14 de enero electoral, un día que duró 6 meses

No ha sido sencillo, pero Bernardo Arévalo se juramentó como nuevo presidente Constitucional de la República de Guatemala el 14 –casi 15– de enero de 2024. El día de su investidura se siguió con el mismo patrón de los últimos seis meses: intentar a toda costa detener la voluntad ciudadana de haber elegido en las urnas a su partido.

En un día no caben seis meses. Y seis meses no pueden abarcar 24 horas. A menos que vivas un proceso electoral en Guatemala. 

El 14 de enero de 2024, el día de la transmisión de mando presidencial, un solo día sumó el peso de seis largos meses. El mismo tono, la misma incertidumbre. Los mismos actores.

“Ha vuelto a pasar”, decía Carlos Vélez, un manifestante envuelto en una bandera de los pueblos originarios –rojo, amarillo, negro y blanco– bajo el sol del mediodía, a unas cuadras de la plaza de la Constitución. “La angustia, los ataques, el enojo, el irrespeto de nuestros votos. Los malditos de siempre y sus necedades. Todo vuelve a suceder y en este día”, se quejaba.

Vélez estaba frustrado. Lo que había sido común durante seis meses volvía a ocurrir y la incertidumbre se acumulaba. “Un nuevo ataque a la democracia”, gruñía ya que a esa hora, el Congreso de la República, con un retraso de cuatro horas, todavía no había juramentado a los nuevos diputados, y sin esos legisladores, no era posible integrar una nueva Junta Directiva para investir al binomio presidencial, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, los ganadores de las elecciones de 2023 postulados por el Movimiento Semilla.

Alrededor del palacio nacional, en las calles aledañas al Congreso, en la plaza, una pregunta se repetía: “¿Dejarán asumir al nuevo presidente de Guatemala?”. Y el tiempo apremiaba. No podía pasar de la medianoche para que el nuevo presidente fuera juramentado. Lo contrario sería inconstitucional.

Elena Tiuy, lideresa de Sacatepéquez, rodeada por una comitiva de mujeres mayas con sus varas y sus indumentarias, explicaba en la plaza de la Constitución que desde el principio los resultados electorales no fueron fáciles de asimilar para los perdedores. “Durante más de 105 días atacaron. Durante semanas vimos cómo el Ministerio Público se llevaba nuestros votos. Durante meses los vimos asustados. ¿Cómo no iban a tratar de atacar el último día, en su última oportunidad?”, señalaba.

Seis meses antes, el 25 de junio de 2023, cuando se celebró la primera vuelta electoral, eran muy pocos los que esperaban que el Movimiento Semilla tuviera, desde la oposición, alguna oportunidad. 

Al menos las encuestas tenían ese vaticinio. Con el añadido de que, como confirman diversos analistas políticos, Guatemala lleva varios años de retroceso democrático, donde todos los poderes del Estado se han mantenido alineados, coludidos, bajo una sola consigna para emprender acciones desde el Ejecutivo, el Congreso y el Sistema Judicial. Una “dictadura corporativista”, como le ha llamado el ex canciller Édgar Gutiérrez. 

Criminalizar periodistas, jueces e incluso ex fiscales a cargo de casos de gran corrupción ha sido una característica del Estado guatemalteco a lo largo de los últimos años.  

Para el año electoral de 2023, el pacto estatal afinó sus procedimientos, utilizaría el brazo armado de lo legal a manera de venganza y buscaría impunidad a través de los comicios. 

Desde muy temprano, desde el inicio de las convocatorias a elecciones, el pacto logró eliminar a varios candidatos antisistema, como la propuesta del partido indígena Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y a su lideresa maya mam Thelma Cabrera; o al “niño rebelde de la oligarquía”, Roberto Arzú, hijo del ex presidente de Guatemala (1996-2000) Álvaro Arzú, que corría con el partido Podemos; y a menos de un mes de las elecciones, el sistema electoral se alineó para cancelar al candidato finquero de TikTok, Carlos Pineda, que encabezaba las encuestas con un partido prestado llamado Prosperidad Ciudadana. 

“Llegamos hasta este punto porque todo estaba diseñado para que nada cambiara. Y cambió”, como decía Rigoberto Juárez, autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional de Huehuetenango que abarca los pueblos Q’anjob’al, Akateko, Chuj, Popti’ y mestizo. 

Juárez es uno de los líderes que acompañó la resistencia de los pueblos originarios frente al Ministerio Público, convocados por las autoridades de Los 48 Cantones de Totonicapán y la alcaldía indígena de Sololá desde el pasado 2 de octubre. “Más de 105 días para defender la democracia. Aunque la resistencia de los pueblos siempre ha sido permanente”, explicaba. Y advertía que si el Congreso se negaba a elegir nuevos diputados este 14 de enero, los pueblos, la gente, todos se levantarían para hacer cumplir los plazos constitucionales y la democracia. 

Pasó una hora. Después tres. En los teléfonos celulares y las redes sociales había quedado la evidencia de cómo los congresistas de la IX Legislatura retrasaban el proceso de juramentación de los nuevos  diputados electos, argumentando que debían revisar el cumplimiento de requisitos. 

En las radios, en los programas de análisis, desfilaban las voces de politólogos haciendo énfasis en lo inaudito de las horas, “largas horas”, decían. “Nunca antes esto había pasado”, decían. “A esta hora ya tendríamos presidente”, repetían. Y varios de ellos recopilaban los hechos de seis meses para llegar a este último día, que parecía durar lo mismo que los pasados cien días. 

“Embestida”, llamaron los analistas a la primera acción legal de nueve partidos políticos perdedores, que denunciaron fraude a pocos días de la primera vuelta electoral y lograron anular por varias semanas los resultados electorales. “Ataque”, nombraron a los allanamientos del Ministerio Público en la sede del partido triunfador. “Acoso”, a las acciones judiciales en contra del Tribunal Supremo Electoral y el secuestro de los documentos que respaldaban los sufragios. Y “Desesperación”, a todos los intentos de detener la participación del Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral, llevada a cabo el 20 de agosto pasado, en la que Bernardo Arévalo logró más de 15% de ventaja sobre su contrincante, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). 

Los analistas de la radio en los programas de cobertura especial, incluso, llamaban “Golpe de Estado” y “Sedición” a todo lo ocurrido hasta esa fecha. Incluían en este apartado a las últimas acciones de entrampamiento orquestadas por la Junta Directiva del Legislativo, antes de su salida, el mismo día que debían entregar sus cargos 160 diputados y juramentar al nuevo presidente de Guatemala.

Estas acciones se confirmaron con un Congreso rodeado de cientos de manifestantes que gritaban “tiempooooo… tiempo!”, en las calles cercanas, bajo la intimidación de las fuerzas de la Policía Nacional Civil y sus antimotines.

Un diputado electo del partido Cabal quedó fuera debido a la falta de requisitos. Dos diputados electos de la UNE fueron declarados huérfanos sin partido. Y Movimiento Semilla, junto a sus 23 diputados electos, fue proclamado inexistente, suspendido de manera provisional debido a una orden de juez menor en un proceso legal que todavía no ha concluido.  

“Una trampa”, decían los analistas de la radio.

Lo que sucedió dentro del Congreso es complicado de explicar. La legislatura saliente reconoció sólo a 159 de 160 diputados electos. Y declaró independientes a todos los diputados de Movimiento Semilla, además de a dos diputados de la UNE. El objetivo era que ninguno de ellos pudiera formar parte de Junta Directiva, tampoco mesas de trabajo, como indica la Ley Orgánica del Congreso. 

Una junta de debates temporal se integra con los diputados de mayor data en cada nuevo Congreso para que procedan con la elección de la nueva Junta Directiva. Esa noche fue presidida por el diputado Joel Martínez, de la bancada CREO, que no atendió la solicitud de los diputados del nuevo oficialismo que buscaban enmendar la forma en que fueron juramentados sin un partido político. Los 23 diputados de Semilla se abalanzaron sobre el estrado para exigir una enmienda de procedimiento, pero tras treinta minutos de alegatos no fueron escuchados.

El nuevo pleno recibió la propuesta de dos planillas. Una presidida por Sandra Jovel, de la alianza Valor-Unionista, y otra por Samuel Pérez, del suspendido Movimiento Semilla. Los analistas de la radio explicaban que la bancada oficialista “se la había rifado”, confiando en tener los votos suficientes para dirigir el nuevo Congreso, a pesar de tantos obstáculos por parte del oficialismo dirigido por el presidente Alejandro Giammattei. Y ganaron, con 92 votos de 159. También lograron introducir su enmienda. Con ella recuperaron la existencia de su partido en menos de 15 minutos. Además rescataron a sus aliados: el diputado de Cabal, Julio Héctor Estrada, que fue reincorporado como diputado electo, y los dos diputados de la UNE, Adim Maldonado y José Inés Castillo, que fueron reivindicados dentro del partido por el que fueron electos.

“Fue una gesta política que indica una madurez legislativa”, explicaba el ex diputado Mario Taracena, entrevistado en un programa de radio. “Ahí, por primera vez, vi al partido Semilla con enjundia, con ganas de defender el poder. El poder no se regala se pelea, y los vi peleando con alma y corazón. Es uno de los cambios. A partir de ahí, la gente notó que Semilla es un partido que no se va a dejar quitar el poder”. 

La nueva junta directiva del Congreso es el retrato de una alianza entre disidentes de la UNE, bancadas como VIVA, Winaq y BIEN; y el nuevo oficialismo, que ocupó la presidencia. Fue suficiente para asegurar el traspaso de mando y la juramentación de Bernardo Arévalo junto a Karin Herrera como nuevo binomio para Guatemala. 

Tras la incertidumbre que generó el 14 de enero, gran parte de las dudas se disiparon. Se concretó la transmisión de mando. Y la agenda del nuevo presidente consistió en enviar varios mensajes a la población. 

El primero lo ofreció en el Teatro Nacional, durante el acto protocolario, cerca de la medianoche. Ya como presidente, el siguiente punto fue reconocer a la resistencia indígena. Grupos de los pueblos originarios pasaron 105 días frente a las instalaciones del Ministerio Público en defensa de la democracia. Y lograron neutralizar diversas acciones por parte de la fiscal general, Consuelo Porras, mientras le exigían su renuncia por atentar contra el proceso electoral e intentar un golpe de Estado. 

“Los cuatro pueblos: mayas, garífunas, xincas y mestizos caminaremos juntos en este cambio democrático. No más exclusión para los pueblos originarios dentro del Estado de Guatemala”, dijo Arévalo. Pronunció sus palabras ante las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, la alcaldía indígena de Sololá, del pueblo ixil y autoridades ancestrales de Palín, Escuintla, y de Huehuetenango. 

Durante la madrugada del 15 de enero, Arévalo y Herrera arribaron a la plaza de la Constitución. Cientos de personas los esperaban desde la tarde. Había música y bailes, además de fuegos artificiales. Pocas veces los guatemaltecos celebran una toma de posesión. Algunos de los asistentes explicaban que había sido demasiado tortuoso llegar hasta este punto, con síntomas de desgaste emocional, estrés y demasiada ansiedad. Carlos Vélez todavía estaba ahí, pero con su bandera sucia y ennegrecida: “Derrotamos a los golpistas”, gritaba cerca de las cuatro de la mañana. “Por qué se siente tan raro ganar”, decía con un dejo melancólico en la voz.  

Arévalo, mientras tanto, ofrecía el inicio de “una nueva primavera” y la posibilidad de la unidad nacional. “No podemos limitarnos a soñar con el futuro o aferrarnos al pasado. Debemos asumir la responsabilidad del presente, y el presente nos presenta desafíos tremendos que no podemos ignorar, es necesario enfrentarlos”, manifestó.