Militarizar la seguridad pública: una promesa electoral recurrente y cuestionable
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En estas elecciones, la idea de “sacar al Ejército a las calles” para mejorar la seguridad pública cobra fuerza en los discursos de varios de los principales candidatos. La Linterna consultó a analistas sobre las implicaciones o la eficacia de esta promesa electoral. Estos coincidieron en que es una medida con más aspectos en contra que a favor.
Texto Santiago Xitumul / Fotografía: Edwin Bercián / La Linterna-No Ficción
Varios candidatos y candidatas a la presidencia tienen entre sus propuestas de campaña darle más poder y participación social al Ejército. “Sacarlo a las calles” o, incluso, “capacitar a la PNC” son parte de los ofrecimientos que junto con la pena de muerte aparecen cada año electoral.
En 2019 fue propuesta de Sandra Torres, Roberto Arzú y Amílcar Rivera. En 2023, los tres siguen presentándola como una de sus banderas, aunque a Arzú se le negó la participación y ha sido su hijo Sebastián, quien aspira llegar a la alcaldía capitalina, el que en sus recorridos hace el ofrecimiento junto a su padre.
Varios candidatos a la presidencia han mencionado esa propuesta dentro de su campaña electoral este año:
Amílcar Rivera (Victoria) Sugiere en sus redes sociales sacar el Ejército a las calles y abrir nuevos destacamentos militares.
Sandra Torres (UNE) propone «fuerzas combinadas con el Ejército y la Policía Nacional Civil fortalecida».
Sammy Morales (FCN-Nación) planteó en un foro presidencial generar una politécnica policial, con «la mística de la politécnica militar».
Zury Ríos (Valor-Unionista) comenta que, en su gobierno, trabajará de la mano con el Ejército para combatir las pandillas.
Pero ¿qué implica darle más poder al Ejército en un país como Guatemala? La linterna te muestra algunos puntos a considerar frente a esta propuesta.
Daira Arana, internacionalista e investigadora especialista en militarización, conceptualiza la militarización de un territorio como un proceso en el que los problemas públicos se entienden como una «amenaza» que debe atenderse desde lógicas de combate. Es decir, desde ideas y estrategias del Ejército.
Ante la consulta de si sacar el Ejército a las calles mejora la seguridad, su respuesta es tajante. “No. Existe evidencia científica que ha determinado que aumenta la violencia homicida, en lugar de disminuirla. De igual forma, a mediano y largo plazo, también aumenta la violencia física y sexual contra las mujeres”, enfatiza Arana.
Estos casos analizados en México y en Colombia demuestran la poca efectividad en el combate a la criminalidad y los efectos negativos de la militarización.
Sandino Asturias, politólogo y director del Centro de Estudios de Guatemala, un centro de información especializada en seguridad y justicia, asegura que este tipo de propuestas electorales surgen únicamente para ganar votos, no para resolver un problema sistémico.
“El populismo electorero plantea dos escenarios para llamar al voto: la pena de muerte y militares a la calle. Es como volver al pasado, ya no en contra de los comunistas, sino en contra de los delincuentes”.
En la historia reciente, también ha habido candidatos y candidatas que proponen que el Ejército capacite a la Policía Nacional Civil. Esto, comenta Daira Arana, promueve que se pueda aumentar la violación a derechos humanos por parte del cuerpo policial o militar.
“Favorece que no se respeten las garantías humanas y judiciales de las personas porque pareciera ser que se está bajo un estado de excepción, de combate y de eliminar al enemigo, sea pandilla o grupo delincuencial”.
Tanto Asturias como Arana concuerdan en que ese enemigo «se construye» y se presenta al candidato como un benefactor que propone combatirlo. «En tiempos de paz, no hay enemigo que combatir» recuerda Asturias.
Como ciudadanía, ¿qué debemos analizar sobre estas propuestas?
Arana plantea diversos elementos a tomar en cuenta ante estos ofrecimientos en tiempos electorales.
«El primero es sobre la naturaleza del problema. Es decir, las y los candidatos deben plantear propuestas diferenciadas en cuanto a los problemas de seguridad del país», explica la investigadora.
El segundo está relacionado con no duplicar funciones. «El Ejército y la Policía tienen acciones específicas asignadas a cada institución y se debe tener presente», según Arana.
Asturias trae a colación los Acuerdos de Paz, en donde se especificaron las funciones diferenciadas entre la PNC y el Ejército. A la Policía le compete la seguridad ciudadana y el orden público, mientras que al Ejército, la defensa del territorio y la soberanía nacional.
Arana agrega que es importante preguntarse, qué responsabilidad tienen otras instituciones en cuanto a seguridad. Por ejemplo, las municipalidades o las autoridades locales. Esto para conocer cuál es la participación real de los actores políticos y sociales.
Enfocando el tema en las autoridades locales, Martín Tóc, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y vecino de la Aldea Paxtocá, enfatiza que, debido a la ausencia del Estado en cuanto al tema de la seguridad civil, su comunidad, a través del autogobierno y la representación en la Alcaldía Indígena, establece ciertas reglas colectivas basadas en el respeto entre las y los miembros de la comunidad. Comenta que en otras comunidades, existen comisiones de vigilancia para la seguridad de las personas.
Asimismo, enfatiza que la seguridad civil de Paxtocá, no se enfoca en que exista la presencia policial. «No queremos la presencia de un policía que controle o que vigile. Si queremos seguridad, pero le damos esa responsabilidad a un ente externo, le otorgamos poder sobre nosotros y, por ende, la población no ve la importancia de organizarse por y para sí misma a fin de fortalecer la seguridad civil» asegura Toc.
En esta misma línea de las formas de mejorar la seguridad civil, los analistas explican que, para mejorar la seguridad debería tomarse en cuenta también cuan eficiente es el sistema de justicia y el proceso de investigación.
«Cuando los crímenes tienen consecuencias, cuando el Ministerio Público y la Policía ayudan a resolver los casos, con justicia y lucha contra la impunidad, es cómo podemos bajar la criminalidad. No con pena de muerte ni con militares en las calles», considera Asturias.
De igual forma, Ronaldo Leiva, exviceministro de la Defensa del gobierno de Óscar Berger, y consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales en temas de seguridad, concuerda en que debe tomarse en cuenta «una mejora en la investigación y en las áreas de criminalidad, no solo pensar en sacar el Ejército a las calles».
Militarización, el pasado-presente de Guatemala
Guatemala ha pasado por varios procesos de militarización a lo largo de su historia. Los hechos más cercanos son los ocurridos durante los 36 años de Conflicto Armado Interno. Para Leiva, «hablar de militarización es algo del pasado».
Asturias agrega que «la militarización fue un proceso que estuvo acompañado del autoritarismo y la guerra. Significó perder derechos políticos y sociales por imponer una lógica de un modelo de intereses de Estados Unidos, militares y oligárquicos”.
Enfatiza en la importancia de tomar en cuenta los Acuerdos de Paz, como consenso reciente y referente histórico que desmilitarizó el país con la aprobación del mismo Ejército.
Ha habido varios estudios que han descrito que el Estado guatemalteco, a través de una política gubernamental, creó un «enemigo interno» que debía ser eliminado. Esto se relaciona con lo que Arana y Asturias plantean.
Si durante la guerra interna el enemigo respondía a unas características definidas, actualmente y en contexto de las elecciones, las maras y las pandillas son vistas como ese enemigo, para el cual se construye una narrativa que responde a lógicas de guerra, según Arana.
Esto lo comenta el candidato Isaac Farchi (Azul) quien dice en un video en sus redes sociales que «vamos a declarar a las maras enemigos de los guatemaltecos. Y vamos a tener una guerra contra ellos, frontal y directa».
«Hay que ser muy cuidadosos en contextos en donde hubo un pasado de conflicto y en donde el Ejército estuvo involucrado en la violación a derechos humanos. Ya que, uno de los pasos importantes para la reconstrucción del tejido social, responde a la limitación del poder del Ejército», explica la internacionalista.
«Regresar al Ejército en tareas de seguridad ciudadana puede romper el poco equilibrio que se ha mantenido», puntualiza Arana.
De igual forma, Haydeé Valey, abogada que ha participado en casos de justicia transicional, asegura que dentro de las garantías de no repetición que el Estado debería de estar cumpliendo está la no militarización de los territorios.
«Si estos políticos incorporan dentro de sus propuestas de campaña lógicas de guerra, están presentando planteamientos que están en contra de los Acuerdos de Paz», enfatiza Valey.
Las mujeres, población vulnerable ante la militarización
DairaArana enfatiza que la militarización tiene una relación con la violencia contra las mujeres. «Se ve a las mujeres como un sujeto pasivo, que debe ser protegido y si no cumple con los roles de género, debe ser corregido. […] Limita los derechos a las mujeres, a través del aumento de la interacción desde una perspectiva de corrección y violencia, sobre todo si son mujeres racializadas o mujeres trans».
A este punto, se puede mencionar que la presencia física de una entidad evoca un ambiente de vigilancia, control y violencia, relacionándolo con lo que Tóc mencionaba.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico contabiliza 1,465 casos de violación sexual hacia mujeres durante la guerra. Siendo los departamentos más afectados Quiché, Huehuetenango, Baja Verapaz y Chimaltenango.
Por tanto, la teoría, la memoria y la historia concuerdan en que, la implementación de lógicas militarizadas afecta directamente la integridad de las mujeres. Esto es comprobable, ya que en Guatemala ha habido casos pioneros en materia de justicia transicional que han problematizado la violencia sexual como factor de guerra.
Sin embargo, en las propuesta de gobierno, se ignora el antecedente judicial de casos como los de las mujeres mayas q’eqchi’es, achies e ixiles, según Valey.
Agrega que muchas de las sobrevivientes de esos hechos poseen aún el rezago de lo que les pasó a ellas y a sus comunidades. Comenta que la reconstrucción de sus vidas ha sido un proceso. La militarización, asegura, «es una forma de ofenderlas y de implantar miedo en las comunidades. Ofenden todo lo que ellas han logrado reconstruir».
