Los 5 grandes negocios que repartió Giammattei y hereda Arévalo
30 min. de lectura
El ya expresidente Alejandro Giammattei puso en marcha costosas obras como el Anillo Regional y el nuevo Puente de Belice que pueden absorber el presupuesto de Comunicaciones por años y que fueron adjudicados sin apenas competencia. También reforzó el monopolios de Maycom, para la emisión de licencias de conducir, el del grupo Interport, en el manejo de carga en puertos, y el del duopolio de las telecomunicaciones: Tigo-Claro. Cuatro empresas que consolidaron su poder sobre el mercado gracias a decisiones del gobierno saliente.
Es posible que los años del presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) sean recordados por su gestión durante la pandemia de covid-19 o por alguno de los escándalos políticos sucedidos durante su gestión.
Estos cuatro años estuvieron plagados de hechos que acapararon los focos, entre otros, un proceso de sucesión presidencial que mantuvo en vilo al país hasta el último segundo.
Pero mientras todo esto sucedía, más lejos de la atención pública, la administración de Giammattei tomó decisiones cruciales sobre el reparto de bienes o fondos públicos que afectarán al país en los siguientes años o décadas.
Durante su mandato, Giammattei adjudicó proyectos que habían estado por largo tiempo bajo discusión o habían sido relegados por gobiernos anteriores.
Obras que absorberán miles de millones de quetzales de los próximos presupuestos, como Anillo Regional o el nuevo Puente de Belice, fueron finalmente adjudicadas.
Se renovaron concesiones de larga duración cuyos plazos estaban vencidos, como la de Maycom, que firmó un nuevo contrato para seguir emitiendo las licencias de conducir por un periodo que oscilará entre siete y 14 años.
El Grupo Interport, del empresario Jurg Widmer Probst, conocido como el Rey de los Puertos, también refrendó su monopolio sobre el manejo de carga en uno de los principales puertos del país, Santo Tomás de Castilla, por entre una o dos décadas más.
Además, se subastaron los usufructos que permitirán a las compañías de telecomunicaciones Tigo y Claro ampliar el internet móvil de alta velocidad en los siguientes años, el llamado servicio 4G y 5G.
Estos cinco grandes negocios se encuentran entre los más importantes y con mayores consecuencias para el país otorgados durante la administración de Giammattei, según un recuento realizado para esta nota.
Los cinco proyectos tienen en común al menos una de dos características. La primera, que fueron otorgados en un contexto de escasa o nula competencia. Por ello, no está claro si el Estado pagará o recibirá un precio justo de las empresas que los han obtenido.
Tigo y Claro, por ejemplo, renunciaron a competir entre sí por las bandas de telefonía 4G y 5G para así pagar lo menos posible al gobierno por ellas.
La construcción del nuevo Puente de Belice, de casi Q1,800 millones, una de las infraestructuras más costosas construidas por el Estado en décadas, se adjudicó en un concurso en el que se presentó una única empresa: el Grupo Muratori.
La segunda característica, tiene que ver con la primera. Al no incentivar la entrada de nuevos actores en cada sector, el gobierno de Giammattei, inevitablemente, favoreció a empresas ya establecidas.
Algunas de ellas, como Tigo y Claro, disfrutan de un duopolio que se ha traducido en incrementos de precios para los consumidores.
En otros casos, esto ha supuesto consolidar a empresas señaladas por pagar sobornos, como el Grupo Interport y varias de las constructoras a las que se adjudicó el Anillo Regional.
1. El Anillo Regional. Q,3,967 millones para viejos conocidos: López Camey, Gustavo Alejos y los Córdova
El gobierno anterior, el de Jimmy Morales (2016-2020) priorizó el mantenimiento a las carreteras existentes. No adjudicó tantos grandes contratos para hacer obras nuevas, sino muchos medianos.
La administración de Giammattei hizo lo opuesto. Durante el mandato del ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, apostó por los contratos multimillonarios. Licitó la construcción de nuevos puentes, libramientos o ampliaciones a cuatro carriles.
El más caro de estos grandes proyectos es el llamado Anillo Metropolitano o Anillo Regional.
Giammattei no creó este proyecto, pero sí le dio un gran impulsó, adjudicando cinco tramos en la parte sur y oriente de esta futura ruta. Los cinco suman unos 73 kilómetros y supondrán un desembolso de algo más de Q3,900 millones.
Se trata de una suma considerable, muy superior a lo pagado por los proyectos carreteros más importantes realizados en los últimos años, como la Franja Transversal del Norte o el polémico libramiento de Chimaltenango.
El Anillo consiste en reparar y añadir dos carriles adicionales a una serie de carreteras ya existentes, y construir otras desde cero, de forma que sea posible circunvalar el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala.
Sería algo similar a un Anillo Periférico, como el que ya existe dentro de la capital, pero escala regional, con una extensión de más de 400 kilómetros.
Pese a la magnitud del negocio y de que existen multitud de empresas nacionales o internacionales que podrían ejecutar las obras, los cinco tramos del Anillo adjudicados por Giammattei atrajeron escaso interés de constructoras.
En una de las licitaciones solo hubo un oferente, según consta en Guatecompras. En otros dos de los concursos, se presentaron dos empresas, pero, en ambos, una de ellas fue descalificada por defectos de forma en su oferta, con lo cual, en la práctica, también hubo un único oferente. Y solo en las dos restantes, dos oferentes llegaron a competir entre sí.
Finalmente, cada uno de los cinco tramos fue adjudicado a una constructora diferente.
La ausencia de competencia favoreció que los beneficiarios de los cinco contratos sean o empresas poco conocidas en el sector y que nunca habían ejecutado obras de gran magnitud o empresas más conocidas, pero precisamente por sus vínculos políticos o por haber sido acusadas de pago sobornos.
El contrato más cuantioso del Anillo, uno de Q990 millones, fue para Aspetro, cuyo copropietario, Ramiro Mauricio López Camey, fue incluido en 2022 en la llamada Lista Engel. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que este empresario pagó sobornos a cambio de que Aspetro recibiera contratos públicos. Ni López Camey ni su empresa han sido procesados en Guatemala por corrupción.
Otro de los contratos para la construcción del anillo fue otorgado a la constructora Ciansa, que recibió Q590 millones por esta adjudicación en 2022. El empresario detrás de esta empresa es Gustavo Alejos, según una investigación de Concriterio. (Gustavo Alejos niega e insiste en que ya no es accionista).
Gustavo Alejos fue implicado por CICIG o la FECI en cinco casos de corrupcion diferentes y, hasta el momento, ha sido condenado en uno de estos casos, Negociantes de la Salud, por amañar contratos públicos. Alejos también está sujeto a sanciones de Estados Unidos desde 2020 y desde 2021 se aplica la Ley Magnitsky por sus prácticas corruptas.
Otro de los empresarios que recibió un jugoso contrato del Anillo de Q664 millones, es Francisco Alejandro Córdova Molina. Ni él ni su empresa, Constructora San Francisco, han sido implicados en corrupción, pero sí es conocido el poder político que su familia ejerce en Alta Verapaz. Esto les ha facilitado convertirse en grandes contratistas públicos.
De hecho, mientras Córdova Molina recibía contratos multimillonarios como el de Anillo, su hermano, “Mashico” Córdova, ocupaba una curul de diputado en el Congreso.
Otro de sus hermanos, Koky Córdova, ha sido alcalde de Cobán; y un tercer hermano, ha ocupado el mismo cargo en el municipio de Chahal.
Empresarios como estos son los que construyen el Anillo y es a ellos a quien el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo tendrá que pagar miles de millones.
Hasta el comienzo de este año, según información de Guatecompras, solo uno de los cinco tramos adjudicados por Giammattei había recibido una asignación importante de fondos. Se trata del Guanagazapa-Escuintla, a cargo de Ciansa, la constructora vinculada a Gustavo Alejos, a la que se han pagado unos Q234 millones.
Esto equivale a alrededor del 6 por ciento del costo total de los cinco tramos del Anillo; lo que quiere decir que gran parte de la enorme inversión que representa esta obra recaerá en la administración de Arévalo.
De hecho, si se cumplen los plazos de ejecución previstos en los contratos, construir los cinco tramos del Anillo absorberá gran parte del presupuesto de la Dirección General de Caminos durante los tres primeros años del nuevo gobierno.
2. El nuevo Puente de Belice. El puente de Q1,785 millones que solo Fóscolo Liano quiso construir
El gobierno de Giammattei adjudicó la construcción de varios grandes puentes. Pero uno destaca por su tamaño y precio: el nuevo Puente de Belice que ya se construye en la Ciudad de Guatemala. Su costo será de casi Q1,800 millones. Esto equivale al presupuesto completo de la municipalidad capitalina de un año.
El Puente de Belice es vital para comunicar la ciudad entre sí y el país en su conjunto con la costa del Atlántico. Y desde hace más de una década, diferentes ingenieros habían advertido sobre el hecho de que no está diseñado para el tráfico que actualmente soporta.
En anteriores gobiernos se optó por medidas de bajo costo para enfrentar el problema, como reforzar la estructura. Pero durante la gestión de Giammattei y el ministro Maldonado se optó por una solución a lo grande: adjudicar la construcción de un nuevo puente de 270 metros, paralelo al viejo, que tendrá dos niveles, uno para transporte público y otro para vehículos privados.
Se trata de la mayor obra pública que se ha realizado en la capital del país en décadas.
Aunque inicialmente se estimó que costaría Q1,200 millones y después se elevó el cálculo a Q1,660 millones, al final, su costo será de casi Q1,800 millones.
¿Cómo se estableció este precio? A través de un concurso público, celebrado en 2022, en el que solo una empresa compitió, el Grupo Muratori, por lo que fue esta empresa la que lo fijó.
Pese a que la construcción del nuevo puente es la clase de grandes obras que suelen atraer el interés de empresas de otros países,las bases del concurso no lograron atraer a ninguna experimentada constructora internacional de puentes. Tampoco a alguna de las constructoras nacionales más destacadas.
Al final, solo se logró que una empresa presentara una oferta: el Grupo Muratori, que dirige Fóscolo Liano, un ingeniero especializado en puentes.
El Grupo Muratori conoce bien el viejo Puente de Belice ya que en 2017 ganó un concurso para repararlo y reforzarlo. Además, cuenta con una larga experiencia rehabilitando y construyendo este tipo de estructuras.
Pero ni en el inventario de proyectos que la propia empresa difunde o en su historial en Guatecompras consta que la empresa de Liano haya ejecutado un proyecto público de magnitud similar.
El Grupo Muratori ganó el contrato, principalmente, porque nadie más presentó ofertas. Y fue el gobierno quien desincentivó la competencia, fijando unas normas para el concurso que fueron criticadas por varias empresas interesadas en participar.
Uno de los principales problemas que señalaron, según las preguntas al concurso recogidas en Guatecompras, fue el tiempo ofrecido para presentar las propuestas, inicialmente de 40 días. También el hecho de que las bases de concurso exigían que la empresa ganadora debía tener experiencia construyendo puentes en Guatemala.
Estos dos requisitos hacían muy difícil la participación de empresas extranjeras o de nacionales que no supiesen con antelación del proyecto.
Varias constructoras se quejaron, como consta en Guatecompras, y el gobierno cedió. Ampliaron el plazo para presentar ofertas otros 40 días y permitieron que se tuviera en cuenta la experiencia construyendo puentes en otros países. Sin embargo, estas decisiones llegaron cuando el proceso ya estaba en marcha. Solo se permitió la participación de empresas que hubiesen construido puentes en el extranjero cuando faltaban 28 días para que venciera el plazo ampliado. Esto pudo disuadir a empresas interesadas.
Además, varias empresas interesadas mostraron su desacuerdo en que el gobierno exigiera que se presentara un precio final cerrado para la obra.
No se admitían ni precios unitarios (es decir, por hora de trabajo, por ejemplo); ni tampoco se autorizarían cambios posteriores en el valor del contrato.
No podían, según explicaron, dar un precio final para las obras, sin antes hacer el diseño. Y no podían hacer el diseño, si no ganaban el concurso. Por tanto, las ofertas debían poder presentarse en precios unitarios.
Otras empresas aseguraron que no podían asumir el riesgo que implicaba ofrecer un precio cerrado. La construcción se prolongaría más de cuatro años y en ese tiempo los precios podían variar. No era razonable impedir cambios en los costos, cuando, además, esto está previsto en la legislación y sucede casi siempre en las grandes obras.
Sin embargo, ninguno de estos comentarios fue atendido. Y la participación se redujo a una sola constructora: el Grupo Muratori, que obtuvo cien puntos de cien posibles.
La empresa de Fóscolo Liano vivió un auge inusitado durante el gobierno de Giammattei. En total, recibió Q2,432 millones en siete contratos nuevos, todos ellos para construir o reforzar puentes.
Es la constructora que más adjudicaciones nuevas obtuvo los pasados cuatro años, según un recuento hecho para este reportaje.
Y como sucedió con el Puente de Belice, casi nunca enfrentó competencia en los concursos a los que se presentó.
Hasta al comienzo de este año, según información de Guatecompras, a la empresa ya se le habían adelantado Q144 millones para comenzar las obras del nuevo Puente de Belice. Por ello, recaerá en el gobierno de Arévalo destinar los más de Q1,600 millones extras que requiere finalizar la obra.
Si se cumplen los plazos previstos, el puente estaría terminado hacia mediados de 2027. Es decir, el presidente Arévalo podría inaugurar la obra solo unos meses antes de dejar su cargo.
3. Las bandas para el Internet móvil 4G y 5G. Q1,389 millones que refuerzan el duopolio Claro-Tigo
Guatemala es uno de los mercados de telefonía celular e Internet más grande de la región. Pero también es el único país de Centroamérica que solo cuenta con dos operadores en el sector.
La mayoría de países vecinos tienen tres y El Salvador cuatro. Los consumidores de Guatemala, en cambio, desde 2019, cuando Claro absorbió Movistar, solo pueden contratar su servicio telefónico a la mexicana Claro o la luxemburguesa Tigo.
Esto se ha traducido en precios crecientes. Como reveló una investigación de Plaza Pública, desde que existen solo dos empresas en el mercado las tarifas de teléfono e internet han crecido a un ritmo superior a lo que lo hacían cuando había tres.
Giammattei tuvo en sus manos la oportunidad de tratar de fomentar una mayor competencia en el sector. Pero esto no solo no ocurrió, sino que el duopolio Tigo-Claro salió reforzado para las siguientes décadas. Además, lograron pagar lo menos posible por el uso de un bien que les permitirán ganar miles de millones de quetzales.
La clave de todo esto residió en dos subastas organizadas por el gobierno en 2023.
El espectro radioeléctrico, la parte del cielo que es útil, se considera un bien público. Y el Estado lo organiza y subasta para que las empresas lo exploten por períodos de hasta 20 años.
En el gobierno de Giammattei se decidió poner en el mercado una parte del espectro radioeléctrico que permite ofrecer internet de alta velocidad a celulares. Tras 15 años sin subastas para adjudicar el espectro radioeléctrico para uso de telefonía, la SIT repartió en 2023 el espacio que permitirá extender la tecnología 4G y 5G, clave para la comunicación multimedia online.
En otros países es común que el Estado aproveche este tipo de concursos para tratar de fomentar la competencia en el sector.
Por ejemplo, cuando en 2014 México sacó a concurso nuevas concesiones de televisión, reservó una parte de ellas para empresas que no fueran dominantes en el mercado. Básicamente, impidieron participar en algunas de las subastas a Televisa o TV Azteca para evitar que acumularan más canales y fomentar una mayor diversidad en la televisión.
Esto propició, por ejemplo, que Ángel González formara una cadena de televisoras en el centro y sur de México. —En Guatemala, paradójicamente, Ángel González se beneficia de un monopolio en la televisión abierta a nivel nacional desde hace décadas—.
Algo similar sucedió en Colombia, en 2023. El gobierno de ese país organizó una subasta de la banda 5G en la que se introdujeron medidas para favorecer a empresas que no fueran dominantes y así fomentar más competencia y beneficiar a los consumidores.Los tres operadores que ya existían (Tigo, Claro y WOM) consiguieron una parte del espectro. Pero Colombia logró que una cuarta empresa, Telecall, obtuviera otro bloque e ingresara en el mercado.
En las subastas que Guatemala organizó en 2023 no se tuvo en cuenta ninguna consideración de este tipo. Y sucedió lo previsible: solo participaron Claro y Tigo y ambas se repartieron toda la banda 4G y 5G.
Además, como puede verse en los videos de las subastas, celebradas en junio y septiembre del año pasado, las dos empresas no compitieron entre sí. Cada una pujó solo una vez por los bloques que le interesaban. De esta forma, lograron pagar lo menos posible por el uso del espectro para los siguientes 20 años.
El gobierno fijó como punto de partida para las dos subastas un precio de Q1,389 millones. Solo consiguieron recaudar Q180 mil adicionales a este mínimo.
Claro obtuvo algo más del espectro y pagó Q801 millones. Tigo desembolsó Q587 millones por un espacio un poco menor. Pero dado que Tigo ya poseía una parte de la franja 4G, controlará una parte mayoritaria del espectro.
El reparto del cielo para las siguientes décadas, por tanto, será el reflejo del reparto actual del mercado: un duopolio en el Tigo lidera, con alrededor del 57 por ciento del mercado, y Claro le sigue con un 42 por ciento.
4. La emisión de licencias de conducir. Q729 millones para Maycom
Desde que el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) decidió subcontratar a una empresa privada la emisión de licencias de conducir, este negocio ha tenido varios pretendientes. Pero nunca, nadie, ha logrado desplazar Maycom. Tampoco parece que esto vaya a ocurrir en, al menos, la próxima década.
Esta empresa es propiedad de la familia nicaragüense Coen. Actualmente liderado por Piero Coen Ubilla, este grupo es probablemente la familia nicaragüense con más negocios en Guatemala. Controlan la empresa AirPak, que representa a la remesadora Western Union y son accionistas de Precon, un grupo que, entre otras cosas, domina el mercado de los productos prefabricados de concreto.
También son los propietarios de Maycom, que comenzó a emitir las licencias en 1999; y desde entonces ha monopolizado un negocio que en los próximos años le reportará unos ingresos garantizados de unos Q100 millones anuales.
En anteriores gobiernos, las autoridades se limitaron a prorrogar el contrato firmado con Maycom durante el gobierno de Arzú. Priorizaron evitar conflictos y no poner en riesgo la emisión de las licencias.
La ley de compras permitía prorrogar indefinidamente este tipo de contratos, de manera que para los sucesivos gobiernos era cómodo solo mantener el statu quo.
Sin embargo, desde la reforma a la ley de compras de 2016, aprobada durante el pico de la lucha contra la corrupción, los gobiernos han tenido un problema. La legislación actual permite una única renovación de los contratos públicos, por lo que ya no pueden seguir prorrogándolos cuanto quieran.
Esto forzó al gobierno de Jimmy Morales (2016-2020), a sacar a concurso la emisión de licencias en 2019. Pero por razones que no están muy claras, el evento fue finalmente cancelado. Y, una vez más Maycom mantuvo el negocio.
La responsabilidad se trasladó entonces a Giammattei. Tras 21 años sin organizar una licitación exitosa para emitir las licencias, el gobierno ahora debía hacerlo forzado por la ley.
Y desde el comienzo, las autoridades mostraron indicios de que su intención no era fomentar competencia real para Maycom.
En un primer concurso, que comenzó en enero de 2020, las bases de la licitación otorgaban diez puntos sobre 100 posibles a la empresa que pudiese poner en funcionamiento el servicio con más rapidez. Este sistema de evaluación de las ofertas, obviamente, beneficiaba a la empresa que ya operaba el servicio: Maycom. En un concurso competido, esos diez puntos podían resultar decisivos.
Este hecho provocó algunas quejas, como consta en Guatecompras. “Se lo están regalando al proveedor actual”, comentó una empresa anónima en un mensaje enviado a la junta de licitación.
Aún así, al menos dos compañías internacionales se interesaron en el proceso: Veridicca y TGS.
Las consecuencias de la pandemia, que estalló en esos meses, finalmente provocaron la suspensión del evento.
Sin embargo, el gobierno no tardó en retomar el concurso unos meses después, al final de 2020. Esta vez, se eliminaron los polémicos diez puntos por rapidez que irían a Maycom, pero varias empresas se quejaron de otras condiciones.
Hubo repetidas solicitudes, sobre todo de empresas extranjeras, de que se ampliase el plazo inicial para presentar ofertas. Cuarenta días no les bastaban para solicitar y legalizar documentación de otros países y registrarse en Guatemala, alegaban. Además, las restricciones a la movilidad seguían en muchos países.
El gobierno cedió, pero solo anunció la ampliación cuando faltaban tres días para su vencimiento.
Además, varias empresas interesadas criticaron que el gobierno pedía, para ejecutar el contrato, el uso de unos escáneres de huellas dactilares de una calidad excesiva, demasiado caros y que tenían un único proveedor.
Finalmente, ninguna de las compañías internacionales que se habían interesado por el evento anterior presentó oferta. Solo lo hicieron dos empresas: Maycom y la alemana Mühlbauer.
Esta última es una conocida transnacional que emite pasaportes, licencias de conducir y documentos de identificación en una decena de países de todo el mundo.
De hecho, Mühlbauer le arrebató a los Coen, dueños de Maycom, la emisión del DPI salvadoreño (el DUI) en 2011. Y desde 2019, también provee las tarjetas en las que se imprimen los DPI en Guatemala.
Pero en el concurso por la emisión de licencias de conducir Mülhbauer no pudo con Maycom. La firma alemana ofertó unas licencias de mejor calidad y Maycom ofertó un precio algo más bajo. Al final, el factor decisivo fue la experiencia.
Mülhabuer emite los permisos para conducir en países como Italia, Iraq o Sudán del Sur. La empresa de los Coen solo ha proveído este servicio en Guatemala.Y sin embargo, Maycom obtuvo más puntos por su experiencia que Mülhauer. ¿Qué sucedió?
La empresa guatemalteca acreditó como propios contratos ganados por Cosmocolor, una compañía mexicana que emite licencias en varios estados del país vecino, con la que Maycom tiene un acuerdo. Esto estaba permitido en las reglas del concurso. Y resultó decisivo, porque Mühlbauer presentó una experiencia de 15 contratos y Maycom de 21.
Así, Maycom seguirá emitiendo las licencias hasta, al menos, 2028. Entonces, el sucesor del presidente Arévalo podrá decidir si prorroga el contrato por una única vez otros siete años.
Durante los próximos años, cada vez que un ciudadano paga Q100 para conseguir su licencia, casi Q47 seguirán fluyendo a las cuentas de la empresa de los Coen.
5. El manejo de carga en el puerto Santo Tomás de Castilla. Q614 millones que marcan el regreso del Rey de los Puertos.
Durante algún tiempo, pareció que Jürg Widmer Probst, el empresario de origen suizo también conocido como el Rey de los Puertos, perdería su corona.
En 2016, se convirtió en un prófugo de la justicia cuando la CICIG presentó el caso Cooptación del Estado. La fiscalía acusó al Rey de ser uno de los empresarios que pagó sobornos a las autoridades portuarias y al propio presidente de la República a cambio de recibir contratos públicos, durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015)
Y en 2018, mientras el Rey se escondía de la justicia, la administración de Jimmy Morales (2016-2020) decidió no renovar uno de los contratos más lucrativos que tenía con el Estado y entregárselo a otra empresa.
El empresario de origen suizo perdió entonces un negocio que había controlado por casi dos décadas: la carga y descarga de contenedores de barco en el principal puerto público del Pacífico, el Puerto Quetzal. Desde 2018, este servicio lo provee Yilport, una transnacional turca.
Pero entonces llegó a la presidencia Giammattei y la suerte cambió para Jürg Widmer Probst.
Durante su mandato, el Rey no recuperó su negocio perdido en Puerto Quetzal, pero sí afianzó su poder en el otro gran puerto público del país, el de Santo Tomás de Castilla para, al menos, la siguiente década. Y, además, solucionó sus problemas con la justicia.
La empresa del Rey, el Grupo Interport, importa grúas alemanas marca Liebherr y maneja con ellas contenedores y otro tipo de carga en el puerto de Santo Tomás de Castilla (Empornac) desde, al menos, el año 2000, según información de Guatecompras.
Primero, en 2000, ganó un contrato para operar dos grúas. Y después, en 2006 y 2010, otros dos, para manejar tres grúas adicionales.
Estos tres contratos le permitían tener un monopolio, sobre todo en el manejo de los contenedores que ingresan en el puerto. Por cada uno que movía, el Rey cobraba una tarifa fija a la Empornac.
El precio de estos servicios se había fijado en los tres concursos que ganó el Grupo Interport. Y en estos, en gran parte, no hubo competencia, como consta en Guatecompras.
Las ofertas que competían contra el empresario de origen suizo o eran descalificadas o, simplemente, nadie las presentaba.
Esto permitió a Interport cobrar precios superiores a los que pagaba el Estado por servicios similares en otros puertos.
Por ejemplo, cuando la Portuaria Quetzal decidió no renovar su contrato con Interport y suscribió un acuerdo con la turca Yilport, se acordó un precio de US$34.72 por mover cada contenedor, como consta en el contrato.
En cambio, en Santo Tomás de Castilla, ese mismo año, 2018, se pagaba al Rey, US$39.37 por contenedor, según información de Guatecompras; un 13 por ciento más.
A pesar de ello, la actitud de los gobiernos hacia estos contratos fue similar a lo sucedido con Maycom.
Como la ley lo permitía, las autoridades portuarias se limitaban a prorrogarlos y evitar problemas. Ahora también sabemos que, al menos durante la administración de Pérez Molina, funcionarios de la Empornac y el propio presidente también recibieron comisiones de Interport, según la investigación de CICIG.
Pero cuando llegó al poder, el gobierno de Giammattei se encontró con una situación análoga a la que enfrentó con Maycom. Los contratos vencían y las reformas a la ley de 2016 ya no le permitían seguir prorrogando.
El gobierno, entonces, organizó una licitación para operar cinco grúas y el manejo de carga en la Empornac, a mediados de 2022. Pero cómo había sucedido antes en este puerto, la competencia contra el Rey fue inexistente.
Una de las interesadas fue Yilport, la empresa turca que desplazó a Interport del Pacífico. En un comentario enviado a la junta de licitación, Yilport criticó que las bases del concurso exigían ofrecer unas grúas con unos requisitos técnicos que solo reúnen las grúas Liebherr, precisamente la marca que desde hace más de dos décadas importa y opera en la Empornac el Rey.
Según dijeron, esto carecía de sentido porque otros fabricantes podían ofrecer un producto equivalente.
Finalmente, Yilport no presentó oferta. Tampoco lo hizo ninguna otra empresa con experiencia en el sector. Solo participaron Interport, con sus grúas Liebherr, y Corporación Cuarto Mundo, una pequeña constructora cuya única experiencia previa en la Empornac era haberle vendido botas para trabajadores.
Dado que esta oferta fue descalificada, Interport se llevó con facilidad el nuevo contrato. No importó que su propietario estuviera en búsqueda y captura.
Así, el Rey seguirá monopolizando el manejo de contenedores en el Atlántico hasta, al menos, septiembre de 2033. Después, el contrato podría prorrogarse otra década.
Además, el empresario de origen suizo también logró aumentar su tarifa por mover cada contenedor. Bajo los anteriores contratos cobraba US$39.37 y ahora pasó a facturar US$45.85, un 16 por ciento más, como consta en Guatecompras.
Esto representará a Interport unos ingresos de alrededor de Q614 millones durante la primera década del contrato.
Algo más de un año después de asegurarse este negocio, en septiembre de 2023, al fin, Jürg Widmer Probst apareció.
Ya en enero de ese año, su abogado había logrado que se cancelara la orden de aprehensión y se le permitiese presentarse voluntariamente a declarar. Esta audiencia se fue posponiendo hasta septiembre pasado.
Entonces, el Rey hizo su primera y última aparición ante la justicia. La cuestionada jueza Eva Recinos resolvió no procesar al empresario.
El caso de Interport y su propietario concentra varios de los patrones expuestos en este reportaje, que se repitieron durante la gestión de Giammattei.
Como sucedió con la emisión de la licencia de conducir o las bandas 4G y 5G, en este negocio también se apostó por preservar el status quo. Como ocurrió con la obra del nuevo Puente de Belice, no se logró una competencia real entre empresas que facilitara fijar un precio justo. Y como sucedió con las constructoras a las se adjudicó el Anillo Regional, de nuevo, se benefició con sumas millonarias de fondos públicos a personas acusadas de pagar sobornos.
Todos estos negocios, aprobados durante la gestión de Alejandro Giammattei, con un Ministerio Público inoperante en cuestiones relativas a la investigación de corrupción, los hereda el gobierno de Bernardo Arévalo.