La Ley de Emergencia bajo la amenaza de la corrupción

Una inminente crisis económica y el riesgo de perder miles de vidas por el COVID 19 dieron lugar a la aprobación de la Ley de Emergencia. Una serie de medidas que abren la posibilidad de financiar a corruptos pero no liberan a los ciudadanos de las cargas del pago de facturas. 

Acerca de la pandemia de Covid-19 aún hay debate sobre su origen, sus causas, sus efectos y la mejor forma de combatirla. Pero en lo que sí parece haber consenso es en que, tras su paso, habrá una gran crisis económica.

La economía mundial ya entró en recesión, “tan mala o peor que la de 2009”, en palabras de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Georgieva dio estas declaraciones el 27 de marzo pasado, pero el presidente Alejandro Giammattei ya había anunciado las medidas de mitigación para Guatemala desde el día anterior.

En cadena nacional, Giammattei agradeció al Congreso de la República por haberse desvelado (hasta la madrugada de ese mismo día) para emitir el decreto que traza la línea de ruta para evitar que los efectos de la crisis sean tan catastróficos como prometen.  

Además de los mecanismos de combate a la crisis económica, la Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus Covid-19 establece acciones relacionadas con la sanidad pública y el combate a la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2.

Mediante dos préstamos, uno de US$200 millones y el otro de US$250 millones; y una ampliación presupuestaria de Q3,667.5 millones, la nueva ley propone la creación de fondos de apoyo a diversos sectores con el fin de mantener sus ingresos mientras dura el aislamiento ordenado para evitar la propagación del virus.

También se flexibilizan las opciones de pago para determinados servicios, y se da luz verde a la instalación de infraestructura en materia de salud.

Sin embargo, las disposiciones aprobadas no quedan exentas del riesgo de corrupción en el manejo de los recursos y han sido consideradas como insuficientes por diversos sectores de la población, sociedad civil y oposición política.

Flexibilidades de pago (en algunos casos)

Entre los principales atenuantes para la crisis, dentro de la Ley de Emergencias se encuentran algunas disposiciones relacionadas con la moratoria para ciertos pagos, con el fin de liberar a la población de sus deudas ante la falta de ingresos debido a la cuarentena.

De esa cuenta, se plantea que las entidades bancarias atiendan las solicitudes de espera de los deudores cuya mora al momento de la entrada en vigencia de la ley no exceda un mes. 

Esta regulación aplica para pagos de tarjeta de crédito, hipotecas, préstamos fiduciarios, o de garantía de prenda. Se establece un período de espera de dos meses.

Además existe prohibición de cobrar multas, moras, gastos administrativos o intereses por atrasos en pagos de mensualidades en establecimientos educativos y universidades.

Sin embargo, la nueva ley no permite tanta flexibilidad con los pagos por el servicio de energía eléctrica.

Según manifiesta el Icefi en un comunicado, “no se plantea prohibición para cortar o suspender servicios esenciales como el suministro de energía eléctrica, agua potable, telefonía o conexión a Internet, especialmente durante períodos de cuarentena o toque de queda”, por lo que considera a la ley “débil en materia de protección al trabajador”.

Este tipo de medidas de protección a la ciudadanía más vulnerable sí fueron aprobadas en otros países, como El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele suspendió el pago de servicios junto con el de pagos a instituciones bancarias por tres meses.

En Costa Rica se ordenó la reinstalación de los servicios suspendidos y la no suspensión de servicios a punto de vencer, para lo cual las empresas y los usuarios deben llegar a acuerdos de pago. Mientras que en Colombia se ordenó reestablecer el servicio de agua potable a quien se le hubiera suspendido.

En Guatemala, el proyecto de ley indica que se garantiza el suministro de energía por parte del Instituto Guatemalteco de Electrificación (Inde). Esta garantía se concretará con la ampliación de la tarifa social, de manera que el precio por kilovatio hora sea de 40 centavos para quienes consuman de 1 a 60 kilovatios/hora al mes y de 70 centavos para consumos entre 61 y 125 kilovatios/hora al mes. En lugar de la tarifa social actual de 50 centavos para consumos inferiores a los 75 kilovatios/hora al mes.

La inclusión de estos pagos estaba incluida en una propuesta de enmienda presentada por la Unidad Nacional de la Esperanza. Según explica Carlos Barreda, uno de sus diputados, la enmienda no fue aceptada.

Barreda resalta que ante la situación económica que se avecina, será muy difícil para muchas familias del interior estar al día en sus pagos de energía. En especial por los altos precios de la energía y del alumbrado público en el interior del país.

Fondos incluso para personas expuestas políticamente

Entre los fondos aprobados, se encuentra uno de Q700 millones repartido en partes iguales entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Vivienda (Maga) que se utilizarán para implementar un sistema de cupones que permita dotar de insumos básicos y medicinas a familias en situación de vulnerabilidad y adultos mayores.

También se destinarán Q100 millones a la ampliación del Programa del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La mitad de estos recursos provendrá de reasignaciones presupuestarias a lo largo del año. Lo mismo se hará con el Programa de Agricultura Campesina del Maga, con los mismo montos.

Uno de los aspectos que más llama la atención se encuentra en el artículo 13 de la normativa, el más largo de todo el decreto, donde se definen los fondos para paliar la crisis que resulte de las medidas de contención del Coronavirus.

Pero un artículo tan largo ―de cerca de cuatro páginas― se presta para incluir líneas orientadas a fines particulares específicos.

De esta manera, en la parte que corresponde al Fondo de Protección de Capitales se establece la asignación de Q250 millones para otorgar microcréditos a través del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para empresas, profesionales y cooperativas de ahorro y crédito, con tasas de interés preferenciales.

El CHN será el encargado de emitir el reglamento en el que se especifiquen los requisitos. No obstante, en la redacción del artículo 13 se establece que “estos créditos se otorgarán sin restricción para las personas expuestas políticamente (PEP)”.

Según la Superintendencia de Bancos (SIB), ‘personas expuestas políticamente’ refiere a cargos públicos relevantes, cargos prominentes de organizaciones internacionales y dirigencias de partidos políticos, que por su perfil están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica.

En el listado de PEP de la SIB se incluye al presidente de la República, vicepresidente, ministros, viceministros, directores, diputados, magistrados, jueces y otros. 

Según Barrientos (Icefi), la única razón para incluir una disposición así en una ley es la búsqueda de la corrupción.

Lo mismo ocurre con el Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), por Q400 millones. En este caso los créditos se manejarán a través del sistema bancario y el reglamento estará a cargo del Ministerio de Economía. La disposición de que se otorgue créditos sin restricciones a las PEP también está presente en este fondo.

Samuel Pérez, miembro del bloque del Movimiento Semilla, narró que agregar esta línea sobre las PEP fue uno de los elementos que se discutió en las reuniones previas al dictamen favorable de la iniciativa. Se sometió a votación y no quedó aprobada, por lo que fue una sorpresa para Semilla y otras bancadas ver que al final sí se había incluido.

Pese a que podría interpretarse como un privilegio para las PEP, poder acceder a los créditos sin ningún tipo de restricción en comparación del resto, Pérez indica que se trata de una línea que está de más porque los créditos deberían estar disponibles para cualquier ciudadano siempre que se cumpla con los requerimientos que las entidades responsables determinen. 

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunció una citación para el 30 de marzo al ministro de Economía, Antonio Malouf, para cuestionarlo sobre este tema. 

Mientras que Pérez (Semilla) indicó que ellos plantearán una reforma después de la entrada en vigencia para eliminar ese contenido.

No-Ficción intentó contactar a Mynor Mejía, jefe de bancada del partido Vamos, y a Allan Rodríguez, presidente del Congreso y miembro también del partido Vamos, pero no respondieron a las llamadas.

¿Y qué hay para el 70% restante de la población?

La paralización en la economía guatemalteca, sumada a la recesión mundial, augura dificultades para todos los sectores de la población. Algunos más que otros.

“En el área urbana, los estratos medios y bajos pueden caer en la pobreza y otros que están un poco mejor pueden llegar a una situación de alto riesgo”, explicó Karin Slowing, extitular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Según Slowing, esto también afectará al área rural, pues la economía en estos sectores está estrechamente relacionada con la de los cascos urbanos. Además considera que se ha subestimado el riesgo de esparcimiento del virus en muchas comunidades ante la llegada de migrantes deportados, debido a la falta de métodos de detección de la enfermedad.

“Y todo esto, sin siquiera haber hablado del sector informal”, enfatiza la exfuncionaria.

La informalidad representa cerca del 70% de la actividad económica en Guatemala. Es por ello que el Icefi también lamenta que para contrarrestar los efectos de la Covid-19 no se haya incluido nada con respecto a este sector tan representativo de la población.

A criterio de Edie Cux, director de Acción Ciudadana, podrían incorporarse a las municipalidades estrategias que beneficien al sector informal.

Su idea es que se pudiera contratar o comprar al sector informal. Para ello se les tendría que registrar y generar algún tipo de factura especial. De esta manera se les estaría incorporando a cierto grado de formalidad y a las medidas de protección de las consecuencias económicas de la pandemia.

Se espera que en el transcurso de esta semana el presidente anuncie una propuesta para incluir a este sector dentro de la estrategia de contención de la crisis, según adelantó durante su conferencia del 25 de marzo.

El financiamiento basado en deuda

Para implementar los mecanismos de contención del impacto económico es muy importante determinar de dónde saldrá el dinero para financiarlos. Es por ello que el Congreso aprobó dos préstamos pendientes desde el gobierno de Jimmy Morales.

Uno de los créditos, originalmente concebido para mitigar los efectos del cambio climático, proviene del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) y tiene un monto de US$200 millones.

El otro, de US$250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivo el apoyo presupuestario.

Para su utilización fue necesario elevar el techo presupuestario en Q3,667.5 millones. La ampliación presupuestaria se había previsto desde enero de este año, ya que la legislatura anterior no dejó aprobado el presupuesto de 2020 y, por ley, esto obliga a repetir el de 2019.

Por medio de un comunicado, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) califica de buena manera que se haya ampliado el techo presupuestario para el uso de los préstamos, pero lamenta que se haya optado por el endeudamiento como una manera casi única para financiar la emergencia.

Y es que hay asignaciones de 2019 que no se utilizarían en el período actual. Por ejemplo: el año pasado hubo elecciones, por lo que el Tribunal Supermo Electoral (TSE) tenía asignados Q525 millones para este fin. 

En esta misma línea, el Icefi señala que también hay algunos recursos asignados en 2019 para el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) que podrían haberse utilizado. Estos son la adquisición de accesorios y repuestos para la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), la adquisición de un buque para la Marina de Guerra y la capitalización del Instituto de Previsión Militar (IPM). Los tres rubros sumados podrían haber aportado Q189.1 millones.

La calamidad persiste al paso del tiempo

Como estrategia para evitar la propagación del Covid-19, el Gobierno mantiene desde el pasado 5 de marzo un Estado de calamidad. Su prórroga requirió de la aprobación del Congreso.

“Al inicio teníamos nuestras dudas, porque hay un mal historial sobre el uso de los recursos en estados de excepción”, explica Lucrecia Hernández, diputada por el Movimiento Semilla y exministra de Salud.

No obstante, agrega que después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió al Covid-19 como pandemia, sumado a lo visto en Europa, su bancada decidió que la excepción debía aprobarse. 

Finalmente la ampliación del estado de calamidad contó con 129 votos favorables y el estado de calamidad se prorrogó por 30 días más. Durante este período el Estado tiene la facultad de para comprar y contratar sin pasar por los procesos habituales de licitación.

Para Cux, de Acción Ciudadana, el actuar de las instituciones debe estar bajo constante fiscalización. “Hemos estado monitoreando las municipalidades y hemos visto que hay un aumento en las compras y contrataciones después de que el Congreso decretó la ley de emergencia”, manifiesta.

“El riesgo de la corrupción es que la población no alcance los beneficios y más personas mueran o estén en condiciones más vulnerables”, añade.

Ricardo Barrientos, economista del Icefi, expone que la libertad para ejecutar es la parte de los estados de excepción que permite atender una situación específica ―en este caso la emergencia―, ya que el sistema habitual no permitiría gestiones ágiles.

La solución que propone es que al salir de la situación, la Contraloría General de Cuentas asuma su papel de ente fiscalizador y revise la forma en que se usaron los recursos.

Hospitales y centros de diagnóstico

La asignación de fondos también se orienta a medidas de mitigación de los efectos en la salud durante la pandemia. Sobre la manera de abordar estos temas también hay dudas visibles. 

En materia de salud, la Ley de Emergencia asigna Q700 millones para la habilitación de hospitales temporales ―cinco, según el presidente― y Q100 millones para la ubicación de centros de diagnóstico en la red hospitalaria que permitan la detección del Covid-19.

Para Barrientos es correcto que se planteen estos proyectos, pero considera que el énfasis del Gobierno se centra más en la medicina curativa que en la preventiva.

Las dudas surgen de la baja cantidad de pruebas que se están realizando a potenciales pacientes infectados con el virus. Con respecto a la posibilidad de que haya un subregistro, las posturas parecen estar divididas. Mientras Carlos Barreda se muestra desconfiado de los datos oficiales y sugiere la posibilidad de que los datos reales de infectados sean superiores, Karin Slowing, Lucrecia Hernández y Edie Cux señalan estar seguros de que el subregistro es una realidad.

El congresista Aldo Dávila, del partido Winaq, puso en tela de duda la exactitud de los datos de contagios del virus, ante indicios de casos médicos con características similares. Es decir, un subregistro de casos.

Como respuesta, el presidente Alejandro Giammattei se referió a Dávila como un “esperpento” ―por segunda ocasión.

Barrientos resalta la forma de reaccionar del presidente ante ese cuestionamiento. “Aún dejando de lado la posibilidad de que haya una intención de ocultar datos, su reacción pone en evidencia que la parte de prevención no es su prioridad”, añade el economista.

Tras la aprobación en el hemiciclo, la iniciativa pasa a una revisión de estilo en el Congreso y luego regresa a las bancadas legislativas para una revisión final. Después se envía a la Presidencia de la República para su respectiva sanción o veto. Y finalmente se manda a publicar en el Diario de Centro América para que pueda entrar en vigencia.

Los plazos dependen de la voluntad de los poderes Ejecutivo y Legislativo. A partir de ese momento se podrán empezar a poner en práctica las acciones específicas con la esperanza de que el tiempo que tome sea suficiente para adelantarse a una enfermedad que en su fase inicial, y tres meses de existencia, ha causado más de 30 mil muertes.