Seis gráficas revelan unas elecciones fragmentadas y arbitrarias 

Por primera vez, más de 20 candidatos competirán por la presidencia pero prácticamente ningún partido ha logrado crear una estructura realmente nacional. Seis gráficas revelan cómo las elecciones en Guatemala son cada vez más fragmentadas y arbitrarias. 

Texto: Asier Andrés / Ilustraciones: Diego Orellana / Edición: Carolina Gamazo

En los últimos años, varios países de la región han visto cómo su sistema democrático se ha degradado. Guatemala, donde se ha perseguido a jueces y fiscales por luchar contra la corrupción, y se ha encarcelado a periodistas, es uno de ellos. Pero a diferencia de lo sucedido en otros países, el retroceso democrático no está significando la concentración del poder en un líder o un partido. En Guatemala, el autoritarismo está llegando acompañado de un sistema electoral en el que cada vez hay más actores y menos posibilidades de cambio, y en el que la exclusión de candidatos a cargos de elección popular se ha vuelto un fenómeno creciente.  

Un análisis de los más de 32 mil candidatos que participarán en las próximas elecciones generales, muestra cómo estos tres fenómenos están sucediendo. Los datos muestran cómo cada vez se presentan más aspirantes a la presidencia; cómo los partidos por los que se postulan tienen menos presencia en territorio nacional; y, cómo, aunque es un fenómeno que afecta a todas las ideologías, los partidos más afectados por la exclusión de candidatos son los progresistas. 

Libertad para votar

Tras las segundas elecciones del actual periodo democrático, en 1991, el sociólogo Héctor Rosada, que se había dedicado a estudiar sistema político desde 1970, pronunció una conferencia en la que expuso cómo pensaba que él que evolucionarían los partidos políticos en Guatemala.  

“Vamos a llegar a tener un sistema de partidos con una alta fragmentación partidaria, pero sin polarización ideológica– dijo el sociólogo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber muchos partidos, pero casi todos del mismo matiz ideológico y esto significa que el hecho de que existan muchos partidos, no está garantizando que la ideología de la ciudadanía esté representada en el momento electoral. Por eso digo que en estas elecciones hubo libertad para votar, pero no para elegir”.

Cuando Rosada pronunció estas palabras ya comenzaba a vislumbrarse hacia dónde evolucionaría el sistema de partidos en el país. Hoy, más de tres décadas después, esta predicción se ha vuelto realidad.  Las tendencias que comenzaban a manifestarse entonces, según muestran los datos, se han acentuado y consolidado.

Cada vez más candidatos

El sociólogo acababa de presenciar unas elecciones, las de 1991, en las que compitieron por la presidencia 12 candidatos diferentes; y la segunda vuelta se la disputaron dos políticos conservadores con programas muy similares –Jorge Serrano y Jorge Carpio. 

En los comicios de este año, los candidatos a la presidencia serán casi el doble. Hasta mediados de mayo había 23 inscritos. Y, como sucedió en 1991, es probable que en la segunda vuelta solo sea posible votar por candidatos con una oferta muy similar para abordar los grandes problemas del país.

Todo apunta, de hecho, a que en estas elecciones se alcanzará un récord histórico en el número de aspirantes a la presidencia. 

El gráfico muestra la evolución, a través de 10 procesos electorales, de un sistema en el que el número de aspirantes a la presidencia crece por cuarta vez consecutiva y por primera vez supera los 20 nombres. 

Los datos, que aún no son definitivos, reflejan el número de candidatos registrados hasta mediados de mayo. La lista podría reducirse si, por ejemplo, el candidato de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda no logra mantener su inscripción, que fue cancelada poco antes del cierre de este edición. O también podría reducirse si alguno de los aspirantes con menores perspectivas de pasar a segunda vuelta decide abandonar la carrera o apoyar a un rival, como ha sucedido en anteriores comicios. Pero la lista también podría crecer si alguno de los candidatos que están peleando por inscribirse logra hacerlo, como Óscar Rodolfo Castañeda, del partido Poder.  

El elevado número de personas que lanzan un campaña a la presidencia, y crean un partido propio para lograrlo, pone de relieve cómo la tendencia a la fragmentación en el sistema político guatemalteco se está intensificando, especialmente en la última década.

En contraste, en México, en los últimos comicios presidenciales, en 2018, se presentaron cinco candidatos. En El Salvador, en las últimas elecciones, en 2019, los aspirantes fueron cuatro.

Un número mayor de candidatos, además, no se está traduciendo en mayores opciones ideológicas para los electores o una mayor diversidad. De los 23 inscritos a mediados de mayo, solo dos son mujeres –Sandra Torres y Zury Ríos, ambas entre las favoritas, postuladas por la UNE y Valor-Unionista– y solo uno es indígena –Amílcar Pop, candidato por la coalición Winaq-URNG. 

Tres o cuatro candidatos se presentan como de izquierdas o progresistas o abiertamente críticos de la actual política de revertir la lucha contra la corrupción. Los restantes,casi una veintena de aspirantes, son políticos tradicionales, que en su mayoría han ocupado altos cargos antes y que cuentan con programas similares en los temas fundamentales.

Los sistemas con muchos candidatos al poder Ejecutivo, según concluyen algunos académicos, son problemáticos porque tienden a producir legislativos fragmentados. Esto es especialmente cierto en países como Guatemala, en el que los aspirantes a la presidencia están forzados a tener el respaldo de un partido formalmente creado y es común que ese partido también presente candidaturas al Congreso. 

Esto es importante porque implica que cuantos más candidatos a la presidencia se inscriben, más se fragmenta el voto y mayor es la probabilidad de que quien gane sea un presidente débil.  Una presidencia débil implica negociaciones continuas en un Congreso con muchos actores y dificultades para impulsar cambios legislativos, sobre todo si causan rechazo en algún sector.

Esto ya sucedió durante los dos últimos periodos de gobierno –los de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Estos presidentes contaron con bancadas oficiales pequeñas y tuvieron que alcanzar acuerdos con, al menos media docena de agrupaciones diferentes, para lograr aprobar sus agendas. Esto les hizo más vulnerable a que grupos minoritarios tuvieran mayor influencia o capacidad de veto durante sus gobiernos. 

En las elecciones 2015, 12 partidos obtuvieron representación en el Congreso. En 2019, la cifra se incrementó a 19. Esta tendencia podría continuar en el próximo Congreso, teniendo en cuenta que en estas elecciones también un número récord de partidos optará a alguna diputación.

El gráfico muestra cómo, en el transcurso del siglo, el número de partidos que presentan candidaturas a una curul, prácticamente se ha doblado.

Partidos cada vez más débiles

La posibilidad de que la próxima presidencia sea débil también podría aumentar debido a otro fenómeno que será patente en los próximos comicios: los partidos que se presentan son cada vez más pequeños.

Estas elecciones, de hecho, serán las primeras en que ningún partido ha alcanzado a tener candidatos a alcalde en más de 300 municipios; es decir que ninguna de las agrupaciones políticas que participan ha logrado tener candidaturas locales en el 90 por ciento del territorio.

Los partidos políticos en el país han tenido vidas efímeras. Pero eso no significa que algunos de ellos no construyesen grandes estructuras. En elecciones anteriores fue común que los dos o tres candidatos a la presidencia más fuertes tuviesen el respaldo de partidos con presencia en todos los departamentos y prácticamente cada uno de los municipios del país. 

El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que llevó a la presidencia a Alfonso Portillo en las elecciones de 1999, por ejemplo, presentó candidatos a diputados en todos los distritos y a alcaldes en el 98 por ciento de los municipios. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) hizo algo muy similar en 2007 en los comicios que ganó Álvaro Colom. Lo mismo puede decirse del Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina, que en 2011 alcanzó la presidencia presentando candidaturas a diputaciones en todos los distritos y solo no pudo inscribir postulaciones a alcaldías en cuatro municipios, menos del 2 por ciento. 

El disponer de grandes estructuras partidarias, facilitó a estos candidatos elegirse. El tener aliados en todo el país les permitió hacer campaña en muchos territorios y por tanto ser más conocidos y movilizar más votantes que sus rivales. 

Pero una vez en el poder, también les facilitó gobernar, porque estos presidentes dispusieron de bancadas fuertes en el Congreso y muchos alcaldes aliados. Y, en parte gracias a ello, los tres, lograron aprobar leyes sobre temas sustanciales.

En 2015, Manuel Baldizón, con el partido Líder, fue el último político que logró construir una estructura partidaria realmente nacional para llegar a la presidencia. Presentó candidaturas en todos los departamentos del país y en 331 de los 338 municipios que había entonces. Baldizón no ganó la presidencia, pero de haberlo hecho habría contado con la mayor bancada del Congreso y 130 alcaldes, más que ningún otro partido.

Que hoy vuelva a suceder algo semejante es complicado. Ya en los comicios de 2019 los partidos comenzaron a debilitarse y en los de 2023 tendrán una presencia aún más reducida. Las elecciones del próximo 25 de junio serán las primeras en que solo uno de los partidos que participan presentará candidatos a diputado en todos los distritos: Cabal, que postula a Edmond Mulet a la presidencia. 

La gráfica muestra el tamaño de los siete partidos que han construido una mayor estructura en estas elecciones y cómo ninguno de ellos ha logrado tener una presencia realmente nacional.  

La candidata que inicialmente lideraba las encuestas, Zury Ríos, por ejemplo, no presentará candidatos a diputados en dos de los 22 departamentos: Sololá y Jalapa y carece de candidatos a alcaldes en casi la mitad de los municipios. 

Sandra Torres, otra de las favoritas, se encuentra en una situación similar. Su partido, la UNE, ha sido el mayor en los últimos años, pero en estos comicios no presentará candidaturas a diputaciones en cuatro departamentos: Petén, Jutiapa, Sacatepéquez y Quetzaltenango, ni tampoco a alcaldías en 55 municipios.  

Edmond Mulet, con Cabal, sí ha alcanzado a estar presente en todos los distritos legislativos, pero no contará con candidatos a alcaldías en uno de cada cuatro municipios. 

Otro de los partidos con mayor tamaño es Vamos, que postula a Manuel Conde. A pesar de ser el partido oficial, Vamos no ha logrado presentar candidaturas a diputados en todos los departamentos del país –no la hace en Zacapa– y carecerá de aspirantes a alcaldes en 43 municipios.

Esto implica que, si alguno de estos candidatos alcanza la presidencia, será menos probable que pueda replicar el poder que tuvieron presidentes como Portillo o Pérez Molina.

La debilidad de la presidencia sería aún mayor, en el caso de que quien gane la elección sea alguno de los candidatos apoyados por partidos aún más pequeños.  

El favorito en las encuestas hasta la cancelación de su candidatura, Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, por ejemplo, no presentaba planillas de diputados en ocho departamentos, entre ellos, uno de los más poblados: Huehuetenango, y carece de candidatos a alcaldes en casi el 80 por ciento de los municipios del país.  Manuel Villacorta, de VOS, no postula aspirantes al Congreso en 14 departamentos y no participará en el 90 por ciento de las elecciones municipales. 

El siguiente gráfico muestra el tamaño de los partidos políticos con menor estructura. 

Cada vez más exclusión

En estos comicios, como ocurrió en los anteriores,  la autoridad electoral o las cortes están impidiendo participar a algunos candidatos alegando que no cumplen con todos los requisitos que exige la ley. 

Esto ha aumentado la percepción entre algunos electores de que las reglas del juego son arbitrarias. Algunos candidatos pueden participar y otros, en circunstancias similares, no. Algunos, a quienes antes se les negó la inscripción, ahora no tienen impedimentos. Algunos, inicialmente, no tienen problema para registrarse. Hasta que destacan en las encuestas. Entonces, empiezan a enfrentar obstáculos.

La exclusión electoral ha afectado a políticos de diferentes ideologías. Pero los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral a mediados de mayo (antes de que las candidaturas de Prosperidad Ciudadana fuese canceladas), evidencian que, en estas elecciones, los partidos de izquierda se encuentran entre los que más dificultades han tenido para inscribir candidatos. 

Los datos muestran cómo Winaq, MLP y URNG, tres agrupaciones de izquierda, son hasta el momento, los partidos que, en proporción, más candidaturas han dejado vacantes por problemas en las inscripciones.  En números absolutos, el MLP, es también el más afectado, ya que no ha podido registrar a más de 200 candidatos, entre ellos su binomio presidencial, más que ningún otro partido.

En contraste, el partido con menos dificultades para completar sus candidaturas es el oficial, Vamos. Pese a que ha presentado más del doble de candidaturas que el MLP, solo ha tenido que dejar vacantes, hasta el momento, 81, menos de la mitad que el partido de Thelma Cabrera. 

En una situación similar al partido oficial están Cabal, de Edmond Mulet y Valor, de Zury Ríos.

Además, de introducir incertidumbre, la exclusión de candidatos también está influyendo sobre las opciones de las que disponen los electores y, por tanto, sobre el resultado mismo de las elecciones. 

En los anteriores comicios dos de las candidatas principales, Thelma Aldana y Zury Ríos, no pudieron inscribirse. En estas elecciones, Ríos sí fue inscrita. Pero de nuevo se impidió, casi desde el inicio, la participación de dos de los candidatos más importantes: Thelma Cabrera y Roberto Arzú.  Y precisamente cuando lideraba las encuestas, la exclusión también alcanzó a Carlos Pineda.    

La exclusión de las dos Thelmas, Aldana en 2019 y Cabrera en 2023, es especialmente significativa porque ambas eran las principales aspirantes críticas con el sistema en cada momento.  

Aldana en 2019, además de ser una figura conocida, era la presidenciable del Movimiento Semilla. Este partido fue el más votado por los ciudadanos del departamento de Guatemala en las elecciones a diputados de sus distritos y el cuarto más votado en la elección a diputados por el listado nacional. Sin embargo, los partidarios de Semilla, no pudieron votar por candidatos de su partido en la elección presidencial.

En estos comicios sucederá algo similar con los votantes del Movimiento para Liberación de los Pueblos (MLP). La lideresa del partido, la activista mam Thelma Cabrera, ha construido uno de las estructuras partidarias más grandes que competirá en las elecciones, como muestra la tercera gráfica de este artículo. Presentará candidaturas a diputaciones en todos los departamentos salvo Zacapa y Sololá y cuenta con aspirantes a alcaldes en 129 de los 340 municipios. Todos los votantes de estos candidatos, sin embargo, no podrán elegir a un presidente de la misma agrupación.

La inscripción de candidatos no es una fuente de conflictividad nueva, pero ha ido en ascenso en los últimos años. 

Esta cronología muestra la complejidad del problema de la exclusión electoral. En un inicio, los debates sobre qué candidatos tienen prohibido participar y cuáles no se centraban en la interpretación de los artículos de la Constitución que establecen los requisitos para ser presidente. Las candidaturas de Efraín Ríos Montt y Zury Ríos (un golpista y su hija), Harold Caballeros (un pastor protestante) o Sandra Torres (una primera dama) generaron discusiones de este tipo. 

Pero a medida que se aprobaban nuevas leyes, como la de Probidad; aumentaban las investigaciones judiciales a políticos que después necesitaban reelegirse y crecían las demandas de la ciudadanía por funcionarios más honestos, el panorama se fue complicando. Cada vez más candidatos tenían problemas para inscribirse por no cumplir algún requisito no necesariamente explícito en la Constitución. 

En las últimas dos elecciones, la percepción de arbitrariedad aumentó cuando los argumentos que se habían utilizado para excluir a candidatos por estar involucrados en casos de corrupción, fue utilizado para negar la inscripción precisamente a políticos que habían apoyado la lucha contra la corrupción, como Thelma Aldana o el vicepresidenciable del MLP, Jordán Rodas.

La exclusión de candidatos es uno de los fenómenos que más alarma está causando a nivel internacional. Grupos internacionales de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch o Wola han advertido de que es uno de los síntomas principales del deterioro democrático en el país. 

Cuando en 1991 el sociólogo Héctor Rosada habló de que la ciudadanía tendría libertad para votar, pero no para elegir, la exclusión electoral aún no era un factor importante en el sistema electoral. Hoy, más de treinta años después, tras dos elecciones consecutivas en las que algunos de los principales candidatos no pudieron inscribirse su predicción se ha vuelto aún más cierta.