importante de la dos. Incluye cuatro actividades diferentes: prevenir incendios, aumentar las plantaciones de árboles con fines comerciales, cuidar los bosques que ya hay y restaurar zonas degradadas.  

Estas acciones están a cargo, básicamente, de dos instituciones públicas: el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab). Estas entidades, en la actualidad, ya tienen la misión de aumentar la superficie forestal del país (el Inab) y cuidar los bosques que ya hay (el Conap), por lo que no está muy claro que harán diferente  a partir de ahora para lograr cumplir la meta. 

Hasta el momento, Conap o Inab no se han destacado ni por disponer de presupuestos amplios ni por evitar la deforestación. Inab, por ejemplo, sufrió este año un recorte de Q24 millones en su presupuesto con respecto al anterior, y en 2023 dispone de Q193 millones para sus actividades. Conap se benefició de un incremento de Q21 millones y cuenta este año con Q139 millones. 

La directora del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle, Gabriela Fuentes Braeuner, explicó que la meta fijada por Guatemala es “cautelosa”, pero también “realista” teniendo en cuenta lo que es realmente posible de aplicar en el país. “Se hubiese visto más bonito en el papel establecer un número más alto. Pero a la hora de cumplirse, ¿qué hubiese sucedido en la realidad”, se preguntó la experta.

Fuentes Braeuner dijo que una de los limitantes que enfrentó el país fue que al carecer de mecanismos para exigir que las empresas privadas calculen y reporten sus emisiones, el Estado tampoco podía pedirles reducciones concretas en sus actividades. Simplemente, no hubiese habido forma de saber si se cumplían o no.

Esto explica, en gran parte, el abordaje que ha tenido Guatemala sobre cómo cumplir su meta: únicamente prever recortes obligatorios de emisiones en actividades que el propio Estado puede controlar y monitorear. 

El país que produce más gases de efecto invernadero en Centroamérica

Los gases de efecto invernadero se liberan, por ejemplo, cuando se queman combustibles como la gasolina o el carbón, los principales causantes del cambio climático.  Las plantas también liberan y absorben dióxido de carbono (CO2), un gas de efecto invernadero. El ganado o la descomposición de la materia orgánica producen metano, otro gas de efecto invernadero.

Estos gases son necesarios para la vida en la tierra. Al acumularse en la atmósfera, atrapan el calor (de ahí su nombre) y mantienen el planeta a una temperatura adecuada. Pero actividades humanas como quemar gasolina o carbón también liberan enormes cantidades. Esto está provocando una acumulación excesiva en la atmósfera, lo que hace que ésta retenga demasiado calor y que los patrones en el clima mundial esten cambiando.

Las emisiones de Guatemala aumentaron un 224 por ciento entre 1990 y 2016, según los datos divulgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y en la actualidad, Guatemala es el país que en términos absolutos produce más gases de efecto invernadero en Centroamérica, según los datos de Climate TRACE.

Esto es lógico, teniendo en cuenta que es el país poblado de la región, el que tiene la economía más grande, el número más alto de vehículos a motor y algunas de las principales instalaciones industriales de su tipo en la región, como cementeras, siderúrgicas, campos petrolíferos o centrales que producen energía con carbón. 

En Guatemala, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha realizado varias veces estos cálculos con la colaboración de otras instituciones públicas y académicas.  

Los últimos datos disponibles corresponden a 2016. Según este cálculo, son básicamente nueve tipos de actividades las que contribuyen al cambio climático, si bien, las cinco primeras concentraron el 80 por ciento de las emisiones netas de ese año. 

Calcular cuántos gases de efecto invernadero emite un país no es una tarea sencilla; existen diferentes abordajes y los métodos han ido cambiando. La complejidad reside en la exhaustividad que se requiere: todas las formas de vida que existen sobre la tierra y prácticamente cualquier actividad humana deja un rastro de gases de efecto invernadero. Además, los gases no se solo emiten, también se capturan, como sucede con los bosques. Tampoco se trata de un cálculo fijo. Puede variar en función de los ciclos de la economía o de factores naturales o accidentales. 

Los datos recopilados para 2021 por Climate TRACE, si bien no son muy diferentes a los estimados por Guatemala en 2016, muestran un panorama algo más complejo, en el que algunas actividades tienen una importancia superior a la estimada por el inventario oficial. 

Muchas están relacionadas con la vida urbana como la disposición de basura, la depuración de aguas residuales, la energía que se usa, por ejemplo, para climatizar edificios, o la demanda de cemento. También confirman la importancia que tiene la deforestación para las emisiones del país, así como el peso del uso de vehículos a motor y la generación de electricidad.  

Tanto los datos del Ministerio de Medio Ambiente como los de Climate TRACE muestran la importancia de que tiene como fuente de emisiones la conversión de bosques en cultivos o pastos. 

Guatemala posee grandes extensiones de bosque que históricamente han sido un sumidero de gases de efecto invernadero. De hecho, hasta aproximadamente 2010, según muestran los datos oficiales, los bosques de Guatemala captaban más dióxido de carbono que el que emitían. 

Sin embargo, en la última década esta tendencia se ha revertido totalmente, hasta el punto que la conversión de áreas con vegetación natural a pastos o cultivos se ha convertido en la principal fuente de emisiones para el país.   

Según los datos de la organización internacional Forest Watch, en las últimas dos décadas no ha habido un solo año en el que Guatemala no perdiera cobertura forestal. Desde 2016, cada año, alrededor del 1 por ciento de los bosques naturales del país se degradan o son convertidos en áreas de cultivo o pasto.   

A la deforestación le siguen en importancia, según los datos, el transporte por carretera y la generación de energía, que juntas representan más de un tercio del total de emisiones.

El peso que tiene el uso de vehículos a motor en el conjunto de las emisiones, es muy superior en Guatemala al promedio mundial, según los datos de Climate TRACE. Esto está relacionado con factores como la escasez de transporte público de calidad, la antigüedad de los vehículos o la ausencia de una normativa sobre emisión de gases. También está relacionado con el hecho de que no existen alternativas, como el tren, para mover mercancías.  

En el caso de la energía sucede lo contrario. Es una fuente importante de emisiones, pero en Guatemala su peso es menor al promedio mundial. 

Esto pone de relieve el éxito que ha tenido el país en las últimas décadas en promocionar la generación con energías renovables, en especial, la hidroeléctrica. En la actualidad, las energías renovables, proveen cerca del 80 por ciento de la energía que se consume en Guatemala, según datos del Administrador del Mercado Mayorista. 

Pero esto no significa que el sector eléctrico no enfrente retos. Por ejemplo, a pesar del potencial que tiene la geotérmica o fotovoltaica, estas formas de generación aún no han atraído apenas inversiones. 

Hasta ha provocado que, hasta la fecha, el país siga recurriendo a grandes centrales de carbón, una de las formas más contaminantes de producir electricidad y peores para el cambio climático. 

En época seca, las hidroeléctricas reducen su capacidad de generación, y las centrales de carbón y otros combustibles fósiles proveen cerca de la mitad de la energía que demanda Guatemala. 

A esto se suma el auge que ha cobrado en los últimos años la generación mediante la quema de desechos de los ingenios azucareros. Este es un tipo de energía que se considera renovable, pero que, a diferencia del resto de “energías limpias” sí implica lanzar a la atmósfera gases de efecto invernadero.      

Responsables individuales

Los datos de Climate TRACE, además, permiten hacer algo que hasta el momento no había sido posible en Guatemala: identificar con precisión algunos de los principales puntos de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. 

Estos datos permiten visibilizar la contribución al cambio climático de algunas empresas privadas como Cementos Progreso, la petrolera francesa Perenco o Aceros de Guatemala. También de instalaciones públicas como el basurero de la zona 3 que gestiona la municipalidad capitalina o el aeropuerto internacional La Aurora, que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil.  

Estos fueron algunos de los principales emisores individuales de Guatemala, según la organización Climate TRACE:

La base de datos de Climate TRACE ubica a la planta de Sanarate de Cementos Progreso como el principal emisor de gases de efecto invernadero de Guatemala y de todo Centroamérica. Además, las otras dos fábricas de la empresa, la de San Juan Sacatepéquez y la de La Pedrera, también se encuentran entre los principales emisores de Guatemala.

Esta industria contribuye al cambio climático porque el proceso para hacer cemento implica fabricar un producto llamado clinker.  El clinker es, básicamente, roca caliza y arcilla calcinada a altísimas temperaturas, lo que libera gases de efecto invernadero. Además, las plantas de cementos, también requieren grandes cantidades de energía, lo que incrementa su aporte de emisiones. 

Cementos Progreso ha asegurado a las autoridades que ha logrado fabricar cemento con una cantidad cada vez menor de clínker, por lo que su operación es ahora más sostenible desde el punto de vista del cambio climático. Además, la empresa también ha reforestado miles de hectáreas para compensar una parte de sus emisiones.   

Es importante mencionar que los datos para Guatemala no son exhaustivos. Dejan fuera algunos emisores que con seguridad tiene un peso importante. Por ejemplo: la planta de generación de electricidad con carbón que Jaguar Energy posee en Masagua, Escuintla. Esta es la mayor central térmica de Guatemala y de las mayores de la región, pero no figura en la base de datos. 

Lo mismo sucede con la segunda planta de carbón más importante del país, la de San José, también en Masagua, propiedad del grupo que lidera el empresario Ramón Campollo; o la planta de procesamiento de níquel de El Estor, en Izabal, de la empresa rusa Pronico. 

Miles de incendios por todo el país

Los incendios controlados, según los datos recabados por Climate TRACE son otra de las actividades que, si bien no contribuye de manera decisiva al cambio climático en el país, sí es una fuente significativa de gases de efecto invernadero. 

Guatemala es uno de los países del mundo en el que los incendios controlados mayor peso tienen sobre el total de sus emisiones. Representan alrededor del 2 por ciento. Según los datos de Climate TRACE, Guatemala está en la posición 94 de emisores de gases de efecto invernadero per cápita en el mundo, pero en la posición 21 de emisores por quema de cosechas. 

En otras palabras, hay 93 países que emiten más gases de efecto invernadero que Guatemala, pero solo 20 que emiten más de estos gases por quema de cosechas que Guatemala.  

Estos incendios se provocan, principalmente, para deshacerse de residuos agrícolas, despejar los campos antes de volver a plantar o para abrir nuevas áreas de cultivo o pasto. La industria azucarera también recurre a incendios controlados, principalmente, para limpiar las partes no comercializables de la caña y así acelerar el corte.

Guatemala es uno de los países del mundo en el que los incendios controlados mayor peso tienen sobre el total de sus emisiones. 

A veces, este tipo de quemas agrícolas desencadenan incendios forestales, por lo que también inciden sobre otra fuente de emisiones. También afectan a la calidad del aire, y en ocasiones, han motivado denuncias de comunidades que viven cerca de los campos de cultivo. 

A pesar de ello, los incendios controlados no están regulados a nivel nacional.  El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) ha trabajado en un reglamento para que lo puedan aplicar las municipalidades que lo deseen en su jurisdicción.

Entre 2015 y 2021, Climate TRACE detectó más de 12 mil incendios de este tipo, utilizando imágenes de satélites. 

El mapa muestra cómo, en 2021, estos incendios fueron un problema principalmente en las tierras bajas del norte del país, en Petén e Izabal, y en menor medida, en la Costa Sur, donde se concentra la industria azucarera.  

La proliferación de la basura

Otro fenómeno que el Estado apenas ha abordado y que los datos de Climate TRACE ponen de relieve es cómo la proliferación de basureros está contribuyendo al cambio climático. Guatemala ocupa la posición 33 en el ranking de países cuyos basureros más contribuyen al cambio climático. 

Climate TRACE detectó 20 de estas instalaciones en todo el país. Algunos de ellos sí son rellenos sanitarios en los que los desechos son sometidos a algún tipo de procesamiento, como sucede en el de la zona 3 de la capital. Otros son vertederos públicos que sólo acumulan la basura, como sucede en muchos vertederos departamentales. Otros son directamente botaderos ilegales, como los de San Miguel Petapa, al borde del lago Amatitlán. 

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, la mayoría de la población del país no recibe servicio de recolección de basuras público o privado lo que incide en que proliferen los basureros ilegales o en la quema de desechos. Esta última es otra actividad que también incide sobre el cambio climático, aunque en mucha menor medida que las emisiones de los vertederos, según los datos de Climate TRACE.

El mapa muestra cómo el relleno sanitario de la zona 3 es con diferencia el basurero que más gases emite del país. Los desechos emiten principalmente metano, a diferencia de la quema de combustibles fósiles, que producen, principalmente, dióxido de carbono (CO2). 

Hasta el momento, la atención de quienes luchan contra el cambio climático se había centrado en el CO2 y no tanto en el metano. Sin embargo, un reciente informe de una agencia de Naciones Unidas, puso en evidencia que el metano es responsable de una parte importante del cambio climático y que las políticas públicas no pueden centrarse solo en reducir las emisiones de C02.  

El metano tiene más capacidad de incidir en el cambio climático en el corto plazo, pero desaparece antes de la atmósfera. En cambio, el CO2 tiene un efecto menos intenso, pero permanece muchas décadas, por eso se había considerado un riesgo mayor. 

Regulaciones postergadas.

Para alcanzar la meta de reducciones de emisiones del 11,2 por ciento, Guatemala, no solo tratará de evitar la pérdida de bosques, también, se centrará en una tarea igual o más complicada: reducir las emisiones de los vehículos privados 

Para ello, según han explicado las autoridades de Guatemala en sus informes a Naciones Unidas, crearán leyes que den incentivos fiscales o ayudas para introducir cada vez más carros y camiones eléctricos o híbridos. Esto vendría de la mano de una nueva legislación que ordene que los combustibles fósiles tengan que mezclarse con algún biocombustible para que así se reduzca su consumo.  

En algunos documentos, el Estado ha mencionado la necesidad de extender el sistema de transporte público capitalino Transmetro, para reducir el uso de vehículos individuales. También se ha puesto sobre la mesa la idea para aprobar un reglamento para limitar los gases de efecto invernadero que pueden emitir los vehículos. 

Pero ninguna de estas actividades será fácil de implementar.  La mayoría requiere la aprobación de leyes en el Congreso o la inversión de grandes montos de dinero o ambas cosas y es previsible que encuentren enemigos entre los sectores que se verían afectados.  

Exigir el uso de un porcentaje de, por ejemplo, etanol (un derivado del azúcar) mezclado con la gasolina o el diesel requeriría crear un nuevo marco legal, que, quizá, no sea del gusto de quienes distribuyen gasolina.

Promover el uso de carros eléctricos o híbridos, que son más caros que los convencionales, requeriría grandes cantidades de dinero público que dejarían de emplearse en otros asuntos igualmente importantes.    

Para el país, históricamente, ha sido complicado promover iniciativas sobre temas ambientales, especialmente cuando se trata de medidas impopulares para la población o si se ven afectados intereses empresariales.

Este ha sido el caso de una de las medidas que ahora el Estado menciona para alcanzar la meta de reducción de gases: dotarse de una legislación que limite las emisiones de los vehículos privados.

Aprobar regulaciones sobre este asunto ha sido imposible hasta el momento. En 1997 se hizo un primer intento, pero el Acuerdo Gubernativo que dio vida las regulaciones fue derogado al año siguiente. Después, en 2013, se aprobó una ley  que ordenó crear un reglamento sobre este asunto antes de septiembre de 2015. Han pasado más de siete años desde entonces y, mientras tanto, los carros que circulan por el país han enviado millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. 

Para Rául Maas, investigador del Departamento de Ciencias Ambientales del Instituto en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar, temas como la imposibilidad de regular las emisiones de gases de los vehículos, ponen de relieve la escasa voluntad política existente en Guatemala por abordar desafíos ambientales de la magnitud de los que enfrenta el país. 

“El problema es que lo ambiental no es prioridad ni en la agenda de los gobiernos ni de Guatemala como Estado. Y lo vamos a ver en el proceso electoral, en el que lo ambiental puede ocupar el puesto 12 o 13 en importancia para los candidatos, si es que ocupa algún lugar”, dijo Maas.