Ricardo Méndez Ruiz y el arte del terror judicial en Guatemala
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Habían pasado menos de 12 horas desde que el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, había tomado posesión cuando Ricardo Méndez Ruiz lanzó su primer desafío al joven gobierno.
Era una jugada típica de Méndez Ruiz, quien era conocido por liderar el grupo jurídico de derecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT). A través de un amparo, la FCT alegó que el nuevo presidente del Congreso, miembro del partido político de Arévalo, debía ser inhabilitado para tomar posesión de su cargo.
Seguido a esto, publicó una serie de trinos en X, antes Twitter. Algunos eran argumentos técnicos o actualizaciones sobre el caso. Otros eran carteles de propaganda que resaltaban palabras como «ilegal» en rojo sobre un diagrama de los líderes electos del Congreso. Otros eran citas oscuras que buscaban debilitar a sus enemigos.
«Llora como una mujer lo que no supiste defender como hombre”, rezaba uno.
Para él y muchos de sus seguidores, era como un soldado en una trinchera, disparando una bala tras otras de la munición que tuviera a su alcance. Sin embargo, para sus críticos se veía más bien como un matón de colegio, que seguía explotando los prejuicios sociales y el flujo de desinformación para destronar a sus rivales.
Han sido unos meses difíciles para Méndez Ruiz. Desde hace años hasta las elecciones de 2023, sus demandas habían contribuido a que docenas de altos funcionarios judiciales se exiliaran o incluso fueran a la cárcel, como parte de un esfuerzo calculado para paralizar las investigaciones sobre corrupción dirigidas contra las élites conservadoras de Guatemala y exmandos militares.
Las hazañas de la FCT habían convertido a Méndez Ruiz en el poderoso líder de una cruzada judicial, pero la sorprendente victoria de Arévalo pronto puso su mundo patas arriba. Rápidamente, Arévalo había prometido reavivar la lucha contra la corrupción y recuperar a los fiscales y jueces perseguidos por la FCT.
De repente, Méndez Ruiz se encontró acorralado, relegado al papel de animador mientras facciones más poderosas de la clase dirigente conservadora intentaban bloquear el camino de Arévalo hacia el poder.
Pero cuando esos esfuerzos fracasaron – y Arévalo tomó posesión el 15 de enero – Méndez Ruiz regresó a su trinchera y comenzó a planear el contraataque. El amparo de la FCT – uno de los cinco presentados ante el más alto tribunal de Guatemala – pretendía bloquear a uno de los aliados más cercanos de Arévalo, que había sido elegido presidente del Congreso. Dos días después, el tribunal ordenó a los legisladores que repitieran la elección.
Tras esta victoria a medias, se dio inicio a un nuevo capítulo en la búsqueda de Méndez Ruiz por influir en el sector judicial. La batalla fue, en parte, personal: su padre fue uno de los exmilitares investigados en casos de presuntas atrocidades cometidas durante la guerra por fiscales que posteriormente fueron blanco de la FCT. Además, otros investigadores pertenecientes a una comisión extrajera lo habían relacionado con una red transnacional de tráfico de metanfetamina en una ocasión.
Pero la batalla también fue política. Durante décadas, poderosos intereses se han disputado el control del Ministerio Público y de los tribunales, pues en ellos reside el control sobre la narrativa histórica del país y su trayectoria política. Y Méndez Ruiz ha sido uno de los soldados más devotos a esta batalla. Nunca se ha alejado de la primera línea a pesar de haber estado años en un relativo anonimato.
Su rápido regreso a la lucha tras la toma de posesión de Arévalo es una clara advertencia de que, a pesar del cambio de gobierno, la larga batalla por el alma política de Guatemala está lejos de terminar.
El secuestro
Méndez Ruiz ha tenido muchas etiquetas a lo largo de los años: hijo de un destacado general militar, estudiante de veterinaria, emprendedor exiliado, importador y exportador, y hasta candidato a alcalde. Pero su camino hacia su empresa judicial comenzó cerca de las 10 de la mañana del 23 de junio de 1982.
Aquel día, Méndez Ruiz, de 22 años, estudiaba en la Universidad de San Carlos, la única universidad pública de Guatemala. Mientras él y otros estudiantes descansaban entre clase y clase, un BMW blanco de cuatro puertas – como él lo recuerda – se detuvo a su lado. Un grupo de hombres se bajó, lo rodeó, le esposó las manos y lo metió en la parte trasera del coche. Nadie dijo nada.
«Era gente sumamente profesional. Con un nivel de educación superior, pues no era cualquiera patán, ¿verdad?», recordó en una entrevista con InSight Crime.
Guatemala estaba entonces inmersa en una guerra civil que ya llevaba dos décadas enfrentando al ejército con diversos grupos rebeldes de izquierda. Más tarde, los secuestradores se identificaron como miembros del Partido Guatemalteco de los Trabajadores (PGT), de inspiración comunista. Llevaron a Méndez Ruiz a una habitación pequeña y sin ventanas de una casa. Una única luz colgaba del techo, recuerda. Lo sentaron en un viejo catre del ejército y lo esposaron a la barra de lo que sería su silla, cama y mesa de comedor durante los dos meses siguientes.
Fueron dos largos meses, y lo que le afectó entonces, y sobre lo que le sigue resultando difícil hablar ahora, fue la soledad. Méndez Ruiz, un hombre delgado cuya amplia colección de trajes grises y oscuros complementa su espesa cabellera plateada, su impecable bigote y sus pobladas cejas, es locuaz y tiene una personalidad contagiosa. Pero en aquella habitación, los dos guardias que hacían turnos de 12 horas para vigilarle, apenas le dirigían la palabra. Tenía que darles la espalda cada vez que entraban en la habitación para darle restos de comida o ayudarle a ir al baño.
Una de las pocas cosas de las que hablaron fue del mundial de fútbol, del que España era anfitrión en aquel momento. Méndez Ruiz dice que no es un gran aficionado del fútbol, pero que una de las pocas cosas en las que estaban de acuerdo era en animar a Argentina, en parte porque los argentinos estaban desafiando la reclamación británica de las islas Malvinas. En el fondo, todos decían ser anticolonialistas. Al fin y al cabo, Guatemala es de los guatemaltecos, como se suele decir.
El secuestro de Méndez Ruiz fue una jugada de ajedrez en una guerra más amplia. El PGT lo tenía en su punto de mira porque su padre, Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, se había convertido en ministro del interior tras el golpe militar dirigido por el general Efraín Ríos Montt en marzo de 1982. En los meses siguientes, el ejército de Ríos Montt dirigiría una campaña bajo el rótulo de tierra arrasada contra las poblaciones indígenas, aniquilando pueblos enteros en lo que un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) calificaría más tarde como «actos de genocidio».
Los guerrilleros esperaban canjear a unos rebeldes capturados por el hijo del ministro de interior, pero el mayor de los Méndez Ruiz no mordió el anzuelo.
“Con el dolor que implica la posibilidad de que mi hijo sea inútilmente sacrificado,” dijo en una breve declaración pública tras el secuestro, mientras dibujaba una expresión de angustia en su rostro. “Como padre. Como ciudadano. Como ministro de Estado, me veo obligado, repito, a rechazar el cobarde chantaje del Partido Comunista.”
Para Méndez Ruiz, fue un momento crucial. Su padre, el soldado, debería separar sus sentimientos del deber público. Según contó años después Méndez Ruiz a InSight Crime, él mismo habría intentado emular ese espíritu en su propia vida pública.
Capturas de una transmisión emitida en julio de 1982 en la que el entonces ministro del Interior, Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser (derecha), se negó a canjear rebeldes capturados a cambio de la liberación de su hijo secuestrado, Ricardo Méndez Ruiz (izquierda). (YouTube/Ricardo Méndez Ruiz)
Unas cuatro semanas después del secuestro, los captores de Méndez Ruiz le dijeron que había sido juzgado y condenado por su tribunal revolucionario y que iba a ser ejecutado al día siguiente. Aquella noche se desveló pensando en su padre, su madre y su novia, y en que nunca tendría hijos. Pero llegó la mañana y, para su sorpresa, nadie mencionó al tribunal revolucionario.
Unas semanas después, sus captores le ordenaron que se bañara y se afeitara. Cuando se miró al espejo, vio una figura escuálida que le devolvía la mirada. El pelo le colgaba sobre la frente y tenía una barba desigual – como la del Che Guevara, según sus palabras – que le cubría las mejillas encogidas.
Después de ponerse ropa limpia, los guerrilleros le vendaron los ojos, le ataron las manos y lo metieron en un coche. Hacia las seis de la tarde se detuvieron, le dejaron salir, le metieron unas monedas en el bolsillo y le quitaron la venda. El coche arrancó y Méndez Ruiz corrió hacia su barrio.
“Creo que hubiera ganado cualquier olimpiada”, declaró a InSight Crime años después.
En lugar de ir a casa, dijo que fue directamente a dónde su novia, que vivía junto a su familia. Pero nadie abrió la puerta, así que se dirigió a casa de sus padres, donde fue recibido por personal militar y la niñera. Entonces llamó a sus padres, que estaban con su tío. Su tía contestó y se echó a llorar antes de pasarle el teléfono a su padre.
¿Cómo estás? preguntó su padre, desapasionadamente.
Estoy bien, respondió.
El nacimiento del FCT
La guerra civil de Guatemala terminó oficialmente con un acuerdo de paz en 1996, pero tan pronto como finalizó, otra confrontación nació: aquella por el control de las instituciones del Estado guatemalteco, pero también por la narrativa, por la historia misma. Fue en esta guerra donde Méndez Ruiz encontraría su vocación como provocador judicial y guerrero cultural. Y fue el secuestro lo que le proporcionaría un punto de entrada.
En noviembre de 2011, Méndez Ruiz acudió al Ministerio Público junto con un destacado abogado y exmilitar llamado Moisés Galindo para presentar una denuncia penal contra las 26 personas que señalaban como responsables del secuestro.
La querella era un presagio la estrategia que acabaría definiendo a la FCT: desde el principio, quedó claro que Méndez Ruiz estaba más preocupado por la política que por la justicia.
Numerosas personas de la lista no estaban vinculadas al caso; otras habían fallecido y otras eran demasiado jóvenes para haber participado en el plan. De hecho, ninguna de las 26 personas que él y Galindo nombraron en su denuncia había participado realmente en su secuestro, dijo Méndez Ruiz en una entrevista con el desaparecido diario elPeriódico, recogida en un reportaje de Plaza Pública en 2013. Su verdadero objetivo, según admitió en la misma entrevista, era la entonces nueva fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz. «Por el amor de Dios, a ella le estoy apuntando», dijo a elPeriódico.
Paz y Paz era abogada de derechos humanos. Muchos de sus familiares, que podrían haber estado en la guerrilla, fueron nombrados en la denuncia presentada por Méndez Ruiz y Galindo. Paz y Paz nunca había sido guerrillera, pero eso poco le importaba a Méndez Ruiz. Ella había trabajado para documentar las atrocidades cometidas durante la guerra con organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos progresistas guatemaltecas, un sector de la sociedad que Méndez Ruiz y otras facciones de extrema derecha de las élites guatemaltecas suelen tachar de «comunistas» o «terroristas».
Para Paz y Paz y muchos otros guatemaltecos – así como para la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada para hacer una crónica de las atrocidades cometidas durante la guerra – los militares fueron responsables de alrededor del 90% de los miles de crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil. Pero para los conservadores acérrimos como Méndez Ruiz, los culpables fueron los guerrilleros. Y aunque hubiera algunas atrocidades, el tiempo de los litigios había terminado.
“El enfrentamiento armado interno era una cosa que había quedado atrás”, se desahogó Méndez Ruiz al hablar con InSight Crime. “Llega Claudia, Paz y Paz al Ministerio Público y nos vuelve a dividir y nos vuelve a confrontar”.
Pero Paz y Paz y otras personas que trabajaban para revelar los oscuros secretos del pasado reciente de Guatemala no eran los únicos objetivos de Méndez Ruiz y sus secuaces. También estaba el organismo judicial supranacional respaldado por Naciones Unidas y financiado en gran parte por el gobierno estadounidense, conocido como la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).
Creada en 2007, a la CICIG se le encomendó la abrumadora misión de investigar y desmantelar un conjunto de redes de corrupción de élite que habían logrado apoderarse de los principales poderes del Estado. Estos grupos, denominados colectivamente Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), estaban formados por poderosos oficiales de inteligencia militar que habían adquirido experiencia en la guerra civil. Cuando terminó la guerra, aprovecharon su influencia en la política para actuar como titiriteros desde las sombras, empleando tácticas clandestinas para detener, asesinar o hacer desaparecer a activistas e incluso a altos cargos de la Iglesia que investigaban crímenes de guerra. Muchos consideraban que los CIACS eran uno de los bloques que representaban el poder real detrás de una serie de presidentes guatemaltecos.
Los CIACS también contaban con aliados en instituciones judiciales clave, fundamentales para proteger a los oficiales militares de ser procesados por presuntas atrocidades cometidas durante la guerra.
En otras palabras, se había traído a la CICIG para que se ocupara de un sector peligroso, bien protegido y en gran medida oculto del hampa guatemalteca que buscaba activamente socavar el progreso institucional y mantener la influencia de los militares en la posguerra. Y en Paz y Paz tenía un aliado natural.
Con su denuncia de 2011 ante el Ministerio Público, Méndez Ruiz se erigió como un sugestivo contrapeso a lo que él veía como una agenda liberal liderada por organizaciones no gubernamentales, la CICIG, Paz y Paz, y otros como ella en el sistema judicial, a quienes él veía como una versión moderna de la insurgencia guerrillera.
Unos meses después de presentar esa primera denuncia, había formado una junta no oficial, que incluía a Galindo y a cinco exmilitares. Y aunque Méndez Ruiz nunca había sido militar, se consideraba desde hacía tiempo un patriota entregado a semejanza de su padre. No creció en una «familia de militares», dijo a InSight Crime, creció en una «familia de soldados».
La junta necesitaba un nombre para su nueva organización. Tiene que ser de verdad algo que impacte, se dijeron entre sí, en una reunión celebrada en 2012. Algo duro. Algo fuerte…¿No? ¿Nuestra lucha contra quién es? Todos estos militaron en organizaciones terroristas. La Fundación contra el Terrorismo. Pongámosle así. Sí, así se fue.
Entonces votaron y nació la Fundación Contra el Terrorismo.
Una red de precursores químicos
Al principio, la cruzada de Méndez Ruiz se vio como una especie de espectáculo secundario, y era claramente tan personal como político.
Entre sus objetivos se encontraban los fiscales que habían investigado a su padre, quien había sido comandante en un centro de entrenamiento del ejército que, según los investigadores, se había convertido en un cementerio clandestino, donde se encontraron los restos de más de 500 personas, muchas de ellas detenidas ilegalmente y desaparecidas.
Mientras tanto, la CICIG había involucrado a Méndez Ruiz y a sus aliados en sus investigaciones. Al principio, la CICIG presentó un caso contra varios abogados que llevó al cofundador de la FCT, Moisés Galindo, a la cárcel por cargos de lavado de dinero. Otro caso que presentaron apuntaba a algunos de los aliados políticos de Méndez Ruiz y antiguos socios militares de su padre. Alrededor de 2012, la CICIG comenzó a investigar un caso de drogas que involucraba a Méndez Ruiz y a varias personas cercanas a él.
InSight Crime habló con los exinvestigadores de la CICIG que dirigieron la investigación y obtuvo varios documentos relacionados con el caso. Aunque no es el centro de la investigación, los documentos afirman que Méndez Ruiz estaba relacionado con miembros de una red sospechosa de transportar precursores químicos a través de Nicaragua y Guatemala. Los productos químicos iban a ser utilizados por el Cartel de Sinaloa para la fabricación de metanfetamina, según las investigaciones preliminares de la CICIG.
Uno de los presuntos miembros de esta red era un hombre llamado Eduardo Ruiz Umaña, a quien los investigadores señalaron de usar sus conexiones con una mujer nicaragüense – a la que le alquilaba propiedades en Nicaragua – y, en parte, a través de empresas registradas por sus hijos para el tráfico de precursores químicos.
Los investigadores de la CICIG conectaron a Méndez Ruiz con varios elementos de la red logística de Ruiz Umaña. Una de las empresas presuntamente vinculadas al esquema, Químicos del Caribe, fue fundada por el hijo de Ruiz Umaña, Carlos Raúl Ruiz Vásquez, con Méndez Ruiz, según documentos del registro mercantil obtenidos por InSight Crime. El negocio de la empresa, según los documentos, era la importación y exportación de productos químicos y otras sustancias para su reventa. Méndez Ruiz también figuraba como «gerente general» en los documentos fundacionales de Químicos del Caribe.
Químicos del Caribe compartía domicilio con Azúcar del Caribe, una empresa importadora de azúcar que Méndez Ruiz había constituido a principios de la década del 2000. Otro de los hijos de Ruíz Umaña, Jorge Eduardo Ruiz Vásquez, figuraba como gerente general de Azúcar del Caribe en los documentos fundacionales de la empresa. Jorge Eduardo también figuraba como «propietario» de Melpo’s Candy, una empresa que Méndez Ruiz dijo a InSight Crime que había creado a principios de la década del 2000.
Cuando InSight Crime le preguntó a Méndez Ruiz acerca de estas conexiones, dijo que alguna vez conoció y trabajó tanto con Carlos Raúl como con Jorge Eduardo Ruiz Vásquez y no cuestionó los registros de las empresas. Pero añadió que no había hecho negocios con ellos desde 2007 aproximadamente. También dijo que nunca trabajó con su padre y negó vehementemente formar parte de cualquier negocio ilícito relacionado con precursores químicos.
“Estas empresas que mencionas las utilizamos nosotros para importar azúcar a principios de siglo,” dijo.” “Yo no tuve absolutamente nada que ver con actividades de ellos llevadas a cabo una década después.”
En septiembre de 2012, los investigadores allanaron una bódega, y centros logísticos operados por la red de precursores. Durante las redadas, las autoridades detuvieron a un integrante del Cartel de Sinaloa y al jefe de seguridad del mayor puerto marítimo de Guatemala, Puerto Quetzal. También confiscaron diversos productos químicos y una caja fuerte en la que encontraron US$158.000.
Las autoridades encontraron dos barriles de metanfetamina y docenas de barriles de productos químicos que, según dijeron, podían utilizarse para fabricar metanfetamina. Meses antes, las autoridades habían capturado al cómplice nicaragüense de Ruiz Umaña. Y con el tiempo, también arrestarían al alcalde de otra ciudad portuaria, y a la esposa del alcalde, a quienes relacionaron con la red de narcotráfico del Cartel de Sinaloa.
Pocos meses después de las redadas, los investigadores de la CICIG viajaron a Nueva York para hacer una presentación ante varios organismos de seguridad estadounidenses. En ella, hicieron acusaciones similares en relación con la red de tráfico de precursores.
Pero ahí fue donde terminó la investigación sobre Méndez Ruiz. Mientras que la esposa del alcalde costero, varios de sus cómplices – incluido el jefe de seguridad de Puerto Quetzal – y el agente del Cartel de Sinaloa fueron finalmente condenados, Ruiz Umaña, sus hijos y Méndez Ruiz nunca fueron acusados. Los investigadores de la CICIG dijeron a InSight Crime que simplemente no había pruebas suficientes para establecer que Méndez Ruíz había jugado un papel de liderazgo dentro de la red.
Posteriormente, la CICIG y el Ministerio Público vincularon a los hijos de Ruiz Umaña, Jorge Eduardo y Carlos, a otro caso de corrupción, pero huyeron antes de ser capturados. InSight Crime intentó ponerse en contacto con Ruiz Umaña y sus hijos, pero al momento de publicación de esta investigación no ha obtenido respuesta.
“¿Qué hicieron ellos después en su vida? Eso ya no es asunto mío,” dijo Méndez Ruíz a InSight Crime refiriéndose a Jorge Eduardo y Carlos. “¿Tienen problemas con la justicia? Lo siento mucho porque son personas que yo aprecio mucho. La verdad es que les tengo mucho cariño, los aprecio mucho y tengo ya prácticamente más de diez años de no verlos.”
En cierto modo, el caso fue ilustrativo del historial de aciertos y errores de la CICIG durante sus 12 años de estancia en Guatemala. A instancias de la CICIG, el Ministerio Público acusó a 1.540 personas de delitos entre 2007 y 2019, incluidos un presidente y un vicepresidente en ejercicio que fueron encarcelados y posteriormente condenados. Sin embargo, Méndez Ruiz no fue uno de ellos.
“Esto es definitivamente una campaña diseñada para dañarme,” dijo a InSight Crime. “Si yo hubiera estado involucrado en un problema de esa naturaleza, ahorita estaría preso.”
De hecho, los fiscales llegaron a más de 400 condenas contra una serie de exoficiales militares y políticos de alto nivel. Pero algunos de estos casos fueron revocados en las altas cortes y de apelación de Guatemala, a menudo, debido a jueces corruptos. Otros casos fracasaron debido a que estaban mal construidos o a que se habían unido con pruebas fragmentarias. Las deficiencias de la comisión fueron aprovechadas por una creciente lista de críticos que, al igual que Méndez Ruiz, veían a la CICIG como parte de una agenda liberal respaldada internacionalmente a la que había que poner fin.
Un revés de la fortuna
A medida que la FCT tomaba forma, Méndez Ruiz y sus socios desarrollaron un plan estratégico de jugadas judiciales para desplegar contra la CICIG y el Ministerio Público de Paz y Paz. Con el tiempo, el plan catapultaría a Méndez Ruiz de la relativa oscuridad a la primera línea de esta nueva guerra judicial, librada en los lúgubres juzgados de la Ciudad de Guatemala.
Su primera línea de ataque pasó a ser presentar una denuncia penal oficial, o querella. La querella puede presentarse directamente ante el Ministerio Público o ante un tribunal. Al presentar una querella, la FCT puede, si lo autoriza un juez, desempeñar un papel activo en la acusación con pleno acceso a la investigación. Irónicamente, este mismo mecanismo había sido utilizado por la CICIG para presentar sus casos.
Sin embargo, algunos de sus objetivos gozaban de inmunidad judicial. En estos casos, la FCT puede presentar una petición solicitando un antejuicio para despojarles de dicha inmunidad, incluidos funcionarios electos.
Por último, la FCT puede presentar un amparo, o apelación, de decisiones judiciales u otros asuntos administrativos, como el nombramiento de altos magistrados o el registro de candidatos electorales. Cuando se trata de resoluciones judiciales, el amparo devolverá el caso a los tribunales, donde podrá ser asignado a un juez más favorable.
Al principio, las querellas, antejuicios y amparos de la FCT estaban dirigidos a fiscales que perseguían a exmilitares por presuntos crímenes de guerra. Esto incluía a fiscales y jueces implicados en la histórica condena del exdictador militar Ríos Montt por genocidio en 2013. (El Tribunal Constitucional anuló la condena apenas diez días después, y Ríos Montt murió durante su nuevo juicio).
Pero en esos primeros años, las peticiones de la FCT fueron rechazadas rotundamente, y Méndez Ruiz y sus aliados fracasaron repetidamente en su intento de romper las líneas enemigas. Los opositores ridiculizaban la incapacidad de Méndez Ruiz para ganar terreno en los tribunales, ya que los jueces desestimaban los casos espurios y políticamente motivados de la FCT.
Eran tiempos difíciles para las élites de todos los colores, que perdían influencia en los tribunales a medida que la CICIG ganaba fuerza. En 2015, la comisión dirigió una investigación sobre fraude aduanero que forzó la dimisión de un presidente vinculado a las redes de los CIACS, un éxito sin precedentes para la justicia guatemalteca. La victoria ayudó a la CICIG a imponerse como la fuerza dominante en el sector judicial.
Pero Méndez Ruiz contraatacó, esta vez en el ámbito de la opinión pública. Él y sus aliados de la FCT desarrollaron una sofisticada maquinaria de relaciones públicas, montada en Facebook y Twitter, ahora conocida como X, que utilizaron para reprender a los fiscales antiimpunidad y a instituciones como la CICIG. En una entrevista con InSight Crime, Méndez Ruiz negó que hubiera una campaña coordinada; calificó los esfuerzos de «espontáneos» y agradeció a los «ciudadanos anónimos» su apoyo.
En cualquier caso, las publicaciones en redes sociales dotaron de nuevas municiones a Méndez Ruiz para atacar a sus adversarios, por lo que rápidamente los críticos de la FTC comenzaron a llamar estos esfuerzos conjuntos como «netcenter». Según investigaciones realizadas por medios locales, se reveló que dichas redes de trolls, cuentas falsas y formadores de opinión tenían a Méndez Ruiz como uno de sus nodos centrales. Los medios de comunicación de derecha, junto con funcionarios públicos y políticos simpatizantes, reforzaron la desinformación difundida por estas cuentas, escribió The Intercept en un informe similar.
Aunque incorporaban diatribas anticomunistas y un flujo constante de bravuconería patriótica, el objetivo principal del netcenter era cambiar el equilibrio de poder dentro del sector judicial desprestigiando a funcionarios que defienden los derechos humanos y luchan contra la corrupción. Y en 2018, eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir.
Nuevos aliados
En mayo de 2018, el entonces presidente Jimmy Morales nombró a María Consuelo Porras como fiscal general del país. Porras, una burócrata de toda la vida y esposa de quien alguna vez fue aspirante a cadete militar, tenía poca simpatía por la CICIG. En aquel momento, Morales pretendía poner freno a la comisión, que cada vez tenía más en el punto de mira a las élites políticas, incluyendo investigaciones sobre el partido del presidente y su familia.
Su mensaje fue impulsado, en parte, por la prolongada y despiadada campaña liderada por el netcenter y provocadores como Méndez Ruiz.
La campaña culminó en enero de 2019, cuando Morales decidió unilateralmente poner fin al mandato de la CICIG. Ocho meses después, la comisión había empacado las maletas y abandonado el país. El equilibrio de poder había vuelto a cambiar.
Sin embargo, las cosas no mejoraron inmediatamente para la FCT y Méndez Ruiz. Tras la expulsión de la comisión, una rama especial del Ministerio Público se hizo cargo de su trabajo, convirtiéndose en una especie de mini-CICIG.
Conocida como Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), durante un tiempo continuó con incómodas investigaciones de corrupción que implicaban a una serie de poderosas élites empresariales y políticas. Entre ellas, se investigó al sucesor de Morales, el presidente Alejandro Giammattei, por corrupción relacionada con la pandemia del COVID-19 y por recibir presuntas comisiones ilegales de empresas constructoras.
Fiel a su estilo, la FCT presentó docenas de denuncias contra el fiscal superior de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien había trabajado estrechamente con la CICIG, además de otros funcionarios de la FECI.
Al principio, las quejas siguieron cayendo en oídos sordos. Pero la suerte de la FCT cambió radicalmente a mediados de 2021, cuando la fiscal General Porras despidió polémicamente a Sandoval, justo cuando las investigaciones de su unidad se acercaban al presidente. Porras reemplazó a Sandoval con Rafael Currichiche, un fiscal hasta entonces desconocido que rápidamente transformaría a la FECI en un vehículo para proteger a funcionarios acusados de corrupción y perseguir a aquellos vinculados con la CICIG.
Al mismo tiempo, la FCT amplió significativamente su ámbito de actuación. En una entrevista con InSight Crime, Méndez Ruiz admitió que perseguir crímenes de guerra ya no era un requisito previo para que la FCT presentara una denuncia, y que «la FECI no tenía nada que ver con los militares». La batalla se libraba ahora en múltiples frentes.
Con la llegada de Currichiche, los intereses de la FCT se alinearon perfectamente con los de los principales fiscales del país. Marcó el comienzo de una época dorada para Méndez Ruiz, que se definió por un patrón novedoso: Los tribunales finalmente comenzaron a aceptar sus peticiones.
Mientras más de 110 peticiones de la FCT fueron rechazadas entre 2014 y 2020, los tribunales aceptaron decenas de peticiones después de junio de 2021, según un análisis del consorcio Guatemala Leaks.
El acceso de Méndez Ruiz al Ministerio Público también mejoró. Le dijo a InSight Crime que comenzó a reunirse regularmente con Currichiche después de que fue nombrado fiscal principal de la FECI. Con frecuencia se les veía estrechándose amistosamente la mano y discutiendo casos en los pasillos de los juzgados y edificios de justicia.
‘Preso o prófugo‘
Pronto, la alianza FCT-FECI empezó a funcionar como una máquina bien engrasada. Después de años al margen, Méndez Ruiz y sus aliados de la FCT empezaron a litigar en los tribunales junto con los fiscales estatales del Ministerio Público, y las denuncias de la FCT proporcionaron munición para un bombardeo contra los funcionarios anti-impunidad dirigidos por Currichiche y la fiscal general Porras.
La lista de los investigados o acusados formalmente de delitos por el Ministerio Público era larga. Incluía a las dos fiscales generales anteriores y a más de 20 fiscales actuales y anteriores de la FECI. Porras y Curruchiche – ambos sancionados por la justicia estadounidense por supuesta corrupción – han defendido repetidamente sus acciones en videos publicados en redes sociales.
Otros objetivos eran jueces destacados. La FCT presentó una solicitud de antejuicio contra Miguel Ángel Gálvez, un juez experimentado que preside un juicio de alto perfil contra exmilitares acusados de ejecuciones extrajudiciales durante la guerra. Méndez Ruiz y sus aliados también presentaron una solicitud de antejucio contra Erika Aifán, la juez que preside las investigaciones de corrupción sobre Giammattei. En ambos casos, las peticiones consiguieron despojar a los jueces de su inmunidad, exponiéndolos a ser investigados por el Ministerio Público.
Ambos jueces huyeron del país, un tema común entre los señalados por las denuncias y peticiones de la FCT. En enero de 2023, al menos 45 exoperadores de justicia estaban actualmente en el exilio, dijo a InSight Crime Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Muchos de los ataques legales fueron iniciados por la FCT, que estaba elaborando alegremente una lista de sus objetivos más buscados.
Otras denuncias de la FCT llevaron a fiscales, exfuncionarios de la CICIG y periodistas destacados a la cárcel o a arresto domiciliario. Cada vez que la FCT tuvo éxito, la infraestructura judicial del país se quedó con un fiscal o juez menos con un historial de lucha contra la corrupción.
A través de sus hazañas, la FCT obtuvo su eslogan característico: «preso o prófugo». El eslogan sirvió tanto de declaración de intenciones como de medio para designar el próximo objetivo de la FCT en las redes sociales.
Para muchos, la designación de la FCT estuvo seguida de un torrente de abusos del netcenter, con cuentas de trolls que lanzaban diatribas profundamente personales – a menudo violentas, homófobas o sexistas – para desprestigiar a sus oponentes.
A mediados de 2023, Méndez Ruiz había pasado de ser una figura ridiculizada a uno de los actores más influyentes del sistema judicial, anotándose por fin victorias en una batalla en la que había pasado años lanzando granadas sin éxito desde detrás de las líneas del frente. El FCT participaba como acusador en al menos dos docenas de casos contra funcionarios que alguna vez habían procesado o dictaminado sobre corrupción de alto perfil, según el consorcio mediático Guatemala Leaks.
Y ante la inminencia de las elecciones presidenciales, la FCT también miró hacia la política. Ese año, sus abogados presentaron un amparo para impedir que un ex funcionario de derechos humanos de alto rango se presentara a las elecciones. Mientras tanto, Méndez Ruiz apoyó públicamente la candidatura de la hija del ex dictador Ríos Montt, que durante un tiempo encabezó las encuestas. El futuro parecía prometedor para Méndez Ruiz.
Ni siquiera la condena internacional frenó su avance. Cuando Estados Unidos incluyó a Méndez Ruiz y Galindo en su «Lista Engel» de actores corruptos en Centroamérica, Méndez Ruiz incluyó la designación como una insignia de honor en su perfil de X.
Al fin y al cabo, Guatemala es para los guatemaltecos.
De vuelta a la madriguera
A finales de agosto, la burbuja estalló. Bernardo Arévalo, un académico de centro-izquierda que se presentaba con una plataforma contra la corrupción, obtuvo una aplastante victoria en las elecciones presidenciales de 2023, en un rechazo histórico a la clase política conservadora del país.
Arévalo – un globalista, activista contra la corrupción e hijo de un expresidente que había definido su filosofía política como «socialismo espiritual» – era todo lo que Méndez Ruiz no quería en un presidente. Además, Arévalo había eclipsado a una serie de candidatos conservadores de alto perfil – incluida la hija de Ríos Montt – en su camino hacia la victoria.
Otros compartían la aversión de Méndez Ruiz por el presidente electo. Los oponentes de Arévalo – una coalición de fuerzas del establishment político liderada por los aliados de Méndez Ruiz en el Ministerio Público – rápidamente convirtieron el sistema legal en un arma para impugnar las elecciones. Semanas antes de su toma de posesión, los fiscales solicitaron a los tribunales el levantamiento de la inmunidad de Arévalo por dudosas acusaciones penales respaldadas con pruebas incoherentes. Se produjo en medio de meses de protestas que pedían la dimisión de Porras mientras su oficina hacía intentos cada vez más descarados de impedir que Arévalo tomara posesión del cargo.
La batalla estaba preparada para que Méndez Ruiz entrara en la contienda, pero, para sorpresa de algunos, el jefe de la FCT se mantuvo al margen en lo que Arévalo y los observadores internacionales calificaron de golpe de Estado. Méndez Ruiz declaró a InSight Crime que la FCT no había presentado ninguna queja contra Arévalo o su partido tras las elecciones.
En su lugar, Méndez Ruiz recurrió a las redes sociales. Su cuenta X se convirtió en un vehículo para elogiar a Porras, mientras se burlaba de Arévalo como comunista y difundía teorías conspirativas sin fundamento sobre el robo de las elecciones.
“Queda confirmado: hubo fraude”, escribió Méndez Ruiz en X en diciembre, cuando los fiscales presentaron sus investigaciones sobre Arévalo y su partido.
Pero mientras Méndez Ruiz quedaba reducido al papel de animador, las maniobras legales de Porras y sus aliados estaban impregnadas de matices políticos que se hacían eco del libro de jugadas de la FCT, y sus posibilidades de éxito dependían del vaciado sistema judicial que Méndez Ruiz y sus aliados habían ayudado a construir.
Sin embargo, el golpe fracasó. Y el 14 de enero de 2024, después de que una oportuna intervención del más alto tribunal del país garantizara que todos los cargos electos pudieran asumir sus funciones, miles de personas se reunieron en la capital para celebrar la toma de posesión del nuevo presidente. En un último esfuerzo por impedirlo, los legisladores conservadores organizaron un retraso de diez horas, retrasando la toma de posesión hasta el último minuto posible. Pero poco después de medianoche, Bernardo Arévalo prestó juramento como Presidente de Guatemala.
Ese fue el momento en el que Méndez Ruiz volvió a la ofensiva. El primer recurso de la FCT, uno de los varios presentados por opositores a Arévalo, contribuyó a anular la elección de un aliado de Arévalo como presidente del Congreso.
Luego vino un segundo ataque, esta vez una petición para despojar de inmunidad al posteriormente elegido presidente del Congreso por tratar de revertir un fallo anterior que obligaba a los legisladores del partido de Arévalo a tomar posesión como «independientes». Fiel a su estilo, Méndez Ruiz anunció la petición en X, acompañada de una diatriba confusa que terminó con un ataque a la Embajada de Estados Unidos.
A principios de febrero, la FCT fue un paso más allá y presentó una petición para retirar la inmunidad presidencial a Arévalo. La FCT argumentó que Arévalo había abusado de su poder al pedir la dimisión de la fiscal General Porras, en lo que describieron como un intento ilegal de bloquear las investigaciones en curso sobre su partido.
Los ataques fueron probablemente una señal de lo que está por venir. Es casi seguro que la elección de Arévalo no marcará el final de la guerra por el control del pasado y el futuro de Guatemala, y la labor de la FCT en el desmantelamiento de la infraestructura judicial del país puede haber contribuido a obstaculizar la lucha del país contra la impunidad en los años venideros.
Es probable que esa guerra siga librándose no en el campo de batalla, sino en el sistema judicial y en el tribunal de la opinión pública, y Méndez Ruiz permanecerá sin duda en algún lugar cerca de las líneas del frente, justo como le gustaría.
Al fin y al cabo, como él dice, no creció en una «familia de militares», sino en una «familia de soldados».
Este reportaje es parte de la colaboración entre InSight Crime y No-Ficción para la publicación y difusión de sus contenidos. Publicación original.