El último golpe del MP a las elecciones
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El Ministerio Público afirma que “deberían anularse” las elecciones por supuestas irregularidades en el registro de votos. La fiscalía busca nuevamente retirar la inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, mientras el Tribunal Supremo Electoral mantiene los resultados de los comicios.
La escalada de presiones para intentar anular los resultados de las Elecciones Generales 2023 ha alcanzado una nueva cima. Por primera vez el Ministerio Público, mediante un proceso penal, expresa de forma directa su propósito de que se anule la asignación de cargos electos en el pasado proceso electoral a presidente, vicepresidenta, diputados al Congreso de la República y Parlamento Centroamericano, y las corporaciones municipales.
En una conferencia de prensa de alrededor de dos horas la fiscalía desplegó el siguiente guion: empezó por retomar el caso contra el partido Semilla, por supuestas irregularidades en la adhesión de firmas para la conformación de la agrupación señalando de “nunca haber nacido a la vida jurídica”.
El MP prosiguió acusando a Semilla de faltas administrativas en el registro de aportes y recibos de gastos, para luego señalar a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y autoridades del partido de delitos como omisión de denuncia y financiamiento electoral no registrado.
Por último, la acusación llegó a su objetivo final pidiendo la anulación de los resultados de los comicios. Esto bajo el argumento del uso incorrecto de formatos para el ingreso de datos en el acta No. 4, utilizadas por las Juntas Receptoras de Votos para contabilizar los votos. Así como presuntas incongruencias en las actas No. 8, utilizadas para totalizar los resultados con resultados presentados con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Los protagonistas de la conferencia de prensa de la fiscalía fueron el secretario general del MP, Ángel Pineda, en representación de la fiscal general, Consuelo Porras. Junto al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la fiscal del caso Leonor Morales.
Pineda calificó al inicio de la presentación como “una investigación histórica” la acusación llevada a cabo por la FECI. Además, salió al paso de las críticas contra el MP de promover un golpe de Estado llamándolas “una narrativa perversa”. El secretario Pineda, al igual que Curruchiche, reiteró que el expediente de la investigación sería remitido al TSE para su consideración.
La acusación del MP contra Semilla
En la acusación del MP presentada este viernes 8 de diciembre coinciden dos de los frentes emprendidos por la fiscalía alrededor del proceso electoral. El primero son las acusaciones alrededor de la recolección de firmas para la conformación del partido Semilla, por una parte; y por otra parte, los allanamientos realizados a la sede del TSE y centros de documentación para el secuestro de las cajas electorales que contienen las actas 4 y 8 del proceso electoral.
La primera parte de la querella involucra al partido Semilla durante el proceso de creación de la agrupación en 2018. Investigación presentada originalmente en julio de 2023 luego de la primera vuelta del proceso electoral tras el paso de Bernardo Arévalo y Karin Herrera a la disputa por la presidencia y vicepresidencia de la república en segunda vuelta.
Por este proceso, la fiscal Leonor Morales, anunció que un trabajador del TSE aceptó su responsabilidad en irregularidades para la certificación de firmas de adhesión del partido. “No hubieran tenido la cantidad (de adherentes) para constituirse como partido político” refirió Morales respecto a las supuestas ilegalidades en las hojas de adhesión.
La fiscal aseguró que el MP cuenta con elementos para señalar “ilegalidades” en 8,121 registros de adherentes al partido Semilla, un 32 por ciento de los integrantes con los que se creó el partido.
Por este hecho solicitó el retiro de la inmunidad contra el diputado Samuel Pérez, secretario general del partido en 2018 y el de Bernardo Arévalo, el presidente electo, y secretario general del partido hasta 2023.
En la “segunda fase” del caso, la fiscal Morales, indicó que el MP acusa a los diputados Samuel Pérez y Ligia Hernández, secretario general y secretaria general adjunta I en 2018, de los delitos de financiamiento electoral no registrado y de la fiscalización electoral de fondos. Y pidió el retiro de inmunidad a los legisladores.
Esto, precisó el propio Curruchiche, derivado de los informes de auditoría realizados por el TSE por incongruencias en el registro de aportes, recibos a los que le faltan firmas o la ausencia de algunos recibos. Por ejemplo, citó el incumplimiento en requisitos de aportes de cinco ciudadanos que en total suman Q15 mil 200 en aportes al partido.
Así como errores en el ingreso de recibos de aportes para actividades del partido, permitidos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de las organizaciones Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) por Q159 mil 739 y del Instituto Friedrich Ebert por Q12 mil 555.
Por último, en este apartado la fiscalía utilizó un reporte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) para señalar una presunta transacción sospechosa realizada en 2022 por US$44 mil, por parte del médico y consultor Félix Alvarado. El monto fue utilizado para cubrir una parte de la multa por US$50 mil impuesta por el TSE al partido, por hallazgos administrativos de auditoría y que amenazaban la participación de la agrupación en las pasadas elecciones.
En el reportaje Quiénes ponen la plata en la UNE y Semilla (el listado, al menos, oficial de sus financistas) No-Ficción constató que el aporte realizado por Alvarado había sido en calidad de préstamo fiduciario con un periodo de gracia de 6 meses sin cobros de intereses, tras los cuales la agrupación tiene 18 meses para cancelar el crédito.
Según el fiscal Curruchiche, pese a que este aporte fue realizado con una declaración jurada del origen lícito de los fondos, “la IVE dice que esto no es suficiente”. Por lo que el fiscal apuntó a una investigación por lavado de dinero y anunció que requerirá la colaboración del FBI y la DEA para la solicitud de informes.
Curruchiche fue sancionado en el año 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos por socavar las investigaciones de corrupción de sus predecesores e incluido en la Lista Engel, calificándolo como uno de los actores “corruptos y antidemocráticos” del país.
Los cuestionamientos a los resultados electorales
El otro gran componente de la querella del MP es el cuestionamiento en su totalidad de los resultados de las Elecciones Generales 2023. Esta acusación a cargo de la fiscal Leonor Morales tiene como punto central el uso de un formato diferente en la hoja del acta 4, utilizada para volcar los resultados de la votación por Junta Receptora de Votos (JRV).
“No había uniformidad en formatos empleados en el acta No. 4”, dijo la fiscal Morales. Para establecer este punto el MP señaló la existencia de un formato aprobado por el pleno de magistrados del TSE y publicado en un acuerdo del tribunal en 2023 y su diferencia en los formatos supuestamente encontrados en las cajas secuestradas por el MP.
La fiscalía allanó en septiembre el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) en el Parque de la Industria, acción con la cual abrieron e inspeccionaron cajas electorales en resguardo de las autoridades electorales.
Mientras que la fiscal Morales calificó el actuar de las JRV, conformadas por ciudadanos, como “honesto y transparente”, desde un mes antes del allanamiento la fiscalía había solicitado los datos de los integrantes de las juntas.
La fiscal también detalló que había registro de “ataques” para hacer coincidir los datos introducidos en las actas No. 4 y No. 8, “alterando los votos”, sin embargo, no detalló el tipo de peritajes que probaban este supuesto. Y se limitó a señalar que el MP había descargado los registros del sistema de transmisión de datos preliminares (TREP), contratado por el TSE y sujeto a investigación.
Además, la fiscal Morales, calificó los resultados certificados por el TSE y auditados por observadores nacionales e internacionales como “ni definitivos ni certeros”.
Antecedentes: el caso contra Semilla y dos meses de incertidumbre
El proceso contra el Movimiento Semilla no vio la luz hasta que el Movimiento Semilla pasó a primera vuelta electoral. Antes de eso el partido no estaba bajo la lupa del MP, oficialmente.
Los partidos Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, UNE, Cabal y Azul, fueron los patrocinadores de un amparo que detuvo la oficialización de los resultados electorales. Aunque los presidenciables de Podemos y Cabal, Roberto Arzú y Edmond Mulet, ahora se suman a la defensa de la democracia, sus partidos junto al resto, llevaron a Guatemala a una incertidumbre política sin precedentes.
La tarde del 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad suspendió los resultados electorales fallando a favor de estos nueve partidos que habían interpuesto en conjunto un amparo. Esto condujo a un nuevo recuento y escrutinio de las actas electorales. Algo que jamás había sucedido.
Tras ese fallo, a partir del 4 de julio por 5 días se repitieron estas audiencias que regularmente quedan fuera del ojo público en cada elección. Contar los votos e ingresarlos en las actas y luego firmarlas, era algo que se sabía que hacían las juntas receptoras de votos la noche después del cierre de las urnas, pero por primera vez se había puesto en duda la voluntad de los miles de ciudadanos voluntarios que lo realizan en cada elección. “Se alteraron los datos en las actas de cierre y escrutinio generando un indebido e ilegal cómputo, con documentación que contiene manifiestos vicios y posiblemente hechos ilícitos” alegaban los nueve partidos.
Estos partidos durante cinco días se encargaron de hacer este proceso, presionando e incluso intimidando a las Juntas Electorales Departamentales, las encargadas de las actas en cada departamento, de hacer un recuento de votos. Y aunque, el nuevo escrutinio fue disputado, los resultados no cambiaron significativamente, el TSE confirmó que la diferencia fue apenas de un 0.4% según los resultados preeliminares que se habían presentado el día de la elección.
Sin precedentes también, después de varias acciones legales en las cortes del país, al TSE le tomó 17 días ratificar ese resultado chocando con la orden del juez Freddy Orellana de suspender temporalmente la personalidad jurídica de Semilla por supuestas anomalías en la conformación del partido.
Pero allí no quedó todo, tras ese primer intento fallido de suspender los resultados de la primera vuelta electoral, el 13 de julio el MP lanzó el caso Corrupción Semilla. Horas antes de que el TSE oficializara mediante un acuerdo del Tribunal que pasaban a segunda vuelta para la elección presidencial, Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla.
Los alegatos de fraude de los partidos no fueron suficientes. La alternativa del MP fue afirmar que Semilla, había sido conformado bajo ilegalidades y que por lo tanto, el partido debía ser cancelado con el objetivo de anular la participación de Arévalo en la segunda vuelta y la toma de posesión de los 23 diputados electos en enero del 2024.
El caso contra Semilla se originó con una supuesta denuncia ciudadana de mayo de 2022. El ciudadano Rodrigo Rodas denunció que había sido inscrito a Semilla de forma ilegal a través de la falsificación de su firma. Un hecho que cobró relevancia hasta finales de febrero de este año cuando el ciudadano lo hizo público en el programa radial “Pulso Republicano”.
Según Rodas, esto ocurrió en 2018 y él se enteró al querer afiliarse a otro partido.
Pero el caso tenía un trasfondo político desde el inicio de su anuncio público. Primero la denuncia había estado detenida en la Fiscalía de Delitos Electorales desde mayo del año pasado y según declaró Samuel Pérez a No-Ficción en julio de este año, el caso inició hasta abril de 2023 a poco menos de cuatro meses de iniciado el proceso electoral.
Luego sin explicación, fue trasladado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, una fiscalía ajena a los delitos electorales y que anteriormente solo había presentado casos de alto impacto relacionados a financiamiento electoral ilícito o no registrado, nunca en el proceso de recolección de firmas de adhesión para la formación de partidos.
Otro aspecto no detallado por la FECI es la colaboración de Semilla en la investigación. El mismo Bernardo Arévalo, ahora presidente electo, denunció ante el MP a la persona que tomó el registro de esa firma para que fuese investigada, pues él era el encargado de la hoja de adhesión donde se registró la firma de Rodas.
También la ex candidata a diputada, Cinthya Rojas Donis, quien era la responsable de la hojas de adhesión como procuradora del partido, colaboró con la fiscalía al someterse a una prueba grafológica con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), donde según Rojas dijo a No-Ficción, se reveló que la firma no había sido falsificada por ella.
Hasta la fecha el partido sigue sin contar con acceso al expediente. utilizado para la suspensión temporal de la agrupación, pese a una treintena de solicitudes de los abogados del partido.
Allanamientos al TSE, a Semilla y la sumatoria del TREP al caso
El MP no se detuvo y el país enfrentó desde entonces una crisis electoral en que los principales afectados eran el Movimiento Semilla y el TSE, y los perpetradores visibles eran el sistema de justicia y los partidos políticos que se negaban a aceptar los resultados.
Bajo el discurso de un proceso electoral fraudulento, antes del 20 de agosto el MP realizó distintas acciones: allanó el Registro de Ciudadanos del TSE y la sede del partido Movimiento Semilla; pidió a un juzgado investigar al titular del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz y pidió la captura de la subdirectora, Eleonora Castillo.
Una semana antes de la segunda vuelta electoral, el MP allanó la sede del proceso electoral en el Parque de la Industria, en el área informática. El objetivo era el TREP, el sistema de transmisión de resultados electorales preeliminares que el TSE había comprado para informar a la ciudadanía el día de la elección, de los resultados en tiempo real.
La tesis del MP es que el TREP fue adquirido irregularmente y con sobrevaloración. Una hipótesis confusa porque el fiscal Curruchiche ha dicho públicamente que se investiga un fraude electoral a través del sistema que tiene como única vinculación con Semilla, el supuesto hecho de que 17 digitadores contratados por el TSE, estaban afiliados al partido.
Estos elementos son usados por la fiscalía para vincular la adquisición del TREP, y el supuesto fraude electoral, con el caso que originalmente se concibió por la falsificación de una firma en el proceso de adhesiones que el partido llevó a cabo para su formación en 2018.
Consecuencias para el traspaso de poder
Las acciones del MP no se producen en el vacío. La presentación del MP de esta investigación se realizó luego de que el Congreso de la República retirara la inmunidad a cuatro magistrados del TSE en el último día de sesiones del parlamento el 30 de noviembre.
Tras esta acción la magistrada y magistrados, Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, dejaron el país. Además, el Congreso convocó a dos sesiones extraordinarias para los días 5 y 6 de diciembre las cuales no siguieron adelante por falta de cuórum.
Este tipo de sesiones abría la posibilidad para que, ante las ausencias de los magistrados y los requerimientos de investigación en su contra, el Congreso intentará la elección de reemplazos a los magistrados, situación irregular y sin precedentes, que podía favorecer los intereses de la fiscalía para revocar los resultados de las elecciones.
Pese a esto, la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, indicó tras la conferencia del MP que los resultados “están validados, los resultados están oficializados y son inalterables”. Alfaro señaló como única posibilidad para revertir los resultados certificados por el TSE una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Nosotros hemos emitido las credenciales correspondientes y no tenemos ninguna facultad, salvo una sentencia que devenga de la Corte de Constitucionalidad que nos pueda a nosotros decir que podamos anular una elección”, dijo la magistrada.
Este escenario requeriría una serie de posibles acciones encadenadas: una disposición de la CC para que el Congreso sesione y elija a nuevos magistrados en sustitución de los investigados, la realización de una plenaria extemporánea con al menos 81 diputados para iniciar la sesión, aunque una elección requeriría 107 votos.
Además, de conformarse un nuevo pleno de magistrados del TSE estos no contarían con precedente legal para desconocer los resultados del proceso electoral. Ya que la CC otorgó un amparo provisional, a solicitud de ciudadanos y abogados particulares, para “preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternabilidad en el ejercicio del poder, el cual debe operar en la fecha prevista en la Constitución, con base en los resultados electorales (hasta hoy) validados por el Tribunal Supremo Electoral”.
En el plano político la querella del MP pone de manifiesto la incompatibilidad entre un gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera con la actual administración de la fiscal general, Consuelo Porras. Y plantea al MP como el brazo operativo de la oposición al gobierno de Arévalo desde los grupos políticos perdedores de las elecciones generales.
Las reacciones a la investigación de la FECI
Tras la conferencia de prensa del MP y el TSE, Bernardo Arévalo dio declaraciones acompañado de diputados electos, miembros de Semilla y con autoridades indígenas a un costado.
Arévalo afirmó que tomará posesión el 14 de enero. “Los votos del 25 de junio y 20 de agosto fueron efectuados de manera transparente y legítima. Querer invalidar las elecciones es burlarse de los guatemaltecos voluntarios que cuidaron el proceso electoral y de su derecho a elegir”, dijo ante los medios de comunicación.
El presidente electo rechazó la investigación del MP y afirmó que se trata de un “golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso”. Además recordó que el proceso electoral en Guatemala fue observado por varias misiones internacionales que pudieron dar fe de la expresión popular en las urnas.
En esa respuesta, Arévalo no está solo. La OEA y la Unión Europea también se pronunciaron rechazando el golpe de Estado.
“Una Misión de Observación Electoral de la UE observó todo el proceso electoral, por invitación de las autoridades guatemaltecas. Concluyó que las elecciones fueron transparentes y bien organizadas y no encontró ningún fundamento para alegar fraude” señaló la UE en un comunicado, agregando que “estas últimas acciones y declaraciones del Ministerio Público de Guatemala representan un intento de golpe de Estado, encabezado por fiscales con motivaciones políticas”.
La UE advirtió también que analizan medidas restrictivas contra los responsables específicos del “intento de golpe de Estado”.
En ese sentido también se pronunció una delegación de congresistas y senadores estadounidenses de visita en Guatemala este 8 de diciembre. El senador Tim Kaine, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental señaló que harán “cualquier cosa para apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco” y añadió que espera que el presidente Alejandro Giammattei apoye el proceso democrático.
Por otro lado, el sector privado local también ha reaccionado. Por primera vez el CACIF ha reconocido de forma expresa en un comunicado a Arévalo y a Herrera como presidente y vicepresidenta electos. “El presidente Bernardo Arévalo y la Sra Karin Herrera, diputados y alcaldes, deben tomar posesión de sus cargos a partir del 14 y 15 de enero de 2024, conforme a los resultados que ya fueron oficializados por el Tribunal Supremo Electoral”, dijo la patronal en un comunicado.
El MP no retrocede en sus intentos de revertir los resultados del proceso electoral 2023. Las investigaciones en marcha contra el partido Semilla, los antejuicios solicitados contra el binomio electo y congresistas, la suspensión provisional del partido y un ambiente general de crispación marcan una transición de gobierno atípica. El traspaso de poder del 14 de enero de 2024 aún cuenta con numerosos obstáculos judiciales y políticos para el gobierno electo.