Así se criminaliza la fiscalización ciudadana
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La libre expresión de un grupo de vecinos fiscalizadores de San Pedro la Laguna fue restringida por dos meses en 2017. Tenían prohibido hablar sobre la municipalidad, luego que el Concejal I, Domingo Tuch, los denunciará por difamación tras una auditoría social presentada en la televisión local. Ahora, los vecinos continúan en la lucha a pesar de los grises en su relación con el alcalde, Mauricio Méndez.
A orillas del Lago de Atitlán, en San Pedro La Laguna, Sololá, uno de los municipios más conocidos por su turismo y paisajes, se desató un conflicto legal entre pobladores y autoridades estatales. El 2 de octubre de 2017, un grupo de vecinos organizados y capacitados para fiscalizar el destino de los recursos públicos se atrevió a denunciar ante el Ministerio Público (MP) al concejo municipal, incluido el actual alcalde Edwin Mauricio Méndez Puac.
La Municipalidad acababa de inaugurar el techo, el graderío y el nuevo escenario de la cancha deportiva del lugar por un costo de Q4 millones 100 mil. La empresa adjudicada que había hecho las remodelaciones se llamaba Sistemas Estructurales y Construcción (Siesco), y los vecinos empezaron a notar que algo no andaba bien con la forma en que todo había sido construido. Los blocs, el cemento, los metales, los barandales, el piso, todo estaba sobrevalorado.
Bastaba con ir a una ferretería local y constatar un sobreprecio de más del 53% en los materiales de construcción usados en el mejoramiento de las instalaciones de la cancha municipal.
La cotización hecha por los vecinos derivó en la denuncia presentada ante el MP, y más tarde, en un examen especial de auditoría que solicitaron en 2018 para el proyecto “mejoramiento de instalaciones deportivas y recreativas, cancha municipal (construcción de techado, graderíos y escenario”. La Contraloría General de Cuentas (CGC) obtuvo hallazgos de anomalías y ordenó una sanción de Q732.14 para cada miembro del concejo municipal y otros seis funcionarios involucrados en el proceso, como detalla en el informe de la auditoría especial.
Uno de los concejales de ese momento y reelecto para este período, ante el cuestionamiento ciudadano, contraatacó y acusó a los vecinos por difamación y logró censurarlos durante casi un año. Así da inicio la historia de la Comisión de Auditoría Sampedrana. Una historia que incluso llegó a los tribunales, donde alcaldes y concejales tenían el objetivo de criminalizar y hacer callar la fiscalización ciudadana. Dando paso a una batalla legal por el reconocimiento de los derechos ciudadanos ante la necesidad de auditar a los poderes municipales.
Las prioridades desenfocadas
Todo empieza con un grupo de ciudadanos liderados por dos hermanos y un vecino de de San Pedro La Laguna. Óscar Felipe y Juan Manuel Chavajay Cotuc, que junto a Juan Marcos Chavajay Roche recuerdan las reuniones con representantes de la municipalidad, llevadas a cabo a inicios de 2017, para hablar de una remodelación de las canchas deportivas municipales cuando ellos eran miembros del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) en su comunidad. Hoy son los únicos que quedan activos luego de aquellas primeras experiencias.
Sus herramientas en ese entonces, era haber sido parte de un programa de formación para fiscalizar los recursos públicos de las municipalidades de Guatemala, impartido por Acción Ciudadana. Aprendieron qué y cómo buscar. A qué prestar atención. Cómo pedir información pública. Y cuando los citaron para hablar de una nueva obra municipal notaron cierta manipulación y presión por parte de las autoridades ediles.
“Nos convocaron como padres de familia del Instituto Nacional a una reunión. Uno de los puntos de agenda era el techado de las canchas. Pidieron nuestras firmas. Pero tomé la palabra y les hice ver qué había una doble agenda, un doble discurso, porque también pedían firmas en los Comudes. Éramos 30 padres y solo dos firmaron”, cuenta Juan Manuel Chavajay.
Entre febrero y marzo de aquel año, la municipalidad intentó el aval de los vecinos de manera recurrente. Un patrón que, como cuenta Juan Marcos Chavajay, se repetía no solo en los institutos y los Comudes sino también cuando solicitaban la firma de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de los cuatro cantones de San Pedro La Laguna, sin que la comunidad estuviera enterada. “Varios dijimos que eso era ilegal porque, por ejemplo, aparecía la firma del cantón Chuacantá a título personal de su representante y no de la comunidad”, recuerda Juan Marcos.
El municipio de San Pedro La Laguna tiene 7 mil 200 personas de las cuales 99% se identifica como indígena maya, según el Censo Poblacional de 2018, y está dividido en cuatro cantones: Pacuchá, Chuacantá, Chuasanahí y Tzanjay.
Según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia -SESAN-, en 2017, Sololá ocupaba el cuarto puesto del país en desnutrición crónica. San Pedro la Laguna ha sido incluido recientemente junto a otras 14 comunidades de este departamento como municipios priorizados para el combate de la desnutrición crónica.
Ante estos datos, como indican los hermanos Chavajay, invertir en una cancha techada, no era algo prioritario. “Tenemos la contaminación del lago que es un objetivo superior, hay mucha pobreza y desnutrición en San Pedro. Hay necesidad en educación. ¿Pero por qué no atacar esto? Pues porque entendimos que tenían sus propios intereses: el concurso de licitación del techado ya estaba en Guatecompras”, cuenta Juan Manuel Chavajay.
La municipalidad volvió a insistir en que el techado de la cancha municipal era necesario. Y cuando los concejales convencieron al supervisor educativo de apoyarlos; buscaron el aval de representantes de los Cocodes, miembros del Comude afines a ellos y empleados municipales. Los votos fueron suficientes para aprobar el proyecto.
Juan Marcos Chavajay dice: “Nosotros les avisamos desde las primeras reuniones que los podíamos denunciar por anomalías”.
La municipalidad contra los vecinos
El alcalde de San Pedro la Laguna se llama Mauricio Méndez Puac, y es conocido en el municipio como “El Hombre 111” por la iniciativa que lleva el número 111 con la que prohibió el uso de plásticos, duroport y pajillas de un solo uso, desde el año 2017, en toda la comunidad. En 2019 fue reelecto con el partido de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Este alcalde ha recibido la medalla presidencial del Medio Ambiente y el reconocimiento ambiental “Chajil Uwachulew” otorgada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, dos premios de la Asociación Nacional de Municipalidad (ANAM) por manejo de desechos sólidos y eficiencia energética. Y fue reconocido por la Fundación Crecer, una organización civil. Aunque a pesar de todos estos reconocimientos ambientales, en San Pedro La Laguna todavía se observan bolsas de plástico que se utilizan en los comercios, tanto formales como informales. E incluso en los establecimientos ubicados en los alrededores del edificio municipal.
En una entrevista concedida a No-Ficción, el alcalde Méndez Puac habla sobre la Comisión de Auditoría Sampedrana. Sabe que el concejal primero, Domingo Tuch Hi, respondió a la denuncia de fraude y peculado presentada por los vecinos de su municipio por las anomalías en la remodelación de las instalaciones deportivas municipales de 2017, con una acción legal donde acusó al equipo de los hermanos Chavajay por difamación.
El alcalde sabe también que, en menos de dos semanas de la denuncia de Tuch Hi, el juez Franc Armando Martínez Ruiz, prohibió a cuatro de los denunciantes de la Comisión de Auditoría Sampedrana hablar o hacer cualquier crítica sobre la gestión municipal en cualquier medio de comunicación.
Sabe además que luego de casi dos años, la prohibición de hablar en contra de la municipalidad fue desestimada por otro juez de Sololá, Edgar Leonel Alvarado Archila, que en su sentencia de 2018 explicó que los integrantes de los vecinos fiscalizadores sí tenían derecho a hacer auditoría social, y que las medidas de censura implementadas por el juez Franc Martínez habían sido demasiado severas, y que quedaban sin efecto.
Mauricio Méndez Puac dice: “(Los vecinos fiscalizadores) comenzaron a tener agresiones particulares, individuales, de manera indirecta hacia el Concejo”.
Y sobre la forma en que se llevó todo el proceso de la municipalidad contra los vecinos en un juzgado y no de forma personal, explica: “Si ellos se fueron por la tangente ─al presentar una denuncia en el MP y en la televisión─, había que irse también por lo mismo, porque era la única forma de hacernos escuchar”.
En efecto, Óscar Felipe Chavajay, por aquel entonces tenía un espacio televisivo en el cable local del municipio, al que bautizó como “Despertando conciencia”. Y era desde esta plataforma que compartía su contenido y hallazgos con los vecinos sampedranos.
Fue desde este programa donde dieron a conocer todas las anomalías en la construcción de las canchas municipales. Los montos, los cheques, las cotizaciones, las empresas contratadas.
También plantearon dudas alrededor de la posible relación entre el representante legal de Siesco (empresa que opera principalmente en todo el departamento de Sololá), Gabriel Amílcar de León Mogollón y el alcalde Méndez Puac. En San Pedro La Laguna se sabe que ambos trabajaron juntos en el pasado, cuando el alcalde era supervisor de obras en otra municipalidad.
Sin embargo, luego de que el juez Martínez resolviera que los hermanos Chavajay no podían hablar sobre el concejo municipal, ni de la municipalidad en ningún medio de comunicación, el dueño del cable le quitó el espacio.
De León Mogollón, el dueño de Siesco, no pudo ser contactado para este reportaje. No obstante, confirmó en una entrevista a Prensa Libre que el actual alcalde de San Pedro La Laguna supervisó algunas de sus obras, pero recalcó que nunca coincidieron.
El alcalde Mauricio Méndez Puac agrega: “Creo que en toda Latinoamérica es bueno que se fiscalice, es bueno que se haga auditoría social”. Y sobre el informe de la Contraloría General de Cuentas que los sancionó junto a otros seis funcionarios por el caso de la sobrevaloración de materiales en 2017, dice: “hay miles de criterios porque no tienen un manual de funciones para todos y eso daña la función municipalista”.
El concejal Domingo Tuch no respondió a las solicitudes de información y no se encontraba en la municipalidad los días que No-Ficción logró visitar las instalaciones.
Tras el caso de la municipalidad contra los vecinos fiscalizadores, y después de casi un año de censura, Óscar Chavajay creó una nueva plataforma de denuncia: un boletín impreso para repartir e informar a los vecinos. Estas publicaciones no han pasado desapercibidas por el alcalde Méndez Puac, quién menciona la palabra “boletín” en al menos cinco ocasiones en un período de 40 minutos de entrevista. Aunque asegura que a él no le molesta y está de acuerdo con ser fiscalizado.
Sentenciados por abusivos
El juez Franc Armando Martínez Ruíz fue el encargado de llevar el caso del reelecto Concejal Primero, Domingo Tuch, en contra de los vecinos de San Pedro La Laguna: Óscar Felipe Chavajay, Juan Manuel Chavajay, Rafael Juárez y Juan Marcos Chavajay Roche. La denuncia fue por difamación.
En noviembre de 2017, el juez Martínez pasó a ser magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer. Fue ascendido tan solo un mes después de su fallo que prohibía al equipo de los hermanos Chavajay hablar o criticar al alcalde o sus concejales.
Entrevistado para este reportaje, el magistrado Martínez Ruiz explica su sentencia contra los vecinos fiscalizadores. “Fueron bien abusivos, entonces lo que hice fue ligarlos por su misma acción y después me excusé. Yo lo hubiera terminado ese día, pero el comportamiento de ellos dejó mucho que desear, fueron bien ofensivos y entonces me cayó mal, ¿para qué le voy a decir que no?”, defiende.
Fallos como el de San Pedro la Laguna han tenido repercusiones negativas en la carrera profesional de este magistrado. Cuando intentó ser electo Fiscal General al frente del Ministerio Público, no solo no logró suficientes votos sino que su expediente también recibió “tachas” por parte de diferentes organizaciones sociales como Alianza por las Reformas y Acción Ciudadana, además de los miembros de la Comisión de Auditoría Sampedrana.
“Eso me ha repercutido hasta hoy en día, porque dicen que actué en una forma arbitraria. Me han atacado con esa resolución y creo que me van a seguir atacando toda la vida. Pero son gajes del oficio, hay que seguirlos asimilando. Por una u otra situación me tocó vivirlo con ellos. Pero creo que aprendieron la lección de que tienen que ser educados”, dice Martínez, que en 2019 también emitió un falló a favor de la ex candidata presidencial, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para que no fuera criticada por los directivos y periodistas de elPeriódico.
Franc Martínez, como destacó un reportaje de Nómada, fue parte de la Sala Primera de Apelaciones responsable de redactar un borrador de amnistía para beneficiar al exdictador José Efraín Ríos Montt, en 2014. Pasó meses buscando a otros jueces para que firmaran la resolución, según el texto periodístico.
Y en 2020, este magistrado también fue parte del grupo de suplentes que integró la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resolvió tramitar el retiro de inmunidad para tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), por haber ordenado al Congreso elegir a magistrados idóneos en la nueva designación de Salas de Apelación y CSJ. Actualmente, Martínez Ruiz se encuentra entre los magistrados de apelación que buscan ser reelectos.
Sobre la sentencia ─ahora desestimada─ en contra de los vecinos de San Pedro La Laguna y posible violación al derecho a la libertad de expresión, y la severidad de la sanción que incluyó arresto domiciliar, además de una multa de Q1 mil 500, el magistrado solo se refirió a que no les prohibió hablar en general, sino “a referirse en forma fea en contra del alcalde”. Según el magistrado Martínez, “se puede cuestionar, pero dentro del marco ético y moral”.
La fiscalización sobreviviente
La auditoría del techado de la cancha municipal, no fue el primer ejercicio de fiscalización pública que ha realizado este grupo de fiscalización en San pedro La Laguna. Fue el que los unió y obligó a organizarse. Pero en 2015, también denunciaron la contaminación en el Lago de Atitlán.
Felipe Chavajay cuenta que habían problemas de contaminación en el Lago, pero en vez de priorizar el medio ambiente, el alcalde de ese entonces decidió construir -a medias- un estadio de fútbol. Hay un expediente que recoge pruebas sobre los defectos en esta otra obra municipal. Sin embargo, el MP no ha iniciado una acción penal.
A raíz de estas experiencias, los vecinos de San Pedro la Laguna se han interesado en saber cómo funcionan y trabajan los sectores de poder que influyen en la administración pública. Junto a otros colectivos de diez departamentos del país, tuvieron la oportunidad de participar en capacitaciones del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC). Este es un proyecto de Transparencia Internacional, que ha sido replicado 70 veces en diferentes lugares del mundo y el primero en América Latina fue el de Guatemala, en el 2008.
Esta organización también fue la que los apoyó en la estrategia legal cuando la municipalidad de San Pedro La Laguna se propuso criminalizar la fiscalización ciudadana.
Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, la organización que alberga al ALAC, considera al equipo de los hermanos Chavajay como un caso exitoso. “En auditoría social, el éxito no necesariamente implica una sentencia o una investigación en el MP, porque eso depende de los fiscales del MP totalmente. El éxito es la visibilización del problema y el compromiso de la participación ciudadana, y en este caso se concientizó sobre la vida pública de los funcionarios y continúan con esa labor”.
El caso presentado por las anomalías en la cancha municipal, sin embargo, todavía no ha terminado. Luego de la denuncia ante el MP, y de haber logrado resultados con un informe especial por parte de la contraloría, el proceso se volvió a detener. Como un círculo vicioso, los fiscales encargados de dar seguimiento a la sobrevaloración de materiales por parte de la empresa Siesco, volvieron a pedir un nuevo informe a la Contraloría, cuando ya existía uno. “Ahí es donde nos quedamos, hace un año, y ─los vecinos─ se decepcionaron porque en el MP se hicieron los locos”, explica Edie Cux.
De manera que el MP no avanza en la investigación y en las acusaciones porque espera a la Contraloría; y la Contraloría tampoco avanza porque ya presentó una auditoría especial sobre este proceso, incluso con sanciones. Se intentó preguntarle al jefe de la fiscalía contra la corrupción, Stuardo Campo, pero no se pudo concretar una conversación.
En tanto todo ha quedado en un limbo. En tanto los vecinos se repliegan a la espera de alguna solución ante las decisiones de la administración municipal, Óscar Felipe y Juan Manuel Chavajay Cotuc, junto a Juan Marcos Chavajay Roche, se mantienen en pie. Su historia también cuenta lo incómoda pero necesaria que resulta la auditoría social.
