Genocidio en Guatemala: el caso de Benedicto Lucas
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El general retirado y exjefe del Estado Mayor del Ejército. Benedicto Lucas enfrenta tres procesos penales por hechos del conflicto armado. El tercero, por posibles crímenes contra la humanidad, en el Caso Genocidio Ixil. En este último proceso inició su juicio este 5 de abril.
El general retirado y exjefe del Estado Mayor del Ejército. Benedicto Lucas enfrenta tres procesos penales por hechos del conflicto armado. Uno por el caso Molina Theissen por desaparición forzada, otro por el caso Creompaz, y en el tercero por posibles crímenes contra la humanidad en el Caso Genocidio Ixil. En este último proceso inició su juicio este 5 de abril.
Lucas estuvo en prisión preventiva en dos casos. El proceso Molina Theissen, recibió una sentencia, pero está bajo apelación. En el caso Creompaz, recientemente cerrado, se solicitó revisión de medidas, pero la Corte de Constitucionalidad le concedió libertad bajo medidas sustitutivas debido a su salud y edad (91 años).
Genocidio al pueblo ixil
En los años 80, Guatemala vivió un conflicto armado interno que golpeó duramente a la región Ixil, con masacres y violencia brutal por parte del gobierno. El ejército buscaba exterminar a la comunidad Ixil, vinculándola con la guerrilla. El conflicto terminó en 1996. La Comisión de Esclarecimiento Histórico investigó y en 1999 presentó un informe detallando estos hechos. El Genocidio Ixil ocurrió durante el gobierno de Lucas García entre 1978 y 1982, según la acusación. En 2008, la ODHAG inició una investigación penal, e identificó a 265 testigos sobrevivientes de las comunidades afectadas.
El general Benedicto Lucas fue acusado de los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad, desaparición forzada y violencia sexual por la Fiscalía de Derechos Humanos. Sin embargo, la querella es acompañada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), por medio del abogado Mario Trejo, director del caso Genocidio Ixil, junto a la Asociación Justa y Reconciliación (AJR) como querellantes.
Durante las primeras etapas el proceso fue dirigido por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien llevó a cabo la primera declaración y vinculó a los acusados del proceso: Lucas García, Manuel Callejas (declarado discapacitado para enfrentar el juicio) y César Noguera Argueta (ya fallecido).
En esta etapa del proceso, el caso fue remitido al tribunal colegiado integrado por:
- Juez Presidente: Gervi Hionardo Sical Guerra
- Los Jueces Vocales: Lilian Patricia Ajcam Leal y Oscar Alberto Herrera Herrera
Entre 2008 y 2019 se desarrolló el trabajo de investigación preliminar identificando una serie de graves hechos cometidos por elementos del Ejército de Guatemala en al menos 22 comunidades de los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal y se identificó un aproximado de 265 testigos (91 hombres y 174 mujeres) pertenecientes a los pueblos Ixil, Kiché y Kanjob´al. sobrevivientes directos de los hechos.
Los medios de investigación que han sido presentados para iniciar la fase de Juicio oral y público son:
Las organizaciones de Derechos Humanos consideran el proceso como un precedente de justicia transicional. Jorge Santos Coordinador UDEFEGUA: “Nuestra organización ve este caso como una oportunidad para la justicia y el cese de delitos de lesa humanidad en Guatemala.”
“Escuchar las voces de las víctimas es esencial. El juicio permitirá comprender mejor los horrores del genocidio y buscar la verdad.”
En 2013 el general retirado Efraín Ríos Montt fue condenado por los delitos de genocidio contra la población ixil. Sin embargo, una resolución de la Corte de Constitucionalidad obligó a repetir el proceso y Ríos Montt falleció antes de ser juzgado.
¿Qué desafíos enfrentan las víctimas del caso Ixil en su búsqueda de justicia y reparación?
“Los familiares y víctimas del genocidio en Guatemala enfrentan desafíos enormes, no solo causa un impacto devastador en el tejido social y psicológico de la sociedad, sino también por la falta de garantías de no repetición por parte del Estado desde los Acuerdos de Paz, detalló Santos. Además, el sistema de justicia está corroído por la corrupción y el control de estructuras mafiosas, lo que dificulta enormemente la búsqueda de justicia. “Que las familias y la sociedad tengan el acceso a la verdad a la recuperación de la memoria histórica a la dignificación de las víctimas que fueron sometidas a estos delitos”, Jorge Santos Coordinador de UDEFEGUA.