Una Fiscal General a prueba de espías… y de balas

Con un gasto aproximado de Q145 millones al año, el Ministerio Público dispone de más de 1 mil 500 agentes de seguridad y un novedoso cuerpo élite para el resguardo de la fiscal general Consuelo Porras y operativos especiales. Además, la fiscalía se ha equipado con maletines balísticos, drones, detectores de cámaras y micrófonos, así como dispositivos para impedir grabaciones durante las reuniones de “alto nivel”.

Tres guardias armados con pistolas 9 milímetros, carabinas y subametralladoras custodiaban a la fiscal Leonor Morales durante el allanamiento al Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) en el parque de la Industria el 12 de septiembre, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) abrió las cajas electorales en seguimiento a una denuncia que se mantiene bajo reserva. La fotografía que publicó el diario Prensa Libre así lo muestra. 

Los hombres que custodian a la fiscal Morales forman parte del cuerpo élite de seguridad del Ministerio Público (MP) y se han asignado principalmente para la protección de la fiscal general Consuelo Porras y los integrantes de la fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), según fuentes internas que piden el resguardo de su identidad por temor a represalias. 

El Grupo Elite de Seguridad (GES) es una “fuerza de respuesta rápida ante situaciones de emergencia”, informó el MP en junio, cuando terminó una de las capacitaciones en una instalación militar. La creación se “consideró oportuna debido a los riesgos a los que podría estar expuesto tanto el personal fiscal, como funcionarios del Ministerio Público, por su función investigativa y de persecución penal” en allanamientos, audiencias y diligencias propias de investigación en zonas rojas y de alto riesgo, entre otras.

El MP confirmó que el GES, además de pistolas 9 milímetros, tiene como “armamento orgánico de dotación” carabinas marca Beretta, modelo CX4 Storm, calibre 9×19, de funcionamiento semiautomático, clasificada como armas de fuego deportivas. Las carabinas forman parte de un lote de armamento que la institución compró en 2021 por Q1.8 millones, de acuerdo con Guatecompras. 

Según el departamento de comunicación, el GES también dispone de subametralladoras marca Uzi, de calibre 9×19, de funcionamiento semiautomático. En los registros de 2016 a la fecha no se encontraron compras de ese equipamiento, por lo que es posible que se trate de armas incautadas al crimen organizado antes de ese año, ya que según el portal estadístico de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) en 2020 y 2023 el MP recibió la donación de 15 pistolas 9 milímetros. 

Todo el armamento tiene la “acreditación que faculta su tenencia y portación en el ámbito de las funciones de seguridad”, de acuerdo con el departamento de Comunicación del MP. 

Sin embargo, los registros disponibles en Guatecompras permiten establecer que este año el MP pagó a Digecam, la entidad reguladora de la tenencia y portación de armas, por la acreditación de 743 armas, pistolas, revólveres, escopetas y una carabina. En los procesos de compras de este año no hay registros de la gestión para las acreditaciones de las 50 carabinas que compraron en 2021 ni las subametralladoras. Los registros de Guatecompras muestran que el MP suspendió el trámite de acreditaciones por no tener presupuesto.

La compra de las carabinas semiautomáticas, durante la gestión de Consuelo Porras, dio la vuelta a la imposibilidad de comprar armas automáticas. Cuando Claudia Paz y Paz dirigía el MP se intentó comprar armas automáticas, pero el Digecam no lo permitió porque son de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, recuerda el exsecretario Javier Monterroso. 

Durante el fin de curso de los GES, la fiscal General Consuelo Porras entregó diplomas y reconocimientos a quienes tuvieron mejor desempeño en los entrenamientos y los agentes hicieron una demostración de evacuación de un funcionario, de acuerdo con los comunicados del MP.

En los últimos años, el Ministerio Público ha reclutado a exagentes de la guardia presidencial, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) porque parte de su entrenamiento los prepara para la lealtad y secretividad, de acuerdo con uno de los ex jefes del departamento de Seguridad. De hecho, el actual director Deyvis Jonatan Mayén Duarte integró la guardia de Jimmy Morales Cabrera, en cuyo gobierno puso fin al mandato de la CICIG en Guatemala. Mayén tomó posesión en enero de 2023, confirmó el MP.

El departamento de Seguridad del MP se ha incrementado en 50 por ciento en los últimos cinco años, al comparar los datos de la nómina disponible en el portal de acceso a la información pública. En 2019, el MP tenía una fuerza de 1,043 guardias y hasta agosto de 2023, suma 1597 integrantes y la nómina mensual rebasa los Q8.6 millones, sin tener en cuenta los bonos que perciben los trabajadores de la institución. En un año, los pagos al personal de seguridad podrían llegar a los Q142 millones.

El aumento de la fuerza de seguridad en la entidad encargada de dirigir las investigaciones penales supone el arrendamiento de una casa para “la cuadra”, y se han adquirido enseres para la atención del personal como microondas, refrigeradoras y estufas. Al gasto de enseres se suman prendas para los uniformes y botas para los guardias, pero en la cesta de compras hay otros artículos que evidencian la franja histórica que se vive en la institución creada como parte de la institucionalidad para desplazar a la justicia inquisitiva. 

Lo que pasa en el despacho, se queda en el despacho

La nueva administración se ha equipado, además, con equipo tecnológico de vigilancia, como drones y dispositivos antiespía. Hasta agosto, el gasto por esas compras ha sido por Q1.5 millones, de acuerdo con el procesamiento de los datos disponibles en Guatecompras. Se han adquirido dispositivos para detectar cámaras y micrófonos o bien para suprimir grabaciones. El departamento de seguridad justifica la necesidad de los equipos antiespía porque en las reuniones de las altas autoridades del MP “se maneja información sensible y se requiere la reserva y la confidencialidad”. Los dispositivos bloquean el uso de teléfonos celulares en un rango que permite que las reuniones se realicen con “alto nivel de confianza”, según la requisición de compra.

Desde que Consuelo Porras asumió en la fiscalía, en mayo 2018, algunos fiscales exponen que les prohibió el uso de celulares en el despacho y reuniones de coordinación. El teléfono es una herramienta de trabajo para un fiscal, deben estar atentos para resolver dudas de los equipos o alguna emergencia en un allanamiento, para dar alguna instrucción ante las audiencias en desarrollo, reflexiona una exfuncionaria bajo anonimato.

El esfuerzo por contar con equipos para mantener la confidencialidad de los casos contrasta con la difusión y documentos de casos “bajo reserva” en los net centers, un enjambre de cuentas anónimas en redes sociales que acosan a operadores de justicia y periodistas independientes en el exilio o activos. 

En los requerimientos de compra de los detectores y bloqueadores de micrófonos y cámaras se menciona que usualmente “los dispositivos electrónicos son utilizados como métodos de recolección de información en muchas ocasiones con fines maliciosos”. La detección de micrófonos u otros dispositivos de espionaje en los despachos del MP los efectuaba la CICIG, cuyo mandato finalizó en 2019.

Las cámaras de videovigilancia y los drones pretenden “tener el control y prevención de riesgos desde cualquier punto remoto” y “cuidar los bienes inmuebles, protección de funcionarios y usuarios” para dar solución a las “problemáticas de vandalismo”.

El presupuesto total del Ministerio Público para este año es de Q4 millardos. De ese monto, hasta septiembre, están apartados Q276 millones para servicios de seguridad. Los guardias que no pertenecen al GES se encargan del resguardo de sedes, oficinas y en algunos casos para la custodia de fiscales con exposición a riesgos.

Como referencia, en el presupuesto de gastos por actividad, el MP destina Q70 millones para la atención de denuncias por delitos contra la vida; Q30 millones para casos de corrupción y Q25 millones para denuncias de casos Especiales contra la Impunidad, de acuerdo con los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). Desde que Consuelo Porras despidió a Francisco Sandoval en junio de 2022 como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, esa unidad ha promovido acciones de persecución penal contra operadores de justicia anticorrupción y periodistas. En este año, la FECI ha centrado sus investigaciones en denuncias que tienen que ver con el proceso electoral, que de acuerdo con varios analistas, pretenden escamotear los resultados electorales.

Una protesta histórica

Desde el 2 de octubre, el Ministerio Público es el epicentro de una protesta permanente frente a su sede principal en el barrio Gerona, en la capital guatemalteca. Esta protesta demanda la renuncia de Consuelo Porras, a quien se identifica como la ejecutora del “plan golpista” que pretende impedir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, como él mismo lo denunció a inicios de septiembre. La protesta y el paro surgieron por iniciativa de los pueblos originarios y se han extendido por todo el país. El rechazo hacia Porras comenzó desde que, de forma arbitraria e ilegal, destituyó a Francisco Sandoval como jefe de la FECI. Antes de salir al exilio, Sandoval denunció las diversas formas en que Porras habría bloqueado el avance de investigaciones, sobre todo aquellas que podrían alcanzar al presidente Alejandro Giammattei o a sus allegados.  

Ya en julio de 2021 el MP había sido centro de una masiva protesta, en rechazo a la destitución de Francisco Sandoval, que suma dos años en el exilio. Entonces, un grupo de manifestantes le prendió fuego al monumento de las 340 fiscalías municipales, un proyecto insigne de Consuelo Porras para abrir una oficina del MP en cada municipio del país. 

Para finales de 2023, el Ministerio Público se ha acorazado. Porras no da entrevistas más que a algunos medios y antes de la protesta frente al edificio, los periodistas ya no podían circular por sus pasillos sin antes pedir permiso a la oficina de Información y Prensa, bajo advertencia de que un guardía no los dejaría pasar.

Antes de que la protesta se llegara frente al edificio principal, la institución ya había ordenado la instalación de una estructura metálica que ahora es un mural que exhibe las demandas de los ciudadanos y el rechazo de la población hacia la gestión de Porras y sus fiscales de confianza. Las manifestaciones también han llegado hasta la residencia de Consuelo Porras y Curruchiche, que cuentan con la protección de un cuerpo especial de agentes armados con carabinas y subametralladoras.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) por parte de los medios ConCriterio y No-Ficción.